Hacia un orden nuevo

La crisis de la COVID-19 ha empujado, a pesar de las reticencias de los postulados convencionales en economía, hacia un orden nuevo que descansa sobre seis fundamentos:

  • Una política de estímulos fiscales,
  • La preocupación por la deflación,
  • La progresividad fiscal,
  • La regulación de los movimientos de capital,
  • La existencia de déficits públicos,
  • El incremento de la deuda pública.

La inquietud es la misma que presidió la revisión del paradigma del patrón oro en los años 1930. Entonces, las tesis de Keynes y de sus seguidores eran tesis tentativas, no probadas, que provocaban resquemor, como indica Zaharias Carter en su reciente trabajo sobre el economista de Cambridge (El precio de la paz, Paidós, Barcelona, 2021). Pero ahora ya tenemos suficientes pruebas empíricas para saber qué funciona y qué no. Y cuáles son las afectaciones sociales.

El desafío de los fondos europeos va a ser una prueba crucial, en un contexto de crisis. Recordemos que los principales determinantes de una recesión se hallan en la inversión y el consumo, y se derivan de cambios en la demanda agregada. Así, el efecto acelerador y el efecto multiplicador son los vectores que inician la recesión, debido al papel que juegan los componentes autónomos de la demanda agregada. Es decir, la inversión pública acaba induciendo la inversión privada y la demanda; su retroceso genera efectos negativos sobre el gasto privado y el consumo. Esto es lo que empíricamente demuestran estudios de investigación (C. Manera-F. Navinés-J. Pérez Montiel-J. Franconetti (2021): “Capital productivity and the wage share in the United States: a keynesian approach”, Journal of Post-Keynesian Economics, de publicación inminente). Los gobiernos inducen y también invierten en el sector privado; por tanto, no sería desaconsejable que esa inversión pudiera tener algún retorno, algún rédito, en función de las acciones o de la cuota inversora. Esos retornos podrían utilizarse para financiar nuevas innovaciones en el futuro. Los gobiernos deben marcar más sus reglas del juego, sus exigencias ante su planificación inversora que redunda en el tejido privado, máxime cuando se trata de subvencionar, ayudar o rescatar empresas e incluso sectores casi enteros. Entre estas exigencias, cabe citar formar a los trabajadores, más inversión privada en I+D y reducir externalidades ambientales. La inversión pública es una herramienta decisiva para la recuperación económica.

Un aspecto queda pendiente de interpretación: las finanzas. Los retos que se infieren de esta nueva etapa de desarrollo capitalista suponen incrementos en el gasto público y, por tanto, en la expansión de la deuda pública mientras el crecimiento económico se sitúe por debajo de su capacidad real. Este va a ser un tema importante en los años venideros, por la dimensión del cúmulo de deudas públicas que, además, asumen una parte de las privadas. Los bancos centrales deberán encarar el tema, al margen de la progresión de la economía, de la misma manera que trabajan en esferas que podían parecer inhóspitas para los reguladores (como por ejemplo, los impactos del cambio climático o los desafíos demográficos).

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