BLOG DE CARLES MANERA

La propuesta de subida de impuestos a rentas elevadas de un país o a beneficios empresariales excesivos no es un capricho de economistas de perfil izquierdoso, ni una perversa tendencia en gobiernos progresistas, espoleados por su voracidad recaudatoria. Vemos declaraciones que insertan la política fiscal progresiva en unas coordenadas tildadas de negativo intervencionismo. Se llega a afirmar que el dinero recaudado está en manos del gobierno y del presidente, como si éstos tuvieran unas cuentas offshore en las que anotar las partidas recaudadas por el fisco. Esto ni es inocente, ni es una licencia literaria: obedece al objetivo de indicar que pagar impuestos y subirlos a determinadas franjas de renta y empresas es inapropiado, porque reduce las posibilidades de un mayor crecimiento económico.

Este es uno de los debates económicos ya abiertos, y que conforma el principal armazón de política económica por parte de los partidos conservadores, junto al retorno a parámetros ortodoxos en economía pública como objetivos estratégicos, la añoranza de una política monetaria más restrictiva para embridar la inflación, y la descalificación reiterada del sector público calificado como ineficiente y despilfarrador. Pero los datos no acompañan a la argumentación central: fueron posibles, en el pasado más reciente, fases de intenso crecimiento económico junto a políticas fiscales progresivas, con tipos muy elevados para el segmento más rico de la población. A su vez, reducir los impuestos a los más ricos no ofrece garantía alguna sobre el incremento sucesivo de ingresos tributarios. Aquí, también, la evolución económica constata que si los gobiernos contraen sus capacidades recaudatorias, acaban por elevar sus déficits y, también, sus deudas. Vean el desastre del Reino Unido: bajar impuestos a las ricos ha supuesto, junto a subidas de tipos, la intervención directa del Banco de Inglaterra y la retirada de la medida estrella de la Primer Ministra. Un auténtico desastre.

El progreso económico y social no se dirime en proposiciones para competir sobre qué partido o qué dirigente prometen mayores reducciones de impuestos a la ciudadanía. Sin una política fiscal progresiva no es posible la cooperación, la prosperidad social, la consecución de objetivos comunes en beneficio de la sociedad, en todos sus escalones sociales: de la más rica, de la formada por clase media y trabajadora, y de la más vulnerable. Las investigaciones sobre políticas fiscales señalan que mensajes catastrofistas, que urgen a rebajar ya los impuestos porque son excesivamente elevados, no son ciertos.

En Estados Unidos, el relato económico-fiscal más reciente se puede sintetizar así: hacia 1970, los estadounidenses más ricos pagaron en impuestos más del 50% de sus ingresos; esto duplicaba lo que devengaba en impuestos la clase trabajadora. En 2018, tras la reforma de Trump, los multimillonarios norteamericanos pagaron mucho menos que obreros, docentes, investigadores y jubilados. La conclusión: los ricos están viendo retroceder los impuestos que pagan a los mismos niveles de la década de 1910, cuando el Estado tenía una cuarta parte del tamaño actual.

1. Teoría para romper los maleficios

            Bulos, mentiras, noticias falsas, tergiversaciones, relatos tóxicos: he aquí una descripción limitada de lo que se divulga, se comunica, se traslada, en distintos ámbitos del mundo de la política. Y también en el caso de la economía. En la situación actual, las noticias económicas que aparecen en los medios, y los comentarios emitidos por tertulianos y economistas pretendidamente académicos, dibujan panorámicas críticas e incluso apocalípticas. Esto se solía adscribir a plataformas mediáticas conservadoras; pero el discurso, la idea, se ha granulado –en demasiadas ocasiones– incluso a medios poco sospechosos de populismos informativos, con honrosas excepciones. Se habla de incremento desaforado de la deuda pública con consecuencias nocivas para las generaciones futuras, de aumentos disparados en la prima de riesgo, de dificultades en la ejecución de las inversiones, del problema casi insalvable de la inflación; hasta invocar, como traca final, la quiebra del Estado. La contaminación está servida: la toxicidad se expande, con escasos contrapuntos, y penetra –también como un virus– en hogares y empresas. El desánimo se instala. La pregunta es a quién le puede interesar todo esto: la mentira como divisa.

En tales coordenadas, la economía del dato es un arma importante. Pero parece que es insuficiente: la víscera domina sobre el conocimiento, muy en la línea que nos exponía, hace unos años, Georges Lakoff. Aquel axioma, célebre a principios de los años noventa, de “¡es la economía, estúpido!” cede paso a su contrario: “¡no es la economía, estúpido”! Y esto por un motivo central: las cifras macroeconómicas, reconocidas por las principales instituciones económicas, no son tan negativas como se suelen presentar. En tal sentido, los medios resaltan sobre todo los indicadores problemáticos, que superan informativamente al conjunto de los que son positivos; éstos se suelen arrinconar o minimizar, aunque tengan mayor relevancia social y económica, frente a otras variables, que nadie niega por su relevancia y sus contenidos de inquietud y preocupación. Pero que se deben contextualizar de forma más rigurosa. Sin embargo, el frontispicio informativo es este: el país se halla inmerso en una crisis profunda.

Los economistas debemos recurrir a los números, trabajo de campo, y a los informes técnicos, estudio analítico, para auscultar los impactos económicos y sociales, con el contenido más realista posible. La economía es una ciencia social y, evidentemente, su interpretación está impregnada de principios ideológicos. Todo economista, decía Keynes, es tributario de otro economista ya fallecido: el pensamiento económico, entonces, puede estar al servicio de un cambio social que persiga el bienestar común; o más escorado hacia posiciones defensoras de sectores sociales y políticos privilegiados. Se trata de opciones que sin duda son legítimas, pero que se deberían difundir con la veracidad de los datos y la solidez de los argumentos. En ambos casos, la estadística, los modelos econométricos, las matemáticas en suma, son herramientas que ayudan, siempre que el economista no trate de encajar a machamartillo los números en su marco ideológico o no haga del instrumento la finalidad, torturando las ecuaciones para que digan lo que se pretende concluir.

Claro y alto: nuestra visión de la economía bebe de los clásicos –Smith, Ricardo, List, Mill, Marx–, una base esencial. Valoramos aportaciones concretas de los neoclásicos –Jevons, Marshall, especialmente–. Nos nutrimos de los economistas que trabajaron intensamente en el marco de la crisis del patrón-oro y de la Gran Depresión –Pigou, Keynes, Kalecki, Sraffa, Robinson, Minsky–, aportando soluciones plausibles. Continuamos nuestro bagaje con economistas holísticos, abiertos a las ciencias experimentales –los primeros economistas ecológicos, hasta llegar a las aportaciones seminales de Georgescu Roegen–. Podríamos seguir con otros nombres; pero estos ya son suficientes. No negamos estas premisas de partida. Es más, seguimos estudiando lo que escribieron, porque esto nos ayuda a entender mejor lo que analizamos en el presente. Somos, pues –recordando de nuevo a Keynes– tributarios de sus enseñanzas.

 En todos ellos, dos características son esenciales: en primer lugar, la noción de que la economía debe velar por el bienestar común –por el conjunto de la población– y eludir esa visión de “ciencia lúgubre” –como dijo el poeta Carlyle–, de manera que el sentido de la justicia se sitúe al lado de la investigación económica (esto nos lo ha enseñado Smith en su Teoría de los sentimientos morales); en segundo término, la utilización de los datos concretos, del análisis económico profundo, para superar perspectivas abstractas o teoréticas (lo hemos aprendido de Kalecky, Keynes, Robinson, Georgescu-Roegen, Minsky). Otros colegas remitirán a otros nombres, y a ellos tributarán. Pero estos que hemos dicho son los nuestros. De aquí a los datos.

2. De la teoría a los datos para atender la realidad

            Las instituciones económicas manejan datos que permiten construir indicadores informativos y proyecciones, tanto para el cierre interanual de 2022 como hacia el próximo bienio. Algunas de estas variables se recogen en las tablas 1 y 2. En el primer estadillo, se ordenan doce indicadores relevantes, macroeconómicos, sobre la economía española, procedentes del Banco de España, Instituto Nacional de Estadística y Banco Central Europeo, presentados en informes recientes del Banco de España. Teniendo en cuenta el enorme grado de incertidumbre de la economía –coletazos de la pandemia, guerra en Europa–, se advierten las revisiones realizadas, con suma cautela, para junio desde las anteriormente proyectadas para abril.

Tabla 1. España. Comparativa de proyecciones macroeconómicas,

tasas de variación (abril, junio 2022)

FUENTE: Banco de España, INE, Banco Central Europeo.

Una lectura de la tabla 1 ofrece algunas conclusiones:

• Una corrección a la baja del crecimiento económico (–0,4 puntos en junio, en relación a abril), aunque manteniéndose un robusto avance de la economía;
• Un sustancial incremento (+2 puntos) de la formación bruta de capital, es decir, de la inversión, con un papel central del Next Generation EU;
• El incremento de las exportaciones de bienes y servicios (+0,5 puntos) y la reducción de las importaciones (–2 puntos), con un previsible superávit en la balanza de pagos;
• La reducción del paro (–0,5 puntos) y el importante incremento de las horas de empleo (+2,7 puntos), lo que denota el dinamismo del mercado de trabajo;
• El retroceso de la inflación en relación a las estimaciones más recientes (desde poco más del 8% al 7,2%; la subyacente, al 3,2%, todavía alejada de los parámetros del BCE);
• El aumento de la deuda pública sobre PIB, con un guarismo razonable teniendo en cuenta las variables precedentes: no se asiste a un disparo de la deuda.

Esto son previsiones, que parten de un cúmulo ingente de datos sobre los que trabajan las instituciones indicadas, de toda solvencia. No obstante, deben tomarse con prudencia. Pero lo que manifiestan es una idea esencial: no constatan cataclismos inminentes, ni inciden en versiones apocalípticas, ni sugieren hundimientos cercanos a una quiebra. Los defensores de esas posiciones alarmistas deberían ofrecer datos contrastados para afianzar sus tesis. El agit prop no sirve más que para inyectar miedo.

            Si el ejercicio de prospectiva se amplía a 2023 y 2024, algunos de los resultados obtenidos –listados en la tabla 2– ofrecen, a su vez, lecturas complementarias.

Tabla 2. España. Proyecciones 2022-2024, tasas de variación

(menos en el caso del petróleo)

 (*) Dólares por barril Brent.

FUENTE: Banco de España, INE, Banco Central Europeo.

• El mantenimiento del crecimiento económico por encima del 2,5%;
• El retorno a niveles de inflación más estables, ajustados –ahora sí– a los márgenes indicados por el BCE;
• La previsible reducción de la tasa de paro;
• La contracción de la deuda pública, motivada por el aumento de los ingresos por el crecimiento de la economía;
• El repunte de los tipos de interés, yendo hacia una normalización monetaria.

Vayamos ahora a unas anotaciones finales.

3. Conclusión

Reiteramos que urge ser precavido con todas estas variables, toda vez que, como se decía, el nivel de incertidumbre es elevado en la economía, agravado por la incógnita del desarrollo de la guerra –y su tremendo impacto sobre los precios de la energía– en los próximos meses y, tal vez, en nuevos brotes pandémicos u otros cisnes negros que pudieran aparecer. Es evidente que, a partir de tales advertencias, estos números van a cambiar en una u otra dirección. Pero lo que nos interesa remarcar es que las perspectivas que arrojan ahora mismo, tanto los guarismos ordenados en la tabla 1 como los de la tabla 2, no inciden en un catastrofismo gratuito ni alimentan las ópticas más pesimistas, tesis que se explicitan y difunden –tal y como indicábamos más arriba– en ciertos medios de comunicación y en los comentarios –que no análisis– de algunos economistas y tertulianos.

Según la teoría económica y el pensamiento económico que apliquemos a nuestros estudios, las orientaciones de las conclusiones serán sin duda distintas. Se puede persistir en controlar a rajatabla los equilibrios presupuestarios, al margen de la coyuntura en la que se encuentre el proceso económico. Se puede, también, rechazar el incremento de la inversión pública porque puede inferir aumentos posibles en el déficit público y en la deuda pública. Se puede abogar por bajar los impuestos, como varita mágica que resuelva todos los problemas. Se puede hacer todo esto, y más, en una trayectoria de política económica regresiva. Pero lo que no se puede exponer, desde el rigor de la hacienda pública, del presupuesto –que es la política hecha carne–, es que todos esos movimientos van a suponer mejoras inmediatas para la población porque, simplemente, los ingresos obtenidos se reducirán y, por consiguiente, se deberán recortar las asignaciones públicas. Esto no son ideas abstractas: son corolarios que hemos conocido en el pasado inmediato, con resultados dramáticos tanto en el mercado laboral como en el incremento de la desigualdad y la reducción drástica de los servicios públicos. Lo estamos viendo ahora en algunas comunidades autónomas.

Tras tales postulados hay también economistas difuntos –Hayek, Misses, Friedman, entre otros; pero, ojo, no Schumpeter– que influencian a los presentes que, a su vez, adoptan sus premisas. Ahora bien, las perspectivas macroeconómicas expuestas en las tablas 1 y 2 –recuérdese una vez más: seamos cautelosos con ellas– resumen, de facto, actuaciones en política económica que son distintas, muy diferentes diríamos sin temor a equivocarnos, a las que invocan aquellos economistas de la austeridad. Y con resultados igualmente dispares, tal y como rezan los números presentados. Subrayamos: se trata de cifras que no responden a desplomes generalizados de la economía, ni a amenazas que no van más allá de la incertidumbre existente. Que delatan algo elemental: se ha aprendido de los diagnósticos fracasados durante la Gran Recesión. Tanto en política fiscal como en política monetaria. Persistir, por tanto, en el mensaje torticero de la hecatombe, a la vista de esos datos, constituye un absoluto ejercicio de irresponsabilidad.

Los economistas rigurosos deben seguir trabajando para desenmascarar tanto descaro, tanta pirotecnia vacía de contenido, tanta falta de profesionalidad, tanta epidermis aparentemente técnica –en medios de comunicación y en analistas–, tanta tendencia que persigue la inquietud, el desasosiego, el desánimo, y que entronca con esas grandes leyes de la estupidez humana que nos legó el profesor Carlo Maria Cipolla. Y como él decía: dejemos para los estúpidos la estupidez. Y abonemos el estudio, el análisis serio y el rigor. Para generar un pensamiento económico con un objetivo seminal: el bien de la ciudadanía.

1. Impuestos: lejos del capricho, cerca de la realidad

            Subir impuestos a las rentas más elevadas de un país o a los beneficios empresariales excesivos –que en algunos casos son “extraordinarios”– no es un capricho de determinados economistas de perfil izquierdoso, ni una perversa tendencia en gobiernos progresistas, espoleados por su voracidad recaudatoria. Es un aspecto que se debe afrontar de manera perentoria en política económica, dados los desafíos del inminente futuro. Gobiernos europeos de perfil más liberal y conservador lo están ya abordando. Pero en España vemos, con harta frecuencia, declaraciones que insertan la política fiscal progresiva en unas coordenadas tildadas de negativo intervencionismo. Se ha llegado a afirmar que el dinero recaudado está en manos del gobierno y del presidente, como si éstos tuvieran unas cuentas offshore en las que anotar las partidas recogidas por el fisco. El aserto no es inocente, ni es una licencia literaria: obedece al objetivo de indicar que pagar impuestos –en general– y subirlos a determinadas franjas de renta y empresas –en particular– es inapropiado, porque reduce las posibilidades de un mayor crecimiento económico. Y –recordemos la imagen que se proyecta– porque el dinero está mucho mejor en nuestros bolsillos que en las arcas de las haciendas públicas.

            Este va a ser, sin duda, uno de los debates económicos que se van a desarrollar en futuras contiendas electorales, y que conforma el principal armazón de política económica por parte de los partidos conservadores, junto al retorno a parámetros ortodoxos en economía como objetivos estratégicos –reducción del déficit público, de la deuda, de la inversión pública–, la añoranza de una política monetaria más restrictiva para embridar la inflación, y la descalificación reiterada del sector público calificado como ineficiente y despilfarrador. Pero los datos no acompañan a la argumentación central, por una razón contundente: la historia económica demuestra que fueron posibles, en el pasado más reciente, fases de intenso crecimiento económico junto a políticas fiscales progresivas, impulsadas también por gobiernos liberales y de derechas, con tipos muy elevados para el segmento más rico de la población. A su vez, reducir los impuestos a los más ricos no ofrece garantía alguna sobre el incremento sucesivo de ingresos tributarios. Aquí, también, la evolución económica constata que si los gobiernos contraen sus capacidades recaudatorias, acaban por elevar sus déficits y sus deudas. Los ricos no invierten más, necesariamente, por pagar menos impuestos.

2. Impuestos progresivos: mayor crecimiento

            Frente a esto, el progreso económico y social no se dirime por un “trilerismo” para competir sobre qué partido o qué dirigente prometen mayores reducciones de impuestos a la ciudadanía. Sin una política fiscal progresiva no es posible la cooperación, la prosperidad social, la consecución de objetivos comunes en beneficio de la sociedad, en todos sus escalones sociales: del más rico, del formado por clase media y trabajadora, y del más vulnerable. Veamos lo que nos dicen las investigaciones sobre la más reciente historia económica en Estados Unidos. En los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial –entre 1946 y 1980–, el crecimiento económico fue muy intenso. De hecho, la renta nacional media por adulto se incrementó a razón de un 2% anual. Todos los grupos sociales vieron crecer sus ingresos; sólo el 1% de las rentas más altas –los más ricos, para simplificar– apreció un avance más sosegado. Y, en ese período, las tasas marginales máximas –que ahora calificaríamos como confiscatorias– del impuesto sobre la renta alcanzó ¡el 90%, con presidentes republicanos en el poder!

            En efecto: a partir de la década de 1930, los responsables políticos de Estados Unidos aplicaron, durante casi cincuenta años, altos gravámenes a las rentas más altas: 90%, como se ha dicho, en renta; 50% en beneficios corporativos; y 80% en grandes haciendas. Los ingresos generados sirvieron para construir escuelas, financiar universidades públicas, invertir en investigación y desarrollo, formar capital humano en definitiva, lo cual hizo productivo y próspero al país (profusión de datos sobre este y otros aspectos de la evolución económica de Estados Unidos en: Emmanuel Saez-Gabriel Zucman, “Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence form Capitalized Income Tax Data”, Quaterly Journal of Economics, vol. 131, núm. 2, 2016; y Carles Manera-Ferran Navinés-José Pérez-Montiel-Javier Franconetti, “Capital productivity and decreasing wage share in the United States”, Journal of Post Keynesian Economics, https://doi.org/10.1080/01603477.2022.2068034).

Las investigaciones sobre políticas fiscales señalan que esos mensajes catastrofistas que urgen a rebajar ya los impuestos, porque son excesivamente elevados, no se corresponden con la realidad. Un pistoletazo de salida de esta tesis se produjo a partir de la década de 1980; pero ese reguero sigue permanente en los 2000. El gran referente que se sigue teniendo es Estados Unidos: se nos dice que con Reagan se bajaron los impuestos –y que ello generó mayor crecimiento…al tiempo que déficits presupuestarios y comerciales–; pero que, a pesar de esto, la tributación debería contraerse todavía más. De hecho, la reforma tributaria de Trump, en 2018, fue en esa línea. Partidos de derechas y ultraderechas en Europa aplauden esa iniciativa.

            En Estados Unidos –insistimos: el señuelo para los que abogan por el recorte de tributos–, el relato económico-fiscal más reciente se puede telegrafiar así, en función de la novedosa investigación de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman (The triumph of injustice. How the rich dodge taxes and how to make them pay, Penguin, Nueva York, 2021): hacia 1970, los estadounidenses más ricos pagaron en impuestos más del 50% de sus ingresos; esto duplicaba lo que devengaba en impuestos la clase trabajadora. Pero en 2018, tras la reforma de Trump –el modelo que, rubricamos de nuevo, siguen los partidos conservadores europeos–, los multimillonarios norteamericanos pagaron mucho menos que obreros, docentes, investigadores y jubilados. La conclusión es tremenda, palmaria: los ricos están viendo retroceder los impuestos que pagan a los mismos niveles de la década de 1910, cuando el Estado tenía una cuarta parte del tamaño actual. En paralelo, la clase trabajadora paga más impuestos: del 3% de sus ingresos en 1950, al 15% en la actualidad. La confiscación se halla aquí.

            La aportación de Saez y Zucman profundiza en investigaciones precedentes de otros colegas que han analizado, en su evolución histórica, la fiscalidad de diferentes países del mundo. Y la última aportación de Thomas Torslov, Ludvig Wier y Gabriel Zucman (“The Missing Profits of Nations”, en el último número de The Review of Economic Studies, julio de 2022) constata que el 36% de los beneficios de las multinacionales se trasladan a paraísos fiscales, en todo el planeta, siendo las norteamericanas las que transfieren el doble de ganancias que otras empresas de tamaño parecido. Evasión fiscal en toda regla, que infiere un dato estremecedor: el propio Zucman destaca, en otra contribución previa (La riqueza oculta de las naciones, Pasado&Presente, Barcelona, 2014) que, a escala mundial, el 8% del patrimonio financiero está custodiado en paraísos fiscales, siendo un 12% en el caso de la Unión Europea. Solo en Suiza, las fortunas extranjeras evadidas alcanzan los 1,8 billones de euros (el dato es de 2013). Estamos hablando de unas pérdidas anuales de recaudaciones fiscales totales de unos 130 mil millones de euros. Obsceno, descomunal. Los mismos think tank que defienden la reducción de los impuestos y que, por tanto, constituyen el marco teórico de los partidos que los impulsan como propuestas electorales, nada dicen en cuanto a este verdadero expolio, cuyo afloramiento rebajaría notablemente las deudas soberanas de las naciones.

3. Reflexión final

            Por consiguiente, el debate sobre los impuestos se bifurca en varias derivadas (y no son las únicas):

• Las bajadas de impuestos no estimulan, mecánicamente, el crecimiento de la economía; es más: pueden ralentizarlo y des-dotar de capital esencial a la economía pública para hacer frente a retos inherentes tras episodios recesivos. Quienes propongan reducir la tributación deben explicar qué partidas presupuestarias piensan ajustar para cuadrar ingresos y gastos, máxime cuando pretenden, además, recortar la deuda pública.
• Hacia dónde se dirigen los impuestos. En el caso de las crisis económicas más próximas, la de la COVID y la de la guerra en Ucrania, las capacidades tributarias de los Estados, junto a la expansión de la política monetaria y la política fiscal mancomunada en el escenario europeo, han supuesto –y están suponiendo– encarar los problemas socioeconómicos de una forma mucho más solvente que en otras fases depresivas –como durante la Gran Recesión–: ayudas, compras de vacunas, programas de inversión pública –con estímulos patentes en la privada; el dato de España, muy reciente, es clamoroso: aumento de la inversión privada del orden de más de cinco mil millones de euros, una cifra récord (Cinco Días, 22 de julio de 2022)–. Los déficits públicos que se han acabado generando suponen superávits en el campo de las asignaciones a programas resolutivos frente a las crisis. No debe olvidarse esta relación.
• El punto anterior se aviene con otro, que consideramos crucial: la transparencia en la adscripción de los impuestos. Gracias a éstos, es posible disponer de infraestructuras sanitarias, educativas y sociales que, con todos los defectos y errores, son transcendentales para el bienestar del grueso de la población. Descender al terreno granular sería pedagógico, a sabiendas que estamos hablando de inversiones. Pero, qué costes suponen para las administraciones públicas y desde los servicios públicos hacerse análisis de sangre, tacs, radiografías, ecografías, operaciones diversas –simples y complejas–, hospitalizaciones, asistencias domiciliarias; o el coste para formar graduados y especialistas universitarios en los diferentes campos del conocimiento, por poner unos ejemplos ilustrativos al respecto. Saber esto –y que quizás esto mismo se comunicara a los usuarios cuando utilizan esos servicios– permitiría hacer más porosa la recaudación tributaria: saber hacia dónde van los recursos en clave microeconómica. Esa es la destinación de los impuestos en la esfera social, educativa, sanitaria. Sin esos ingresos, el panorama deviene entrópico, más en la línea de lo que está sucediendo en sociedades anglosajonas –Estados Unidos, Reino Unido–, donde la franja más rica y minoritaria de la población tiene acceso a todos los servicios: privados, por supuesto. En Europa, en España, el dinero no estará en los bolsillos del contribuyente; pero éste no tiene los gravísimos problemas que están conociendo, desde hace años, la mayoría inmensa de los norteamericanos cuando tienen dificultades no necesariamente graves en el campo de la salud, aunque dispongan –según los voceros anti-impuestos– de más liquidez en unos bolsillos cada vez más escuálidos (el salario mínimo en Estados Unidos, según el dato de 2019 tras la reforma de Trump, es de 15 mil dólares, con una tributación sobre nómina del 15%: más impuestos, menos salario).
• No eludir el grave problema de las evasiones fiscales de las grandes corporaciones, de forma que la adopción de impuestos sobre beneficios –o sobre los propios ingresos– no resulta una medida alocada ni precipitada.

Estas y otras líneas relacionadas van a estar en el epicentro del debate político. Es crucial armarse de datos, de argumentos, de teoría económica solvente, para contrarrestar el alud de informaciones sesgadas y/o tergiversadas que se irán exponiendo, desde un populismo económico y fuertemente ideologizado, exento de todo rigor.

            En Economía –como en la Ciencia en general– la mentira suele ser aliada de la simpleza: las cosas más complejas se explican, en múltiples ocasiones, de forma tan sencilla, tan elemental, que hurtan la realidad; que se alejan de ella, aunque suenen convincentes. Y pueden calar en la opinión pública, justamente por la ausencia de matices, de explicaciones, de argumentos. Lo extremadamente sencillo, avalado por alguna declaración puntual y escogida, gana terreno en los medios de comunicación y entierra o arrincona los datos más prolijos: esa realidad más alambicada, mucho más veraz y, por supuesto, más difícil de aprehender.

            Lo último que se ha ido exponiendo desde voceros de la derecha política es un déjà vu: ante la sonora ausencia de propuestas serias en política económica, se recuperan viejos principios de la fantasmagórica y grotesca Normativa del Perfecto Ignorante (NPI) en Economía. Esos líderes conservadores son asiduos y voraces lectores de ese manualillo, compuesto por apenas una página de contenido: he aquí su anorexia intelectual. Ahora, se reverdece la tesis de que los gobiernos no pueden gastar más de lo que ingresan –una afirmación que, en principio, es sensata si bien urge de importantes matices–, pero, sobre todo, que deben administrar igual que lo hace una familia (“la economía de un país no deja de ser como la de una familia”, señalan ufanos). Un antiguo presidente conservador ya remachaba, hace pocos años, que hay que gestionar lo público –y cito textualmente– como “las amas de casa”.

El conservadorismo político está, en el terreno económico, desnortado. No le acompañan los datos, las cifras, que siempre espera negativas para obtener así los réditos de la oposición, de desgaste al gobierno. Y debe recurrir a esa NPI para sacar la cabeza del agua. Fijémonos en la realidad macroeconómica: crecimiento económico del 4%, tasa de paro de poco más del 12%, incrementos en la recaudación fiscal –que demuestra el dinamismo económico–, más de 20,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, mayores contratos indefinidos, aumento determinante del salario mínimo, buenas cifras en balanza de pagos, reconocimiento en la Unión Europea por la gestión de los fondos Next Generation. Ahora bien, seguro que llegarán datos negativos en unas semanas, cuando la estacionalidad concluya: siempre sucede al terminar la temporada de verano y abrirse el otoño, pero les avanzo que ellos dirán que se demuestran sus profecías apocalípticas. Una falacia más, porque saben que ese ciclo existe: cuando ellos gobernaban lo percibieron y minimizaron en sus explicaciones. Tocará tirar ahora del NPI.

¿Hay problemas? Claro que los hay: la inflación y los desequilibrios que genera una política fiscal expansiva, que va pareja, no lo olvidemos, a la desplegada por la política monetaria; la incertidumbre, que se ha instalado en todo diagnóstico que se precie y que dificulta los pronósticos. Nadie sensato ningunea esto; ninguna institución seria se atreve a realizar pronósticos tan vehementes como los que formulan los usuarios del NPI. Ahora bien, ante esos guarismos que hemos expuesto anteriormente, comprobables sin tapujo alguno porque provienen de fuentes públicas –INE, Banco de España, Comisión Europea, FMI–, ¿cuáles son las propuestas de la derecha conservadora? Escarbemos en su acerbo económico, en ese NPI: la bajada de impuestos…y las ocurrencias. No sabemos más: las negativas machaconas, militantes, no ceden paso a propósito alguno, a hoja de ruta tangible, contrastable, discutible, más allá de poner velas y cirios a Laffer.

La ocurrencia, el chascarrillo, devienen el frontispicio de esos políticos conservadores que lanzan al aire la simpleza de su pensamiento, ante la falta de propuestas que ofrecer, al margen de esas ocurrencias epidérmicas. Estas se acercan a la estulticia (“ignorancia, necedad o estupidez”, según la RAE), y no resistirían el escrutinio de un examen de primero de carrera en Económicas (somos generosos en esto). Sería exigible que quienes pretenden gobernar este país fueran más serios, más rigurosos: que se miraran en el espejo de sus homólogos conservadores europeos, que se tientan la ropa antes de decir según qué memeces. Lo de poner al mismo nivel la economía familiar y la economía pública entra de lleno en ese terreno de la falacia, de la ignorancia (seguimos siendo generosos). Veamos.

            La economía pública tiene una característica central, que se inscribe en su propia calificación: trabaja para lo público, lo común, lo que afecta a toda la población, sin exclusiones. La economía doméstica, familiar, opera en un ámbito privado: su lógica es distinta. El sentido de la justicia es el que debe operar: justicia para que no se produzcan vulnerabilidades sociales, marginaciones económicas. Lo social frente a lo individual. El sentido colectivo frente a lo particular. Lo público y lo privado. Esto es lo que se desprende, por ejemplo, desde la filosofía liberal: John Rawls, un autor de referencia obligada, ha escrito páginas luminosas sobre esta cuestión, enfatizando la relevancia de lo público sobre lo privado en la esfera de la gestión económica. No estamos ante un pensador que los gurús conservadores puedan ignorar. Pero lo hacen.

Los gobiernos tienen herramientas potentes para dinamizar la anemia económica: en coyunturas de crisis, cuando el sector privado –incluyendo aquí esa economía de las “amas de casa”– se halla en serias dificultades, el sector público puede activar la palanca de la inversión. Ésta provoca efectos multiplicadores en el propio sector y, sobre todo, en el privado. Hemos escrito sobre este tema, con cifras y resultados de investigaciones, tanto propias como de otros colegas, que avalan ese aserto. Recordemos: por cada euro que se invierte desde los gobiernos, el impacto sobre el conjunto de la economía puede llegar a más de 1,5 euros y, en según qué actividades –por ejemplo, las que se inscriben en el ámbito de las energías renovables o los factores de sostenibilidad ambiental–, hasta más de 2,5 euros. Una transfusión positiva. La literatura económica sobre el tema es copiosa, resultado de potentes investigaciones en el campo de la Economía Aplicada.

            Pero, además, cuando los gobiernos necesitan de importantes recursos para encarar esos programas de inversión, recurren a la deuda para financiarse si los ingresos propios no son suficientes. Esto provoca el incremento de la deuda pública y del déficit público. No negamos esto: de nuevo, la tozudez de los datos es la que nos guía. Fíjense que esta situación acontece por igual a esa economía doméstica evocada por la derecha política: la mayoría de las familias españolas no disponen de ingresos masivos como para adquirir, por ejemplo, una vivienda o un vehículo atendiendo a sus entradas monetarias corrientes. Y, por tanto, se endeudan. En este punto, la derivada de la estulticia cree haber encontrado otro argumento poderoso: la deuda pública es eso, pública –dicen, cerrando en el puño su piedra filosofal–, de manera que quienes la provocan están dejando un reguero de impagos a las generaciones futuras, que deberán afrontarlos. He aquí otra falacia, fruto de esa ignorancia intencionada que emana del NPI. Las deudas financieras que infiere el sector público, cuando afectan a programas de inversión en educación, sanidad, infraestructuras de todo tipo, factores todos ellos que mejoran el bienestar de la generación presente, pero que también van a promover más bienestar en las futuras, no se pueden considerar, de ninguna manera, un lastre para nadie. Un lastre es cuando se deben pagar desequilibrios por la corrupción generalizada, o por rescates financieros que se dijeron inocuos, que afectan a esa deuda pública: no hay aquí nada positivo. Pero los activos que se han podido crear con esas estrategias inversoras –lo que los economistas calificamos como formación brutal de capital–, con déficit y deuda, son superiores a los pasivos provocados por esas decisiones. Hospitales, centros de investigación, universidades, colegios, carreteras, trenes de alta velocidad, mejoras urbanas, parques, energías renovables: todo un mosaico de elementos de todo tipo que solo con deuda se pueden sufragar. Pero que forman parte de la sociedad: de la actual y de la futura. Nuestros hijos, nietos y bisnietos seguramente seguirán disfrutando –esperemos, si el cambio climático no se exacerba– de esas infraestructuras que, con toda probabilidad, se mejorarán. Gracias, de nuevo, a la deuda pública. La bibliografía sobre esto, proveniente de postulados ideológicos de perfil liberal y keynesiano, ahogaría al más hábil de los resistentes en la estulticia.

Esta gente debería leer y estudiar más. Para empezar, les recomiendo un libro delicioso, en el que, quizás, se sientan protagonistas: el que escribió el gran economista italiano Carlo Maria Cipolla, Las leyes de la estupidez humana, editorial Crítica, Barcelona, tiene distintas ediciones. De manera que no tiene pérdida. Sonreirán al verse retratados. De nada.

            Es muy difícil predecir una crisis económica. Hacer ese augurio en clave genérica es complicado, si se hace con honestidad profesional –es decir, utilizando datos objetivos, sin tergiversarlos–; otra cosa es que uno vaya diciendo que viene una crisis y, como la economía es cíclica y aquélla acaba por llegar, se ponga la medalla indicando que acertó al aventurarla. Así el más tonto hace relojes; o el lobo acaba por atacar al rebaño de ovejas, tarde o temprano, tras muchos avisos fallidos. La fiera siempre acecha, y aparece. Pero afinar el momento en la detección de las crisis es tarea harto compleja: nadie puede aventurar eso, a no ser que peque de una gran arrogancia, no exenta de cierta estupidez. Los estudiosos de las crisis económicas han confirmado esto que decimos con sus análisis sobre los orígenes y desarrollo del crack de 1929; igualmente, con las recesiones de 1973 y 1979; y, más cercana, con la Gran Recesión de 2008. Claro y raso: nadie vio venir esas intensas coyunturas recesivas, aunque se haya censurado a los economistas y a los políticos su incapacidad para otearlas y, por tanto, el no advertir de su inminente llegada.

            La Economía no es una ciencia exacta. Como ciencia social, tiene límites claros, precisos, toda vez que su materia prima es el comportamiento de los agentes políticos, económicos y sociales: de los seres humanos, en definitiva. Y eso no siempre está regido por principios de utilidad, ni por puntos de equilibrio casi automáticos a los que se llega tras posiciones de gran racionalidad, ni por el precepto de que una cosa cambia mientras el resto de factores quedan inermes (en caeteris paribus). La economía es inestable –como nos enseñó Hyman Minsky– y tal vez la principal función del economista es tratar de estabilizarla haciendo servir, con enorme modestia al conocer la incertidumbre, su caja de herramientas. En ella existen distintos instrumentos, y no siempre funcionan los mismos en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, al margen de las condiciones sociales.

            Sin embargo, existe algún indicador que suele ser de gran interés para identificar una posible evolución hacia un escenario de crisis. Fíjense que esto se escribe con prudencia y cautela franciscanas. Este indicador es el beneficio empresarial, que recoge no solo expectativas, sino una realidad tangible, objetiva. Existe una prolija literatura económica sobre el tema, desde postulados ideológicos dispares –liberales, marxistas, postkeynesianos, para ser sintético–, con un apunte en el que pueden coincidir con, eso sí, grandes matices: una caída en los beneficios de las empresas avanza una coyuntura de crisis, cuya dimensión y profundidad se desconoce. La causa: menos ganancias infieren una reducción de la inversión privada; la retracción de la actividad económica. Por el contrario, el avance de los beneficios o su permanencia inciden en una mejor trayectoria para el futuro. En ambos casos, el sector público debe estar atento: ya sea utilizando la palanca de la inversión cuando la privada se contrae; ya vigilando la evolución de esos beneficios. En ambos supuestos, contribuyendo a mejorar la coyuntura.