La Comisión Europea ha señalado que la “economía azul” tiene un impacto sobre el empleo de unos 5,4 millones de puestos de trabajo, que suman un valor añadido bruto del orden de unos 500 mil millones de euros. Pero en los últimos tiempos otros factores deben sumarse. En primer lugar, los avances tecnológicos (que incluyen la robótica y la tecnología sumergible, de forma que se accede a operaciones que eran impensables hace tan sólo diez años). En segundo término, la mayor conciencia sobre la gran fragilidad de los ecosistemas marinos, provisorios de alimentos y de energía y, por tanto, la urgente necesidad de preservar estos recursos al máximo. Un tercer aspecto radica en los problemas que generan las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que incide en la búsqueda de ahorros energéticos en los transportes.

Estos elementos abren oportunidades nuevas para un “crecimiento azul”, que puede contribuir a mejorar la competitividad internacional de las zonas costeras de la UE en ámbitos diversos: nuevas actividades y nuevos nichos de ocupación, con la protección de la biodiversidad y del medio marino. La preocupación por el estado de océanos y mares ha aportado resultados satisfactorios en el campo de la ciencia, tal y como expuso hace pocos días el profesor Carlos Duarte en una magnífica conferencia auspiciada por la Fundación Marilles. Y con perspectivas optimistas, si se actúa con decisión en este nuevo universo de la economía azul. En el caso de Balears, cinco grandes grupos de actividad económica y de ocupación nuclean la noción de economía azul: la pesca, la acuicultura, el transporte marítimo de pasajeros, el transporte marítimo de mercancías y actividades anexas y, evidentemente, la economía turística. Pero existen más posibilidades, nucleadas en el entorno energético (pero no sólo a éste). Por ejemplo, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) realizó en 2011 una investigación sobre el potencial de la energía de las olas, señalando que Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias son las comunidades con mayores recursos, con cifras superiores a los 12 kW por metro; pero los datos de Baleares no son despreciables: una media de 5,11 kW/metro, superior a Andalucía, Valencia y Catalunya. Hay, pues, recorrido.

Para contextualizar todos estos datos, es imprescindible disponer de indicadores precisos que midan la evolución del capital natural marítimo. Esta va a ser una contribución decisiva de la Fundación Marilles y, junto a otros indicadores socio-ambientales, la aportación del Consell Econòmic i Social de Balears en el marco de la Euroregión mediterránea, con la participación de entidades sociales, cívicas y de investigación que están realizando trabajos esenciales para observar nuestra economía desde perspectivas no economicistas, pero cruciales para comprender mejor la evolución económica de Balears. El Mediterráneo como objetivo de análisis, abordado desde Balears, Catalunya y Occitània, con sus propias estructuras, pero con una hoja de ruta común. He aquí el reto que se abre, decidido y con ópticas positivas, en el futuro inmediato.