Nueva publicación en el Journal of Postkeynesian Economics

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Curriculum profesional actualizado, a 16 de julio de 2022

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Turismo en España: el sector entre crisis, 2008, 2022

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Merchant networks and profits on merchant capital in the Mediterranean (Majorca, 18th century). Publicación en Business History

Merchant networks and profits on merchant capital in the Mediterranean (Majorca, 18th century)

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Basta de catastrofismo apocalíptico

Stop al catastrofismo

Carles Manera

            Economistas mediáticos llevan años pronosticando que el mundo económico se acaba: estaríamos, en el “último verano”, en una situación apocalíptica. El mensaje: esto se hunde sin remedio. Alternativas: ninguna. El contexto del reciente bienio no ha podido ser más tormentoso. La economía española ha conocido una sucesión de perturbaciones en los últimos dos años que han abrazado situaciones distintas, pero todas importantes por su profundidad. Los impactos de la pandemia, las dislocaciones en las cadenas globales de valor, las dificultades en los mercados de materias primas y las consecuencias de la guerra de Ucrania, son cuatro exponentes de calado al respecto.

            No puede explicarse de manera convincente la situación económica y social de España –incluso la política– sin esos condicionantes. Los cuatro obedecen, además, a casuísticas exógenas. Uno de los corolarios es la inflación, ya algo superior al 10%, que sigue condicionando la evolución económica y las perspectivas de las negociaciones colectivas. Otro aspecto a no descuidar es la propia evolución de la pandemia, cuyo control actual no debe eludir nuevas mutaciones del virus y, por tanto, fases de alteración sanitaria.

Ahora bien, lo que se ha podido comprobar en estas sucesivas crisis, acaecidas en estos dos años, es que la actuación del sector público ha sido crucial para contener los embates más negativos y peligrosos para las empresas y para los trabajadores. Y ello ha comportado, evidentemente, incremento del gasto público y, por consiguiente, tensión en las cuentas públicas, con aumentos en el déficit. La deuda, entonces, ha crecido. Todo en un complejo escenario en el que se han demandado al Estado ayudas y subvenciones desde el ámbito empresarial, sindical y social. La administración ha respondido a ese contexto, con el apoyo de la Comisión Europea, la política flexible del BCE y la propia capacidad fiscal –derivada esencialmente, no lo olvidemos, de los ingresos tributarios–. Es normal, por consiguiente, que la deuda pública haya aumentado varios puntos, hasta llegar al 118% sobre PIB. Bajar ese ratio hasta cotas cercanas al 100% o inferiores supondrá un plan de ajuste que, como indica la AIReF, debería ser gradual y –deducimos, por tanto–, en absoluto abrupto, como presumen las voces apocalípticas.

La recuperación es sólida y un signo claro es el incremento en la recaudación fiscal: esto es lo que ralentiza en mayor medida, por el momento, el avance del déficit público. Una noticia positiva. Pero resulta difícil aventurar si esa recuperación se va a estabilizar: los cuatro factores externos que antes se enunciaban siguen marcando el diapasón de la economía internacional. Una sombra negativa. A todo ello, debe sumarse otro elemento: la capacidad endógena, propia, de las administraciones españolas para gestionar de manera adecuada la ingente cantidad de fondos europeos que el gobierno español ha conseguido, en direcciones concretas: la inversión, en colaboración público-privada, en áreas ya definidas por la misma Comisión Europea, con previsibles aumentos de productividad. Todo un desafío, que va a condicionar también el devenir de la economía.

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Desigualdades sociales y económicas

Si las desigualdades no están hoy a los niveles del siglo XIX se debe a los impuestos y a los sistemas de reparto que todavía mantenemos del denominado “capitalismo socialdemócrata”, como se comprueba en el modelo que rigió en Europa y Estados Unidos entre la Segunda Guerra Mundial y la revolución conservadora de los años setenta del siglo XX. Esos llamados “treinta gloriosos años” significaron un cambio transcendental para las economías que emergían de la Segunda Guerra Mundial. El dibujo de dos modelos en las economías occidentales, el anglosajón y el europeo, se enlazaban a partir de un nexo común: la significación del Estado como principal agente económico, tras las catastróficas consecuencias bélicas. Política fiscal expansiva, política monetaria laxa y redistribución de la renta conformaron ese engranaje. La organización de la fuerza de trabajo en sindicatos constituyó, a su vez, una clave social y económica de gran significación para consolidar avances conquistados.

El problema es que estas herramientas se deben repensar en el mundo globalizado. Entre la globalización, que se llevó a muchos puestos de trabajo fabriles; y los cambios tecnológicos, que descentralizaron los procesos, la unión de trabajadores “sindicalizados” bajo un mismo techo es toda una rareza hoy. Los economistas Thomas Piketty y Branko Milanovic proponen vías comunes para encarar el grave problema de la desigualdad, aunque reconocen dificultades al respecto: mejorar la calidad de la educación pública para reducir la brecha con la privada de élite; y volver a gravar las grandes herencias para fomentar la movilidad social de los menos afortunados. Educación, fiscalidad y control de los capitales: trilogía esencial. Los conceptos nuevos aparecen entonces: «socialismo participativo» (Piketty), «capitalismo popular» (Milanovic). En ambos casos, existen beneficios impositivos para pequeños inversores y penalizaciones para los grandes, así como seguros apoyados por el Estado para evitar la pérdida de todos los ahorros en un mal día de los mercados. Ahora bien, ¿cómo se atreverán los políticos a subir impuestos a la herencia o ganancias de capital? Respuesta: con mayor participación en la política, si los partidos que buscan reducir la desigualdad transmiten un mensaje que sea comprensible y viable, que solucione las preocupaciones económicas de la gente. Lo contrario de la participación es la desafección con el sistema: lo que buscarían los países interesados en derivar hacia modelos similares al “capitalismo político” de China.

Frente a estas dicotomías, las cooperativas de producción pueden representar una vía que bifurca sendos aspectos: por un lado, la capacidad para organizar la actividad productiva bajo parámetros que contemplen la gobernanza en la toma de decisiones, a la vez que un conocimiento más directo sobre las diferentes fases del proceso económico; por otro lado, la vertebración de unidades productivas que deben tener en su frontispicio, por su propia naturaleza, la idea de mayor igualdad en todas sus vertientes. Esto enlaza plenamente con la visión de mayores participaciones junto a estímulos para la innovación.

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Parques tecnológicos, distritos tecnológicos, herramientas para diversificar la economía: el ejemplo de las Islas Baleares. Conferencia inaugural en el APTE INTERNATIONAL CONGRESS, ParcBit, Palma, junio de 2022.

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Socialismo participativo para una democracia económica

            Las crisis más recientes que hemos y estamos viviendo –Gran Recesión, Gran Reclusión, guerra en Europa– han puesto sobre la mesa diferentes formas de afrontar las consecuencias sociales y económicas que se derivan de esos conflictos. Si durante la Gran Recesión, las políticas de austeridad –con el Estado más distante que presente– fueron el frontispicio a partir del que desplegar toda una serie de iniciativas de impactos letales para la sociedad, como los recortes en los servicios públicos, el mantenimiento a toda costa de las reglas de equilibrio, la contracción del crédito o el forzado retorno de deudas públicas, en las dos últimas crisis –la Gran Reclusión y la guerra europea– el papel de los Estados se ha revelado crucial. Todo en un sentido: la importancia del Estado social y la necesidad de una fiscalidad progresiva, herramientas para la construcción de una economía más justa y eficiente. Una reivindicación en toda regla de las economías públicas, frente a los profetas acríticos de los equilibrios innatos del mercado.

En tal sentido, adoptamos el concepto del historiador económico Thomas Piketty: el socialismo participativo. Una noción que desgrana el autor en distintas colaboraciones y, particularmente, en sus libros recientes. Aquí, Thomas Piketty advierte, una vez más, de un aspecto sobre el que otros economistas también han incidido: la formación de ese necesario Estado del bienestar desde 1945, los denominados “gloriosos treinta años”, se truncó con la revolución conservadora de la década de 1980. Esta se tejió de la mano del monetarismo de Milton Friedman, premio Nobel de Economía de 1976 –y, no se olvide, gran avalista de la política económica del dictador chileno Augusto Pinochet–; y del ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Se conocen los desenlaces: des-regulaciones, reducciones de impuestos a los más ricos, privatizaciones, rigideces presupuestarias, han guiado la economía mundial y las enseñanzas de la economía como disciplina académica, con la pretendida leyenda de que esto es la única ciencia social posible.

            Para armar esa democracia económica que se funde en la idea del socialismo participativo, la visión de Piketty se alinea con un federalismo europeo, que defiende la mancomunidad de la deuda soberana de los países de la Unión Europea, la urgencia para que paguen los que más tienen –y que suelen eludir su responsabilidad fiscal evadiendo capital hacia paraísos fiscales, tal y como han constatado las investigaciones de Gabriel Zucman–; y, a la vez, hace una seria advertencia: sólo con fórmulas de gobernanza pero, al mismo tiempo, de contundencia política, los más ricos –ese uno por ciento que se detalla en las estadísticas oficiales, que detenta el grueso de la riqueza mundial; esto no es una opinión: son datos– se avendrán a pagar lo que les corresponde por justicia social. Porque no puede ser que quienes se aprovechan de las infraestructuras públicas, de la sanidad pública, de la educación pública, del enorme esfuerzo canalizado hacia la investigación y el desarrollo desde el sector público, de la formación de un capital humano generado desde las administraciones públicas, recojan todo ese ingente esfuerzo y trasladen, con una facilidad escandalosa, sus capitales y beneficios hacia territorios que esconden esas sumas para evitar el pago de los impuestos que les corresponden. Estamos hablando, otra vez, de democracia económica.

            En efecto, el sector público, los gobiernos, las políticas fiscales, no deben caer en la ingenuidad. Facilitar la recuperación económica desde el gran motor de la inversión pública y de las ayudas a las empresas, no ha ser un ejercicio sin retorno: y en éste, el devengo de impuestos forma parte de la ecuación. Los gobiernos no pueden ser solo prestamistas de última instancia –una expresión muy adecuada de otro gran historiador económico, Charles Kindlerberger–, sino inversores en primera instancia, tal y como sugieren los últimos trabajos de Mariana Mazzucato. Y, como tales, exigir las contrapartidas perentorias que compensen el enorme esfuerzo de toda la sociedad. Los impuestos, como primera estación de salida. Quienes defiendan a machamartillo su reducción deben comunicar, sin dilaciones, dónde van a dar los tijeretazos para equilibrar los presupuestos públicos, ese mantra al que dicen querer llegar.

            La tendencia hacia la igualdad se sustenta en diferentes vectores que, entre otros, van desde la igualdad jurídica, hasta el sufragio universal, una mejor redistribución de la renta y la democracia parlamentaria. En esos contextos, las luchas son determinantes; al igual que la génesis de instituciones justas. Aquí este argumento se entremezcla con las tesis de  los norteamericanos Daron Acemoglu y James Robinson sobre el papel de estas instituciones, que se califican como “inclusivas” por estos dos últimos autores. Reaparece otra vez la democracia económica, la idea pikettiana de socialismo participativo, si se quiere.

Pero el desarrollo de una democracia económica y participativa requiere, además, otros ingredientes, nuevas perspectivas. En este sentido, por ejemplo, urge adoptar nuevos indicadores para medir la desigualdad en todas sus facetas. Aquí, el científico social debe abogar por indicadores ambientales y otros de carácter multidimensional, que complementen aquellos más vinculados a la renta. Hasta el extremo de que, atendiendo a los grandes desafíos que tenemos –como el cambio climático–, sea cada vez más necesaria la confección de un indicador sintético, que eluda el “obsesionarse con el PIB”, y que vertebre aspectos como las emisiones, las diferencias de renta, la salud, la educación, etc. La virtualidad de este pensamiento radica en su capacidad de ser aplicado, con metodología adecuada, a economías nacionales y regionales, como otra forma de construir nuevas métricas que ayuden a entender, de manera holística, el desarrollo de las desigualdades.

            Esto enlaza plenamente –insistimos en ello– con esas tesis básicas de democracia económica, de socialismo participativo. En definitiva, de avance social para el conjunto de la población.

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¿Es la economía, estúpido?

20,2 millones de afiliados a la Seguridad Social (cifra histórica), reducción importante del número total de parados, 13,65% en tasa de desempleo, incremento notable de la contratación indefinida, aumento (hasta una media de 1.254€) de la pensión media de jubilación, subida relevante del Salario Mínimo hasta los 1.000€ (antes: 736€), caída en la tasa de temporalidad de los contratos (del 26% al 24%). A todo ello, deben añadirse las ayudas a las empresas –una parte a fondo perdido–, créditos ICO, programas de inversión con fondos europeos (los más elevados en la historia reciente de las inversiones públicas), rebajas impositivas en el campo de la energía, ayudas al consumo de combustibles para paliar los efectos inflacionarios… Son datos. No opiniones. Y representan el resultado de un reguero de leyes y normativas que se han puesto en marcha en los últimos dos años. Leyes que han contado con la oposición frontal de partidos políticos en el Congreso de los Diputados, formaciones que ofrecen, tan solo, una vía económica: la bajada de impuestos.

El corolario internacional: todas las instituciones económicas –FMI, Comisión Europea, BCE, entidades financieras privadas– señalan que España será el país que cerrará 2022 con un crecimiento económico mayor en relación al resto de la Eurozona. Las previsiones para 2023 están sujetas a la evolución de la guerra y de sus consecuencias. Per los indicadores que se acaban de exponer tienen pocas fisuras; de hecho, sus detractores están realizando piruetas terminológicas y técnicas para quitarles fuerza. Determinados medios de comunicación contribuyen a esa difusión tóxica, tergiversando la realidad. Hemos visto y oído cómo líderes de la derecha conservadora –Ayuso, Feijóo– se hacen un verdadero galimatías con los conceptos de inflación y de fijos discontinuos, demostrando una supina ignorancia o la profusión de la mentira como divisa política, para restar validez a unos resultados que son positivos. Porque, recordémoslo, se han producido en un contexto de gran inestabilidad e incertidumbre: desde la eclosión, en distintas fases, de una pandemia de intensa agresividad; hasta el estallido de una guerra en Europa, con episodios intermedios igualmente inquietantes –por ejemplo, la erupción de un volcán, entre otros–. Y, también en ese problemático contexto, la idea de España que se tiene en Europa y en el mundo se ha visto fortalecida gracias a la constante labor de Moncloa: el país, como interlocutor sólido, como aportador de líneas de trabajo, como innovador en planteamientos concretos –el acuerdo ibérico energético, por ejemplo–, con una presidencia que se ha desplegado interna y externamente. Y a la que se le disculpa poco o nada desde unos medios de comunicación que, o están claramente escorados hacia la derecha y la extrema derecha, o se han instalado en un “estupendismo” –disculpen la licencia– pretendidamente equidistante que ofrece una vía más a la tergiversación.

Se han exigido respuestas expeditivas: recuérdense las vacunas. Se anunciaron. Generaron desconfianza y fomentaron incluso comentarios que trataban de ridiculizar al gobierno. Pero las vacunas llegaron en los plazos comunicados: mejora sanitaria, tranquilidad económica, con un enorme esfuerzo del sector público, tanto en el ámbito administrativo como en el aplicativo en hospitales y centros de salud por parte de un personal entregado y, en algunas regiones –el ejemplo de Madrid es elocuente al respecto–, poco atendido. De nuevo: datos, datos, datos.

Pero, ¿cuál es el estado de ánimo que se está instalando? Es la visión catastrofista, comunicándose que se asiste a un cambio de ciclo. Pero, he aquí la paradoja, en el que los datos reales de la economía, en su conjunto, no invitan al pesimismo. Se advertirá que se han producido errores y que todo es muy mejorable. Este argumento –junto al que afirma que el gobierno comunica mal– constituye el discurso de manual: cuando se han iniciado proyectos, se dice que llegan tarde o que son insuficientes; cuando esos proyectos no calan, se asevera que se han comunicado de manera deficiente.

No creemos que sean los resultados económicos los que fallan. Deben existir otras claves que expliquen el desánimo y la desafección de la gente, más allá de la economía. Porque familias, empresas, individuos, se han visto beneficiados de las medidas descritas antes: imposible mejor comunicación. Busquemos la estupidez en otros lares.

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Una nueva globalización: economía en guerra

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