La llegada de 140 mil millones de euros a España desde Europa abre un panorama importante para la inversión pública y debe representar un acicate para la privada. La primera condición es que se deben aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Aquí nos hallamos ante un primer escollo determinante: el acuerdo parlamentario para aprobar esas cuentas. Esto, de producirse, supondrá un ejercicio crucial para reforzar la recuperación económica del país, con extensiones cruciales hacia las comunidades autónomas. Porque la aprobación presupuestaria abrirá las puertas al acceso regional a inversiones que sin duda son más perentorias que nunca. Pero ante esto el juego político se observa ya sin tapujos: se van a poner muchas piedras en el camino del Gobierno para que las cuentas públicas sean aprobadas. El desgaste al Ejecutivo tiene aquí una manifestación más: irresponsabilidad total.

Pero existe además otro aspecto a considerar: la capacidad de gestión de los fondos que lleguen. Aquí se abren tres apartados. Primero: se necesitan proyectos concretos, específicos, no teóricos, que se alineen con el Green New Deal. Es decir, perspectivas de inversión, por parte del Gobierno central y de los autonómicos, que enlacen con la movilidad, las infraestructuras, la tecnología, etc. que se refieran a actividades de des-carbonización de la economía. En otras palabras: plantear de forma gradual pero decidida, nuevos modelos productivos. Es la concreción de la teoría, del diagnóstico. Segundo: se impone celeridad en la administración de esos recursos, cuya ejecución y desarrollo serán vigilados por instituciones europeas. Esto infiere habilidad gestora, huida de la burocratización, eficiencia en la toma de decisiones. También en otra acepción: la existencia de un Estado emprendedor, en la línea que ha expuesto la economista Mariana Mazucatto. Es la reivindicación de lo público para espolear el tejido productivo. Tercero: relacionado con los dos anteriores, la voluntad y la responsabilidad de priorizar las inversiones. Este es otro de los desafíos clave en esta etapa que puede inaugurarse con la llegada de tantos fondos europeos. Los gobiernos deberán priorizar sus acciones, es decir, decidir en función de una planificación estratégica: objetivos, calendarios plurianuales, indicadores de seguimiento, asunción de responsabilidades. No todas las carteras ministeriales y autonómicas podrán tener la misma relevancia. Si se encajan los proyectos con la hoja de ruta marcada por la Comisión Europea, lo razonable es el marco estratégico del New Green Deal. Todo para conseguir economías de escala y de aglomeración: una mayor eficiencia y eficacia en la inversión pública, que debe actuar con efectos multiplicadores sobre la privada, multiplicadores verdes que hemos concretado en un reciente artículo (Carles Manera, “Los desafíos de la inversión para un nuevo crecimiento”, Temas para el Debate, julio-agosto 2020, núms. 307-308, sobre la base de: https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-a-post-pandemic-stimulus-can-both-create-jobs-and-help-the-climate.)