Siempre que se habla de crisis se habla también de oportunidades. Ya pasó en 2008-2009, a raíz de la Gran Recesión. Las medidas iniciales que se tomaron, de carácter neokeynesiano, permitieron salir técnicamente de la crisis –dos trimestres consecutivos ya con PIB en positivo– en los primeros meses de 2010. Luego, el cambio. Un giro más acorde con preceptos ideológicos que con la realidad económica: se agudizaron políticas de austeridad, se lanzaron mensajes torticeros contra los países del sur –siendo Grecia el principal objeto de todas las críticas y, por tanto, el alumno al que someter el mayor castigo– y se sacralizaron las reglas del déficit y de la deuda. Los bancos alemanes y franceses reclamaban sus préstamos, y ello sólo parecía posible con una política de ajuste durísimo hacia, sobre todo, las naciones más periféricas: las más endeudadas con ellos. Finanzas frente a políticas sociales. Mientras tanto, el sistema financiero se preservaba, inundándolo de dinero –en principio, no es negativo– pero sin normativas de retorno –lo cual ha acabado siendo un despropósito–. En paralelo, el BCE actuaba de manera timorata, en contraposición con la Reserva Federal: lejos de aportar liquidez a los mercados y de bajar los tipos de interés, el BCE optó por subirlos, constriñendo la transfusión de dinero.

¿Se ha aprendido de todo esto? La historia económica se invoca cuando la crisis aparece, para saber cómo se actuó en otras etapas; pero se olvida rápidamente cuando la tormenta ha pasado. Y esto es lo que está aconteciendo ahora mismo, de nuevo, en la Unión Europea. Estos días han proliferado encuentros entre los principales mandatarios europeos y entre sus equipos económicos. El contexto de tales reuniones no ha podido ser peor: unas declaraciones infaustas de Christine Lagarde, presidenta del BCE, negando la capacidad de actuación del banco central en la contención de primas de riesgo. Algo que Mario Draghi, su antecesor, tenía clarísimo, marcado a fuego: hacer todo lo que se tuviera que hacer para hundir la especulación financiera. El corolario de las palabras de Lagarde no se hizo esperar: desplome generalizado de los valores bursátiles, hundimiento económico que presagia una reedición de una nueva Gran Recesión. Los mensajes que la UE debería enviar, de manera nítida y sin paños calientes, se podrían centrar en unos ejes concretos, a la espera de otras derivadas posteriores que los gobiernos nacionales deberían implementar con la política fiscal.

En primer lugar, la flexibilización total de las reglas del déficit y de la deuda, es decir, aportar más sangre al enfermo –por la vía de permitirle mayores inversiones aunque se descuadren las cuentas– y no masacrarlo con sangrías de contención. En un momento como el presente, urge que los gobiernos nacionales no estén limitados de forma rígida con las normativas comunitarias, que analizan muchas veces más hojas de Excel que la realidad económica. En segundo término, proporcionar liquidez: persistir en las compras, por parte del BCE, de bonos de deuda pública (superar los 40 mil millones de euros al mes, volviendo a escenarios que diseñó el propio Draghi) y trasladar, normativamente, la necesidad de que los bancos comerciales abran las posibilidades de créditos blandos a pymes y familias. Estos días serán decisivos para las empresas: decidirán reducciones de plantillas o nuevas contrataciones; pero si el mensaje que se recibe es tibio, la incertidumbre se afianza. En tercer lugar, repensar el proceso, grave, de un endeudamiento público que es insostenible financieramente. Aquí el reto de la UE es clave. Y esta nueva crisis representa una oportunidad: aprender del pasado inmediato. Finalmente, activar, de manera tangible, un grueso programa de inversión pública dirigida a infraestructuras, investigación y desarrollo, energías renovables y lucha contra el cambio climático: cuatro ejes capitales para superar el hundimiento.