Se ha abierto un debate ficticio, a raíz de los acuerdos de las derechas en Extremadura. Se “demoniza” la migración, y se llegan a comunicar medidas que se enfrentan a la propia Constitución. Esa llamada “prioridad nacional” o “arraigo” rompe el principio de igualdad y falsea completamente la realidad social y económica. La pretensión de extender esto a todas las comunidades autónomas y, por elevación, a toda España si se llega a gobernar tras unas elecciones generales, choca, además, con las normativas existentes en la Unión Europea.

Como siempre, vayamos a los datos, tomados del INE y de la EPA. España supera los diez millones de personas nacidas en el extranjero en 2026. La economía depende de la población activa, de forma que sin migraciones la población no solo no crecería, sino que perdería activos. Esto por un motivo central: los migrantes significan entorno al 15% de los ocupados. Traducción: suponen el 57% del crecimiento de la población activa y casi el 45% del aumento del empleo reciente. Esto es fundamental para cubrir puestos de trabajo, donde falta mano de obra en un contexto de envejecimiento de la población española.

            Las migraciones explican el 47% del crecimiento del PIB desde 2022, y aportan 1,5 puntos porcentuales al crecimiento anual. Conclusión: sin esas corrientes migratorias, el crecimiento económico sería mucho menor, con corolarios claros, ya que suponen la alta tasa de actividad laboral y la contribución esencial a la Seguridad Social. En definitiva: aportan más de lo que reciben en el capítulo del gasto público. ¿Por qué?

            Porque la mayoría de los migrantes están en edad de trabajar, ocupando sectores como el de los cuidados, la hostelería, la agricultura y la construcción. Y ello facilita que trabajadores españoles puedan acceder a empleos más cualificados. A su vez, todo permite sostener con mayor solvencia el sistema de pensiones. Ignorar todo esto, que telegráficamente se ha expuesto es de una enorme irresponsabilidad económica y social. Y humanitaria, con atisbos de odio.

            En ese contexto, vayamos a Extremadura. En esta región, la población aumentó muy poco, apenas 600 personas. Esto se debe a la migración, toda vez que la comunidad autónoma pierde activos naturales: más defunciones que nacimientos. El tema en Extremadura se agrava por la salida de población hacia otras regiones (Madrid, Cataluña, País Vasco), buscando nuevas oportunidades. Las causas de todo ello son de carácter estructural: falta de empleo, bajos salarios, alta tasa de paro juvenil, dificultades de emancipación. La medida estrella adoptada por el nuevo gobierno regional centra su fuerza en un problema inexistente, en un componente ideológico que huye del rigor de los datos y que coloca a un migrante que lleva años trabajando sin la documentación adecuada en una situación de enorme vulnerabilidad. No es un “efecto llamada”, como se viene diciendo. Aplicar esto a toda persona no nacida en el país salpica no solo a colectivos extracomunitarios, sino a los de la misma Unión y a otros como los del Reino Unido. Un desatino que tendrá sin duda respuestas desde Bruselas.