En el año 2012, el Foro Initiative on Global Markets (IGM), un grupo de prestigiosas universidades de los Estados Unidos, divulgó una encuesta sobre diversos temas de política económica. Entre ellos, se les preguntó a 41 expertos sobre la relación implícita en la curva de Laffer. La pregunta fue la siguiente: ¿Una reducción de las tarifas del Impuesto a la Renta en este momento, logrará un incremento del ingreso en tal magnitud que provocará que la recaudación fiscal dentro de cinco años será mayor que bajo el escenario de no modificar nada? El 96% de académicos entrevistados estuvieron en desacuerdo que ocurra lo que la curva de Laffer pronostica. Prestigiosos académicos, como Angus Deaton, Daron Acemoglu, Emanuel Saez o Alan Auerbach, están en desacuerdo con la existencia de la curva en función de la evidencia que las investigaciones han mostrado. Barianne Bertrand, Darrel Duffie y Claudia Goldin han afirmado, en trabajos solventes, que no pueden tener certeza de la existencia de la curva.

Elisabeth Warren, precandidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, asesorada por economistas de Berkeley, propone algo diametralmente opuesto a las premisas de Laffer: una tasa anual del 2% sobre el patrimonio superior a 50 millones de dólares, lo que podría suponer una capacidad recuadatoria del orden de los 2,8 billones de dólares en una década. Por su parte, Jeremy Corbin ha propuesto tasas específicas para los más ricos en Reino Unido, con una perspectiva de recaudación que supera los 6.000 millones de libras.

Pero…¿qué ha pasado en España? Aquí se ha demostrado que la bajada de los impuestos que llevó a cabo el PP en el último tramo de la legislatura anterior solo ha logrado vaciar más la hucha del Estado. En 2014, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio un paso al frente al anunciar una reforma fiscal que giraba en torno a una bajada de impuestos, cuyo peso recaía en el IRPF, el que más impacto tiene en la vida de los ciudadanos y, el que más contribuye a la Hacienda. La reforma se haría en dos partes, una en 2015 y otra en 2016, y dejaría el tipo más bajo en el 19% frente al 24,5% que estaba en vigor hacía dos años, mientras que el más alto bajaría del 52% al 45%. Es decir, las rentas más bajas y las más altas serían las principales beneficiadas de una reducción que, según el gobierno, era posible hacer ante la mejora de la economía y el empleo.

Pero en 2016, con datos de recaudación fiscal en la mano, se puede afirmar que tal reforma no ha servido para mejorar la salud de las finanzas del Estado, pues las cifras que se publicaron fueron reveladoras. En enero entró en vigor la última fase de esta reforma y en abril los ingresos del Estado habían caído un 6,2% desde que empezó el año. En el apartado de IRPF, la recaudación bajó un 4,2% respecto al mismo periodo de 2014. Esta reforma fiscal comprometió el futuro económico de España, pues el déficit volvió a crecer en nada menos que el 15% en los cuatro primeros meses de 2016, cerca de 14.000 millones de euros, lo que equivale a un 1,25% del PIB. Y es la recaudación fiscal la principal culpable, pues ha tenido un efecto adverso en la deuda española.