Déficits que contribuyen al crecimiento

            Proliferan las declaraciones sobre medidas a aplicar en las crisis económicas. Una de las manifestaciones más llamativas ha sido la de Peter Bofinger, asesor del gobierno de Merkel e integrante de la comisión de “los cinco sabios”, una especie de oráculo de Delfos para la economía alemana. Bofinger defiende algo muy “rompedor” en el panorama germánico: acabar con la obsesión peligrosa por moderar los salarios. El economista vincula esto a la consecución del objetivo de la inflación, por debajo del 2% ahora mismo en la UE: una señal de debilidad de la demanda, a pesar del movimiento alcista de los precios a causa de los problemas del mercado eléctrico. Pero su otro argumento es todavía más insólito para el mainstream: sostiene Bofinger que, para el caso de España en la Gran Recesión, se sobrevaloraron los efectos de la reforma laboral como salida a la crisis; según él, España pudo “escapar del agujero” gracias a la aplicación de políticas de inspiración keynesiana, que supusieron déficits altos durante años. Es decir, gracias al incremento del gasto público. Esto fue intenso durante los ejercicios de 2008-2011, cuando se pasó de un superávit del 1,9% sobre PIB en 2007 a déficits reiterados que oscilaron entre el –4,5% y el –11,2%: la utilización de la política pública para paliar el desaguisado. Bofinger es demoledor: “si España hubiera hecho como Grecia, tratando de ajustar las cuentas a toda costa, habría sido un desastre”. Bueno, España lo hizo con severidad desde 2012 (y no olvidemos que el gobierno de Catalunya con Artur Mas lo aplicó antes, desde 2011, con recortes drásticos), con resultados sociales dramáticos. Aquellos déficits, dice Bofinger, paralizaron la hecatombe.

            Este giro ha hecho pensar a los economistas que urgen explicaciones más convincentes sobre el diagnóstico de la crisis y las medidas aplicadas para resolverla. Los mismos que hace pocos años reclamaban equilibrios presupuestarios a ultranza, sin considerar los efectos sociales que ello supondría, son ahora los que dicen que, bueno, quizás se pasaron un poco y debe reconducirse la situación. La concesión del Premio Nobel de Economía 2021 a los trabajos de tres economistas sobre el impacto del SMI en el mercado de trabajo; y las consecuencias de la inmigración sobre los niveles salariales, suponen una revisión positiva sobre las visiones más agoreras. Hace ya mucho tiempo que la llamada heterodoxia económica viene denunciando los problemas gravísimos que acarrea la austeridad expansiva. Las declaraciones más recientes: las de la economista-jefe del FMI, afirmando, tajante, que no es recomendable retirar los estímulos económicos vigentes, dado el todavía precario e incierto escenario de la recuperación.

            La situación de la economía mundial tiene retos cruciales, que dependen de la voluntad política de los gobiernos: subidas de salarios, mayor presión fiscal a rentas más elevadas, incremento de inversiones públicas, reestructuración de las deudas y planes agresivos de ocupación que inserten la población más joven en los tejidos productivos. Los déficits públicos transitorios son instrumentos necesarios para encarar aquellos desafíos.

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Dos cumbres económicas importantes: Roma y Glasgow

            Dos cumbres económicas de relevancia: la del G-20 en Roma y la del Clima en Glasgow. Dos encuentros al más elevado nivel que han generado expectativas concretas: 1,5 grados de subida límite en la temperatura del planeta hasta el 2100, fijación de un impuesto global del 15% a multinacionales, insistencia en expandir la vacunación a los países menos desarrollados, urgencia en políticas de mitigación ante los desafíos que se presentan en la economía y en el medio ambiente del mundo. Ambas conferencias, con los altos mandatarios presentes, denotan una preocupación clara que va más allá de la retórica de otros encuentros. Pero no es menos cierto que el escepticismo acaba por imperar cuando pasan estos acontecimientos. Se han visto otras cimeras de parecido estilo cuyos objetivos establecidos se acabaron desvaneciendo, frente al peso de la economía crematística.

El problema presente, sin embargo, plantea una noción que la ciencia viene advirtiendo desde hace años, prácticamente desde el primer informe del Club de Roma a comienzos de los años setenta: el tiempo se agota. Y las investigaciones más recientes (muy interesante el último trabajo del físico Lawrence Kraus, El cambio climático: la ciencia ante el calentamiento global, Pasado&Presente, Barcelona, 2021) subrayan que, por ejemplo, resultará difícil revertir una subida de veinticinco centímetros del nivel del mar en los años más próximos, y de un metro en 2100. Siempre que no se haga absolutamente nada: el business as usual (actuar como siempre, sin cambios), frente al green growth (apostar por un desarrollo ecológico) que ayudaría a corregir la tendencias hacia la insostenibilidad.            

Pero otro frente de trabajo se ha centrado en la fiscalidad. En concreto, un gravamen del 15% a grandes empresas, insuficiente para algunos ya que hay propuestas del 30%, por parte de historiadores económicos sobre la evasión fiscal de esas poderosas compañías (Emmanuel Saez-Gabriel Zucman, El triunfo de la injusticia. Cómo los ricos evaden impuestos y cómo hacer que los paguen, Taurus, Madrid, 2021). Hace apenas pocos años, cualquier propuesta que se formulara sobre el pago de impuestos de carácter global, asumido por los países más desarrollados, se tildaba como utópico. Thomas Piketty, otro historiador de la economía de renombre, propuso en 2016 (El capital en el siglo XXI, FCE, Madrid, 2016) un impuesto internacional sobre el patrimonio, que se calificó negativamente no sólo por los economistas liberales, sino también por otros de tendencias más progresistas. La realidad se impone: la COVID-19 ha hecho tambalear muchas premisas consideradas como inamovibles por la economía ortodoxa. Y la fiscalidad es uno de los terrenos a explorar, junto a una visión más tolerante con la deuda pública. Martin Wolf, editor adjunto del Financial Times, lo ha expuesto en Madrid, hace pocos días: la deuda es manejable y, en paralelo, para poder mantener el aumento de la temperatura global a menos de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, las emisiones deben reducirse un 40% para 2030. Si no se hace nada, el riesgo es ir a un “Armagedón climático”, apuntó Wolf. Para pensar. Y actuar.

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Inflación bajo control

Los datos recientemente publicados por el INE constatan una variación anual en octubre del 5,5% en la evolución del IPC. Esto está generando alarma e incluso mensajes que rozan el catastrofismo. La realidad es que el nivel de incertidumbre en el que se mueve la economía en estos momentos es elevado, con causas directas tanto en el proceso de la pandemia como en otros aspectos de índole más material. Entre estos, se enumeran la evolución de los precios en el mercado eléctrico, la desarticulación del transporte marítimo –que contribuye a retrasar la llegada de pedidos–, las escaseces en inputs productivos más relacionadas con la distribución que con la producción, y el incremento de la demanda energética de China, entre otros elementos que parecen ser relevantes en este contexto.

Ahora bien, ante esta situación parece exagerado hablar de estanflación (estancamiento + inflación) en el escenario actual, por un motivo clave: estamos en crecimiento económico –y nada despreciable según todos los analistas: no hay, pues, estancamiento– con una inflación que supera ligeramente el 5%. Todo muy alejado de las caídas brutales del PIB e inflaciones de dos dígitos –incluso con cifras próximas al 25%– de los años setenta, con incrementos notables en la desocupación. En tal aspecto, el FMI indica que el 2021 se va a cerrar con tasas de crecimiento económico cercanas al 6% con una inflación que “no está fuera de control”, en palabras de Gita Gopinath, economista-jefa del FMI, en recientes declaraciones. El mensaje, contundente, debería invitar a un mayor sosiego, que no es sinónimo de despreocupación.

Si ese movimiento alcista de los precios es transitorio, como señalan tanto el BCE como el Banco de España y el FMI, cabe pensar en factibles incrementos en la demanda, espoleada por la política económica de estímulos tanto en la inversión como en la proporción de liquidez. Los signos que invitan a pensar en esto son evidentes, en el caso de España: reducción en la tasa de paro –así se recoge en la reciente EPA, con aumentos significativos en la afiliación a la Seguridad Social–, mantenimiento de los ERTE –del orden de unos doscientos mil, con reducciones tangibles en los últimos meses, exponente de que mucha fuerza laboral retorna a una cierta normalidad– y contracción en los pasivos bancarios –la gente empieza a gastar y reduce su ahorro acumulado–. Estos tres vectores infieren una expansión del gasto privado, una mayor capacidad de consumo que, sumada a la política fiscal, refuerza la expansión de la demanda agregada.

Estas reflexiones no pretenden minimizar la importancia del dato de la inflación. Nos encontramos, como decía, en unas coordenadas de incertidumbre –que pueden corregir las proyecciones del crecimiento, como de hecho ya está sucediendo–. Pero resultaría un grave error que el temor a una inflación que está controlada –según apreciaciones fundamentadas del FMI, entre otras entidades– nos pudiera llevar a aquellos “miedos a los mercados”, que a veces aparecen de manera recurrente, para tentar la posibilidad de eliminar unos estímulos económicos que están resultando determinantes para la recuperación de las economías.

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Los nuevos Presupuestos 2022: inversión para la recuperación

            El camino a los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se desbroza. Se han llegado a acuerdos importantes entre los socios de la coalición, con un desenlace clave: unas cuentas expansivas, de perfil social y con un claro componente inversor. Los fondos europeos engrasan las partidas en más de veinticinco mil millones de euros, con apuestas esenciales en campos determinantes, como la digitalización y la des-carbonización energética. La economía más ortodoxa y los partidos que la avalan (PP, Cs, la ultraderecha) han puesto el grito en el cielo, tildando de intervencionistas tales números: una posición muy difícil de entender en el contexto europeo, cuando además palestras significativas liberales, como The Economist o el Financial Times, junto al Fondo Monetario Internacional, están por una expansión inequívoca del gasto público. La contrapartida es invariable para el conservadurismo político y económico: bajar impuestos y flexibilizar mercados. Lo vemos en comunidades autónomas gobernadas por el pacto de la derecha con la ultraderecha. Pero esas voces advierten sobre hecatombes futuras, con los PGE 2022: deuda, déficit e inflación.

En primer lugar, no existen razones importantes para determinar que inversión y gasto van a causar inflación, siempre y cuando la economía disponga de recorrido para crecer, es decir, no esté funcionando en toda su capacidad disponible. Hacer inversiones que amplíen la economía por su perfil estratégico no debe causar inflación, en confrontación con las inversiones que solo colocan dinero en una economía llamemos estática. Las primeras inversiones lo que hacen es ampliar el pastel en lugar de aumentar el dinero en un pastel ya existente.

En segundo término, las inversiones públicas a largo plazo, orientadas por visiones de carácter estratégico (netamente transformadoras), tienen mayores efectos multiplicadores, con la creación de impactos intersectoriales. Hablamos de inversión pública estratégica, planteándose respuestas a retos concretos, como el cambio climático, la transición energética y la diversificación económica. En tal sentido, los gobiernos no deben actuar solo como correctores de los llamados errores de mercado, sino que han de tener la audacia de perseguir la creación de nuevos mercados y, por tanto, de valores también nuevos. Pasar del gobierno entendido como prestamista de última instancia, a la idea medular de que es el inversor de primer recurso.

Los gobiernos inducen e invierten en el sector privado; por tanto, no sería desaconsejable que esa inversión pudiera tener algún retorno, algún rédito, en función de las acciones o de la cuota inversora. Esos retornos podrían utilizarse para financiar nuevas innovaciones en el futuro. Nada es gratis. Los gobiernos deben marcar sus reglas del juego, sus exigencias ante su planificación inversora que redunda en el tejido privado, cuando se trata de subvencionar, ayudar o rescatar empresas e incluso sectores casi enteros. Entre estas exigencias, cabe citar formar a los trabajadores, más inversión privada en I+D y reducir impactos ambientales. La inversión pública, herramienta decisiva para la recuperación económica: bienvenidos sean estos presupuestos. Los números que defienden la derecha y la ultraderecha sabemos el desenlace que tienen, lo vimos en la Gran Recesión: recortes, paro, desigualdad. Una lección que debe tenerse bien presente.

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Presentación de la revista TEMAS, Madrid, 8 de octubre de 2021, 18,30, Círculo de Bellas Artes: La inversión, palanca de crecimiento. Jorge Fabra, Nadia Calviño, Antón Costas, Emilio Ontiveros, Carles Manera

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Curricular Summary: october, 3. 2021

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Publicación en Metroeconomica: demanda autónoma en Estados Unidos (conjuntamente con José Pérez-Montiel)

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Publicación en Applied Economic Analysis: importancia de la inversión en España (conjuntamente con José Pérez-Montiel)

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Publicación en el Journal of Post Keynesian Economics (conjuntamente con Ferrán Navinés y Javier Franconetti):

«Going out of the Great Recession? Contrast between the United States and Europe: Proposed work from economic history, 1960–2014»

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Publicación en Revista de Economía Mundial (conjuntamente con José Pérez-Montiel): «Permanent Demand and Private investment in the General Theory: an empirical investigation»

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