BLOG DE CARLES MANERA

            La Comisión Europea ha indicado que en España debe iniciarse un proceso de consolidación fiscal en 2024. En palabras más directas: limitar el crecimiento del gasto público en un 2,6%, para ancorar el déficit en el 3%. Se indica, además, que se deberían eliminar ayudas energéticas a fines de 2023, e impulsar las inversiones derivadas del Next Generation. El tema forma parte de las reglas fiscales que se están dirimiendo en el seno de la Comisión, que fijan su punto neurálgico, además, en los incrementos de las deudas públicas de los países.

            La propuesta tiene sus contradicciones. En primer lugar, porque el aspecto de reducir la deuda pública, en el contexto en el que nos movemos, va a penalizar sobre todo a los países del sur de Europa, con niveles dispares de deuda pública sobre PIB, si bien que elevados (España tiene una ratio de 113% sobre PIB). La disciplina fiscal va a ayudar, sobre todo, a Alemania, con clara ventaja competitiva para financiar internamente –sin recurrir a préstamos extranjeros– su política económica. Un ejemplo: el programa alemán para subsidiar inversiones y proyectos energéticos para su industria, una acción que sin duda incrementará la deuda germánica. Pero que, en este caso, se ve con benevolencia, una acción que no ha gustado a otros países comunitarios. La noción de que existen situaciones dispares en el seno de la Unión urgiría a arbitrar planes más mutualizados, de carácter más confederal, en un mundo cambiante en esta nueva fase de la globalización.

En segundo término, es difícil conjugar dos verbos que aparecen en las directrices de Bruselas: recortar (o ajustar) e invertir. En esta coyuntura, lo razonable sería concretar un paquete potente de bienes públicos en el marco de la Unión Europea, que siguiera la senda de los proyectos iniciados –y que deben continuar hasta 2026– del Next Generation. Las inversiones desplegadas y liquidadas van a potenciar la recaudación fiscal y, por tanto, hacer más sostenibles las deudas públicas de los países. La contracción inversora, impelida por la necesidad de controlar el gasto público, tendrá como consecuencias evidentes –ya demostradas en el curso de la Gran Recesión– la caída de las recaudaciones tributarias y, por ende, la mayor necesidad de endeudamiento para afrontar los retos de los gobiernos.

En tercer lugar, no se debe perder de vista el ciclo económico en el que estamos insertos: todavía existen amenazas tangibles para una recuperación más sólida de la economía europea –la persistencia de la guerra, la inflación, el descontento de la población–, con lo que actuar con medidas pro-cíclicas, es decir, contractivas en este caso, puede resultar más lesivo para las economías.

            En estas coordenadas, la política monetaria no ha de olvidar este contexto socio-económico, teniendo bien presente que el primordial cometido, estatutario, de los bancos centrales es la vigilancia sobre la inflación. Las subidas de tipos de interés se deberían ralentizar y fijar un horizonte de desenlace: probablemente, a fines de este año, tanto para el caso de Estados Unidos como para el de la Unión Europea, si bien con ritmos diferentes.

            Niño Becerra, Lacalle, Rallo, son algunos de los economistas que llevan años anunciando cataclismos. No son los únicos nombres que están en esa tesitura. Su anuncio es, con algunas diferencias entre ellos, que la economía española y la economía mundial se encaminan sin remedio hacia el precipicio. Más aún: hacia el apocalipsis. El remedio, y esto es una deducción lógica, sería que se produjera un cambio de gobierno, en el caso español. Cada año, invariablemente, publican un libro en el que recogen, con nuevos bríos, el mensaje central que les unifica: el tremendismo económico. Mientras uno preconizaba, en el estallido de la pandemia, que la tasa de paro en España llegaría al 30% y que dos de cada tres pymes desaparecerían; otro aventuraba que una gravísima recesión va a llegar en pocos años. Si uno trata de adentrarse en sus trabajos, observa que buena parte de esas premoniciones se sustentan sobre intuiciones muy subjetivas e ideologizadas más que sobre sólidas bases empíricas.

            Si un economista anuncia que va a venir una crisis económica, háganle caso: tarde o temprano, esa crisis llegará. La forma de la misma tendrá perfiles distintos, en función de sus causas. Pero los economistas sabemos, desde las aportaciones de los clásicos y los trabajos de Kuznets, Jutglar, Kichin, Kondratieff, Schumpeter (y buena parte de la escuela austríaca en economía), junto a las evidencias históricas, que los ciclos económicos existen en economía. Y que, por tanto, las crisis de ajuste aparecerán: bien por causas financieras, de sobreproducción, de estrangulamiento de la oferta, o por causas ajenas a la propia economía (como es el ejemplo del coronavirus).

            El reto para el economista es acertar el momento cronológico –entendido en un sentido amplio– en que esa crisis se hará efectiva. Es decir, cuándo se producirá. Porque señalar que se va a engendrar una crisis, ya lo sabemos: desde el primer curso de Facultad; no hay en esa afirmación novedad alguna. Lo importante sería concretar el tempus, y evidentemente acercarse a la realidad, en caso de que se acierte. Esto es lo que falla a estos verdaderos profetas agoreros, cuyas soflamas están muy presentes en medios de comunicación y redes sociales. Y cuyos mensajes impregnan el relato económico crítico de los partidos conservadores. Éstos han hecho suyos los argumentos derrotistas, tremendistas, en forma de una reedición de la teoría del caos: el orden llegaría, entonces, con el desembarco de las fuerzas conservadoras, con la aplicación de sus recetarios ortodoxos.

            El problema para esos augures del desastre es la propia realidad. Los datos, que son tozudos y abundantes, insisten en desacreditar las perspectivas que ellos tienen. Y a pesar de cifras, informes, documentos, declaraciones, realizados por instituciones de referencia, que van en dirección totalmente contraria a lo que ellos dicen, esos economistas persisten, obstinadamente, en negar lo que incluso las palestras liberales (The Economist, Financial Times, por poner sendos ejemplos) más respetadas están subrayando: que no tienen razón. La economía es, entones, pasto de la ideología más casposa: sin rigor, sin seriedad.

            Banco de España: deuda pública de la economía española en 2022 ha cerrado con un 113% sobre PIB. Reducción de cinco puntos porcentuales, a pesar de que ello no elude el incremento en volumen del débito. El proceso de endeudamiento ha sido relevante en los últimos años, motivado por las necesidades de atajar los enormes problemas derivados por la crisis de la pandemia e, igualmente, por la guerra. La pregunta que deberíamos formularnos, en tal contexto, es para qué ha servido el incremento de la deuda. La respuesta es obvia: el endeudamiento se ha insertado en mecanismos contra-cíclicos, que han inferido incrementos de ayudas de todo tipo a colectivos variados, afectados por las consecuencias de la crisis. Igual ha sucedido en otros países de la Eurozona. La cuestión se relaciona de forma directa con la estrategia de los ingresos en las cuentas públicas: también aquí debemos preguntarnos, impuestos ¿para hacer qué? Ambos interrogantes se abrazan: nos endeudamos y mantenemos una fiscalidad determinada porque nuestros propósitos son palmarios, esto es, enfrentarnos a las desigualdades de renta. El debate sobre el recorte de los impuestos, por ejemplo, no debería derivarnos hacia una carrera para ver quién los baja más, sino en situarnos en: quiénes deben pagar más, cómo encarar el fraude fiscal y, con los recursos obtenidos, hacia dónde se canalizan. Aquí, en teoría, la ideología debiera pesar menos, y la efectividad de las medidas ser lo que analizáramos. El factor político y electoralista prima, por desgracia, sobre el técnico y el de la eficiencia en los instrumentos desplegados.

            En el terreno de la deuda pública es importante no descuidar que urge controlarla. El dato de 2022 es positivo; pero en volumen la cifra se ha incrementado, como ya se ha dicho. Esto obliga a pensar en un programa de consolidación fiscal que ha de ser temporalizado: no se puede aplicar de manera abrupta como se hizo en 2012, con recortes del gasto público que tuvieron como corolario esencial justamente el aumento de la deuda pública al incrementarse el déficit. Los ingresos extraordinarios que hemos tenido –Next Generation y otros paquetes de ayudas provenientes de Europa– se irán retirando, lo que obliga a los gestores públicos a ajustar las partidas presupuestarias. La inversión va a generar efectos multiplicadores, junto a la mayor contratación laboral y las mejoras salariales, lo que debe incrementar los ingresos públicos. Pero esto no es óbice para pensar, de forma cautelosa y gradual, en proyectos plurianuales de consolidación fiscal: racionalización de indicadores de deuda, tanto en términos de volumen, como en porcentajes sobre PIB. Las administraciones públicas no pueden confiar en la estabilidad de aquellos ingresos puntuales, y deberán pensar en equilibrios necesarios para dar confianza a los mercados, en un escenario de alza de tipos de interés. La deuda española es solvente: se coloca bien, en plazos beneficiosos, sin problemas. Esta es una prueba más de la consistencia de la economía española. Pero, insistimos, no podemos ser negligentes con la realidad de una deuda que nos debe preocupar y ocupar.

            El Banco de España acaba de publicar la cifra de cierre de 2022 de la deuda pública: 113% sobre el PIB, reducción de cinco puntos en el ejercicio. El dato es bueno; pero, a la vez, preocupa: no podrá eludirse, de forma gradual, un programa de consolidación fiscal. Pero es positivo porque la economía española está demostrando una gran solidez que permite la contracción del déficit público: mayor capacidad para no aumentar el endeudamiento en porcentaje sobre PIB. El crecimiento de la deuda pública sobre PIB, a raíz del estallido de la pandemia, fue un hecho que incrementó las deudas de todos los países al poner en funcionamiento mecanismos contra-cíclicos que inferían la expansión deudora. Fueron diques de contención para evitar un colapso total de las economías, puestas en estado comatoso. La pieza clave del gasto público auspiciado por las principales instituciones económicas del mundo. Ahora bien, a partir del segundo trimestre de 2021, el ratio deuda/PIB se ha ido reduciendo, hasta llegar a ese 113% en cierre del año 2022.

Otros datos corroboran la reducción del déficit público, a partir de las publicaciones del Banco de España y de los registros del INE. Las cifras del déficit público han mejorado: desde el 11% del PIB durante el gran frenazo de la pandemia, hasta el 6,76% en 2021, en un contexto, recuérdese, en el que Bruselas exigía el 8,4%. Una notable mejora. En 2022, la previsión es de un déficit que será inferior al proyectado por el propio Gobierno, que lo cifraba en el 5%. Las causas: el incremento de la recaudación tributaria, explicable por el proceso de la inflación; pero sobre todo por el vigor del empleo y las subidas salariales, que han elevado los ingresos por IRPF, junto a los resultados obtenidos en el Impuesto de Sociedades.

En este panorama, la inflación se erige en una importante amenaza para el desarrollo de la economía. Preocupación de los bancos centrales, inquietud que se traslada a las patronales empresariales por la reivindicación de mejoras salariales, espoleadas por el incremento de los precios. A fines de 2022, el aumento de los salarios pactados se concretó en un 2,78%, frente al incremento del 12% de los beneficios empresariales. En tal sentido, cabe señalar que, según Indeed Wage Tracker, entre 2019 y 2022 España es el país de los más relevantes de Europa en el que los salarios han crecido menos, toda vez que esos aumentos han sido del 4,8% en Francia, 6,3% en Alemania y 4,1% en Italia. En otras palabras, la tensión inflacionista no es imputable a los salarios y se vincula más a la evolución de los excedentes empresariales. Esto ha sido expuesto por diferentes entidades, entre las que destaca el propio Banco de España (https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/22/T2/Fich/be2202-it-Rec3.pdf). El shock de oferta contribuye a explicar esta situación, en la que la economía no se está “recalentando” por la presión de los convenios colectivos y las reivindicaciones sindicales: los márgenes empresariales tienen, repiten entidades solventes, una cuota de responsabilidad inequívoca.