Los recursos son escasos en el momento actual. Se me dirá que siempre ha sido así, y suele ser verdad. Pero, en otros momentos, la falta de recursos inmediatos, corrientes, se podía paliar por una política de crédito más expansiva. Ahora, todo resulta más difícil. El Govern se ha encontrado con una situación financiera muy débil: la deuda pública prácticamente se ha duplicado, pasando de 4.500 millones de euros en 2011 a casi 9.000 millones en 2015, y la evolución de la recaudación no es todo lo boyante que muchas veces se ha anunciado.

Las herencias económicas son siempre consustanciales a quien deja de gobernar, y se invocan con reiteración por parte de los nuevos gobernantes. Lo vimos, de manera sobreactuada, con el PP en la pasada legislatura, dando a conocer situaciones financieras catastróficas que rozaban la quiebra técnica. Se habló, incluso, de que no había dinero para pagar las nóminas…todo un cambalache dialéctico para justificar, posteriormente, recortes drásticos en los servicios públicos. Las nóminas no estaban en peligro, como no lo están ahora. Pero las herencias sí que persisten. Y una de ellas es el acuerdo de la carrera profesional, entre el Govern del PP y los sindicatos profesionales y los de clase.

La nueva administración ha comprobado la dramática anemia de las arcas públicas. El papel lo aguanta todo: uno puede firmar, en época pre-electoral, lo que quiera para ganarse colectivos concretos; incluso, si me apuran, puede registrar ese acuerdo en un documento contable, y realizar cambios en las asignaciones presupuestarias. Pero lo que uno debe preguntarse es si, efectivamente, habrá dinero contante y sonante para cubrir ese compromiso escrito: si la Tesorería de la comunidad tiene la fuerza suficiente para sufragar nóminas, gastos corrientes, gasto de inversión y reivindicaciones salariales, siempre muy lícitas y que nadie pone en discusión.

Ante esto, no parece descabellado que quien gobierna fije prioridades, y las haga públicas: indique qué es lo primero que piensa abordar, con la escasez de recursos existente, y qué calendario ofrece a las decisiones siguientes. No es tan insensato lo que ha dicho en tal sentido la presidenta Armengol: en ningún caso se han ninguneado las peticiones sindicales o se han negado taxativamente; se han modulado en el tiempo, que es algo distinto, y en función del presupuesto real disponible. Se ha dicho que el Govern debe sacar el dinero de donde sea para cumplir con el compromiso del Ejecutivo anterior. Bien: véase el presupuesto, y dígase qué partidas deben ser más recortadas para cumplir con ese compromiso. Pero no es ni procedente ni educado que se hable del bosque de Sherwood para descalificar a una presidenta que ha marcado unos objetivos inmediatos que se centran en ayudar a los colectivos más vulnerables –sin descuidar en su momento a los otros– y, sobre todo, me parece poco razonable políticamente que determinados sindicatos se mezclen con los corporativos, a menos de cien días de la entrada del nuevo Govern, para implementar una política de acoso a la que, por lo visto, suelen sumarse cada vez que se gobierna desde la izquierda.