La crisis de 2008, la Gran Recesión, supuso para las finanzas públicas españolas un golpe tremendo, que afectó de manera enorme la recaudación tributaria. Según la Intervención General del Estado, para Balears este mazazo generó la caída de ingresos del orden de unos mil millones de €. Todo bajo la tormenta de cierre de mercados, con incrementos de primas de riesgo y en un escenario de tipos de interés elevados. Financiarse en los mercados financieros fue harto difícil. Quienes estuvimos en ese momento en el puente de mando padecimos intensamente la sacudida de una crisis sistémica que nadie –y cuando digo nadie es nadie– esperaba en los términos y profundidad que se produjo. Deuda pública y déficit público subieron en Balears, porque esa era la política económica adecuada para evitar, por ejemplo, el recorte sobre los servicios públicos esenciales. La austeridad expansiva era la receta que emanaba desde Europa y desde el Banco Central Europeo. Una sangría que supuso, para la Unión Europea, salir de la crisis en 2014: seis años de travesía del desierto en el campo de las finanzas, con rescates bancarios incluidos. Craso error.

En tal contexto, hubiera sido balsámico disponer de mecanismos de amortización de la deuda que se contraía. Se hubiera agradecido por una sencilla razón: porque esa ayuda evitaría el pago de los servicios de esa deuda. Ahora, se ha planteado la posibilidad de condonar una parte de la misma. Para Balears, algo más de 1.700 millones de €, cerca de un 18% del monto insular. Calificar esto de “nefasto” o de un “insulto” a la población de las islas es un despropósito mayúsculo, de una gran frivolidad. Deducir que todo esto es para contentar a Catalunya es falaz e inexacto, máxime cuando casi el 53% de la condonación total de 83 mil millones de € va a afectar a comunidades autónomas regentadas por el PP, con el auxilio de Vox.

La AIReF, una institución fundamental, acaba de emitir un informe en el que destaca la importancia de la condonación propuesta, con la advertencia de que esa condonación debe ir aparejada a una condicionalidad fiscal. Aquí está uno de los meollos de la cuestión, para evitar esto que se ha denominado “riesgo moral”. Pero el citado organismo es meridiano en su diagnóstico: la condonación supondrá un alivio de ahorro de intereses para las regiones que se acojan y, por tanto, reducciones en sus déficits. Los principales beneficiarios de la medida están encabezados por Andalucía y Catalunya; Madrid, crítica principal de esta propuesta, presume que se financia a través de los mercados y no del Fondo de Liquidez Autonómico. Pero podría condonar más de 8 mil millones de €. Está pagando más de 300 millones de € en intereses. Y persiste en lo que se enfatiza negativamente también desde AIReF y otros organismos: su laxitud tributaria, su dumping fiscal que está retrayendo su capacidad de obtener más ingresos en aras de la responsabilidad financiera que todas las comunidades autónomas deben tener. Mal negocio para las regiones si renuncian a la condonación por motivos ideológicos. Porque es difícil defender su posición actual desde criterios técnicos.