BLOG DE CARLES MANERA

Los datos recientemente publicados por el INE constatan una variación anual en octubre del 5,5% en la evolución del IPC. Esto está generando alarma e incluso mensajes que rozan el catastrofismo. La realidad es que el nivel de incertidumbre en el que se mueve la economía en estos momentos es elevado, con causas directas tanto en el proceso de la pandemia como en otros aspectos de índole más material. Entre estos, se enumeran la evolución de los precios en el mercado eléctrico, la desarticulación del transporte marítimo –que contribuye a retrasar la llegada de pedidos–, las escaseces en inputs productivos más relacionadas con la distribución que con la producción, y el incremento de la demanda energética de China, entre otros elementos que parecen ser relevantes en este contexto.

Ahora bien, ante esta situación parece exagerado hablar de estanflación (estancamiento + inflación) en el escenario actual, por un motivo clave: estamos en crecimiento económico –y nada despreciable según todos los analistas: no hay, pues, estancamiento– con una inflación que supera ligeramente el 5%. Todo muy alejado de las caídas brutales del PIB e inflaciones de dos dígitos –incluso con cifras próximas al 25%– de los años setenta, con incrementos notables en la desocupación. En tal aspecto, el FMI indica que el 2021 se va a cerrar con tasas de crecimiento económico cercanas al 6% con una inflación que “no está fuera de control”, en palabras de Gita Gopinath, economista-jefa del FMI, en recientes declaraciones. El mensaje, contundente, debería invitar a un mayor sosiego, que no es sinónimo de despreocupación.

Si ese movimiento alcista de los precios es transitorio, como señalan tanto el BCE como el Banco de España y el FMI, cabe pensar en factibles incrementos en la demanda, espoleada por la política económica de estímulos tanto en la inversión como en la proporción de liquidez. Los signos que invitan a pensar en esto son evidentes, en el caso de España: reducción en la tasa de paro –así se recoge en la reciente EPA, con aumentos significativos en la afiliación a la Seguridad Social–, mantenimiento de los ERTE –del orden de unos doscientos mil, con reducciones tangibles en los últimos meses, exponente de que mucha fuerza laboral retorna a una cierta normalidad– y contracción en los pasivos bancarios –la gente empieza a gastar y reduce su ahorro acumulado–. Estos tres vectores infieren una expansión del gasto privado, una mayor capacidad de consumo que, sumada a la política fiscal, refuerza la expansión de la demanda agregada.

Estas reflexiones no pretenden minimizar la importancia del dato de la inflación. Nos encontramos, como decía, en unas coordenadas de incertidumbre –que pueden corregir las proyecciones del crecimiento, como de hecho ya está sucediendo–. Pero resultaría un grave error que el temor a una inflación que está controlada –según apreciaciones fundamentadas del FMI, entre otras entidades– nos pudiera llevar a aquellos “miedos a los mercados”, que a veces aparecen de manera recurrente, para tentar la posibilidad de eliminar unos estímulos económicos que están resultando determinantes para la recuperación de las economías.

            El camino a los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se desbroza. Se han llegado a acuerdos importantes entre los socios de la coalición, con un desenlace clave: unas cuentas expansivas, de perfil social y con un claro componente inversor. Los fondos europeos engrasan las partidas en más de veinticinco mil millones de euros, con apuestas esenciales en campos determinantes, como la digitalización y la des-carbonización energética. La economía más ortodoxa y los partidos que la avalan (PP, Cs, la ultraderecha) han puesto el grito en el cielo, tildando de intervencionistas tales números: una posición muy difícil de entender en el contexto europeo, cuando además palestras significativas liberales, como The Economist o el Financial Times, junto al Fondo Monetario Internacional, están por una expansión inequívoca del gasto público. La contrapartida es invariable para el conservadurismo político y económico: bajar impuestos y flexibilizar mercados. Lo vemos en comunidades autónomas gobernadas por el pacto de la derecha con la ultraderecha. Pero esas voces advierten sobre hecatombes futuras, con los PGE 2022: deuda, déficit e inflación.

En primer lugar, no existen razones importantes para determinar que inversión y gasto van a causar inflación, siempre y cuando la economía disponga de recorrido para crecer, es decir, no esté funcionando en toda su capacidad disponible. Hacer inversiones que amplíen la economía por su perfil estratégico no debe causar inflación, en confrontación con las inversiones que solo colocan dinero en una economía llamemos estática. Las primeras inversiones lo que hacen es ampliar el pastel en lugar de aumentar el dinero en un pastel ya existente.

En segundo término, las inversiones públicas a largo plazo, orientadas por visiones de carácter estratégico (netamente transformadoras), tienen mayores efectos multiplicadores, con la creación de impactos intersectoriales. Hablamos de inversión pública estratégica, planteándose respuestas a retos concretos, como el cambio climático, la transición energética y la diversificación económica. En tal sentido, los gobiernos no deben actuar solo como correctores de los llamados errores de mercado, sino que han de tener la audacia de perseguir la creación de nuevos mercados y, por tanto, de valores también nuevos. Pasar del gobierno entendido como prestamista de última instancia, a la idea medular de que es el inversor de primer recurso.

Los gobiernos inducen e invierten en el sector privado; por tanto, no sería desaconsejable que esa inversión pudiera tener algún retorno, algún rédito, en función de las acciones o de la cuota inversora. Esos retornos podrían utilizarse para financiar nuevas innovaciones en el futuro. Nada es gratis. Los gobiernos deben marcar sus reglas del juego, sus exigencias ante su planificación inversora que redunda en el tejido privado, cuando se trata de subvencionar, ayudar o rescatar empresas e incluso sectores casi enteros. Entre estas exigencias, cabe citar formar a los trabajadores, más inversión privada en I+D y reducir impactos ambientales. La inversión pública, herramienta decisiva para la recuperación económica: bienvenidos sean estos presupuestos. Los números que defienden la derecha y la ultraderecha sabemos el desenlace que tienen, lo vimos en la Gran Recesión: recortes, paro, desigualdad. Una lección que debe tenerse bien presente.

¿Queremos una sanidad pública de calidad? ¿Deseamos una buena educación pública? ¿Pretendemos unos servicios sociales públicos, próximos a la ciudadanía? ¿Buscamos infraestructuras adecuadas para las necesidades de nuestros entornos? Si usted ha respondido que sí a estos interrogantes, entonces se le debe informar que se necesita dinero –y no poco– para cubrir esas demandas. Los servicios esenciales de un Estado del Bienestar, la gran conquista de la Europa post-bélica, requieren de importantes recursos. Y éstos provienen, básicamente, de la capacidad recaudatoria de los Estados, a parte de los procesos de endeudamiento de los mismos. Desde 1945/1950, la presión fiscal creció en Europa y en Estados Unidos para culminar objetivos esenciales: apuntalar las recuperaciones económicas atrasadas y desarrollar políticas públicas de mejoras sociales.

Los tramos de renta más elevados tuvieron, en las economías occidentales, una presión fiscal entre el 60 % e incluso el 85 %, según investigaciones recientes de Thomas Piketty y Branko Milanovic. Todo con gobiernos liberales, conservadores, laboralistas, demócratas y republicanos: sin excepción. El crecimiento económico no se resintió; se creció con fuerza, tanto en Europa como en Estados Unidos y Japón, al tiempo que se mejoraban sustancialmente las condiciones de vida de la población. Mayores infraestructuras «silenciosas» de todo tipo: sanitarias, educativas, formativas, de investigación, sociales; al lado de las infraestructuras físicamente más visibles: carreteras, edificios, autopistas, puentes, estaciones. Subir impuestos fue crucial para establecer estos fundamentos que, sobre todo en la vieja Europa, conocemos; el caso de Estados Unidos es diferente: desde los años 1980, el tipo fiscal más elevado se ha ido reduciendo hasta llegar a poco más del 20 %. Ricos más ricos; la potente clase media formada desde 1945, en declive. Los datos tampoco mienten en este sentido, y pueden consultarse tanto en las bases del FMI como del Banco Mundial.

Cuando hoy se prometen rebajas de impuestos como el gran frontispicio de la acción en política económica, junto a la flexibilización de los mercados, quienes hacen tales propuestas deben explicar, claramente, dónde activarán la tijera. Con menos ingresos, la capacidad de acción en políticas públicas se reduce: lo vimos durante la Gran Recesión, con contracciones estrepitosas de los ingresos tributarios, que redundaron en problemas para cuadrar las cuentas públicas. Porque no se puede afirmar, de manera tan frívola, que se reducirán los impuestos a la vez que se mantendrán los resortes básicos del Estado del Bienestar. Esto no es posible; más aún: nunca ha sucedido en la historia económica. Si los proponentes asumen que reducirán impuestos, y ello comportará ajustes presupuestarios en el capítulo de gastos, y lo dicen, el anuncio es honesto. Pero si se trata de cuadrar círculos, haciendo creer que se dispone de una capacidad técnica mágica, eso tiene un nombre: engaño.

Los equipos económicos que proponen tal dislate deben esforzarse para ser más convincentes. Porque un anuncio electoral es gratis; su aplicación, sin recortes, imposible.