Las crisis más recientes que hemos y estamos viviendo –Gran Recesión, Gran Reclusión, guerra en Europa– han puesto sobre la mesa diferentes formas de afrontar las consecuencias sociales y económicas que se derivan de esos conflictos. Si durante la Gran Recesión, las políticas de austeridad –con el Estado más distante que presente– fueron el frontispicio a partir del que desplegar toda una serie de iniciativas de impactos letales para la sociedad, como los recortes en los servicios públicos, el mantenimiento a toda costa de las reglas de equilibrio, la contracción del crédito o el forzado retorno de deudas públicas, en las dos últimas crisis –la Gran Reclusión y la guerra europea– el papel de los Estados se ha revelado crucial. Todo en un sentido: la importancia del Estado social y la necesidad de una fiscalidad progresiva, herramientas para la construcción de una economía más justa y eficiente. Una reivindicación en toda regla de las economías públicas, frente a los profetas acríticos de los equilibrios innatos del mercado.

En tal sentido, adoptamos el concepto del historiador económico Thomas Piketty: el socialismo participativo. Una noción que desgrana el autor en distintas colaboraciones y, particularmente, en sus libros recientes. Aquí, Thomas Piketty advierte, una vez más, de un aspecto sobre el que otros economistas también han incidido: la formación de ese necesario Estado del bienestar desde 1945, los denominados “gloriosos treinta años”, se truncó con la revolución conservadora de la década de 1980. Esta se tejió de la mano del monetarismo de Milton Friedman, premio Nobel de Economía de 1976 –y, no se olvide, gran avalista de la política económica del dictador chileno Augusto Pinochet–; y del ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Se conocen los desenlaces: des-regulaciones, reducciones de impuestos a los más ricos, privatizaciones, rigideces presupuestarias, han guiado la economía mundial y las enseñanzas de la economía como disciplina académica, con la pretendida leyenda de que esto es la única ciencia social posible.

            Para armar esa democracia económica que se funde en la idea del socialismo participativo, la visión de Piketty se alinea con un federalismo europeo, que defiende la mancomunidad de la deuda soberana de los países de la Unión Europea, la urgencia para que paguen los que más tienen –y que suelen eludir su responsabilidad fiscal evadiendo capital hacia paraísos fiscales, tal y como han constatado las investigaciones de Gabriel Zucman–; y, a la vez, hace una seria advertencia: sólo con fórmulas de gobernanza pero, al mismo tiempo, de contundencia política, los más ricos –ese uno por ciento que se detalla en las estadísticas oficiales, que detenta el grueso de la riqueza mundial; esto no es una opinión: son datos– se avendrán a pagar lo que les corresponde por justicia social. Porque no puede ser que quienes se aprovechan de las infraestructuras públicas, de la sanidad pública, de la educación pública, del enorme esfuerzo canalizado hacia la investigación y el desarrollo desde el sector público, de la formación de un capital humano generado desde las administraciones públicas, recojan todo ese ingente esfuerzo y trasladen, con una facilidad escandalosa, sus capitales y beneficios hacia territorios que esconden esas sumas para evitar el pago de los impuestos que les corresponden. Estamos hablando, otra vez, de democracia económica.

            En efecto, el sector público, los gobiernos, las políticas fiscales, no deben caer en la ingenuidad. Facilitar la recuperación económica desde el gran motor de la inversión pública y de las ayudas a las empresas, no ha ser un ejercicio sin retorno: y en éste, el devengo de impuestos forma parte de la ecuación. Los gobiernos no pueden ser solo prestamistas de última instancia –una expresión muy adecuada de otro gran historiador económico, Charles Kindlerberger–, sino inversores en primera instancia, tal y como sugieren los últimos trabajos de Mariana Mazzucato. Y, como tales, exigir las contrapartidas perentorias que compensen el enorme esfuerzo de toda la sociedad. Los impuestos, como primera estación de salida. Quienes defiendan a machamartillo su reducción deben comunicar, sin dilaciones, dónde van a dar los tijeretazos para equilibrar los presupuestos públicos, ese mantra al que dicen querer llegar.

            La tendencia hacia la igualdad se sustenta en diferentes vectores que, entre otros, van desde la igualdad jurídica, hasta el sufragio universal, una mejor redistribución de la renta y la democracia parlamentaria. En esos contextos, las luchas son determinantes; al igual que la génesis de instituciones justas. Aquí este argumento se entremezcla con las tesis de  los norteamericanos Daron Acemoglu y James Robinson sobre el papel de estas instituciones, que se califican como “inclusivas” por estos dos últimos autores. Reaparece otra vez la democracia económica, la idea pikettiana de socialismo participativo, si se quiere.

Pero el desarrollo de una democracia económica y participativa requiere, además, otros ingredientes, nuevas perspectivas. En este sentido, por ejemplo, urge adoptar nuevos indicadores para medir la desigualdad en todas sus facetas. Aquí, el científico social debe abogar por indicadores ambientales y otros de carácter multidimensional, que complementen aquellos más vinculados a la renta. Hasta el extremo de que, atendiendo a los grandes desafíos que tenemos –como el cambio climático–, sea cada vez más necesaria la confección de un indicador sintético, que eluda el “obsesionarse con el PIB”, y que vertebre aspectos como las emisiones, las diferencias de renta, la salud, la educación, etc. La virtualidad de este pensamiento radica en su capacidad de ser aplicado, con metodología adecuada, a economías nacionales y regionales, como otra forma de construir nuevas métricas que ayuden a entender, de manera holística, el desarrollo de las desigualdades.

            Esto enlaza plenamente –insistimos en ello– con esas tesis básicas de democracia económica, de socialismo participativo. En definitiva, de avance social para el conjunto de la población.