En 1974, en una mañana fría de Washington, entorno a unas humeantes tazas de café, dos altos funcionarios de la administración norteamericana se reunían con un todavía poco conocido economista, llamado Arthur Laffer. Éste les aportaba la gran receta fiscal a aplicar, la varita mágica, el Santo Grial impositivo. Agarró una servilleta de papel (eso dice la leyenda urbana) y dibujó un sencillo gráfico, una especie de nueva curva de Kuznets, que sintetizaba la idea que iluminó los rostros de sus acompañantes: reducir los impuestos a los ricos favorecería la recaudación tributaria, de manera que la actuación correcta no era otra que recortarlos.

Con estos mimbres, la cantinela estaba servida. Y ahora mismo la habrán escuchado ustedes estos días, yo diría que todos estos años, como una machacona estrofa: hay que suprimir el impuesto de transmisiones y donaciones, el de actos jurídicos documentados, el de patrimonio y tocar a la baja el IRPF. Un balance que se puede cuantificar: cercano a los 16.000 millones de euros. Es eliminar al máximo, en definitiva, cualquier veleidad en la captación de ingresos. Éstos parece que caerán como un maná estimulado por una economía de mercado sin ataduras ni regulaciones de ningún tipo. Y, por supuesto, con la ausencia de la intervención del sector público. Este mensaje es sencillo, simple, potente…pero falso, como demuestran los estudios más solventes en economía aplicada. Sale por boca de los principales dirigentes de la derecha en España, en Europa y en Estados Unidos, con sus particularidades y sus correas de transmisión, que no son pocas. Pero fíjense que, a la vez que se promete esto, se emite otro mensaje: no se preocupen, habrá dinero para todo. Estos gestores propiciarán el milagro: recaudar menos y gastar lo mismo que antes (o incluso algo más), sin provocar ni déficit público ni incrementar la deuda. Esta cuadratura del círculo es el gran mensaje del liberalismo económico en los comicios españoles, que predice la llegada a un nirvana económico y social gracias a la benefactora acción de administradores capaces que, naturalmente, sólo pueden provenir de determinados cenáculos académicos. El disparate está servido. El problema es que los medios, algunos medios, lo compran y lo divulgan como si fueran verdades comprobadas. Una nueva falsedad.

Las reducciones de impuestos es la única idea estructural propositiva que los partidos de derechas (los tres al unísono) proclaman para la economía española. Esta tendencia es la que se viene marcando también desde la administración Trump, fuente de inspiración para tantas organizaciones neopopulistas en Europa. Bajadas de impuestos a los ricos (porque sólo a estos va a afectar ese planteamiento, se diga lo que se diga) e incremento del gasto público (no social), hecho que va a determinar un incremento brutal del déficit público. Datos: en concreto, la reducción de impuestos en Estados Unidos se ha evaluado entorno a los seis billones de dólares en los próximos diez años, según cálculos del Tax Policy Center (véase: http://election2016.taxpolicycenter.org). La cifra, monumental, supondría una caída de ingresos públicos de primera magnitud, que sus proponentes contraponen a esa ya famosa y fallida curva de Laffer, el gran ídolo de Daniel Lacalle, al que también mira de refilón y complacencia Luis Garicano. Recuerden: la administración Reagan fue la primera en llevar a la práctica esa reducción drástica de impuestos. Y el déficit alcanzó cotas siderales. No hay evidencia empírica en la Historia Económica para avalar las tesis de Lacalle. Ante esto, los principales think tank, incluyendo los liberales, tienen un diagnóstico claro: España no tiene margen fiscal para bajar impuestos. Lo afirman centros como el CEPS, Bruegel o Eurointelligence. Poca broma: voceros de la más pura economía liberal.

Pero hay más. En el año 2012, el Foro Initiative on Global Markets (IGM), que es un grupo de prestigiosas universidades de los Estados Unidos, divulgó una encuesta sobre diversos temas de política económica. Entre ellos se les preguntó a 41 expertos sobre la relación implícita en la curva de Laffer. La pregunta fue la siguiente: ¿Una reducción de las tarifas del Impuesto a la Renta en este momento, logrará un incremento del ingreso en tal magnitud que provocará que la recaudación fiscal dentro de cinco años será mayor que bajo el escenario de no modificar nada? Datos: aproximadamente el 96% de académicos entrevistados estuvieron en desacuerdo que ocurra lo que la curva de Laffer pronostica. Prestigiosos académicos, como Angus Deaton, Daron Acemoglu, Emanuel Saez o Alan Auerbach, están en desacuerdo con la existencia de la curva en función de la evidencia que las investigaciones han mostrado. Barianne Bertrand, Darrel Duffie y Claudia Goldin han afirmado, en trabajos solventes, que no pueden tener certeza de la existencia de la curva.

Esto se ha trasladado al mundo de la política. Elisabeth Warren, precandidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, asesorada por economistas de Berkeley (destaco a Gabriel Zucman, estrecho colaborador de Piketty), propone algo diametralmente opuesto a las premisas de Laffer: una tasa anual del 2% sobre el patrimonio superior a 50 millones de dólares, lo que podría suponer una capacidad recuadatoria del orden de los 2,8 billones de dólares en una década. Por su parte, Jeremy Corbin ha propuesto tasas específicas para los más ricos en Reino Unido, con una perspectiva de recaudación que supera los 6.000 millones de libras.

Pero…¿qué ha pasado en España? Aquí se ha demostrado que la célebre curva de Laffer no existe: la bajada de los impuestos que llevó a cabo el PP en el último tramo de la legislatura anterior solo ha logrado vaciar más la hucha del Estado. España ha demostrado que la curva de Laffer no es acertada, que bajar los impuestos no garantiza mayores ingresos fiscales porque ni ha incentivado la contratación ni la subida de salarios ni el consumo. Vean, y aquí van más datos: en 2014 el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio un paso al frente al anunciar una reforma fiscal que giraba en torno a una bajada de impuestos, cuyo peso recaía en el IRPF, el que más impacto tiene en la vida de los ciudadanos y, el que más contribuye a la Hacienda. La reforma se haría en dos partes, una en 2015 y otra en 2016, y dejaría el tipo más bajo en el 19% frente al 24,5% que estaba en vigor hacía dos años, mientras que el más alto bajaría del 52% al 45%. Es decir, las rentas más bajas y las más altas serían las principales beneficiadas de una reducción que, según el gobierno, era posible hacer ante la mejora de la economía y el empleo.

Pero en 2016, y con, de nuevo, los datos de recaudación fiscal en la mano, se puede afirmar que tal reforma no ha servido para mejorar la salud de las finanzas del Estado, pues las cifras que se publicaron fueron reveladoras. En enero entró en vigor la última fase de esta reforma y en abril los ingresos del Estado habían caído un 6,2% desde que empezó el año. En el apartado de IRPF, la recaudación bajó un 4,2% respecto al mismo periodo de 2014. Pero no se trata solo de la caída de los ingresos tributarios, sino que la reforma fiscal comprometió el futuro económico de España, pues el déficit volvió a crecer en nada menos que el 15% en los cuatro primeros meses de 2016, cerca de 14.000 millones de euros, lo que equivale a un 1,25% del PIB. Y es la recaudación fiscal la principal culpable, pues ha tenido un efecto adverso en la deuda española.

Permítanme, a riesgo de cansarles, algunos datos más. La recuperación económica se ha visto empañada por un crecimiento de la desigualdad. Para corregir esto, necesitamos actuar en dos frentes. Primero: un aumento del gasto que necesitan el Estado y las Comunidades Autónomas para redistribuir la renta por transferencias monetarias (prestaciones al desempleo, jubilaciones, atención a la dependencia) y en especie (educación y sanidad). No hay que olvidar que nuestro gasto público se ha situado en 2017 en el 41% del PIB, frente al 46% de la Unión Europea. Hay margen para aumentar el gasto. Y, segundo, esto obliga a aumentar los ingresos del Estado, si se quiere contener el déficit público. ¿Con qué medidas? El combate al fraude fiscal que, según estimaciones de FEDEA, asciende cada año al 4% del PIB (40.000 millones de euros), centrado en las rentas del capital y no en las del trabajo. También en la eliminación de ciertas deducciones contribuiría a que Hacienda tuviera más recursos. El aumento de la presión fiscal constituye otra herramienta. La presión fiscal en España, en relación con el PIB, se situó en 2017 en el 34%, por debajo de la media del 41% de la zona euro y del 40% de la UE, según Eurostat. España aparece como el octavo país de la eurozona y el décimo de toda la UE con menor presión fiscal.

¿Hay margen? Sin duda. Los datos expuestos lo avalan. Un margen que puede aproximarse: unos 84 mil millones de euros en 2018, si España se situara en la media de la zona euro en recaudación fiscal (recuerden que el déficit público es del 2,7% s/PIB: unos 33 mil millones de euros, según el FMI). Pero es que aparte de haber margen, cabe señalar que no necesariamente predicar con bajadas de impuestos hace creíbles a sus proponentes. Vean algunos ejemplos. En Estados Unidos, un macrosondeo con 10.000 encuestas ha revelado, según publicó The New York Times, que el 60% de los norteamericanos respaldan las propuestas de Warren. Por otra parte, una encuesta también reciente en 21 países de la OCDE indica que los encuestados apoyan aumentar los impuestos a los ricos para combatir la pobreza; de hecho, el 70% aboga por subir impuestos para atajar los problemas de los sectores sociales más vulnerables. En España no disponemos de encuestas tan directas; pero en los sondeos del CIS se detalla que la sensación de que los ricos no pagan lo que deberían ha aumentado con la Gran Recesión. En 2018, un sondeo concreto sobre fiscalidad delataba que el 45% de la población está por mejorar los servicios públicos, aunque ello suponga aumentar los impuestos; mientras que el 20% es partidario de pagar menos impuestos, aunque se deban reducir servicios públicos.

En definitiva, prometer una mayor caída en esa capacidad recaudatoria no hará más que agravar la tensión ya existente en los presupuestos públicos. Cuidado con estas promesas sustentadas sobre mentiras interesadas y mantras científicamente indemostrables, que sólo conducen a la frustración…y, no nos engañemos, al precipicio de una mayor desigualdad. El FMI indica que recortar gasto va a ser muy difícil –porque afecta al gasto social–, y la clave del equilibrio será una política de ingresos que aumente la tributación. Ante esto, sorprende que las vestales del liberalismo económico insistan en bajar impuestos como gran receta y primordial eje estratégico. No saben que hasta en el FMI se ha arrojado a la papelera la servilleta de Laffer.