Deuda pública con objetivos

            Banco de España: deuda pública de la economía española en 2022 ha cerrado con un 113% sobre PIB. Reducción de cinco puntos porcentuales, a pesar de que ello no elude el incremento en volumen del débito. El proceso de endeudamiento ha sido relevante en los últimos años, motivado por las necesidades de atajar los enormes problemas derivados por la crisis de la pandemia e, igualmente, por la guerra. La pregunta que deberíamos formularnos, en tal contexto, es para qué ha servido el incremento de la deuda. La respuesta es obvia: el endeudamiento se ha insertado en mecanismos contra-cíclicos, que han inferido incrementos de ayudas de todo tipo a colectivos variados, afectados por las consecuencias de la crisis. Igual ha sucedido en otros países de la Eurozona. La cuestión se relaciona de forma directa con la estrategia de los ingresos en las cuentas públicas: también aquí debemos preguntarnos, impuestos ¿para hacer qué? Ambos interrogantes se abrazan: nos endeudamos y mantenemos una fiscalidad determinada porque nuestros propósitos son palmarios, esto es, enfrentarnos a las desigualdades de renta. El debate sobre el recorte de los impuestos, por ejemplo, no debería derivarnos hacia una carrera para ver quién los baja más, sino en situarnos en: quiénes deben pagar más, cómo encarar el fraude fiscal y, con los recursos obtenidos, hacia dónde se canalizan. Aquí, en teoría, la ideología debiera pesar menos, y la efectividad de las medidas ser lo que analizáramos. El factor político y electoralista prima, por desgracia, sobre el técnico y el de la eficiencia en los instrumentos desplegados.

            En el terreno de la deuda pública es importante no descuidar que urge controlarla. El dato de 2022 es positivo; pero en volumen la cifra se ha incrementado, como ya se ha dicho. Esto obliga a pensar en un programa de consolidación fiscal que ha de ser temporalizado: no se puede aplicar de manera abrupta como se hizo en 2012, con recortes del gasto público que tuvieron como corolario esencial justamente el aumento de la deuda pública al incrementarse el déficit. Los ingresos extraordinarios que hemos tenido –Next Generation y otros paquetes de ayudas provenientes de Europa– se irán retirando, lo que obliga a los gestores públicos a ajustar las partidas presupuestarias. La inversión va a generar efectos multiplicadores, junto a la mayor contratación laboral y las mejoras salariales, lo que debe incrementar los ingresos públicos. Pero esto no es óbice para pensar, de forma cautelosa y gradual, en proyectos plurianuales de consolidación fiscal: racionalización de indicadores de deuda, tanto en términos de volumen, como en porcentajes sobre PIB. Las administraciones públicas no pueden confiar en la estabilidad de aquellos ingresos puntuales, y deberán pensar en equilibrios necesarios para dar confianza a los mercados, en un escenario de alza de tipos de interés. La deuda española es solvente: se coloca bien, en plazos beneficiosos, sin problemas. Esta es una prueba más de la consistencia de la economía española. Pero, insistimos, no podemos ser negligentes con la realidad de una deuda que nos debe preocupar y ocupar.

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Deuda pública, beneficios…y salarios

            El Banco de España acaba de publicar la cifra de cierre de 2022 de la deuda pública: 113% sobre el PIB, reducción de cinco puntos en el ejercicio. El dato es bueno; pero, a la vez, preocupa: no podrá eludirse, de forma gradual, un programa de consolidación fiscal. Pero es positivo porque la economía española está demostrando una gran solidez que permite la contracción del déficit público: mayor capacidad para no aumentar el endeudamiento en porcentaje sobre PIB. El crecimiento de la deuda pública sobre PIB, a raíz del estallido de la pandemia, fue un hecho que incrementó las deudas de todos los países al poner en funcionamiento mecanismos contra-cíclicos que inferían la expansión deudora. Fueron diques de contención para evitar un colapso total de las economías, puestas en estado comatoso. La pieza clave del gasto público auspiciado por las principales instituciones económicas del mundo. Ahora bien, a partir del segundo trimestre de 2021, el ratio deuda/PIB se ha ido reduciendo, hasta llegar a ese 113% en cierre del año 2022.

Otros datos corroboran la reducción del déficit público, a partir de las publicaciones del Banco de España y de los registros del INE. Las cifras del déficit público han mejorado: desde el 11% del PIB durante el gran frenazo de la pandemia, hasta el 6,76% en 2021, en un contexto, recuérdese, en el que Bruselas exigía el 8,4%. Una notable mejora. En 2022, la previsión es de un déficit que será inferior al proyectado por el propio Gobierno, que lo cifraba en el 5%. Las causas: el incremento de la recaudación tributaria, explicable por el proceso de la inflación; pero sobre todo por el vigor del empleo y las subidas salariales, que han elevado los ingresos por IRPF, junto a los resultados obtenidos en el Impuesto de Sociedades.

En este panorama, la inflación se erige en una importante amenaza para el desarrollo de la economía. Preocupación de los bancos centrales, inquietud que se traslada a las patronales empresariales por la reivindicación de mejoras salariales, espoleadas por el incremento de los precios. A fines de 2022, el aumento de los salarios pactados se concretó en un 2,78%, frente al incremento del 12% de los beneficios empresariales. En tal sentido, cabe señalar que, según Indeed Wage Tracker, entre 2019 y 2022 España es el país de los más relevantes de Europa en el que los salarios han crecido menos, toda vez que esos aumentos han sido del 4,8% en Francia, 6,3% en Alemania y 4,1% en Italia. En otras palabras, la tensión inflacionista no es imputable a los salarios y se vincula más a la evolución de los excedentes empresariales. Esto ha sido expuesto por diferentes entidades, entre las que destaca el propio Banco de España (https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/22/T2/Fich/be2202-it-Rec3.pdf). El shock de oferta contribuye a explicar esta situación, en la que la economía no se está “recalentando” por la presión de los convenios colectivos y las reivindicaciones sindicales: los márgenes empresariales tienen, repiten entidades solventes, una cuota de responsabilidad inequívoca.

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Desafío ecológico y encrucijada tecnológica

Por desgracia, siguen existiendo personajes políticos –y también economistas, todo sea dicho– que afirman que el funcionamiento casi automático de los mercados resolverá otro de los problemas de la economía mundial, el ecológico. Éste representa uno de los costes más elevados, que supera las precisiones más crematísticas. Ahora bien, las investigaciones más solventes desde el campo de las ciencias experimentales detallan el peligro de la acción descontrolada del hombre sobre la naturaleza. La tecnosfera que se ha impulsado sobre todo a raíz de las revoluciones industriales, ha incidido de forma negativa sobre los equilibrios naturales de la biosfera. Estamos, pues, ante la idea de externalidades económicas, manejadas por la economía como consecuencias inherentes al crecimiento económico. Tal situación –es decir, la noción de que los impactos que se causan sobre el medio ambiente desde las fases de producción y distribución– han promovido nuevos retos para las ciencias sociales.

Las controversias han sido importantes en ese contexto: detener las externalidades puede suponer paralizar también la creación de puestos de trabajo; no poner medidas expeditivas a tales externalidades va a comportar la degradación del planeta, con resultados imprevisibles pero negativos. Ambos caminos parecen dispersos: contradictorios en si mismos. Pero de forma gradual van apareciendo actividades que podrían calificarse como mixtas: se preocupan de la eficiencia ambiental, al tiempo que no rehúyen la dinamización del mercado laboral. Transición ecológica y ocupación no tienen que ser necesariamente factores antagónicos, tal y como revelan datos muy recientes. El ejemplo de Francia es meridiano en esa dirección: las actividades ecológicas van creando cada vez más empleo: del orden del 3% entre 2004 y 2020, frente al 0,5% del resto de la economía, según datos publicados por Éloi Laurent. ¿Puede existir un “capitalismo verde”, entonces? Sin duda: si existen nichos de negocio y de mercado, esta posibilidad es plausible. ¿Es esto más positivo para el planeta? Sí, desde la óptica ambiental, independientemente de la cuestión laboral o del control de los resortes económicos básicos de estas nuevas actividades. Los costes de transición –por ejemplo, en la energía– serán elevados en el plazo inmediato, a pesar de que sus efectos positivos se dejarán sentir en el medio y largo plazos. Pero, además, estas nuevas necesidades infieren también otras prospectivas en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Aquí, los augurios son dispares: desde el dibujo de una Arcadia feliz, presentado por Jeremy Rifkin acuñando el concepto de tercera revolución industrial –energía limpia, descentralización productiva, control de la información, tiempo de ocio–; hasta el horizonte más realista que expone Klaus Schwab, perfilando una cuarta revolución industrial que tiene en la robótica su máxima expresión –con contradicciones importantes en el mercado laboral– Todo ello: ¿puede ser compatible a su vez con el reto ambiental del planeta? 

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Deuda pública: objetivos y problema

            Según el Banco de España, la deuda pública de la economía española ha cerrado el ejercicio 2022 con un 113% sobre PIB. Una reducción de cinco puntos porcentuales, a pesar de que ello no elude el incremento en volumen del débito. El proceso de endeudamiento ha sido relevante en los últimos años, motivado por las necesidades de atajar los enormes problemas derivados por la crisis de la pandemia e, igualmente, por la guerra. La pregunta que deberíamos formularnos, en tal contexto, es para qué ha servido –está sirviendo, de hecho– el incremento de la deuda. La respuesta es obvia: el endeudamiento se ha insertado en mecanismos contra-cíclicos, que han inferido incrementos de ayudas de todo tipo a colectivos variados, directamente afectados por las consecuencias de la crisis. Igual ha sucedido en otros países de la Eurozona. La cuestión se relaciona de forma directa con la estrategia de los ingresos en las cuentas públicas: también aquí debemos preguntarnos, impuestos ¿para hacer qué? Ambos interrogantes se abrazan: nos endeudamos y mantenemos una fiscalidad determinada porque nuestros propósitos son palmarios, esto es, enfrentarnos a las desigualdades de renta. El debate sobre el recorte de los impuestos, por ejemplo, no debería derivarnos hacia una carrera para ver quién los baja más (o quién los aumenta más, todo sea dicho), sino en situarnos en sendos apartados: quiénes deben pagar más, cómo encarar el fraude fiscal y, con los recursos obtenidos, hacia dónde se canalizan. Aquí, en teoría, la ideología debiera pesar menos, y la efectividad de las medidas debería ser lo que analizáramos. El factor político y electoralista prima, por desgracia, sobre el técnico y el de la eficiencia en los instrumentos desplegados.

            Ahora bien, en el terreno de la deuda pública es importante no descuidar que urge controlarla. El dato de 2022 es positivo; pero no es menos cierto que en volumen la cifra se ha incrementado, como ya se ha dicho. Esto obliga a pensar en un programa de consolidación fiscal que ha de ser temporalizado: no se puede aplicar de manera abrupta como se hizo en 2012, con recortes profundos del gasto público que tuvieron como corolario esencial justamente el aumento de la deuda pública al incrementarse el déficit. Los ingresos extraordinarios que hemos tenido –Next Generation y otros paquetes de ayudas provenientes de Europa– se irán retirando, lo que obliga a los gestores públicos a ajustar las partidas presupuestarias. La palanca de la inversión va a generar efectos multiplicadores –ya lo está haciendo–, junto a la mayor contratación laboral y las mejoras salariales, lo que debe incrementar el nido de los ingresos públicos. Pero esto no es óbice para pensar, de forma cautelosa y gradual, en proyectos plurianuales de consolidación fiscal: de racionalización de los indicadores de deuda, tanto en términos de volumen, como en porcentajes sobre PIB. Las administraciones públicas no pueden confiar en la estabilidad de aquellos ingresos puntuales, y deberán por tanto pensar en los equilibrios necesarios para dar confianza a los mercados, en un escenario de alza de tipos de interés. La deuda española es solvente: se coloca bien, en plazos beneficiosos, sin problemas insalvables. Esta es una prueba más de la consistencia de la economía española. Pero, insistimos, no podemos ser negligentes con la realidad de una deuda que nos debe preocupar y ocupar.

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La coordinación de las políticas económicas

El sector público ha sido y es capital en las crisis recientes. Los estímulos fiscales han resultado claves para evitar un colapso mayor. Esto han razonado las instituciones económicas más influyentes, como el FMI, el BCE, el BM y la OCDE. Es imprescindible, entonces, centrarse en las herramientas que, en el pasado, tal y como demuestran los datos, se revelaron como más efectivas: mayor inversión pública, re-estructuración de las deudas, fiscalidad progresiva y cooperación público-privada. Esto se avala con investigaciones recientes. En un trabajo (2020) firmado por el Premio Nobel de Economía 2019 Ryan Banerjee (véase: https://econpapers.repec.org/paper/bisbisblt/30.htm), se defiende que la fuerte retracción del PIB durante la pandemia hubiera supuesto cierres masivos de empresas si no se hubieran arbitrado estímulos económicos. Lo mismo acontece con los impactos de la guerra de Ucrania. Para este economista, en la zona Euro los porcentajes de destrucción oscilarían del 10% al 30%. Los estímulos evitan quiebras y mucho más dolor, en el caso de que esas medidas no se estuvieran aplicando con celeridad. La conjunción de política fiscal y política monetaria ha sido trascendental para paliar los efectos corrosivos de las dos crisis económicas más recientes, la del coronavirus y la bélica.

Ahora bien, ¿cuándo retirar esos respiradores que mantienen con constantes vitales al paciente? Para responder no se puede invocar, una vez más, como ya se está haciendo, al cacareado “miedo a los mercados”. Un miedo que dejó paso al pavor, cuando las ayudas fueron retiradas antes de tiempo en 1937 y 2010, cediendo a fases de verdadero calvario económico y social, no sólo para los sectores más vulnerables de la sociedad, sino también para sus clases medias. Esto forma parte del acerbo de la Política Fiscal. En dirección similar, ¿cuánto y cuándo subir de nuevo los tipos de interés? Esta es la preocupación esencial de los bancos centrales, orientados a promover políticas de anclaje de la inflación. Un tema que atañe a la Política Monetaria.

En un reciente trabajo de Matthew Klein y Michael Pettis (Trade wars are class wars. How rising inequality distorts the global economy and threatens international peace, Yale University Press, 2020), se defiende que existe capacidad de demanda en los países más desarrollados y en China para absorber el potencial productivo sin tensiones inflacionistas. Los autores indican que los conflictos comerciales de hoy son causados por gobiernos que promueven los intereses de las élites a expensas de los trabajadores. En todo el mundo –aseveran– los ricos han prosperado mientras los trabajadores ya no pueden permitirse comprar lo que producen, han perdido sus trabajos o se han visto obligados a endeudarse más. Esta investigación enlaza plenamente con aportaciones también recientes de otros economistas especializados en la economía de la desigualdad, pero con la observación de ese vértice inédito: el perfil comercial que instaura la globalización está generando desequilibrios, que se mantendrán si no existen políticas económicas mejor articuladas a los dos lados del Atlántico.

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Economía en guerra: apuntes de urgencia

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Crispación política en Navidad

            El año 2022 se va a cerrar con buenos datos económicos, ya comentados en esta misma columna, en una entrega anterior. La línea de combate de la oposición, que solía estar siempre en la esfera económica, se ha difuminado: resulta muy difícil contrarrestar las cifras positivas de crecimiento del PIB, del déficit, de la evolución de la deuda, del mercado de trabajo, puestas sobre la mesa por instituciones internacionales y por el INE y el Banco de España, con otras variables enfrentadas que presagien una hecatombe. Esta estrategia de desgaste económico, de anunciar el hundimiento día tras día, se ha volatilizado. El debate económico lo está ganando, por el momento, el gobierno.

            Ante esto, los grupos conservadores y sus partidos están rubricando la otra parte de su hoja de ruta de ataque: la dislocación de las instituciones con relatos extremos y muy graves, a raíz de cualquier conjunto de iniciativas promovidas por el Ejecutivo. De nuevo, se vociferan amenazas que resultan difíciles de escuchar en el entorno europeo: en este último marco, las opciones conservadoras parecen tener un mayor respeto a las instituciones, incluyendo el propio PP europeo. En un contexto problemático, que arranca de febrero-marzo de 2020, y con el dramático añadido del estallido de la guerra en Ucrania con sus corolarios económicos, la narrativa de los extremistas se difunde desde medios de comunicación y tribunas parlamentarias, para hacer descarrilar a un gobierno calificado como “ilegítimo”. Jerga reconocida, de manual: cuando los partidos progresistas gobiernan por aritmética parlamentaria, la acusación de que usurpan el poder aparece desde las filas conservadoras. Ilegítimos, okupas, colaboracionistas con el terrorismo, y otros epítetos, arramblan con fuerza e intensidad, promocionados por palestras mediáticas afines.

            No existe tregua por parte de una derecha que sabe lo que es gobernar –y a la que, por tanto, se le supone más responsabilidad–, ni el más mínimo atisbo para colaborar, con todas las críticas que se quieran, en procesos de recuperación económica y social, cuando es más necesario y urgen posiciones de Estado. Se suceden soflamas más propias de colectivos anti-sistema: un “hooliganismo” exacerbado. Las negativas para cooperar, mínimamente, en tiempos muy difíciles son constantes, recurrentes, implacables: sin fisuras. Cuando los reiterados anuncios de un apocalipsis venidero no se cumplen, la vía se centra en azuzar las vísceras y utilizar las instituciones que se controlan –como algunos altos tribunales– para desestabilizar, incluso, al Congreso de los Diputados.

            El 2023 se iniciará con mimbres parecidos. Año electoral, en el que todos se juegan mucho. La economía está en unas coordenadas de gran incertidumbre, y no es fácil saber si, de nuevo, podrá servir de arma electoral para quienes están en la oposición. Lo que sí parece claro es que la segunda línea de actuación, la que se ha descrito antes, seguirá impertérrita, hagan lo que hagan los gobiernos progresistas, pase lo que pase. El triunfo de las vísceras sobre la razón. El grito, la descalificación, el insulto, la crispación: sin argumentos. Navidades nada blancas.

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Turismo: el gran debate

El turismo supone en torno al 14% del PIB en países como España, Italia y Francia. En economías regionales turísticas, ese porcentaje se eleva de forma notoria. Es decir, no estamos ante un sector económico residual: es determinante, articula proyectos empresariales, puestos de trabajo, inversiones, estrategias públicas. Es un modelo de éxito. Y el debate sobre su posible sustitución responde muchas veces a conclusiones pre-establecidas, enfatizándose las innegables externalidades negativas que comportan las actividades turísticas. Esto también se observó con la irrupción de las industrializaciones, con duros impactos sociales y ecológicos. Contraponer la industria al turismo como antagonistas –se lee mucho sobre esto–, es tal vez un error en el escenario actual de las economías maduras de servicios.

El turismo constituye un desafío para expertos, políticos, trabajadores, empresas, y para la sociedad. Pero también no se puede relegar que existen componentes endógenos, de las propias estructuras económicas y sociales, que no pueden ignorarse. El debate se centra en diferentes interrogantes, que no son únicos y que, seguro, infieren nuevas derivadas:

•          ¿Cómo reorientar una economía especializada en turismo?

•          ¿Es posible diversificar esta economía en un margen temporal preciso y razonable?

•          ¿Qué intervención debe tener el sector público?

•          ¿Como vertebrar los flujos financieros en el proceso de adaptación?

En resumen: ¿cómo hacerlo?; y, ¿quién lo hace?

La orientación de la economía turística no se puede hacer sin una colaboración efectiva público-privada. No hay decretos leyes que regulen de forma inmediata las transformaciones económicas cuando salpican cambios sectoriales. Se persigue retardar el crecimiento de un sector motor –el turístico, con todas sus derivaciones– para “crear” otras actividades que lo sustituyan. Pero reorientar una economía comporta ingredientes esenciales:

a)         La voluntad de los poderes ejecutivos –municipales, regionales, nacionales– para hacerlo;

b)        La cooperación de las empresas privadas;

c)         La concurrencia de la sociedad civil y de los sindicatos;

d)        La capacidad financiera para encarar los proyectos que surjan;

e)         La apuesta para formar un capital humano, no necesariamente tecnológico ni universitario;

f)         La palanca básica de la inversión;

g)        La empatía política para el tema en cuestión, huyendo de visiones partidistas y/o electoralistas.

Una gran complejidad. En economías regionales especializadas, como la balear, significa que estamos hablando de un proceso más largo en el tiempo del que se puede prever. En todo modelo económico, el vector temporal no se debe rehuir, ya que condiciona las decisiones. Éstas pueden variar en los cronogramas establecidos, y las capacidades adaptativas resultarán vitales. Se trata de visualizar las líneas de tendencia que se van marcando a las políticas económicas, donde inversiones públicas y privadas, colaboraciones financieras y entramados sociales y económicos tendrían que trabajar entrelazados: en ejes de planificación estratégica, que redefinan la pauta de crecimiento. Una pauta en la que el turismo, en Balears, debe seguir siendo el tractor primordial.

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El crecimiento económico para Albert O. Hirschman y Ernest Lluch

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Un apocalipsis económico que no llega

            Se cierra un año. Veamos una pequeña batería de datos accesibles, que señalan factores relevantes de clausura de 2022 en un contexto con problemas e incertidumbres:

1. La OCDE sitúa el crecimiento económico de España en 2022 en el 4,7%, superior a las previsiones de cierre del Gobierno y del Banco de España. Distintas instituciones (FUNCAS, BBVA) van en esa misma dirección.

2. Ello infiere máximos históricos de afiliación –en serie desestacionalizada– en el mercado laboral español, según el último dato de noviembre: 20,3 millones de afiliados (fuente: @economyred).

3. Y con un sector exterior con buenas cifras. La balanza por cuenta corriente de la economía española está en positivo; a pesar de un shock energético que ha supuesto un desembolso de más de 50 mil millones de euros. Aquí, sin duda, la fortaleza del turismo es la clave.

4. Todo en el marco de una deuda pública española que resiste en los mercados, sin apoyo del BCE. De hecho, el banco central ha reducido la tenencia de deuda española, pero el bono español ha aguantado el envite sin ayudas externas (fuente: elconfidencial.com).

5. Las tensiones inflacionistas persisten, pero han iniciado su descenso, con la excepción de los productos alimenticios (fuente: Oxford Economics, INE), como ya anunciamos en otros artículos.

6. Por otra parte, el almacenamiento europeo de gas se sitúa en el 94% de la capacidad en los primeros días de noviembre (fuente: BBVA Research). Esto implica que Europa en su conjunto está en posición menos negativa para encarar aumentos en el consumo durante el invierno.

7. Las medidas de política económica, en el entorno comunitario, dan resultados. De hecho, la Comisión Europea ha dado el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado de España para 2023; mientras el Fondo Monetario Internacional ha elogiado los efectos positivos de la reforma laboral.

8. El aval del Banco de España a las medidas de alivio del Gobierno en las hipotecas (declaraciones del Gobernador; fuente: cincodias.elpais.com): se ha alcanzado un cierto equilibrio para atajar problemas en los hogares más afectados por el alza de las hipotecas a tipo variable con, a su vez, no provocar presiones excesivas en los balances bancarios.

9. Bajar los impuestos no es una receta efectiva, en estos momentos, en política económica. El caso británico es elocuente; el ejemplo andaluz, también. En este último ejemplo –del primero ya hemos hablado en otros artículos–, el Observatorio Económico de Andalucía ha enfatizado que el crecimiento de los ingresos es inferior a la media autonómica, precisamente por las rebajas fiscales. La narrativa de los recortes de impuestos, como solución en política económica, no se aviene con la realidad.

10. La presión fiscal en España es inferior a la media europea: 39% s/PIB en 2021, frente al 42% de la Eurozona. Francia, Bélgica, Alemania, incluso Italia, tienen porcentajes más elevados, que superan el 43% (fuente: Eurostat; desagregación por tipología fiscal –IVA, IRPF, Sociedades–, con cifras españolas siempre inferiores a las medias comunitarias, en: Agencia Tributaria).

            Los profetas del apocalipsis, en barbecho.

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