La coordinación de las políticas económicas

El sector público ha sido y es capital en las crisis recientes. Los estímulos fiscales han resultado claves para evitar un colapso mayor. Esto han razonado las instituciones económicas más influyentes, como el FMI, el BCE, el BM y la OCDE. Es imprescindible, entonces, centrarse en las herramientas que, en el pasado, tal y como demuestran los datos, se revelaron como más efectivas: mayor inversión pública, re-estructuración de las deudas, fiscalidad progresiva y cooperación público-privada. Esto se avala con investigaciones recientes. En un trabajo (2020) firmado por el Premio Nobel de Economía 2019 Ryan Banerjee (véase: https://econpapers.repec.org/paper/bisbisblt/30.htm), se defiende que la fuerte retracción del PIB durante la pandemia hubiera supuesto cierres masivos de empresas si no se hubieran arbitrado estímulos económicos. Lo mismo acontece con los impactos de la guerra de Ucrania. Para este economista, en la zona Euro los porcentajes de destrucción oscilarían del 10% al 30%. Los estímulos evitan quiebras y mucho más dolor, en el caso de que esas medidas no se estuvieran aplicando con celeridad. La conjunción de política fiscal y política monetaria ha sido trascendental para paliar los efectos corrosivos de las dos crisis económicas más recientes, la del coronavirus y la bélica.

Ahora bien, ¿cuándo retirar esos respiradores que mantienen con constantes vitales al paciente? Para responder no se puede invocar, una vez más, como ya se está haciendo, al cacareado “miedo a los mercados”. Un miedo que dejó paso al pavor, cuando las ayudas fueron retiradas antes de tiempo en 1937 y 2010, cediendo a fases de verdadero calvario económico y social, no sólo para los sectores más vulnerables de la sociedad, sino también para sus clases medias. Esto forma parte del acerbo de la Política Fiscal. En dirección similar, ¿cuánto y cuándo subir de nuevo los tipos de interés? Esta es la preocupación esencial de los bancos centrales, orientados a promover políticas de anclaje de la inflación. Un tema que atañe a la Política Monetaria.

En un reciente trabajo de Matthew Klein y Michael Pettis (Trade wars are class wars. How rising inequality distorts the global economy and threatens international peace, Yale University Press, 2020), se defiende que existe capacidad de demanda en los países más desarrollados y en China para absorber el potencial productivo sin tensiones inflacionistas. Los autores indican que los conflictos comerciales de hoy son causados por gobiernos que promueven los intereses de las élites a expensas de los trabajadores. En todo el mundo –aseveran– los ricos han prosperado mientras los trabajadores ya no pueden permitirse comprar lo que producen, han perdido sus trabajos o se han visto obligados a endeudarse más. Esta investigación enlaza plenamente con aportaciones también recientes de otros economistas especializados en la economía de la desigualdad, pero con la observación de ese vértice inédito: el perfil comercial que instaura la globalización está generando desequilibrios, que se mantendrán si no existen políticas económicas mejor articuladas a los dos lados del Atlántico.

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Economía en guerra: apuntes de urgencia

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Crispación política en Navidad

            El año 2022 se va a cerrar con buenos datos económicos, ya comentados en esta misma columna, en una entrega anterior. La línea de combate de la oposición, que solía estar siempre en la esfera económica, se ha difuminado: resulta muy difícil contrarrestar las cifras positivas de crecimiento del PIB, del déficit, de la evolución de la deuda, del mercado de trabajo, puestas sobre la mesa por instituciones internacionales y por el INE y el Banco de España, con otras variables enfrentadas que presagien una hecatombe. Esta estrategia de desgaste económico, de anunciar el hundimiento día tras día, se ha volatilizado. El debate económico lo está ganando, por el momento, el gobierno.

            Ante esto, los grupos conservadores y sus partidos están rubricando la otra parte de su hoja de ruta de ataque: la dislocación de las instituciones con relatos extremos y muy graves, a raíz de cualquier conjunto de iniciativas promovidas por el Ejecutivo. De nuevo, se vociferan amenazas que resultan difíciles de escuchar en el entorno europeo: en este último marco, las opciones conservadoras parecen tener un mayor respeto a las instituciones, incluyendo el propio PP europeo. En un contexto problemático, que arranca de febrero-marzo de 2020, y con el dramático añadido del estallido de la guerra en Ucrania con sus corolarios económicos, la narrativa de los extremistas se difunde desde medios de comunicación y tribunas parlamentarias, para hacer descarrilar a un gobierno calificado como “ilegítimo”. Jerga reconocida, de manual: cuando los partidos progresistas gobiernan por aritmética parlamentaria, la acusación de que usurpan el poder aparece desde las filas conservadoras. Ilegítimos, okupas, colaboracionistas con el terrorismo, y otros epítetos, arramblan con fuerza e intensidad, promocionados por palestras mediáticas afines.

            No existe tregua por parte de una derecha que sabe lo que es gobernar –y a la que, por tanto, se le supone más responsabilidad–, ni el más mínimo atisbo para colaborar, con todas las críticas que se quieran, en procesos de recuperación económica y social, cuando es más necesario y urgen posiciones de Estado. Se suceden soflamas más propias de colectivos anti-sistema: un “hooliganismo” exacerbado. Las negativas para cooperar, mínimamente, en tiempos muy difíciles son constantes, recurrentes, implacables: sin fisuras. Cuando los reiterados anuncios de un apocalipsis venidero no se cumplen, la vía se centra en azuzar las vísceras y utilizar las instituciones que se controlan –como algunos altos tribunales– para desestabilizar, incluso, al Congreso de los Diputados.

            El 2023 se iniciará con mimbres parecidos. Año electoral, en el que todos se juegan mucho. La economía está en unas coordenadas de gran incertidumbre, y no es fácil saber si, de nuevo, podrá servir de arma electoral para quienes están en la oposición. Lo que sí parece claro es que la segunda línea de actuación, la que se ha descrito antes, seguirá impertérrita, hagan lo que hagan los gobiernos progresistas, pase lo que pase. El triunfo de las vísceras sobre la razón. El grito, la descalificación, el insulto, la crispación: sin argumentos. Navidades nada blancas.

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Turismo: el gran debate

El turismo supone en torno al 14% del PIB en países como España, Italia y Francia. En economías regionales turísticas, ese porcentaje se eleva de forma notoria. Es decir, no estamos ante un sector económico residual: es determinante, articula proyectos empresariales, puestos de trabajo, inversiones, estrategias públicas. Es un modelo de éxito. Y el debate sobre su posible sustitución responde muchas veces a conclusiones pre-establecidas, enfatizándose las innegables externalidades negativas que comportan las actividades turísticas. Esto también se observó con la irrupción de las industrializaciones, con duros impactos sociales y ecológicos. Contraponer la industria al turismo como antagonistas –se lee mucho sobre esto–, es tal vez un error en el escenario actual de las economías maduras de servicios.

El turismo constituye un desafío para expertos, políticos, trabajadores, empresas, y para la sociedad. Pero también no se puede relegar que existen componentes endógenos, de las propias estructuras económicas y sociales, que no pueden ignorarse. El debate se centra en diferentes interrogantes, que no son únicos y que, seguro, infieren nuevas derivadas:

•          ¿Cómo reorientar una economía especializada en turismo?

•          ¿Es posible diversificar esta economía en un margen temporal preciso y razonable?

•          ¿Qué intervención debe tener el sector público?

•          ¿Como vertebrar los flujos financieros en el proceso de adaptación?

En resumen: ¿cómo hacerlo?; y, ¿quién lo hace?

La orientación de la economía turística no se puede hacer sin una colaboración efectiva público-privada. No hay decretos leyes que regulen de forma inmediata las transformaciones económicas cuando salpican cambios sectoriales. Se persigue retardar el crecimiento de un sector motor –el turístico, con todas sus derivaciones– para “crear” otras actividades que lo sustituyan. Pero reorientar una economía comporta ingredientes esenciales:

a)         La voluntad de los poderes ejecutivos –municipales, regionales, nacionales– para hacerlo;

b)        La cooperación de las empresas privadas;

c)         La concurrencia de la sociedad civil y de los sindicatos;

d)        La capacidad financiera para encarar los proyectos que surjan;

e)         La apuesta para formar un capital humano, no necesariamente tecnológico ni universitario;

f)         La palanca básica de la inversión;

g)        La empatía política para el tema en cuestión, huyendo de visiones partidistas y/o electoralistas.

Una gran complejidad. En economías regionales especializadas, como la balear, significa que estamos hablando de un proceso más largo en el tiempo del que se puede prever. En todo modelo económico, el vector temporal no se debe rehuir, ya que condiciona las decisiones. Éstas pueden variar en los cronogramas establecidos, y las capacidades adaptativas resultarán vitales. Se trata de visualizar las líneas de tendencia que se van marcando a las políticas económicas, donde inversiones públicas y privadas, colaboraciones financieras y entramados sociales y económicos tendrían que trabajar entrelazados: en ejes de planificación estratégica, que redefinan la pauta de crecimiento. Una pauta en la que el turismo, en Balears, debe seguir siendo el tractor primordial.

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El crecimiento económico para Albert O. Hirschman y Ernest Lluch

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Un apocalipsis económico que no llega

            Se cierra un año. Veamos una pequeña batería de datos accesibles, que señalan factores relevantes de clausura de 2022 en un contexto con problemas e incertidumbres:

1. La OCDE sitúa el crecimiento económico de España en 2022 en el 4,7%, superior a las previsiones de cierre del Gobierno y del Banco de España. Distintas instituciones (FUNCAS, BBVA) van en esa misma dirección.

2. Ello infiere máximos históricos de afiliación –en serie desestacionalizada– en el mercado laboral español, según el último dato de noviembre: 20,3 millones de afiliados (fuente: @economyred).

3. Y con un sector exterior con buenas cifras. La balanza por cuenta corriente de la economía española está en positivo; a pesar de un shock energético que ha supuesto un desembolso de más de 50 mil millones de euros. Aquí, sin duda, la fortaleza del turismo es la clave.

4. Todo en el marco de una deuda pública española que resiste en los mercados, sin apoyo del BCE. De hecho, el banco central ha reducido la tenencia de deuda española, pero el bono español ha aguantado el envite sin ayudas externas (fuente: elconfidencial.com).

5. Las tensiones inflacionistas persisten, pero han iniciado su descenso, con la excepción de los productos alimenticios (fuente: Oxford Economics, INE), como ya anunciamos en otros artículos.

6. Por otra parte, el almacenamiento europeo de gas se sitúa en el 94% de la capacidad en los primeros días de noviembre (fuente: BBVA Research). Esto implica que Europa en su conjunto está en posición menos negativa para encarar aumentos en el consumo durante el invierno.

7. Las medidas de política económica, en el entorno comunitario, dan resultados. De hecho, la Comisión Europea ha dado el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado de España para 2023; mientras el Fondo Monetario Internacional ha elogiado los efectos positivos de la reforma laboral.

8. El aval del Banco de España a las medidas de alivio del Gobierno en las hipotecas (declaraciones del Gobernador; fuente: cincodias.elpais.com): se ha alcanzado un cierto equilibrio para atajar problemas en los hogares más afectados por el alza de las hipotecas a tipo variable con, a su vez, no provocar presiones excesivas en los balances bancarios.

9. Bajar los impuestos no es una receta efectiva, en estos momentos, en política económica. El caso británico es elocuente; el ejemplo andaluz, también. En este último ejemplo –del primero ya hemos hablado en otros artículos–, el Observatorio Económico de Andalucía ha enfatizado que el crecimiento de los ingresos es inferior a la media autonómica, precisamente por las rebajas fiscales. La narrativa de los recortes de impuestos, como solución en política económica, no se aviene con la realidad.

10. La presión fiscal en España es inferior a la media europea: 39% s/PIB en 2021, frente al 42% de la Eurozona. Francia, Bélgica, Alemania, incluso Italia, tienen porcentajes más elevados, que superan el 43% (fuente: Eurostat; desagregación por tipología fiscal –IVA, IRPF, Sociedades–, con cifras españolas siempre inferiores a las medias comunitarias, en: Agencia Tributaria).

            Los profetas del apocalipsis, en barbecho.

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Publicación del monográfico de la revista Sistema, sobre Nuevas Métricas Económicas, que he coordinado

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Política monetaria: más laparoscopia y menos cirugía

            Las primeras subidas de tipos de interés por parte del BCE, hasta llegar al 1,25, se produjeron por la señal de los precios al alza en Europa, que se acercan a los dos dígitos. Pero también esa decisión se explica por evitar la penalización del euro en el tipo de cambio con el dólar, toda vez que las compras externas de energía por parte de la Eurozona se dirimen en dólares; por tanto, un acicate más para elevar los precios. Por tanto, puede ser razonable ese retoque en los tipos de interés. Las incógnitas aparecen con mayor fuerza a partir de ahora.

            Debe recordarse que el objetivo de inflación del BCE es el 2%, y que sus previsiones para 2024 superan ligeramente ese número (entorno al 2,4%). De alguna forma, y a futuros, el BCE está indicando que el shock de oferta se puede superar de forma gradual, habida cuenta que los problemas de estrangulamientos en la distribución de mercancías y de colapsos graves en la energía se pueden ir soslayando en meses. Pero, así y todo, persiste en su hoja de ruta con la nueva subida de tipos del 0,75; esto alienta una recesión económica, por un motivo central: porque puede afectar a un consumo que no se ha sobrecalentado, es decir, que no es responsable de la subida de los precios (cosa que sí acontece en Estados Unidos, donde el shock es de demanda). Dicho de otra forma: esta nueva subida de tipos no está claro que contribuya a reducir la inflación, en un contexto en el que ésta puede haber tocado techo, atendiendo al último dato disponible (7,3% para España, 7,1% para Francia, 10,3% para Alemania).

Esto incide en la idea de que sería importante que la política monetaria desplegada por el BCE no fuera tan quirúrgica e invasiva y, por el contrario, fuera más laparoscópica: mucho más gradual y paulatina, y menos agresiva en función de los datos más granulares y frescos en las evoluciones de los precios. Ello debiera hacer pensar al banquero central que si pretende contribuir a la recuperación económica, no debe utilizar los tipos de interés de forma mecánica, sin tener en cuenta los contextos en los que se mueve la economía europea: en tal sentido, los precios parece que se van atenuando, no incrementando. Y, sobre todo, comprender que la causa esencial de la inflación, en el caso de Europa –y en el de España–, radica en los incrementos en los precios de la electricidad.

Es ahí donde debe actuarse, en clara connivencia con la política fiscal, a la que se le exige que estimule inversiones perentorias para, entre otros cometidos, ir a escenarios de cambios de modelos productivos: dinero necesario que se contradice cuando se suben tipos de interés que van a encarecerlo. Desafío para el regulador bancario, que debe estar atento a más indicadores que el agregado sintético de los precios. Y que no puede ignorar mensajes que le van llegando desde la política fiscal. Pareciera como si, de manera automática, el banquero central mueva los tipos de interés en función de una descriptiva evolución de los precios. Como si los análisis de contexto no contaran, o lo hicieran poco. Ser consciente de ese contexto es clave para adoptar políticas más prudentes.

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Neoliberalismo trasnochado

            Liz Truss, la Premier británica, se las prometía felices. Aupada por su partido, relevaba el desastre de su antecesor, Boris Johnson, con la idea de imprimir un cambio que favoreciera el crecimiento económico y sacar de la atonía a la maltrecha economía británica. Devolver, en definitiva, la confianza. Parecía imposible superar los despropósitos del extravagante y despeinado líder conservador. Pero el disparate ha aparecido, nuevamente, cuando la ideología más severa y acrítica se ha afianzado, una vez más, en un gabinete ministerial. Con una fuerza tan aparentemente incólume como sorprendente. Truss, siguiendo el recetario de su admirada Margareth Thatcher, decidió anunciar la bajada de impuestos a los ricos y, a la vez, ayudas a empresas afectadas por los problemas energéticos. Estos dos anuncios concretan números: en el primer caso, dejar de ingresar 43 mil millones de libras; en el segundo, incrementar el gasto en 150 mil millones de libras. Un desequilibrio tan flagrante –con solo dos datos en el tapete– que no pasó desapercibido por nadie: ni por los mercados, ni por el propio partido conservador. La pirueta contable de Truss es inexplicable, un insulto al sentido común, y no se acierta a entender cómo ningún economista reputado –que seguro los tienen los tories– advirtiera que esa ecuación era inviable. El resultado es conocido: devaluación de la libra, paralela a la subida de tipos de interés e intervención final del Banco de Inglaterra ante la amenaza de venta de bonos que nucleaban pensiones privadas. Un desastre que, lejos de conseguir confianza, está generando enormes prevenciones en el mundo económico y en el propio seno del partido gobernante. Porque estamos ante un escenario que es de país emergente, no de la nación que tiene un centro financiero capital en Londres. Ha faltado la intervención del FMI para redondear la fantasía.

Los mercados reaccionaron con furia ante tamaño desaguisado. Podríamos decir que, aquí sí, el sentido común imperó ante esta burda ideologización de la economía. Una ideologización que ha sido duramente criticada en artículos publicados en The Economist y Financial Times, cabeceras ineludibles del liberalismo económico. Ese nacionalismo económico exacerbado, que nace con la propuesta y convocatoria del referéndum para salir de la Eurozona, que defiende la expulsión de inmigrantes, que sigue soñando en las viejas costuras de un imperio que no existe, se ha revelado una hecatombe económica que ha arrasado a varios primeros ministros. Y que está colocando al Reino Unido, con su flamante nuevo rey, al borde del abismo.

Una gran responsabilidad de todo esto radica en el neoliberalismo político y económico que se ha ido adueñando del espectro sociológico británico. La creencia, en definitiva, en un régimen político superior, autónomo, alejado del continente europeo, y con unas reglas económicas edificadas sobre la voluntad estricta de los mercados, la no intervención pública, la contracción de los impuestos y la liberalización de sectores productivos estratégicos. Ambos ámbitos han ido destruyendo todos los grandes avances del laborismo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es el retorno a directrices económicas que se han revelado fracasadas. Un fracaso advertido por economistas desde hace mucho tiempo. Pero que, curiosamente –o no tanto– se ha creído en tales admoniciones cuando ahora, esos mercados a los que se glorificaba, no se han tragado la patraña de que reducir los impuestos a los ricos traerá prosperidad general.

Truss se ha visto obligada a recular. Pero en sus discursos posteriores, sigue con la insistencia en rebajar los impuestos como gran receta mágica para corregir todos los males económicos. Esto y, por supuesto, el recorte del gasto público social, de manera que Gran Bretaña ensaya un nuevo intento de austericidio en toda regla, en un contexto europeo en el que los sectores productivos miran al Estado como garante en situaciones económicas comprometidas. Quitarse munición –los ingresos– para afrontar la batalla –los retos, que infieren inversiones públicas– es un error que se ha demostrado con creces en la historia económica.

Ahora bien, las premisas neoliberales siguen vigentes en el mundo desarrollado, tanto en universidades, como en el sistema financiero como en las administraciones. La pandemia indujo un cambio de orientación en política económica, al confiar en el sector público y en una laxitud de la política monetaria. Esa transformación sigue presente, no sin resistencias. La política monetaria se enfrenta al desafío de subir los tipos de interés una vez más, para controlar la inflación, a sabiendas que esto puede promover una recesión; pero, al mismo tiempo, se defienden ayudas a colectivos vulnerables y sectores sociales y económicos con dificultades, lo cual infiere sin lugar a dudas incrementos del gasto público. La contradicción es flagrante y supone optar por una política monetaria más cautelosa, que huya del contagio norteamericano: aquí, en Estados Unidos, el shock es de demanda, no de oferta. Y el peligro para la Eurozona es que la pauta de la Reserva Federal se acabe siguiendo de manera acrítica, cuando los condicionantes de la inflación son distintos.

Volver a una austeridad económica mal entendida es lo que pretenden formaciones políticas conservadoras, utilizando como herramientas centrales la liberalización de los mercados y las bajadas de impuestos. Es una batalla ideológica, no técnica. Técnicamente, empíricamente, los estudios que defienden resultados contrarios a esos supuestos son muy abundantes. El centro del debate es ideológico, con la utilización populista de los recortes de impuestos como reclamo electoral, el incumplimiento de esa promesa si se llega al poder arguyendo una herencia que ya se conoce y que, por tanto, implica subir la tributación; en definitiva, culpabilizando al gobierno anterior para retirar una promesa que ya se sabía irresoluble. El caso británico es buena muestra; lo que aconteció en la economía española a partir de 2012, también es un ejemplo representativo.

El neoliberalismo sigue teniendo fuerza. Pero no aporta soluciones a los grandes retos de la economía mundial. Si la lupa se traslada a escenarios más próximos, las premisas neoliberales no contribuyeron a resolver los graves problemas de la economía europea –ni de la española– tras la crisis financiera de 2008, y sus recetarios apuntalaron el sufrimiento de los grupos sociales más desfavorecidos y de una parte sustancial de las rentas medias. Es esta una lección que, de una vez por todas, debería aceptarse. Liz Truss, al parecer, persistirá en su error dogmático e ideologizado. En la Unión Europea se debe tomar nota de todo esto: para evitar errores en la política monetaria y en la política fiscal. El futuro europeo depende en buena parte de esto.

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La falacia de la bajada de impuestos

            Los datos, y no los dogmas de fe, sitúan los efectos de una determinada política económica. Sobre los impuestos, dirigentes y economistas de perfil conservador han incidido en un relato: las regiones que menor carga fiscal imponen en sus territorios justifican ahí la clave de su éxito económico. Tratemos de averiguar, precisamente con datos de las diecisiete comunidades autónomas (remitimos a los links correspondientes), si eso es cierto. Todas las cifras macroeconómicas y sanitarias regionales están en la Contabilidad Regional del INE. La carga fiscal regionalizada proviene de los presupuestos autonómicos (http://www.caib.es/sites/ces/ca/l/memoria_socioeconomica_i_laboral/?mcont=54.). El gasto sanitario de las comunidades autónomas remite a INCLA-SNS (http://inclasns.msssi.es/main.html y a https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/PublicacionPresupuestos/aspx/inicio.aspx.). Estamos, pues, ante poderosas bases de datos, de consulta accesible, cuyo procesamiento y análisis arroja estas conclusiones, desarrolladas matemáticamente en este artículo (https://economistasfrentealacrisis.com/recortar-servicios-pasa-factura/) en coautoría con Ferran Navinés y Miquel Quetglas:

1. La idea que bajar los impuestos aumenta el crecimiento económico de una región queda desmentida por los datos. A su vez, las cifras tampoco indican que las regiones con menor presión fiscal sean las que mayor incremento del PIB presentan.

2. La incidencia del gasto corriente y de las inversiones públicas en el bienestar social ha ayudado a la contención del exceso de mortalidad que provocó la COVID-19. En esta relación, Madrid es un caso particular, puesto que tuvo una ratio de defunciones muy superior al resto de España. Además, la inequidad social entre distintos barrios de la ciudad conduce a diferencias en la esperanza de vida y otros indicadores de bienestar.

3. Cuando políticos conservadores dicen que el éxito del crecimiento económico se debe a una menor carga fiscal, estamos ante una afirmación falsa, formulada para un consumo electoralista. Por ejemplo, se aprecia cómo en gobiernos regionales que, a lo largo del período 2010-2019 –el que hemos analizado–, han estado siempre en manos del PP –Madrid, Murcia, Galicia, Castilla-León–, una variación mínima del crecimiento de la carga fiscal entre ellas de 4,9 puntos, por ejemplo entre Madrid (5,5%) y Murcia o Castilla-León (0,6%), da lugar a diferencias muy notables en el crecimiento regional: más de 13 puntos (Madrid, 17,39%) frente a Castilla-León con sólo un 4,1%. Por tanto, podríamos decir que Madrid ha crecido más que Castilla-León gracias a que tiene mayor carga fiscal, lo cual no agradará, seguramente, a los defensores de su política económica. No digamos ya si al ejemplo le añadimos Balears, que es la que más crece con un 18,6% y la que más ha incrementado la carga fiscal con un 9,2%, sólo superada por Canarias (36,3%) y País Vasco (26,2%). Repetimos: todos los datos procesados están en la referencia apuntada anteriormente.
               Hay que rehuir de relatos simplistas y populistas, y aferrarse al análisis económico: para derruir los catecismos dogmáticos. 
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