Desigualdades sociales y económicas

Si las desigualdades no están hoy a los niveles del siglo XIX se debe a los impuestos y a los sistemas de reparto que todavía mantenemos del denominado “capitalismo socialdemócrata”, como se comprueba en el modelo que rigió en Europa y Estados Unidos entre la Segunda Guerra Mundial y la revolución conservadora de los años setenta del siglo XX. Esos llamados “treinta gloriosos años” significaron un cambio transcendental para las economías que emergían de la Segunda Guerra Mundial. El dibujo de dos modelos en las economías occidentales, el anglosajón y el europeo, se enlazaban a partir de un nexo común: la significación del Estado como principal agente económico, tras las catastróficas consecuencias bélicas. Política fiscal expansiva, política monetaria laxa y redistribución de la renta conformaron ese engranaje. La organización de la fuerza de trabajo en sindicatos constituyó, a su vez, una clave social y económica de gran significación para consolidar avances conquistados.

El problema es que estas herramientas se deben repensar en el mundo globalizado. Entre la globalización, que se llevó a muchos puestos de trabajo fabriles; y los cambios tecnológicos, que descentralizaron los procesos, la unión de trabajadores “sindicalizados” bajo un mismo techo es toda una rareza hoy. Los economistas Thomas Piketty y Branko Milanovic proponen vías comunes para encarar el grave problema de la desigualdad, aunque reconocen dificultades al respecto: mejorar la calidad de la educación pública para reducir la brecha con la privada de élite; y volver a gravar las grandes herencias para fomentar la movilidad social de los menos afortunados. Educación, fiscalidad y control de los capitales: trilogía esencial. Los conceptos nuevos aparecen entonces: «socialismo participativo» (Piketty), «capitalismo popular» (Milanovic). En ambos casos, existen beneficios impositivos para pequeños inversores y penalizaciones para los grandes, así como seguros apoyados por el Estado para evitar la pérdida de todos los ahorros en un mal día de los mercados. Ahora bien, ¿cómo se atreverán los políticos a subir impuestos a la herencia o ganancias de capital? Respuesta: con mayor participación en la política, si los partidos que buscan reducir la desigualdad transmiten un mensaje que sea comprensible y viable, que solucione las preocupaciones económicas de la gente. Lo contrario de la participación es la desafección con el sistema: lo que buscarían los países interesados en derivar hacia modelos similares al “capitalismo político” de China.

Frente a estas dicotomías, las cooperativas de producción pueden representar una vía que bifurca sendos aspectos: por un lado, la capacidad para organizar la actividad productiva bajo parámetros que contemplen la gobernanza en la toma de decisiones, a la vez que un conocimiento más directo sobre las diferentes fases del proceso económico; por otro lado, la vertebración de unidades productivas que deben tener en su frontispicio, por su propia naturaleza, la idea de mayor igualdad en todas sus vertientes. Esto enlaza plenamente con la visión de mayores participaciones junto a estímulos para la innovación.

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Parques tecnológicos, distritos tecnológicos, herramientas para diversificar la economía: el ejemplo de las Islas Baleares. Conferencia inaugural en el APTE INTERNATIONAL CONGRESS, ParcBit, Palma, junio de 2022.

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Socialismo participativo para una democracia económica

            Las crisis más recientes que hemos y estamos viviendo –Gran Recesión, Gran Reclusión, guerra en Europa– han puesto sobre la mesa diferentes formas de afrontar las consecuencias sociales y económicas que se derivan de esos conflictos. Si durante la Gran Recesión, las políticas de austeridad –con el Estado más distante que presente– fueron el frontispicio a partir del que desplegar toda una serie de iniciativas de impactos letales para la sociedad, como los recortes en los servicios públicos, el mantenimiento a toda costa de las reglas de equilibrio, la contracción del crédito o el forzado retorno de deudas públicas, en las dos últimas crisis –la Gran Reclusión y la guerra europea– el papel de los Estados se ha revelado crucial. Todo en un sentido: la importancia del Estado social y la necesidad de una fiscalidad progresiva, herramientas para la construcción de una economía más justa y eficiente. Una reivindicación en toda regla de las economías públicas, frente a los profetas acríticos de los equilibrios innatos del mercado.

En tal sentido, adoptamos el concepto del historiador económico Thomas Piketty: el socialismo participativo. Una noción que desgrana el autor en distintas colaboraciones y, particularmente, en sus libros recientes. Aquí, Thomas Piketty advierte, una vez más, de un aspecto sobre el que otros economistas también han incidido: la formación de ese necesario Estado del bienestar desde 1945, los denominados “gloriosos treinta años”, se truncó con la revolución conservadora de la década de 1980. Esta se tejió de la mano del monetarismo de Milton Friedman, premio Nobel de Economía de 1976 –y, no se olvide, gran avalista de la política económica del dictador chileno Augusto Pinochet–; y del ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Se conocen los desenlaces: des-regulaciones, reducciones de impuestos a los más ricos, privatizaciones, rigideces presupuestarias, han guiado la economía mundial y las enseñanzas de la economía como disciplina académica, con la pretendida leyenda de que esto es la única ciencia social posible.

            Para armar esa democracia económica que se funde en la idea del socialismo participativo, la visión de Piketty se alinea con un federalismo europeo, que defiende la mancomunidad de la deuda soberana de los países de la Unión Europea, la urgencia para que paguen los que más tienen –y que suelen eludir su responsabilidad fiscal evadiendo capital hacia paraísos fiscales, tal y como han constatado las investigaciones de Gabriel Zucman–; y, a la vez, hace una seria advertencia: sólo con fórmulas de gobernanza pero, al mismo tiempo, de contundencia política, los más ricos –ese uno por ciento que se detalla en las estadísticas oficiales, que detenta el grueso de la riqueza mundial; esto no es una opinión: son datos– se avendrán a pagar lo que les corresponde por justicia social. Porque no puede ser que quienes se aprovechan de las infraestructuras públicas, de la sanidad pública, de la educación pública, del enorme esfuerzo canalizado hacia la investigación y el desarrollo desde el sector público, de la formación de un capital humano generado desde las administraciones públicas, recojan todo ese ingente esfuerzo y trasladen, con una facilidad escandalosa, sus capitales y beneficios hacia territorios que esconden esas sumas para evitar el pago de los impuestos que les corresponden. Estamos hablando, otra vez, de democracia económica.

            En efecto, el sector público, los gobiernos, las políticas fiscales, no deben caer en la ingenuidad. Facilitar la recuperación económica desde el gran motor de la inversión pública y de las ayudas a las empresas, no ha ser un ejercicio sin retorno: y en éste, el devengo de impuestos forma parte de la ecuación. Los gobiernos no pueden ser solo prestamistas de última instancia –una expresión muy adecuada de otro gran historiador económico, Charles Kindlerberger–, sino inversores en primera instancia, tal y como sugieren los últimos trabajos de Mariana Mazzucato. Y, como tales, exigir las contrapartidas perentorias que compensen el enorme esfuerzo de toda la sociedad. Los impuestos, como primera estación de salida. Quienes defiendan a machamartillo su reducción deben comunicar, sin dilaciones, dónde van a dar los tijeretazos para equilibrar los presupuestos públicos, ese mantra al que dicen querer llegar.

            La tendencia hacia la igualdad se sustenta en diferentes vectores que, entre otros, van desde la igualdad jurídica, hasta el sufragio universal, una mejor redistribución de la renta y la democracia parlamentaria. En esos contextos, las luchas son determinantes; al igual que la génesis de instituciones justas. Aquí este argumento se entremezcla con las tesis de  los norteamericanos Daron Acemoglu y James Robinson sobre el papel de estas instituciones, que se califican como “inclusivas” por estos dos últimos autores. Reaparece otra vez la democracia económica, la idea pikettiana de socialismo participativo, si se quiere.

Pero el desarrollo de una democracia económica y participativa requiere, además, otros ingredientes, nuevas perspectivas. En este sentido, por ejemplo, urge adoptar nuevos indicadores para medir la desigualdad en todas sus facetas. Aquí, el científico social debe abogar por indicadores ambientales y otros de carácter multidimensional, que complementen aquellos más vinculados a la renta. Hasta el extremo de que, atendiendo a los grandes desafíos que tenemos –como el cambio climático–, sea cada vez más necesaria la confección de un indicador sintético, que eluda el “obsesionarse con el PIB”, y que vertebre aspectos como las emisiones, las diferencias de renta, la salud, la educación, etc. La virtualidad de este pensamiento radica en su capacidad de ser aplicado, con metodología adecuada, a economías nacionales y regionales, como otra forma de construir nuevas métricas que ayuden a entender, de manera holística, el desarrollo de las desigualdades.

            Esto enlaza plenamente –insistimos en ello– con esas tesis básicas de democracia económica, de socialismo participativo. En definitiva, de avance social para el conjunto de la población.

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¿Es la economía, estúpido?

20,2 millones de afiliados a la Seguridad Social (cifra histórica), reducción importante del número total de parados, 13,65% en tasa de desempleo, incremento notable de la contratación indefinida, aumento (hasta una media de 1.254€) de la pensión media de jubilación, subida relevante del Salario Mínimo hasta los 1.000€ (antes: 736€), caída en la tasa de temporalidad de los contratos (del 26% al 24%). A todo ello, deben añadirse las ayudas a las empresas –una parte a fondo perdido–, créditos ICO, programas de inversión con fondos europeos (los más elevados en la historia reciente de las inversiones públicas), rebajas impositivas en el campo de la energía, ayudas al consumo de combustibles para paliar los efectos inflacionarios… Son datos. No opiniones. Y representan el resultado de un reguero de leyes y normativas que se han puesto en marcha en los últimos dos años. Leyes que han contado con la oposición frontal de partidos políticos en el Congreso de los Diputados, formaciones que ofrecen, tan solo, una vía económica: la bajada de impuestos.

El corolario internacional: todas las instituciones económicas –FMI, Comisión Europea, BCE, entidades financieras privadas– señalan que España será el país que cerrará 2022 con un crecimiento económico mayor en relación al resto de la Eurozona. Las previsiones para 2023 están sujetas a la evolución de la guerra y de sus consecuencias. Per los indicadores que se acaban de exponer tienen pocas fisuras; de hecho, sus detractores están realizando piruetas terminológicas y técnicas para quitarles fuerza. Determinados medios de comunicación contribuyen a esa difusión tóxica, tergiversando la realidad. Hemos visto y oído cómo líderes de la derecha conservadora –Ayuso, Feijóo– se hacen un verdadero galimatías con los conceptos de inflación y de fijos discontinuos, demostrando una supina ignorancia o la profusión de la mentira como divisa política, para restar validez a unos resultados que son positivos. Porque, recordémoslo, se han producido en un contexto de gran inestabilidad e incertidumbre: desde la eclosión, en distintas fases, de una pandemia de intensa agresividad; hasta el estallido de una guerra en Europa, con episodios intermedios igualmente inquietantes –por ejemplo, la erupción de un volcán, entre otros–. Y, también en ese problemático contexto, la idea de España que se tiene en Europa y en el mundo se ha visto fortalecida gracias a la constante labor de Moncloa: el país, como interlocutor sólido, como aportador de líneas de trabajo, como innovador en planteamientos concretos –el acuerdo ibérico energético, por ejemplo–, con una presidencia que se ha desplegado interna y externamente. Y a la que se le disculpa poco o nada desde unos medios de comunicación que, o están claramente escorados hacia la derecha y la extrema derecha, o se han instalado en un “estupendismo” –disculpen la licencia– pretendidamente equidistante que ofrece una vía más a la tergiversación.

Se han exigido respuestas expeditivas: recuérdense las vacunas. Se anunciaron. Generaron desconfianza y fomentaron incluso comentarios que trataban de ridiculizar al gobierno. Pero las vacunas llegaron en los plazos comunicados: mejora sanitaria, tranquilidad económica, con un enorme esfuerzo del sector público, tanto en el ámbito administrativo como en el aplicativo en hospitales y centros de salud por parte de un personal entregado y, en algunas regiones –el ejemplo de Madrid es elocuente al respecto–, poco atendido. De nuevo: datos, datos, datos.

Pero, ¿cuál es el estado de ánimo que se está instalando? Es la visión catastrofista, comunicándose que se asiste a un cambio de ciclo. Pero, he aquí la paradoja, en el que los datos reales de la economía, en su conjunto, no invitan al pesimismo. Se advertirá que se han producido errores y que todo es muy mejorable. Este argumento –junto al que afirma que el gobierno comunica mal– constituye el discurso de manual: cuando se han iniciado proyectos, se dice que llegan tarde o que son insuficientes; cuando esos proyectos no calan, se asevera que se han comunicado de manera deficiente.

No creemos que sean los resultados económicos los que fallan. Deben existir otras claves que expliquen el desánimo y la desafección de la gente, más allá de la economía. Porque familias, empresas, individuos, se han visto beneficiados de las medidas descritas antes: imposible mejor comunicación. Busquemos la estupidez en otros lares.

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Una nueva globalización: economía en guerra

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Un museo industrial en Inca (Mallorca), uno de los mejores de Europa

            Uno de los premios EMYA, del Foro Europeo de Museos, ha recaído en el Museo del Calzado y de la Industria, ubicado en Inca. Es una gran noticia, por varias razones: porque se avala un proyecto museístico modesto, pero firme en sus objetivos; porque enlaza con todo un distrito geográfico del calzado, un sector histórico de la industrialización balear; porque expone, con máquinas, muestras, paneles, objetos, fotos y explicaciones, una trayectoria sectorial, manufacturera, que parecía olvidada; porque proporciona un espaldarazo a un equipo de dirección y a los apoyos del consistorio. Y, en fin, porque pone un epicentro preciso: premiar un museo que recoge una experiencia industrial, que fue decisiva para Inca y el Raiguer, generando los iconos esenciales de la revolución industrial: la formación de un empresariado conectado con los mercados externos; y la génesis de una clase trabajadora que consagró esfuerzos y luchas para mejorar las condiciones de vida. Aquí también hubo burgueses y obreros: no lo olvidemos.

            El tema presenta otras derivadas. Primera, Baleares contó con experiencias industriales que supusieron, en muchas décadas, más del 40% del PIB insular, y cerca del 45% en la vertebración de la fuerza de trabajo. Unas islas en cuyas exportaciones las manufacturas suponían cerca del 60%, en términos de valor, aglutinando tejidos de lana, de algodón, calzado, trabajos de piel, agroalimentación –harinas, conservas vegetales, básicamente–, jabón e incluso objetos derivados de la metalurgia ligera. Todo un mosaico muy completo de un proceso de desarrollo industrial que colocó al archipiélago entre las cinco regiones líderes en renta per cápita, antes de 1960, según estudios ya publicados hace tiempo por la Fundación BBV y el equipo de investigación en historia económica de la UIB.

            Una segunda derivada es relevante. El éxito del museo de Inca demuestra que respetar y recuperar el patrimonio industrial de las islas proporciona réditos: de carácter cultural –la reivindicación de un pasado excesivamente ignorado–; la articulación de trabajos vinculados a la industria cultural, con posibilidades pedagógicas y turísticas; el conocimiento de una historia local cuyas características se asemejan a lo acontecido en otras regiones europeas, con la proporción de informaciones micro-sociales sobre trabajadores y empresas; y, en el caso concreto de Inca y el Raiguer –pero extensible a otros sectores manufactureros–, la visión del trabajo femenino, capital para el desarrollo industrial de la zona.

            La tercera derivada es también importante. Existen en Baleares restos patrimoniales de un pasado industrial que –insistimos– fue más sólido de lo que siempre se ha pensado: Sóller, Pollensa, Felanitx, Manacor, Maó, Alaior, Ciutadella, por citar algunos focos de desarrollo manufacturero que fueron claves en sectores como el textil, la industria vinícola, el calzado, los trabajos de madera, los bolsos de plata, las conservas de frutas y verduras. Recuperar esos vestigios no es una quimera. Un Museo de la Ciencia, parecido al de Cataluña, sería una opción estratégica. Ha habido intentos al respecto. Se debería perseverar.

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Impuestos, Estado y economía ¿liberal?

Recurriendo a los clásicos de verdad

Estado mínimo, reducción de impuestos, des-regularización de los mercados financieros, flexibilidad del mercado laboral, despido libre, libre circulación de capitales… Éstas son premisas básicas de una economía neoliberal. Sus defensores subrayan las bondades de un sistema de estas características, capaz, dicen, de proporcionar bienestar generalizado e, incluso, reducir las desigualdades. E, incluso, controlar la inflación. Una idea casi virginal de la actuación de los agentes económicos: todos trabajan con información simétrica en mercados abiertos, en igualdad de condiciones, sin cortapisa alguna por parte de los poderes públicos, observados como nefastos para el desempeño de la economía. Un individualismo a ultranza; la semblanza del hombre hecho a si mismo a costa del esfuerzo, del sacrificio y del egoísmo.

Los apóstoles de estos programas tienen referentes teóricos potentes. La escuela austríaca –Von Misses, Hayek– serían los profetas esenciales –Schumpeter es otra cosa: su realismo chocó mucho con los apologetas del mercado–, seguidos muy de cerca por Milton Friedman y la poderosa escuela de Chicago. Pero la visión más liberal de la economía remite, igualmente, a la economía clásica: aquí se invoca de forma recurrente a Adam Smith y David Hume (en tal aspecto, es muy recomendable la lectura del reciente trabajo de Dennis C. Rasmussen, El infiel y el profesor, Arpa Ideas, Barcelona, 2018). La riqueza de las naciones es un libro de cabecera, del que se extraen aquellos párrafos que se presumen elocuentes para defender las prácticas que se desarrollan: librecambio, división del trabajo, mano invisible que regula los mercados, egoísmo acendrado de los agentes. Pero nulas referencias a algo que tenga que ver con comportamientos éticos o morales, aspectos ambos que sí preocuparon mucho a Adam Smith, pero que se omiten de manera deliberada.

Debe recordarse que Adam Smith publicó dos libros clave: La teoría de los sentimientos morales La riqueza de las naciones, por este orden. El primero, poco citado en las Facultades de Economía, se adentra en los principios de la moral: la moralidad, dice Smith, deriva de los sentimientos más que de la razón. Y en tal contexto cita cuatro elementos esenciales en su teoría moral: la simpatía, la utilidad, la justicia y la religión. Baste con exponer que el economista escocés es contrario a las premisas de Thomas Hobbes y Bernard Mandeville, en el sentido de que todos los actos, todos los sentimientos, se explican mediante el egoísmo. Según Smith, la justicia es la única virtud indispensable para el sustento de la sociedad: es el armazón sin el que todas las piezas caerían al suelo. Y la corrección de todas las dislocaciones económicas y sociales deben ser asumidas por los gobiernos.

Cuando se escuchan declaraciones impetuosas sobre la necesidad de bajar impuestos, contraer la función de los gobiernos, cerrar fronteras o poner altos aranceles a productos externos, ideas que vemos en dirigentes políticos españoles, deberíamos remitir a estos ignorantes a los clásicos. Que los lean. Y que no traten de engañarnos haciendo uso en vano de sus palabras. Pero algo más deben leer.

Leer los datos tributarios

En efecto, persiste la idea, entre el conservadurismo económico, que deben bajarse los impuestos. Últimamente, se aduce que esto, además, mejoraría la inflación. Esta tesis se reitera, una y otra vez, sea cual sea el escenario en el que se mueva la economía. El mensaje es siempre el mismo, inerme: bajen los impuestos, y esto ya resolverá buena parte de los problemas que tenemos. Sin embargo, se constata una curiosidad: cuando esas fuerzas políticas, defensoras a ultranza de la reducción impositiva, llegan al poder, su actuación suele ser muy distinta. Entonces, la tributación se sube, como aconteció en España con el gobierno del presidente Rajoy; o en comunidades autónomas regentadas por la derecha. Se arguye entonces que las herencias recibidas han obligado a tales movimientos. Excusa inútil, cínica: los que denunciaban el desastre económico en la oposición y señalaban que con las bajadas de impuestos el problema se resolvería, no pueden argumentar ignorancia cuando acceden a la dirección efectiva de la economía. Lo sabían. Pero la deriva a la que se está llegando ahora es ya de traca: el PP indica que de cada cien euros que se ponen en gasolina, 57 van a parar al gobierno central (en concreto: al presidente Sánchez, esa es la literalidad).

Pero veamos datos y argumentos. Primero: más de la mitad de la recaudación sobre carburantes –el ejemplo que ahora se invoca por parte de las fuerzas conservadoras– se dirige a las comunidades autónomas. Item más: el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales, según se establece en el modelo de financiación autonómico desde 2008. Es decir, los recursos recaudados no van a nadie en concreto; se canalizan hacia las haciendas autonómicas, incluyendo naturalmente las del PP. Segundo: España recauda menos que otros países europeos por cada litro de gasolina o de diésel que se compra. Muy cerca, por tanto, de los mínimos armonizados por la Comisión Europea. En el conjunto de la Unión, estos impuestos superan generosamente los 57 euros. Tercero: el conjunto de la fiscalidad tiene destinos específicos. La pregunta clave es para qué sirven los impuestos. Y sirven para todo eso que se suele valorar en momentos difíciles: la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras, la investigación, las ayudas a colectivos vulnerables y a empresas. Aspectos, todos ellos, que han aparecido con fuerza desde la pandemia, y que vuelven a aflorar a raíz de las consecuencias económicas de la guerra. Cuarto: la fiscalidad progresiva se encamina hacia la justicia redistributiva. Esto se vio desde 1945 hasta 1980, tanto en Estados Unidos como en Europa, con gobiernos demócratas, republicanos, socialdemócratas y conservadores, con tipos marginales en la franja más elevada de la renta del orden del 80%.

En etapas de elevada incertidumbre y recesión, todo el mundo mira al sector público para solventar los problemas que los mercados no atajan. Pero toda esa capacidad, tangible, efectiva, como se ha demostrado y se está viendo, es posible porque existen ingresos tributarios. Los partidos con vocación de gobierno no deberían caer en el populismo retórico con este tema. Porque, entre otras consecuencias, les costará cuadrar las cuentas si gobiernan.

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El documento económico del PP

            Se ha conocido hace pocos días un documento propositivo sobre política económica del PP. Es una buena noticia. Y lo es porque parece que se han dejado de lado las boutades, las salidas de tono y los mensajes simplistas, a parte de un posicionamiento frontal a todo lo que provenga del gobierno, aunque lo que éste proponga sea razonable. Esperemos que esto sea así. Resulta curioso que acabe siendo noticia algo que debería ser un modus operandi normalizado: la valoración de las formas –la presentación de un documento formalizado con propuestas–, frente a la crispación y la ira que se han destilado durante demasiado tiempo.

            Sin embargo, el eje medular del texto conservador es de trazo grueso: la bajada de impuestos, aunque existan pinceladas más finas sin excesiva concreción. Una posición que no se encuentra en la línea de lo que instituciones como el FMI están diciendo. Hace apenas una semana, Gita Gopinath, la número dos de dicha organización, ha sido tajante: no es aconsejable que España baje los impuestos. La declaración está en sintonía con lo que el último informe del FMI expone, y que ha comunicado su máxima dirigente, la economista Kristalina Georgieva, toda vez que “hay que hallar dónde se encuentran los recursos para compensar a quienes más han sufrido” con la crisis. El texto del FMI, trabajado a fondo por su equipo técnico, subraya otro factor: España será el país de la UE que va a mantener un mayor crecimiento económico, frente a los problemas, por ejemplo, que se apuntan para Alemania, dada su dependencia del gas ruso.

            Pero sigamos con documento del PP:

  1. Contraer impuestos para frenar la inflación va a mejorar el consumo y, por tanto, tirará hacia arriba el PIB. Pero también los precios, de manera que esas medidas, destinadas a atajar la inflación, la acabarán potenciando.
  2. Las medidas suponen una pérdida de recaudación del orden de, como poco, 10 mil millones de euros, que se trasladarán a las economías públicas regionales, competentes en servicios sociales estratégicos. Fiarlo todo a un crecimiento potencial se ha revelado erróneo: los ejemplos de historia económica son ilustrativos al respecto. La tensión en las haciendas autonómicas puede acabar con una subida de impuestos: hay ejemplos.
  3. La bajada de impuestos se debería compensar con otros ingresos, o con recortes en servicios públicos. Los números no cuadran si no se hace así. Surgen nuevos interrogantes: ¿de dónde procederán esos ingresos? ¿qué arquitectura fiscal se propone? ¿es razonable mezclar los fondos europeos en todo esto, con la complejidad de los calendarios y los grados de ejecución? ¿qué se puede recortar?

Dos consideraciones finales. Primera, el gobierno debe atender este documento, para apreciar si puede asumir algunos de sus enunciados. Segunda: el PP debe explicar más y mejor, con mayores concreciones, los postulados que ha expuesto, ya que se persiste en propuestas que, en algunas partes, siguen siendo etéreas, poco o nada específicas. El Libro Blanco de la Fiscalidad (800 páginas y decenas de expertos en su elaboración) debería ser una buena guía para el equipo del presidente del PP y sus seguidores autonómicos.

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¿A dónde van los impuestos?

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Nuevas perspectivas económicas

Todo previsible: las instituciones y el gobierno modifican sus perspectivas macroeconómicas. La situación de incertidumbre y de cambios abruptos en la economía mundial impone esos movimientos. El FMI ha comunicado nuevos escenarios, en los que destaca la todavía alta fortaleza –a pesar de la situación– de la economía española, la que se prevé que más va a crecer en el conjunto de las economías más avanzadas. Esta visión se ha puesto, negro sobre blanco, en el último informe del Fondo, y en boca de sus principales dirigentes. El replanteamiento del gobierno se alinea, incluso con décimas inferiores, a lo publicado por el FMI y el Banco de España, entre otras entidades. El nuevo escenario expuesto por la Vicepresidenta Nadia Calviño: crecimiento del PIB del 4,3% (4,4% según el FMI; 4,5% para el Banco de España). Una previsión mucho más cautelosa que, en función de las evoluciones que se conozcan, deberá recalcularse. Igual que van a hacer todos los gobiernos y entidades. Nada de particular: no puede ser esto –no debería serlo– una munición objetiva para desgastar al Ejecutivo.

El crecimiento del 0,3% –dato del INE– en el último trimestre considerado, inferior a previsiones anteriores, ha incitado a muchos voceros conservadores a advertir de la falacia de la economía española, ignorando las enormes sacudidas que está generando la guerra de Ucrania, la huelga de los transportistas, los efectos del omicron y los cuellos de botella en los abastecimientos de mercancías. No se comenta que, para idéntico período, la Eurozona ha crecido el 0,2% –según Eurostat– es decir, por debajo del guarismo español: el problema es, pues, general. Todo incide en una tensión inflacionista que se ha revelado, en el último mes, algo menor de lo anunciado: en España, del 9,8% a poco más del 8%, gracias a las medidas que se han ido tomando. La tesis del gobierno –en línea parecida al FMI y al Banco de España– es que, a pesar de esa voluptuosidad de los precios, éstos cerrarán el año con una tasa que rondará el 6%, tras una desaceleración prevista de la inflación en el segundo semestre del ejercicio.

Las fortalezas de la economía española residen en tres pilares básicos. Uno: las entradas turísticas, con indicadores de clara recuperación. Dos: la evolución de las inversiones y sus efectos de multiplicadores fiscales. De hecho, España ya ha solicitado a Bruselas el segundo desembolso NGEU, por valor de 12 mil millones de euros, siendo el primer país que lo hace. Una noticia positiva. Los problemas: el retraimiento del consumo –la inflación incide en esto–, que está generando una enorme bolsa de ahorro embalsado con incrementos notables de los pasivos bancarios (30 mil millones en 2021, sumados a los 60 mil millones de 2020, y creciendo, según FUNCAS). Se aletargan decisiones de consumo e inversión: una masa de dinero que va a actuar como colchón para futuras iniciativas, tanto para empresas como para particulares, cuando las noticias puedan ser más tranquilizadoras. Y el tercer pilar: el mercado de trabajo, con un positivo comportamiento del empleo; ERTE’s y préstamos ICO, responsables. Controlemos, pues, la visceralidad informativa.

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