Encarando bulos: mejora la deuda española

            Los debates políticos encienden soflamas. Algunas, insostenibles: por falsas. Lo hemos visto en los últimos días, cuando se han lanzado, desde el espectro conservador, diferentes afirmaciones que no se sustentan sobre análisis serios. Recordemos: las rebajas de impuestos junto a las promesas de incrementar gastos e inversiones y, a su vez, reducir deuda y déficit, se han convertido en un clásico de esas promesas imposibles. Desvelar cada una de esas falacias y comentarlas resultaría prolijo, y extenso en demasía. De hecho, ya lo hemos desarrollado en otras columnas, en este mismo espacio. Por ello, nos centramos en un factor que se suele invocar como elemento desestabilizador de la economía española: la deuda pública. Se advierte que es excesiva. Que no puede mantenerse en el tiempo. Que conduce al precipicio. Sin negar la preocupación que debe tenerse sobre este crucial indicador, se debe tener en cuenta esencialmente su relación con el PIB, con la evolución del crecimiento de la economía. Es así como se mide de forma homogénea la deuda sobre el PIB –un cociente– para realizar comparaciones internacionales, al margen del volumen de esa deuda. Veamos datos recientes.

            La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), acaba de publicar sus estimaciones sobre la deuda pública española: la ratio se situará entorno al 109% sobre el PIB en cierre 2023. Desde una cima importante alcanzada en 2021 (más del 112%), por los impactos de la pandemia, la economía española ha ido reduciendo esa relación de la deuda sobre el PIB más de tres puntos, según las previsiones de AIReF. La causa: el crecimiento económico, que ha sido robusto y superior al resto de la Eurozona, según datos de Eurostat y de la propia Comisión Europea.

            Ahora bien, la emisión de deuda debe sufragarse. Los cálculos del citado organismo independiente remarcan que, en el ejercicio 2023, el tipo medio de emisión se ubicará en el 3%, con un gasto en intereses del 2,9% en 2026. A su vez, la emisión a corto plazo de la deuda se ha materializado en la adquisición de Letras del Tesoro por particulares (aumento espectacular en menos de un año). Las cifras presentadas no son catastróficas, aunque como es evidente resultaría mucho mejor no engordar los costes financieros. Pero ello nos lleva a otra derivada: endeudarse ¿para qué? Las respuestas a este interrogante definen la mayor o menor bondad del destino de la deuda contraída. En tal sentido, las consecuencias derivadas de la crisis vírica y el estallido de la guerra de Ucrania han supuesto mayores esfuerzos para el gobierno. Ha tenido que hacer frente a encrucijadas tremendas: vacunas, garantizar puestos de trabajo, ayudas a empresas, rebajas fiscales, subvenciones… Todo esto, que se ha podido materializar, no surge de un milagro económico: lo hace de los ingresos, vía impuestos. Y vía deuda: aquí se coagula su bondad. En suma, muy alejado de la visión catastrófica que, una vez más, se vendió desde una tribuna, por parte de un candidato a presidir el gobierno. Pongamos números contrastados, rigurosos, antes que falacias. La buena información frente al libelo, al bulo.

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Democracia económica para un capitalismo cambiante

Vivimos una situación de emergencia. En el terreno económico, la inflación está desballestando muchas costuras del tejido social, del propio tejido económico. Las guerras en Europa y en la franja de Gaza, con la tensión implementada en los precios de la energía, está contribuyendo de manera decisiva a que eso sea así. A que observemos, muchas veces impotentes, un estado económico cuyas esquirlas sociales se están trasladando al propio estado de ánimo de la población y de los agentes económicos y sociales. Los datos económicos disponibles para Europa y para España, en términos generales, no son negativos: las cifras del mercado laboral, las de crecimiento económico o las de recaudación fiscal, son indicativas de que no nos encontramos, por el momento, en una fase de estanflación. Ni en un estado de apocalipsis económica, como determinados medios y analistas están divulgando. Sólo emerge, y no es poco, el alza de unos precios, cuyo abordaje se está trabajando desde la Unión Europea y desde el gobierno de España.

Este contexto ha hecho que economistas de distinto signo, inquietos por la situación, traten de dar respuestas. Son conocidos ya los debates en blogs y artículos de prensa entre Larry Summers, Olivier Blanchard y Paul Krugman en relación al impacto de la inflación sobre la economía americana. Un debate que se extiende a Europa. Pero igualmente son conocidas aportaciones muy recientes, en forma de libros, por parte de economistas también de renombre, que van más allá del tema trascendental de la evolución de los precios, para exponer sus planteamientos con una óptica más genérica: la evolución del capitalismo como sistema económico.

Entre estos economistas destaca la figura del historiador económico francés Thomas Piketty. Este autor advierte de un aspecto sobre el que otros economistas también han incidido: la formación de ese necesario Estado del bienestar desde 1945, los denominados “gloriosos treinta años”, se truncó con la revolución conservadora de la década de 1980. Esta se tejió de la mano del monetarismo de Milton Friedman, premio Nobel de Economía de 1976 y del ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Se conocen los desenlaces: des-regulaciones, reducciones de impuestos a los más ricos, privatizaciones, rigideces presupuestarias, han guiado la economía mundial y las enseñanzas de la economía como disciplina académica.

            Para armar esa democracia económica, la visión de Piketty se alinea con un federalismo europeo, que defiende la mancomunidad de la deuda soberana de los países de la Unión Europea, la urgencia para que paguen los que más tienen –y que suelen eludir su responsabilidad fiscal evadiendo capital hacia paraísos fiscales, tal y como han constatado las investigaciones de Gabriel Zucman–; y, a la vez, hace una seria advertencia: sólo con fórmulas de gobernanza pero, al mismo tiempo, de contundencia política, los más ricos –ese uno por ciento que se detalla en las estadísticas oficiales, que detenta el grueso de la riqueza mundial– se avendrán a pagar lo que les corresponde por justicia social. La democracia económica.

            Pero no solo es Piketty quien reflexiona sobre esta trayectoria del capitalismo. En libros recientes, Joseph Stiglitz (que nos habla de un “capitalismo progresista”) y Branko Milanovic (que nos ilustra sobre un “capitalismo popular”) nos han obsequiado con visiones de gran interés. Su conclusión es clara. Si las desigualdades no están hoy a los niveles del siglo XIX se debe a los impuestos y a los sistemas de reparto que todavía mantenemos del “capitalismo socialdemócrata”.

El problema es que estas dos herramientas se han quedado cortas en el mundo globalizado. Entre la globalización, que se llevó a muchos puestos de trabajo fabriles; y los cambios tecnológicos, que descentralizaron los procesos, la unión de trabajadores “sindicalizados” bajo un mismo techo es toda una rareza hoy. Piketty, Stiglitz y Milanovic proponen vías comunes para encarar el grave problema de la desigualdad, aunque reconocen las dificultades al respecto: mejorar notablemente la calidad de la educación pública para reducir la brecha con la privada de élite; y volver a gravar las grandes herencias para fomentar la movilidad social de los menos afortunados. Educación, fiscalidad y control de los capitales: una trilogía esencial.

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La resiliencia de la economía regional de España. Trabajo de investigación publicado en The Annals of Regional Science

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Tremendas idioteces y retrocesos

            Si alguno de ustedes quiere adquirir una vivienda o comprarse un coche, no tendrá más remedio que endeudarse. Difícil que usted disponga de dinero fresco, contante y sonante, para pagar al contado esos bienes. Seguramente, adquirirá usted algún bien cuyo valor total está muy por encima de sus ahorros y, obviamente, de sus ingresos. Pero ello no evita que usted, con buen criterio, tras realizar las cavilaciones que crea convenientes y prudenciales, acabe por contraer una hipoteca o una deuda. Esto, que resulta tan obvio para la economía privada –y que nadie discute–, funciona también en la economía pública: para impulsar planes de inversión u otros componentes del gasto público, las administraciones deben recurrir a la deuda. El monto de las operaciones a realizar es descomunal: se impone acudir al crédito. Obviedades difíciles de cuestionar.

Sin embargo, algún lumbreras, que ostenta un cargo de importancia en el principal partido de la derecha –ni más ni menos que vicesecretario de Economía–, nos advierte que no se debe gastar más de lo que se ingresa y que, además, el sector público ha de actuar como lo hacen las familias. Presumiendo que éstas no se endeudan. La retórica es de una demagogia ignorante, que ya roza la idiotez, en el sentido helénico del concepto; esto no es un insulto sino una descripción: la desatención de los asuntos de la comunidad porque se vela por intereses propios. Ni la economía privada ni la pública podrían hacer frente a sus decisiones de inversión y de gasto público sin el crédito: sin la deuda.

Y siguiendo con las idioteces, vean otra monumental, auspiciada precisamente por el gobierno griego, conservador como el conspicuo aprendiz de economista citado antes: la aprobación de la jornada laboral de 13 horas diarias (ocho en una jornada “normal”, más cinco en otro empleo). La laminación de derechos laborales quiere hacerse efectiva políticamente, en un país en el que es moneda corriente la existencia de economía sumergida y las horas extras no declaradas. Una elusión al fisco en toda regla, una trampa más, como la que se urdió por un anterior gobierno conservador heleno, falseando la contabilidad con la ayuda inestimable del grupo Goldman Sachs y promoviendo la durísima intervención de la economía griega durante la Gran Recesión.

Se alzan voces que defienden cosas parecidas: está visto que el reino de los idiotas es inconmensurable. Lo hemos visto igualmente en un miembro de una patronal española de la hostelería, que defendía esa intensidad del trabajo –de hasta 12 horas diarias, “media jornada” según su acepción laboral–. O el empresario australiano que ha señalado que existe arrogancia en la clase trabajadora, deduciendo que es por las conquistas alcanzadas, por lo que, viene a rubricar, se debe volver a ese “ejército de reserva” laboral que tense los salarios a la baja y que ponga contenciones a las reivindicaciones laborales.

Pero en el mundo capitalista –entre sus defensores liberales–, existen otros postulados: inteligentes. Por ejemplo, los de Martin Wolf en su último libro (La crisis del capitalismo democrático, Deusto, 2023). En las antípodas de los idiotas.

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La fuerza del trabajo

            Una importante huelga se ha convocado en Estados Unidos, desde un sector industrial tradicional de su economía: la del automóvil. Más de 140 mil trabajadores, con un epicentro en Detroit, y con peticiones relevantes, como el incremento del 40% del salario, el mismo que se han subido los directivos de las principales empresas del sector. El tema está generando inquietud en los dirigentes económicos norteamericanos, toda vez que, se indica, la progresión del conflicto puede abrigar una recesión en la economía de Estados Unidos. Y extenderse a todo el mundo. Se ha evaluado un primer impacto de la huelga: cerca de seis mil millones de dólares, en las primeras dos semanas.

            Las reclamaciones de los trabajadores de Detroit y de otros centros productores no es descabellada, aunque a primera vista parezca excesiva. Los beneficios en la industria del automóvil en Estados Unidos han aumentado en los últimos años, y ello ha promovido la repartición de dividendos y de bonus a gerentes y directivos de esas firmas. Los trabajadores exigen incrementos similares en sus salarios, siendo su base de cotización mucho menor que la de sus jefes y directivos. El tema nos remite a un aspecto determinante: los fenómenos de redistribución de la riqueza que se va generando. Y, al mismo tiempo, nos sitúa en otro debate de profundidad en las organizaciones empresariales: la participación de representaciones sindicales en los consejos de administración de los consorcios. Esto, que ya es moneda corriente en países del norte de Europa –incluyendo Alemania–, tiene por el momento un difícil encaje en el interior del capitalismo norteamericano –y, cabe señalar también, en países del sur de la Unión Europea–.

            De alguna forma, ese planteamiento más participativo de los trabajadores en los órganos de dirección y decisión de las empresas rompe con el esquema que diseñó Milton Friedman, premio Nobel de Economía, máximo exponente de la Chicago School, y gran inspirador de la política económica desplegada en el Chile de Pinochet: las empresas solo deben preocuparse por ganar el máximo dinero posible –independientemente de cómo lo hagan–, y repartir dividendos a sus accionistas. Cualquier acción social, al margen de ese cometido central, es considerado como un lastre para el desarrollo empresarial. Ya no digamos si, además, para Friedman, en el seno de la dirección se escuchan voces de sindicalistas. Vade retro.

            La importancia de la participación sindical en economía se ha demostrado en la práctica en casos de economías regionales. Los más ilustrativos: los italianos y algunos alemanes, por recordar solo pocos ejemplos. Aquí, la desindustrialización y caída de la renta se pudo atajar con mecanismos de colaboración público-privada y con el concurso de la administración. Emilia Romagna, Marche, Toscana –la lista se puede extender– constituyen muestras significativas: distritos industriales en los que trabajadores, empresarios y políticos colaboraron empáticamente, y levantaron las economías en declive. Un modelo de planificación económica, estratégica, con la visión puesta en el mercado; también en la corrección de los desequilibrios. Para aprender.

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El precio del calor

            El incremento de las temperaturas tiene costes económicos. Este aspecto agudiza la situación de incertidumbre económica. Científicos sociales y experimentales están trabajando, desde hace años, sobre el tema. Los resultados son inquietantes e inducen a pensar seriamente en la introducción de parámetros biofísicos y ambientales en el despliegue de las políticas económicas de los gobiernos.

En un reciente estudio del Joint Research Centre de la Comisión Europea (Garcia Leon, D., Casanueva, A., Standardi, G., Burgstall, A., Flouris, A. y Nybo, L.: Current and projected regional economic impacts of heatwaves in Europe, NATURE COMMUNICATIONS, ISSN 2041-1723, 12 (1), 2021, p. 5807, JRC120759.  https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120759), las conclusiones a las que se llegan son ilustrativas. El calor extremo socava la capacidad de trabajo de las personas, lo que supone una menor productividad y, por tanto, menor producción económica. En esta investigación, se analizan los daños económicos presentes y futuros debido a la reducción de la productividad laboral causada por el calor extremo en Europa. Para el estudio de los impactos actuales, el objetivo se centra en las olas de calor que ocurrieron en cuatro años recientes, anormalmente calurosos (2003, 2010, 2015 y 2018). El análisis se contrasta, además, con datos correspondientes al período histórico 1981-2010. En los años seleccionados, los daños totales estimados atribuidos a las olas de calor ascendieron a entre el 0,3% y el 0,5% del producto interior bruto (PIB) europeo. Sin embargo, las pérdidas identificadas fueron en gran medida heterogéneas en todo el espacio y mostraron impactos consistentes en el PIB superiores al 1% en las regiones más vulnerables.

Las proyecciones futuras indican que, para 2060, esos impactos podrían aumentar en Europa casi cinco veces en comparación con el período 1981-2010, si no se toman más medidas de mitigación o adaptación. Ello sugiere la presencia de efectos más pronunciados en las regiones donde ya se han producido estos daños. De hecho, la aseguradora Allianz Trade evalúa en una pérdida de 0,6 puntos al PIB mundial, como consecuencia de la ola de calor. Los bancos centrales están, a su vez, estudiando seriamente las evidentes externalidades del cambio climático, con proliferación de estudios al respecto y posicionamientos macroprudenciales sobre el tema (véase, en relación al Banco de España: https://www.bde.es/wbe/es/areas-actuacion/sostenibilidad/informacion-institucional/banco-espana-y-cambio-climatico/).

En paralelo, un informe del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España (https://adaptecca.es/sites/default/files/documentos/impactosyriesgosccespanawebfinal_tcm30-518210_0.pdf) se detallan impactos cruciales sobre vectores concretos: recursos hídricos, desertificación y suelos, ecosistemas terrestres, agricultura y ganadería, medios marino y urbano, costas, salud humana, energía, transportes e infraestructuras y turismo. Una agenda muy completa. El tema preocupa y ocupa. Solo negligentes e ignorantes se empecinan en negarlo.

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Antropoceno económico

Las condiciones meteorológicas extremas que hemos experimentado recientemente son solo un suave signo de lo que podría estar por venir. Pero creo que tenemos tiempo, un tiempo que deberíamos dedicar a enfriar el planeta para hacerlo más robusto.

JAMES LOVELOCK

Contra los negacionistas del cambio climático

            La emergencia climática tiene manifestaciones cada vez más evidentes e inquietantes. El Mediterráneo ardiendo sería el cuadro más próximo geográficamente, con incendios descontrolados que se explican por las elevadas temperaturas –totalmente inusuales, superiores a los 42 grados–. Pero también observamos afectaciones durísimas en Estados Unidos, con masivos incendios y riadas; y en Asia, donde se han alcanzado temperaturas de 50 grados en regiones de China. Esta nueva era se ha bautizado con el nombre de Antropoceno, con un inicio que puede datarse a principios del siglo XVIII, cuando a partir de la máquina de vapor de Thomas Newcomen –que luego perfeccionó James Watt– se adquirió la capacidad de transformar el mundo físico a escala muy amplia (sobre todo esto: James Lovelock, Novaceno. La próxima era de la hiperinteligencia, Paidós, Barcelona, 2021).

            El concepto Antropoceno se utilizó por vez primera en los años ochenta por Eugene Stoermer, ecólogo que estudió el impacto de la contaminación industrial sobre la fauna y la flora de los lagos que actúan como frontera entre Canadá y Estados Unidos. Se extendió su formulación, desde la década de 2000, con los trabajos de Paul Crutzen, premio Nobel de Química en 1995. Su conclusión fue que la actividad humana estaba teniendo efectos negativos muy directos y que, además, podían extenderse a nivel global. El concepto plantea cuestiones de gran relevancia; la más importante: ¿cómo encajamos los humanos en la red de la vida? Una red que se sustenta en la noción de una “naturaleza barata”, bajo el prisma de que la suma de actividad de la acción humana y la naturaleza infiere una crisis planetaria. Diríamos que es una aplicación de la “ley del valor” del capitalismo, que se sustenta sobre qué priorizar en esa red de la vida. Ya sabemos la elección: la sobreexplotación de los recursos no renovables –fósiles y minerales (Antonio Valero-Alicia Valero, Thanatia. Los límites minerales del planeta, Icaria, Barcelona, 2021)–, sin tener en cuenta para nada los principios esenciales de la física termodinámica, que matiza de manera notoria la noción mecánica de la newtoniana (una detallada visión de todo esto en: Michio Kaku, La ecuación de Dios, Debate, Barcelona, 2022).

Debe recordarse, sin embargo, que unos años antes, en 1972, se publicó el primer Informe Meadows, que instaba a repensar el crecimiento económico –abogando por el crecimiento cero–, y atendía a las consecuencias que ya se determinaban en el planeta por la acción económica del hombre y, sobre todo, por la voracidad en el consumo de combustibles fósiles. Este trabajo, coordinado por la bióloga Donatella Meadows, del MIT, exponía diferentes posibles escenarios a partir de la simulación informática del programa World3. Advertía que, incluso en el menos lesivo, era imperioso trabajar en una nueva dirección en la economía, para evitar dos consecuencias: el aumento de la contaminación atmosférica y la acumulación imparable de residuos.

La tesis del equipo de Meadows se calificó como neomalthusiana, al establecer relaciones directas entre crecimiento económico, avance demográfico e impacto ecológico. Una progresión geométrica en la población que no se correspondía con la existencia de unos recursos escasos, no renovables y, por tanto, finitos (Donatella Meadows et alter, Los límites del crecimiento, Aguilar, Madrid, reedición de 2012). Un torpedo en la línea de flotación de la ortodoxia económica que, poco después de la publicación del texto, se concentraba en rebatir la curva de Philips y, por extensión, las políticas keynesianas –una oportunidad de oro para los monetaristas–, y establecer directrices estrictas frente a los procesos de estanflación que se estaban alumbrando. Nacía un nuevo marco, la era neoliberal, que recuperaba liturgias fallidas del patrón-oro, emergía con fuerza, y suponía un estímulo para la economía más desarrollista en el plano físico, haciendo caso omiso a las contribuciones recogidas por el equipo de científicos dirigidos por Meadows.

Antropoceno: el contenido del concepto

Queremos decir con ello que ya existía, antes de la patente del concepto Antropoceno, una noción clara de que los fenómenos naturales que se podían detectar y estudiar por parte de físicos, biólogos, naturalistas y climatólogos, se estaban descontrolando o incrementando en sus indicadores básicos –la temperatura, el número de incendios o de tormentas agresivas y desproporcionadas, entre otros– por un agente causal: la actividad económica humana. La profesión de los economistas ha llegado relativamente tarde a todo esto, en contraste con las contribuciones de los científicos experimentales. La termodinámica no operaba en las mentes de los economistas, insertos en una ontología en la que los recursos parecían infinitos y las consecuencias del crecimiento económico desparecían en la naturaleza. Por eso, sabemos que esta tesis del crecimiento cero fue mal recibida y criticada por la economía académica, que vio en ella la pretensión de buscar un crecimiento de carácter estacionario, similar al que describían los economistas clásicos y, especialmente, el que relataba Thomas Malthus. Esa “ciencia lúgubre”, calificativo preciso del filósofo Thomas Carlyle para definir la economía como disciplina.

Ahora bien, la teoría del crecimiento cero tuvo mayor difusión de la que sus detractores esperaban; pero siempre se consideró una excentricidad. El Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), una entidad impulsada por las Naciones Unidas, con un importante elenco de científicos y científicas de todas las disciplinas, acotaba más las previsiones de Meadows y aportaba diferentes baterías de datos y argumentos. Pero el núcleo del relato era el mismo: el hombre, como primordial generador de las tangibles externalidades ambientales que se estaban provocando por el excesivo consumo de combustibles fósiles. En definitiva, por los modelos de crecimiento expansionistas, cuanto a la utilización de recursos no renovables y la emisión de gases contaminantes y residuos.

            La idea del Antropoceno ha estado, por tanto, presente, aunque su formulación explícita llegara en la década de 1980. En todos los ejemplos expuestos, un hilo los articula: la noción de aceleración, vinculada a la velocidad y a la expansión, aspectos que afectan tanto a la combustión del carbón en una máquina de vapor, al desarrollo extraordinario de la electrónica o al crecimiento demográfico desde la primera revolución industrial, por citar solo algunos ejemplos de los muchos que pueden invocarse. Dos indicadores son inquietantes y esclarecedores, según el físico Lawrence Krauss (El cambio climático, Pasado&Presente, Barcelona, 2022).

Primero: la abundancia de carbono en la atmósfera antes de la industrialización era de 600 mil millones de toneladas, a las que se han añadido, a fecha actual, 500 mil millones de toneladas más ya en la era antropocénica. De persistir el ritmo de emisiones hasta 2100, se sumarían un total de 2,2 billones de toneladas adicionales a la atmósfera. Y segundo, esto infiere el aumento del nivel del mar a largo plazo de unos 25 cm, que incluye la fusión de las capas de hielo. Si las emisiones de CO2 prosiguen al ritmo actual, el aumento que podemos esperar es, según Krauss, de un metro, aproximadamente.

            Susan Solomon, química atmosférica del MIT, una autoridad mundial en las consecuencias del cambio climático, ha trabajado con datos climáticos que se remontan a 1800, con previsiones hacia el 3000. La conclusión más importante es que el rápido aumento de temperatura que se ha producido con la imparable emisión de CO2 en los últimos cincuenta años se detiene cuando cesan las emisiones. Pero, en cambio, la temperatura no disminuye durante los siguientes mil años, a pesar de que las concentraciones de CO2 van disminuyendo. Dos factores deben destacarse. El primero es que los océanos tardan en mezclar y equilibrar el calor adicional que se ha ido acumulando en el planeta por el efecto invernadero. Por tanto, los océanos se seguirán calentando tras el cese del calor adicional, mientras que los continentes almacenan menos calor y se enfrían más rápidamente. El segundo elemento a subrayar, para Solomon, es la urgencia en seguir trabajando para enfriar el planeta: sus conclusiones, lejos de ser un argumento disuasorio para luchar contra el cambio climático, es un acicate para combatirlo, desde la confianza en la aportación de la tecnología y, al mismo tiempo, del comportamiento de consumidores y productores (Susan Solomon, “ Risks to the stratospheric ozone shield in the Anthropocene”, Ambio, 50, 1, 2021).

Combatir la deliberada ignorancia con datos

            Existe una bibliografía apabullante sobre el tema del cambio climático y el Antropoceno (véase el reciente libro de Dipesh Chakrabarty, El clima de la Historia en una época planetaria, Alianza Editorial, Madrid, 2022, con amplísimo contenido bibliográfico). Es decir: no puede argumentarse ignorancia alguna ante los avances científicos sobre el tema. Porque los trabajos disponibles no solo tienen un radio de acción estrictamente científico o académico: existen ya múltiples productos editoriales que comunican las encrucijadas que se abren con el cambio climático, cuyas consecuencias ya no son simples enunciados teóricos, sino que tienen claramente traslaciones prácticas, visuales, explícitas: la explosión de incendios desaforados, lluvias torrenciales, incrementos en las temperaturas, representan claros exponentes de un grave problema, generado por la actividad económica humana, que no debería ser ignorado y mucho menos rechazado por los representantes políticos.

            De hecho, el Antropoceno, que obedece a una visión más “física” del problema ambiental, ha permitido otras derivadas y conceptos, como el de Capitaloceno, formulado por vez primera en 2009 por el ecólogo Andreas Malm (Andreas Malm, Capital fósil, Capitán Swing, Madrid, 2020), que se ha expandido a partir de los trabajos del historiador y geógrafo Jason Moore (entre otros: Jason Moore, El capitalismo en la trama de la vida, Traficantes de Sueños, Madrid, 2021). Aquí, se amplían las coordenadas, a pesar de que esto ha generado debates de profundidad. En síntesis: entender el capitalismo como una manera de organizar la naturaleza, una digamos “ecología-mundo”, que vertebra la acumulación de capital, la búsqueda del poder y la producción de la naturaleza en sucesivas evoluciones históricas. Infiere cambios biosféricos entendidos como transformaciones antropogénicas. Una nueva era ecozoica: un término bautizado por el historiador Thomas Berry en 1992, caracterizado por la noción consciente del problema ecológico por parte de la humanidad, que se opone a la era tecnozoica o etapa de máxima explotación de los recursos del planeta. Del desinterés a la preocupación. A la inquietud.

            El concepto y la idea del Antropoceno se va a quedar entre nosotros, porque tiene la potencialidad científica para exponer, holísticamente, las grandes transformaciones que se han producido desde el ensamblaje, en 1712, de la mítica máquina de Newcomen. Y, en efecto, las capacidades explicativas radican en una metodología transversal de la ciencia, en sus vectores distintos: ciencias sociales, ciencias experimentales, perspectivas históricas, un nudo del que emanan nudos conductores hacia diferentes disciplinas, como la física, la química, la economía, la biología, etc.

            Los economistas debemos tener las antenas bien dispuestas para leer, estudiar y sistematizar aportaciones de otros colegas –procedentes de las ciencias experimentales; pero no solo de ellas–. Porque la sinergia entre todos es lo que está permitiendo avanzar en el conocimiento de las características de esta nueva era antropocénica. Esto debería estar mucho más presente en las enseñanzas de la Economía en nuestras Facultades. Y debería estar en el frontispicio de los programas de los políticos.

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Turismo: la ruta expansiva

            El nuevo Ejecutivo balear indica sus preferencias en la economía turística: levantar las medidas de contención, emanadas durante las legislaturas del gobierno anterior. El grueso de esas medidas concentraban esfuerzos en una moratoria para nuevas plazas turísticas, habida cuenta que las existentes –unas 450.000– son ya apabullantes. Pero, en paralelo, otra iniciativa aprobada por el gobierno de izquierdas se está replanteando para ser derogada: la limitación al número de cruceros –tres al día, en estos momentos–. Simplificando, la deducción de únicamente estas dos actuaciones previsibles –al margen de otras– supone una apuesta por ampliar el número de visitantes a las islas. Es decir: crecer en cantidad. Todo en un contexto en el que voces autorizadas, desde el terreno científico, advierten de las dificultades que generarían los incrementos de las temperaturas en el panorama turístico, en forma de una reducción de visitantes.

Poner más leña en la caldera puede tener sendas consecuencias: más plazas, más gente, más incremento demográfico, en un caso. O, en otro: más plazas… pero con menos visitantes por las condiciones climáticas, con lo que la construcción de nuevas infraestructuras turísticas sería, entonces, otro gran derroche inmobiliario y, por extensión, económico. Cuidado, pues, con el principio de incertidumbre. Es curioso que esta visión expansionista del gobierno conservador se avenga poco con manifestaciones de importantes hoteleros, que defendían, no hace mucho, la necesidad de regular y dosificar las plazas turísticas. Declaraciones aparentemente preocupadas por la masificación del destino balear. El contrapunto lo ofrece la Federación Hotelera que, por boca de su presidenta, ha aplaudido el giro copernicano del gobierno conservador. Se ha pasado de asentir las iniciativas del pasado gobierno de izquierdas –muy generoso con el empresariado hotelero–, a denostarlo en público y abrazar, en pocas horas, la ruta de siempre: crecer sin cortapisas. Ah, esa noción acrítica del concepto de libertad. Sintonía perfecta entre el Ejecutivo de la presidenta Prohens y la principal patronal turística. La ruta de siempre.

En el contexto: narrativas retóricas que urgen a preservar el medio ambiente. Inquietud teórica sobre el cambio climático, que imbuye la elaboración de planes poco conocidos de circularidad económica. Un relato forjado en conceptos reconocibles, a veces vacuos. Superados con las nuevas propuestas: real politik para contentar a los grupos empresariales, otrora –¿recuerdan los tiempos pandémicos?– proclives a la intervención pública en la economía, pero ahora, ay, defensores de la libertad de actuación en un mercado con cada vez más congestión en aquellos espacios litorales, objetos de deseo del turismo de masas que busca alicientes.

Más plazas, más pernoctaciones, más visitantes es una ecuación que se cerrará con más efectos-llamada demográficos. En definitiva: más gente en las islas. El denominador –la población–, en aumento; frente a un numerador –el PIB– que crece, pero menos. Con un cociente claro: una renta per cápita en descenso.

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Turismo: hablemos del cambio de modelo

            Las advertencias en cuanto al impacto del cambio climático sobre el turismo son reiteradas. El aumento de las temperaturas en el sur de Europa, y en el área mediterránea con cabeceras turísticas esenciales, como Balears, sugiere que los potenciales turistas dejarán de venir a esos destinos históricos ante un clima excesivamente caluroso y hostil. El diagnóstico sobre el tema está avalado por investigaciones solventes. La llamada de atención, intensa y amparada en datos, recuerda los augurios que se hicieron en la década de los años setenta acerca del calentamiento del planeta y de la necesidad de reducir de manera drástica el crecimiento económico.

            Ahora bien, la siguiente fase, entrelazada con la que hemos descrito –la diagnosis–, debe abrir nuevas perspectivas para la política económica. Cómo encarar un problema –cambio climático y turismo– que, en su epicentro, infiere un tema central: transformar el modelo productivo. En los últimos años, se ha hablado y escrito mucho sobre este aspecto y sus derivadas, e incluso se ha cuestionado esa denominación (“cambio de modelo”). Esto último es de menor enjundia. Porque, dígase como se diga, el hecho es que si aceptamos, como indica la ciencia, que los incrementos de las temperaturas van a incidir sobre el comportamiento del turismo de masas en aquellas zonas más afectadas por ese malestar climático, lo que se dibuja es evidente: reorientar la actividad turística y diversificar el tejido productivo en las regiones altamente especializadas en esa “industria invisible”. Y es en este punto donde se crujen las costuras.

            Un cambio en la pauta productiva de una economía supone costes de transición: no son costes cero. Se requieren esfuerzos, públicos y privados, si lo que se persigue es atajar los problemas detectados y ofrecer otras vías de crecimiento y desarrollo. En estos escenarios, las posiciones pueden polarizarse. Por un lado, quienes creen que el diagnóstico de la amenaza climática, sin negarlo, no es tan negativo como se pregona, de manera que se puede seguir trabajando el día a día, sin pensar en nada más que en los números de la próxima temporada turística. Por otra parte, quienes pretenden cambios rápidos, casi abruptos, con la argumentación –que es real– de que el tiempo se va agotando ante el avance del cambio del clima. En medio de ese fragor se suelen encontrar los policymakers, los que deben activar las políticas y aportar soluciones.

            Un cambio de modelo no se hace ni por decreto ni por un alud de voluntarismo. Se ejecuta a través de la gobernanza y con liderazgo explícito, con planificación estratégica, con inversiones: públicas y privadas. El mercado solo puede actuar en negativo, al adaptarse a un retroceso turístico por causas climáticas. El cortoplacismo es el primordial talón de Aquiles de la economía turística. Esto incide sobre gestores públicos y empresarios, instalados en el expansionismo cuantitativo del modelo, a pesar de que se puedan hacer ejercicios voluntariosos de preocupación ecológica. Ante lo que se presume como futuro, se impone hablar, sí, de cambio de modelo. O éste lo hará el mercado: sin más.

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Financiación autonómica y fiscalidad

            Un reciente análisis de la Generalitat de Catalunya sobre la liquidación del modelo de financiación autonómico correspondiente al ejercicio 2021, y que se ha liquidado en 2023, ofrece resultados de interés. En primer término, la capacidad tributaria de las regiones arrojan cifras que ya conocíamos: Madrid, Balears y Catalunya encabezan el mayor esfuerzo per cápita (la media nacional es 2.679 euros, y el dato para Balears es 3.248 euros). Se persiste en una tendencia que se ha visto en años anteriores, de tal manera que las regiones más “ricas” –pongámoslo así– aportan más per cápita al sistema. En segundo lugar, si pasamos ahora a los recursos que se perciben, siendo la media nacional de 2.910 euros per cápita, Balears clava el dato: está en esos 2.910 euros per cápita, es decir, está en la media, ocupando el puesto 9 sobre el conjunto de las regiones, por delante de Catalunya, Madrid, Canarias, Andalucía, Murcia y País Valencià.

            El modelo aprobado en 2008 –y que se debería haber renovado en 2014–, prueba, una vez más, que Balears ha llegado al objetivo que se planteó en las islas desde la sociedad civil –con el Cercle d’Economia como pivote básico– hasta el propio Parlament: estar en la media de financiación per cápita. Llevamos ya varios años, con ligeras oscilaciones, en ese estado: siempre muy cercanos o superando, incluso, esa media nacional. Esto ha permitido obtener recursos importantes para la economía pública balear, en fases de expansión de nuestra economía, cuando se han generado incrementos en las recaudaciones fiscales (particularmente, en el IRPF y en el IVA). Y todo esto, junto a otros vectores de ingreso, se ha traducido en asignaciones presupuestarias más expansivas, particularmente en sanidad y en educación.

            No sabemos cuándo se abrirá el melón de la nueva financiación. Pero lo que está claro –los números de los últimos años son elocuentes, tanto los de Fedea-CSIC, como los de la Generalitat de Catalunya o los del Ministerio de Hacienda– es que la negociación de Balears debe partir de una premisa diferente de la que partimos en 2007, cuando iniciamos las negociaciones del modelo: ya estamos en esa media. Y, desde ahí, debemos mejorar.

            En tal sentido, trabajar en la ordinalidad del modelo –que es complejo– deviene una línea estratégica a seguir: estar en la segunda posición por aportación y en la novena por recepción, debería ajustarse. Esto junto a la incorporación de otros parámetros de medición: el coste que la población flotante supone al sistema público de salud balear. Pero, atención, no será una buena estrategia presentarse al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) reclamando más dinero si, en paralelo, se reducen las posibilidades de ingresos fiscales por rebajas de impuestos. Eso no se aviene con la corresponsabilidad fiscal. Y, de no cumplirse con los parámetros exigidos en el CPFF, las regiones afectadas deberán hacer un plan de ajuste. Que suele pasar por subir o crear algún nuevo impuesto. Esto se sabe. Se conoce. El discurso de contraste está hecho: “usted me pide más recursos, pero recorta los que podría obtener vía tributaria”. Atentos a todo ello.

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