Desde este espacio, he defendido desde hace mucho tiempo la debilidad –incluso la inexistencia– de la recuperación económica en su total sentido: ésta será efectiva cuando impregne igualmente el mundo del trabajo. Por el contrario, informaciones oficiales y de opinión, enaltecen el final de la Gran Recesión, con fechas más que discutibles. Se ha vuelto a una reedición de la euforia económica, algo difícil de explicar con las variables disponibles.

En tal sentido, algunos economistas avanzan argumentos. Unas posiciones destacan: la de Janet Yellen, expresidenta de la FED norteamericana, contraria a los posicionamientos de Donald Trump que ponen en entredicho las medidas dinamizadoras del crédito iniciadas por Bernanke con el estallido de la Gran Recesión; la de Mario Draghi, poderoso líder del BCE, que acarició hasta hace muy poco tiempo la idea de ir retirando gradualmente las compras mensuales de deuda pública para regresar, tras los datos macroeconómicos disponibles, a una posición todavía expansiva. Pero la política monetaria está cerca del agotamiento. Tipos nominales y reales de interés cercanos al cero no están ejerciendo un estímulo plausible en las inversiones privadas, hecho que comporta la mayor segmentación de la zona euro en dos mitades clamorosas: un norte ya recuperado –con Alemania a la cabeza–, y un sur con severas dificultades –siendo Grecia su ejemplo más dramático, pero no el único: Italia, Portugal y España siguen manteniendo profundos problemas en sus mercados de trabajo, datos que se sumergen ante las cifras macroeconómicas–.

Tal situación, comprobable con las estadísticas oficiales, está obligando al FMI y al BCE a considerar subidas salariales como fórmula efectiva para reactivar la demanda agregada. Una heterodoxia en toda regla que obedece, no hay que engañarse, a la evidente preocupación por mantener la estabilidad no sólo económica, sino también política. Lo ha dicho varias veces Draghi; lo rubrica Lagarde al señalar que los países más “saneados” se adhieran a una política de crecimiento de rentas del trabajo, subiendo los salarios. Se han presentado investigaciones recientes –recogidas sintéticamente en el Financial Times–: concretamente, una firmada por los profesores Alan Auerbach y Yurly Gorodnichenko, de la Universidad de Berkeley, indica que se abren márgenes para evitar las crisis incrementando el gasto público.

Ante esto, las recetas del mainstream más extremo sostienen: la rebaja de impuestos. La medida es recurrente, porosa, electoralista: agrada a todo el mundo. Nadie se opondría a tal planteamiento, si supone no eliminar ninguna de las prestaciones a las que se hace frente con los impuestos. Prometer reducciones en la presión fiscal constituye el frontispicio para algunas opciones políticas. Trump, por ejemplo, acaba de aprobar un obsceno recorte impositivo que afectará a las rentas más altas de Estados Unidos, bajo el pretexto, indemostrable, de que bajar impuestos a los ricos estimula el crecimiento económico y, por tanto, la recuperación de la recaudación. El anuncio de la Casa Blanca motivó advertencias por parte de cinco ministros de Hacienda europeos, toda vez que las medidas de Trump mermarán acuerdos comerciales. Cabe recordar que esta idea ya fue aplicada por Reagan en la década de 1980, con resultados calamitosos: incrementos brutales del déficit público y aumento enorme de la deuda. Esto es lo que va a pasar en la economía americana en los próximos años: caída de ingresos tributarios, junto a una expansión del gasto en partidas específicas, como las militares. Porque el enorme recorte de impuestos que pagarán las empresas, del 35% al 20%, dejará un agujero presupuestario monumental. Y recortes sociales y ambientales. De hecho, la nueva administración Trump ya ha eliminado normativas relacionadas con el medio ambiente o la protección de los recursos hídricos.

Idéntica posición, en el campo tributario, tienen formaciones políticas europeas que preconizan un recorte de impuestos como medida activadora de la economía. Pero sin acertar a definir cómo sufragarán las partidas para mantener los servicios sanitario, educativo y asistencial. Es como si pudiera cuadrarse un círculo. La presión fiscal en Estados Unidos –volvamos allí– es de las más bajas del mundo; y en Europa, la correspondiente a España no es de las más elevadas en la Unión Europea, en comparación con Alemania y Francia. A su vez, el gasto público en España está igualmente por debajo del implementado en los países europeos más importantes. Con estos mimbres, el cesto es claro: una contracción de la presión fiscal, tal y como se ha anunciado en Estados Unidos y se quiere implantar por parte de formaciones conservadoras en Europa, supondría lo siguiente. Primero: un mayor beneficio para las rentas más altas. Segundo: una caída de ingresos tributarios, toda vez que no existen demostraciones empíricas solventes que demuestren que bajar impuestos estimula la recaudación. Tercero: la reducción del gasto público, para hacer frente a la generación de déficits públicos relacionados con la caída de los ingresos. Cuarto: el incremento de la deuda pública.

Todo esto puede llevar a una triple crisis: social, de desigualdad y de medio ambiente, como ha rubricado en un reciente libro Naomi Klein (Decir no no basta, Paidós, 2017). Y a la aparición de una evidente distopía: la desaparición de factores de seguridad y de cohesión social. La previsión del futuro se puede abrir, entonces, a un escenario inédito.