Estupideces económicas

            En Economía –como en la Ciencia en general– la mentira suele ser aliada de la simpleza: las cosas más complejas se explican, en múltiples ocasiones, de forma tan sencilla, tan elemental, que hurtan la realidad; que se alejan de ella, aunque suenen convincentes. Y pueden calar en la opinión pública, justamente por la ausencia de matices, de explicaciones, de argumentos. Lo extremadamente sencillo, avalado por alguna declaración puntual y escogida, gana terreno en los medios de comunicación y entierra o arrincona los datos más prolijos: esa realidad más alambicada, mucho más veraz y, por supuesto, más difícil de aprehender.

            Lo último que se ha ido exponiendo desde voceros de la derecha política es un déjà vu: ante la sonora ausencia de propuestas serias en política económica, se recuperan viejos principios de la fantasmagórica y grotesca Normativa del Perfecto Ignorante (NPI) en Economía. Esos líderes conservadores son asiduos y voraces lectores de ese manualillo, compuesto por apenas una página de contenido: he aquí su anorexia intelectual. Ahora, se reverdece la tesis de que los gobiernos no pueden gastar más de lo que ingresan –una afirmación que, en principio, es sensata si bien urge de importantes matices–, pero, sobre todo, que deben administrar igual que lo hace una familia (“la economía de un país no deja de ser como la de una familia”, señalan ufanos). Un antiguo presidente conservador ya remachaba, hace pocos años, que hay que gestionar lo público –y cito textualmente– como “las amas de casa”.

El conservadorismo político está, en el terreno económico, desnortado. No le acompañan los datos, las cifras, que siempre espera negativas para obtener así los réditos de la oposición, de desgaste al gobierno. Y debe recurrir a esa NPI para sacar la cabeza del agua. Fijémonos en la realidad macroeconómica: crecimiento económico del 4%, tasa de paro de poco más del 12%, incrementos en la recaudación fiscal –que demuestra el dinamismo económico–, más de 20,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, mayores contratos indefinidos, aumento determinante del salario mínimo, buenas cifras en balanza de pagos, reconocimiento en la Unión Europea por la gestión de los fondos Next Generation. Ahora bien, seguro que llegarán datos negativos en unas semanas, cuando la estacionalidad concluya: siempre sucede al terminar la temporada de verano y abrirse el otoño, pero les avanzo que ellos dirán que se demuestran sus profecías apocalípticas. Una falacia más, porque saben que ese ciclo existe: cuando ellos gobernaban lo percibieron y minimizaron en sus explicaciones. Tocará tirar ahora del NPI.

¿Hay problemas? Claro que los hay: la inflación y los desequilibrios que genera una política fiscal expansiva, que va pareja, no lo olvidemos, a la desplegada por la política monetaria; la incertidumbre, que se ha instalado en todo diagnóstico que se precie y que dificulta los pronósticos. Nadie sensato ningunea esto; ninguna institución seria se atreve a realizar pronósticos tan vehementes como los que formulan los usuarios del NPI. Ahora bien, ante esos guarismos que hemos expuesto anteriormente, comprobables sin tapujo alguno porque provienen de fuentes públicas –INE, Banco de España, Comisión Europea, FMI–, ¿cuáles son las propuestas de la derecha conservadora? Escarbemos en su acerbo económico, en ese NPI: la bajada de impuestos…y las ocurrencias. No sabemos más: las negativas machaconas, militantes, no ceden paso a propósito alguno, a hoja de ruta tangible, contrastable, discutible, más allá de poner velas y cirios a Laffer.

La ocurrencia, el chascarrillo, devienen el frontispicio de esos políticos conservadores que lanzan al aire la simpleza de su pensamiento, ante la falta de propuestas que ofrecer, al margen de esas ocurrencias epidérmicas. Estas se acercan a la estulticia (“ignorancia, necedad o estupidez”, según la RAE), y no resistirían el escrutinio de un examen de primero de carrera en Económicas (somos generosos en esto). Sería exigible que quienes pretenden gobernar este país fueran más serios, más rigurosos: que se miraran en el espejo de sus homólogos conservadores europeos, que se tientan la ropa antes de decir según qué memeces. Lo de poner al mismo nivel la economía familiar y la economía pública entra de lleno en ese terreno de la falacia, de la ignorancia (seguimos siendo generosos). Veamos.

            La economía pública tiene una característica central, que se inscribe en su propia calificación: trabaja para lo público, lo común, lo que afecta a toda la población, sin exclusiones. La economía doméstica, familiar, opera en un ámbito privado: su lógica es distinta. El sentido de la justicia es el que debe operar: justicia para que no se produzcan vulnerabilidades sociales, marginaciones económicas. Lo social frente a lo individual. El sentido colectivo frente a lo particular. Lo público y lo privado. Esto es lo que se desprende, por ejemplo, desde la filosofía liberal: John Rawls, un autor de referencia obligada, ha escrito páginas luminosas sobre esta cuestión, enfatizando la relevancia de lo público sobre lo privado en la esfera de la gestión económica. No estamos ante un pensador que los gurús conservadores puedan ignorar. Pero lo hacen.

Los gobiernos tienen herramientas potentes para dinamizar la anemia económica: en coyunturas de crisis, cuando el sector privado –incluyendo aquí esa economía de las “amas de casa”– se halla en serias dificultades, el sector público puede activar la palanca de la inversión. Ésta provoca efectos multiplicadores en el propio sector y, sobre todo, en el privado. Hemos escrito sobre este tema, con cifras y resultados de investigaciones, tanto propias como de otros colegas, que avalan ese aserto. Recordemos: por cada euro que se invierte desde los gobiernos, el impacto sobre el conjunto de la economía puede llegar a más de 1,5 euros y, en según qué actividades –por ejemplo, las que se inscriben en el ámbito de las energías renovables o los factores de sostenibilidad ambiental–, hasta más de 2,5 euros. Una transfusión positiva. La literatura económica sobre el tema es copiosa, resultado de potentes investigaciones en el campo de la Economía Aplicada.

            Pero, además, cuando los gobiernos necesitan de importantes recursos para encarar esos programas de inversión, recurren a la deuda para financiarse si los ingresos propios no son suficientes. Esto provoca el incremento de la deuda pública y del déficit público. No negamos esto: de nuevo, la tozudez de los datos es la que nos guía. Fíjense que esta situación acontece por igual a esa economía doméstica evocada por la derecha política: la mayoría de las familias españolas no disponen de ingresos masivos como para adquirir, por ejemplo, una vivienda o un vehículo atendiendo a sus entradas monetarias corrientes. Y, por tanto, se endeudan. En este punto, la derivada de la estulticia cree haber encontrado otro argumento poderoso: la deuda pública es eso, pública –dicen, cerrando en el puño su piedra filosofal–, de manera que quienes la provocan están dejando un reguero de impagos a las generaciones futuras, que deberán afrontarlos. He aquí otra falacia, fruto de esa ignorancia intencionada que emana del NPI. Las deudas financieras que infiere el sector público, cuando afectan a programas de inversión en educación, sanidad, infraestructuras de todo tipo, factores todos ellos que mejoran el bienestar de la generación presente, pero que también van a promover más bienestar en las futuras, no se pueden considerar, de ninguna manera, un lastre para nadie. Un lastre es cuando se deben pagar desequilibrios por la corrupción generalizada, o por rescates financieros que se dijeron inocuos, que afectan a esa deuda pública: no hay aquí nada positivo. Pero los activos que se han podido crear con esas estrategias inversoras –lo que los economistas calificamos como formación brutal de capital–, con déficit y deuda, son superiores a los pasivos provocados por esas decisiones. Hospitales, centros de investigación, universidades, colegios, carreteras, trenes de alta velocidad, mejoras urbanas, parques, energías renovables: todo un mosaico de elementos de todo tipo que solo con deuda se pueden sufragar. Pero que forman parte de la sociedad: de la actual y de la futura. Nuestros hijos, nietos y bisnietos seguramente seguirán disfrutando –esperemos, si el cambio climático no se exacerba– de esas infraestructuras que, con toda probabilidad, se mejorarán. Gracias, de nuevo, a la deuda pública. La bibliografía sobre esto, proveniente de postulados ideológicos de perfil liberal y keynesiano, ahogaría al más hábil de los resistentes en la estulticia.

Esta gente debería leer y estudiar más. Para empezar, les recomiendo un libro delicioso, en el que, quizás, se sientan protagonistas: el que escribió el gran economista italiano Carlo Maria Cipolla, Las leyes de la estupidez humana, editorial Crítica, Barcelona, tiene distintas ediciones. De manera que no tiene pérdida. Sonreirán al verse retratados. De nada.

Esta entrada fue publicada en POLÍTICA ECONÓMICA. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s