No hemos salido completamente de la Gran Recesión, al menos en la Unión Europea y, de forma particular, en el sur de Europa. Los datos macroeconómicos son engañosos: aportan cifras de un crecimiento económico que corre paralelo a un estado de deflación, de receso de la demanda. Sin pulsación plausible en los mercados laborales.El PIB sigue siendo el gran referente, junto a otros principales indicadores: el déficit y la deuda. Ambos siguen en situación preocupante, según los parámetros establecidos por la Comisión Europea y la cancillería alemana. Los últimos datos conocidos señalan que España deberá recortar un mínimo de 12.000 millones de euros en 2016, si quiere cumplir con los requisitos de déficit. Esto es lo que  va a reclamar Bruselas a Madrid. Y esto es, justamente, lo que Madrid ha prometido que hará, por boca de la vicepresidenta en funciones: vean, por tanto, lo que nos espera. Parece ser que no va a haber transigencia ante esto. Los recortes (o las subidas de ingresos) se harán presentes tras los grandes «pantallazos»de las elecciones, con sus retahílas de promesas, muchas de ellas de difícil cumplimiento.

Si esto acaba siendo así, la economía pública deberá ajustar todavía más sus renglones, y ello va a afectar de manera directa tanto a la administración central como a los gobiernos autonómicos. Sanidad, Educación, servicios sociales, van a ser, de nuevo, los grandes damnificados, junto a la inversión. Ello tiene una derivada clara: los efectos multiplicadores del gasto público serán muy reducidos, desde el momento en que se contraigan las asignaciones a partidas que actúan como motores de recuperación, toda vez que afectan de manera directa a la demanda agregada. El corolario es claro: una reducción de la capacidad de crecimiento y la antesala a una nueva crisis, que será más tangible, a mi entender, en 2017.

Sólo un cambio en el recetario europeo puede eludir ese tránsito de penuria que se cierne sobre los sectores sociales más vulnerables, que cada vez son más extensos, incluyendo la otrora robusta clase media. Los economistas tienen una función trascendental: su capacidad de asesoramiento, de generación de discurso y de relato, de confirmación de políticas económicas, pueden orientar en otra dirección la hoja de ruta de la política pública. Enrocarse en las vías ya reveladas como fallidas, lo único que impulsa es el aceleramiento de la recesión y la imposibilidad de su superación. Sólo por pura y dura ideología.