Defendiendo la economía pública

Datos positivos de inflación general para España: poco más del 2%. De las más bajas de la Eurozona, y casi cinco puntos por debajo de la de Alemania (6,8%). Previsiones de instituciones internacionales: seguirá esta tendencia bajista. Un hecho que ya se está viendo, también, en Estados Unidos. La liberación de los corsés comerciales, provenientes de la guerra, hace efectiva una mejor circulación de las mercancías. Sobre todo, del gas licuado. El shock de oferta se ha ido limando con el tiempo, por fortuna. Si a ello le sumamos el tope ibérico, el resultado micro es potente: reducción de un 18% en la factura energética de los hogares. Con otro dato relevante: el acopio de gas en la Eurozona llega ya al 90%, de manera que no se otean dificultades de suministro para el próximo invierno. Pero, además, como recordaba hace pocos días la profesora Mariana Mazzucato, en el caso de España la inflación también se ha reducido por los límites a los precios de los alquileres de vivienda, la gratuidad del transporte público y, esencialmente, por la fiscalidad sobre los beneficios caídos del cielo a empresas energéticas oligopólicas. Todo un acerbo de políticas públicas que demuestran una realidad innegable: la economía pública está siendo determinante para evitar serios problemas a consumidores y empresas, lo cual no quiere decir que desaparezcan. Pero la inacción o dejar que el mercado, de forma espontánea, resolviera las ecuaciones hubiera conducido a una depresión en la economía. Tal y como aconteció en el pasado más inmediato, con la crisis financiera de 2008.

Negar la relevancia del sector público y de sus gestores forma parte del acerbo ideológico de la economía y de la política más ortodoxas, menos permeable a buscar otras soluciones a los retos que se tienen. Estas encrucijadas tienen perfiles nítidos, y no son temas de futuro. Están presentes, y algunos los han negado arrinconando las aportaciones de la ciencia. El cambio climático, la emergencia energética, la digitalización, el envejecimiento de la población, factores que tienen –y tendrán todavía más– corolarios claros en los mercados de trabajo. Debates abiertos, con aluvión de datos. Igualmente, en las políticas de migración y de pensiones. No es extraño, por tanto, que instituciones financieras estén trabajando sobre estos temas, e incluso desde los bancos centrales se estimulen investigaciones que aportan datos, argumentos, modelos matemáticos, para encarar tales envites. En diferentes reuniones científicas al respecto, con presencia de representantes del Banco Central Europeo, Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco de España, entre otras entidades, se ha trabajado con intensidad, a partir de documentos concretos. Con matices y diferenciaciones argumentales, se defiende en buena parte de ellos la reivindicación de que el sector público debe intervenir, en coordinación con los instrumentos de política monetaria. Aspecto relevante, a discutir, a debatir, a repensar. Tras las elecciones en España –que eran más que unas elecciones nacionales– se debe dar tiempo a volver, con serenidad y a esos temas. Blindarlos de la cacofonía acientífica de los ignorantes.

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Austeridad tóxica

Austeridad letal para la economía (y la sociedad)

            Las voces que reclaman la necesidad de políticas de austeridad se van alzando. Lo han hecho con lentitud, pero con la convicción de siempre. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, es el exponente genuino de esa petición: volver a los preceptos fiscales de la Gran Recesión. Unas reglas que, además, no se han cumplido nunca: comenzando por Alemania y Francia, que superaron negativamente todos los parámetros –déficit público, deuda pública–, pero sin penalizaciones para ese incumplimiento. Algo muy distinto se exigió a los países del sur de Europa. Se advertirá que el tiempo histórico no es el mismo, y que esas llamadas reglas son, por decirlo en términos coloquiales, unas Tablas de la Ley económicas. Tablas que deben regir siempre la actuación de los gobiernos.

Pero no: las medidas fiscales que se aplicaron durante la crisis financiera fueron pro-cíclicas, letales para la recuperación económica, y se cebaron, sobre todo, en los países del sur –con Grecia como ejemplo–: con exigencias draconianas que generaron una caída del PIB heleno del orden del 25%. No nos extenderemos con esto, ya que lo hemos comentado en reiteradas ocasiones en estas mismas páginas, aportando variables de todo tipo que pueden ser consultadas, ya que proceden de bases de datos oficiales. Los números son demoledores e incontrovertibles. Recordemos telegráficamente: caídas del PIB, incremento del paro, pérdidas salariales, deflación, déficits comerciales y presupuestarios, aumento de la desigualdad. Un mosaico de indicadores que empeoraron la situación de miles de familias y empresas. Y también de los propios gobiernos que los impulsaron.

            La crisis vírica cambió la forma de actuar: con más laxitud, mayor flexibilidad. Una coordinación ajustada entre política monetaria y política fiscal. El resultado: una recuperación más rápida y sólida, a raíz de la aplicación de estrategias económicas más expansivas, de carácter contra-cíclico. Todo esto ya es bien sabido, igualmente con datos irrefutables. Pero ahora, nos enfrentamos a la obcecación de siempre, por parte de la ideología neoliberal: la recuperación de la idea de la austeridad.

Alinear la política monetaria con la política fiscal

Conviene considerar unos elementos:

a/ El seguimiento de la política monetaria europea a la de la Reserva Federal. Aquí se advierten problemas distintos: en origen, un shock de demanda en el caso norteamericano, frente a un shock de oferta en el europeo. Las acciones en política monetaria han sido muy similares –explicable el seguimiento del Banco Central Europeo en un principio, por los diferenciales en los tipos de cambio euro/dólar–; pero ahora el encapsulamiento europeo en las reiteradas subidas de tipos, siguiendo la estela estadounidense, tiene explicaciones difíciles de entender. En Estados Unidos, la tasa de paro está en el 3% (último dato de junio), en plena ocupación, con una inflación subyacente del 4,8%, que no llega por tanto a la conocida hace pocos meses.

En la Unión Europea, la disparidad en el mapa de la inflación es notable: desde el 1,9% de España, hasta el 6,8% en Alemania, un gap que está condicionando muchísimo la actitud del regulador financiero europeo. La recurrente inflación europea tiene una parte de su causa –parte que no es nada trivial– en los márgenes empresariales, y no en una tensión de demanda y/o incremento del consumo (esto lo están diciendo el Banco Central Europeo y el Banco de España; también el reciente informe del Observatorio de Márgenes Empresariales, en el que colaboran el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y el Banco de España). Aquí se debería enfatizar mucho más la acción: presión fiscal sobre las prácticas oligopolísticas (en el caso flagrante de los consorcios energéticos), empresas abducidas por lo que se ha ido denominando “avaricia de la inflación”.

Atacar a machetazos la tensión al alza de los precios –con la subida de tipos y, además, señalando que puede ser más reiterada–, sin apenas modulación y en la senda de la Reserva Federal, va a contribuir muy poco al mantenimiento de la economía y/o a su recuperación. Va a causar un daño que los propios banqueros centrales han advertido. Sin paños calientes: dolor y posible recesión. Y ese mensaje se emite cuando las curvas de la inflación ya están descendiendo con más fuerza.

b/ La hoja de ruta del Banco Central Europeo tiene, según se indica desde la institución, un mecanismo de caución en el caso de países con inflaciones bajas –como es el caso de España, si se compara con la media comunitaria–, ante subidas de tipos de interés y tensiones que se pudieran derivar, en forma de incrementos relevantes de las primas de riesgo: el TPI (Transmission Protection Instrument), con el objetivo de conseguir una correcta transmisión de la política monetaria a todos los países de la zona euro.

El regulador bancario trata de evitar, con esta palanca, la fragmentación financiera, que podría expresarse en subidas en, como decimos, las primas de riesgo, ante las dificultades de algunos países para colocar sus emisiones de deuda en los mercados. Frente a un peligro plausible, el Banco Central Europeo compraría la deuda del país afectado, con vencimientos que pueden oscilar entre uno y diez años, pero bajo unas condiciones precisas: que el país debe mantener una política fiscal “sólida y sostenible” (sic) que, en palabras más llenas de contenido, significa que debe reducir su déficit y deuda y no incurrir en desequilibrios macroeconómicos.

El instrumento puede ser efectivo para el Banco Central Europeo; pero el problema puede, a su vez, radicar en el país que pida esa acción: no es arriesgado suponer que los mercados apreciarían esto como una debilidad que obligaría a una intervención en toda regla del máximo regulador, de forma que podría dificultar la colocación de nuevas emisiones en otras fases. Estaríamos ante un posible efecto “reputacional” del país afectado: un serio revés para sus finanzas.

c/ Los epicentros sobre los que inciden los defensores del retorno a la austeridad son, justamente, los enunciados en el apartado anterior: severos controles sobre el déficit y la deuda. Los símiles que se ponen sobre la mesa son harto conocidos, y forman parte de la casuística más acríticamente ortodoxa: trabajar la economía pública como si fuera la de una familia, establecer el rigor en las cuentas públicas –haciendo sinónimo el vocablo “rigor” con un recorte efectivo del gasto público–, reducir el déficit y la deuda a los parámetros marcados por el Tratado de Maastricht y, a su vez, tener la inflación entorno al 2%.

No obstante, a su vez, se recomienda mantener líneas de inversión derivadas del Next Generation. Este es el desencaje total: se reclama una política monetaria restrictiva, los cumplimientos estrictos con las pautas fiscales de la Gran Recesión y, al mismo tiempo, persistir en determinadas inversiones. Cabe advertir que:

  • La reducción del déficit público se debería conseguir a partir de un incremento tributario y, a la vez, de segar el gasto público: principalmente el social, que es la parte del león del mismo.
  • La reducción de la deuda pública infiere la imposibilidad de encarar de manera más decidida proyectos inversores que requieren de capitales importantes: la transición energética, la lucha contra el cambio climático, la digitalización y automatización de la economía, etc.
  • La subida de tipos de interés puede lastrar no sólo a la inversión, sino principalmente al consumo privado (decisiones de compras de viviendas o de nuevos alquileres, por ejemplo); en tal sentido, es este vector el que está más afectado, tal y como se destaca en todos los informes de coyuntura.
  • Los indicadores de déficit-deuda pública sobre PIB son ratios. Es decir, si el denominador de la división se reduce –el PIB, por las medidas de ajuste que algunos ya reclaman–, las ratios seguirán siendo problemáticas. La austeridad no genera el crecimiento potente que preconizan sus promotores, tal y como se desveló durante la Gran Recesión, con recuperaciones que tardaron cerca de una década. Esto es lo que nos enseña la historia económica reciente.

Una consolidación fiscal avenida con la coyuntura y con el futuro inmediato

Ante esto, concluimos:

  1. Los programas de consolidación fiscal, es decir, de ajustes presupuestarios, deben ser graduales; no abruptos, tal y como se deduce de las declaraciones del ministro alemán Lindner. En este artículo no defendemos ninguna orgía de gasto, ni la ignorancia de que las cuentas públicas deben equilibrarse; más bien se aboga por aplicar sensatez a las políticas generalistas que emanan de organismos supranacionales. Y, sobre todo, que las reglas fiscales que se dibujen sean creíbles, de aplicación generalizada, y no solo para algunos países. En tal aspecto, el enfoque negociado que rigió la idea del Next Generation, es decir, una visión más “federalista” en cuanto a reglas, pautas y acciones, sería una ruta inteligente –que se ha revelado, además, muy positiva– a seguir. Esta filosofía debería generar porosidad en las nuevas reglas fiscales que se planteen, pensando en que, con datos en la mano, la austeridad expansiva que se aplicó durante la Gran Recesión no representa una solución social y económicamente razonable. No estamos ante opiniones, ni invocaciones a la fe: nos regimos por los datos.
  2. La sensatez a la que aludíamos se aviene con una visión cuidadosa de la coyuntura y de los retos que la economía europea –y la mundial, por extensión– tienen ante si. Retos y encrucijadas –ya explicitadas– que van a suponer esfuerzos de inversión en nuevos sectores productivos o el estímulo de los ya existentes, que se canalicen hacia esos motores emergentes de crecimiento. En tal sentido, esas posibles partidas no deberían computar en los déficits, toda vez que significan opciones razonables para alcanzar transiciones económicas y sociales estratégicas. La Unión Europea ha de ser consciente que en esta nueva fase de la globalización, con potentes bloques de competitividad económica –Estados Unidos y China–, los planes de actuación deben ser ambiciosos. Y éstos no encajan con hojas de cálculo que pretenden estrictamente unos cumplimientos contables, mientras los otros competidores están repensando, muy seriamente, las reglas del juego económico en sendas direcciones: invertir más, reindustrializar, posicionarse mejor en los mercados internacionales. Esto tiene poco de austeridad fiscal.
  3. La senda hacia equilibrios presupuestarios no se puede transitar con solvencia en escenarios de gran incertidumbre y, sobre todo, con países en recesión técnica (y algo más), como es el caso de Alemania. De nuevo, los ejemplos de historia económica son elocuentes, y en estas mismas páginas los hemos comentado en diferentes entregas. La austeridad, aplicada en coyunturas de gran dificultad, ha inferido presupuestos más equilibrados, pero con economías dislocadas. Y, en el medio plazo, con corolarios de enormes dificultades que afectan la propia sostenibilidad financiera de las cuentas públicas. Es una posología tóxica, ya conocida, ya sufrida, que provoca dolor, malestar, depresión, tristeza. Y retraso económico.
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Menos impuestos, menos desarrollo

            Una nueva evidencia, que proviene del economista-jefe del FMI, Pierre O. Gourinchas: bajar impuestos en España empeoraría el problema de la inflación. Esta declaración se formuló en el encuentro de Sintra, en Portugal, con la organización del BCE. La entidad bancaria convocante, además, lanzaba otra andanada: los beneficios empresariales han tenido un papel central en la subida de los precios. En concreto, dos terceras partes de la inflación se explican por los márgenes de las empresas: se ha llamado a esto la “avaricia” de la inflación. Estas dos manifestaciones no son nuevas, toda vez que han sido emitidas por otros interlocutores en los últimos meses. Ya sea desde el propio BCE, el Banco de España, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE, existe un consenso en que se debe ir con sumo cuidado con las promesas de rebajas de impuestos, si a la vez se mantiene la política de gastos. Sobretodo porque también se está advirtiendo que en 2024 los gobiernos deben pensar en planes de consolidación fiscal. Blanco y en botella: evitar el recorte de ingresos y tocar los gastos.

            En España, los partidos conservadores están yendo en la dirección contraria, al menos enunciativamente; otra cosa será la real politik. Existen ya estudios empíricos que demuestran, con pocas dudas, de que la reducción de impuestos no está suponiendo un incremento de los ingresos tributarios derivado de esa contracción. Ejemplos: las comunidades gobernadas por los conservadores, admiradoras de la reducción de impuestos y de su aplicación, no han aumentado su recaudación tributaria. Las cifras de la Agencia Tributaria (IRPF, Sociedades, IVA e Impuestos Especiales) son elocuentes: en 2022, los ingresos tributarios totales aumentaron un 14,4%. Pero en Andalucía esa cifra es del 12,2%; Castilla y León, un 9,7%; Galicia, un 12,2%; Murcia, un 3,1%; solo Madrid se situó en la media nacional. Cantabria (48,3%) y Balears (47,5%), encabezaron la subida de recaudación, sin promocionar reducciones drásticas en los ingresos tributarios. Y sin hacer de esto un conflicto de Estado.

Datos y estudios disponibles indican que los países con fiscalidad digamos que “normal” –en función de los diferentes tramos de renta, lo cual infiere un aumento en la capacidad recaudatoria de la hacienda pública– desarrollan estados del bienestar más vigorosos. Y ello impacta sobre un incremento de la renta per cápita. Gasto corriente e inversiones públicas han incidido positivamente en el bienestar social: ayudaron a la contención del exceso de mortalidad que provocó la COVID-19. Esta afirmación ha sido refrendada por organismos internacionales. Bajar los impuestos no incrementa el crecimiento económico de una región, ni eleva la recaudación tributaria. La insistencia en este punto, por parte de las opciones conservadoras se inserta en el terreno de una fe que la tozuda realidad les niega.

Cuando políticos de derecha y extrema derecha dicen que el éxito del crecimiento económico se debe a una menor carga fiscal, estamos ante una afirmación falsa. No se aviene con un análisis de la realidad, más compleja que aseveración más teológica que científica.

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Fakeconomics

            En algunas tertulias –ya sean de pretendidos profesionales, ya de ciudadanos que comentan lo que acontece– se ha comprado el mensaje conservador: la economía “está estancada” (sic). Esta afirmación es falsa, y lo saben quienes la emiten, y se carga de estupidez para sus creyentes. Las fake news han aterrizado, sin pudor, en el mundo de la economía. Resulta ya cansino tener que remitir a esos proclamadores de la “economía estancada” el alud de datos de todo tipo que se van conociendo sobre la economía española, que además contrastan positivamente con los correspondientes de la Eurozona. Las derechas no quieren entrar en el fango directo de la economía: saben que aquí las variables no les son afines. Lo conocen; pero lo avivan. La preferencia radica en estimular, con fake news, las vísceras de la gente. Y, en el terreno económico, condensarlo todo a ese aserto: la economía “está estancada”. Una felonía hacia la robustez de los números.

            Veamos ejemplos. La economía española crece al 2,1%, reconocido por las más importantes instituciones económicas internacionales (FMI, OCDE); pero se niega la cifra desde los púlpitos de la manipulación. La inflación ha caído al 3,2%, bajando casi ocho puntos desde el pasado verano. El dato está avalado por la OCDE y Eurostat: de las inflaciones más bajas de la Eurozona (solo más ajustadas las de Luxemburgo y  Bélgica); pero los falsificadores persisten en el mensaje de que la inflación es “de las más elevadas de Europa”. La tasa de paro está en el 12%: 2,7 millones de personas, frente a las más de 5 millones sin empleo en tiempos de Rajoy. Item más: casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, y un importante aumento de los contratos indefinidos (ahora, los temporales son el 14%; antes de la COVID, poco más del 30%). Pero los mangoneadores dicen que la situación del mercado de trabajo es muy negativa, hasta el punto que se persigue derogar la Reforma Laboral vigente. Las exportaciones españolas aumentan, los ingresos por turismo crecen y también las inversiones extranjeras en España (un 14% en 2022). Pero los maniobreros abonan la toxicidad de que España ha perdido fuelle en los mercados exteriores. Podría seguir; es suficiente con estos indicadores, todos ellos contrastables con fuentes públicas y de fácil acceso.

            Medios de comunicación afines y algunos pseudo-economistas, inundan las redes, las editoriales y los artículos de opinión detallando fake news constantes, para desacreditar e invalidar los datos que, atención, no provienen del gobierno, sino de entidades supranacionales (los que he expuesto más arriba proceden no del Ejecutivo ni de instituciones gubernamentales, sino de bases de datos externas). Los políticos de derechas se abonan ufanos a todo ese despropósito; mientras fallidos gurús de la economía conservadora dilapidan su escasa credibilidad profesional transmitiendo falsedades: mentiras, directamente. Con lo que la majadería se acaba instalando, sin tapujos. Sin vergüenza. Son los artífices de la fakeconomics, disciplina en la que, aquí sí, son doctos expertos. Cualquier debate económico serio debería tenerse con datos, variables, cifras: no con fake news.

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Intervención en catalán en el homenaje al doctor Jordi Nadal. Ateneu de Barcelona, junio de 2023 (mi intervención se inicia en el tiempo: 1 hora 48 minutos)

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Entrevista a Carles Manera, por Max Contestí Tarrafeta (The New Context)

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Seis píldoras económicas (y una reflexión política)

1. Intervencionismo. Se ha hablado mucho, en Balears, a raíz de las declaraciones de una dirigente de la patronal hotelera. Se ha criticado que el gobierno autonómico ha sido muy intervencionista. Parece que no se recuerdan las ayudas, de todo tipo, que se han planteado desde el ejecutivo regional y desde el gobierno central: ERTE’s, fondos de inversión, Next Generation, etc. Un intervencionismo, miren por dónde, que ha salvado tanto la economía balear como la española. Y a las empresas. Estos dirigentes patronales no pueden ser tan desmemoriados, por lo que concluimos que esas soflamas están presididas más por el cinismo y la cobardía (no decir esto que están diciendo ahora, mucho antes, cuando se fraguaban acuerdos con sindicatos y programas públicos de ayudas) que por la honestidad.

2. Derogar el “sanchismo”. Concretemos: subida de las pensiones, subida del SMI, tope al gas, reforma laboral, ley de Eutanasia, Ley de Cambio Climático, Ley de Memoria Democrática, impuesto a la banca y a las grandes energéticas, IMV, crecimiento económico vigoroso, mercado laboral dinámico y con mejores contratos, etc. Derogar todo esto para ir ¿hacia dónde?

3. Valoración positiva en el exterior. The Guardian, The Economist y el Financial Times, en sendos artículos, piden el apoyo –en concreto: el voto– para el presidente Sánchez, frente a la unión de unas derechas con hojas de ruta distópicas, tendentes a desmontar los resortes básicos del Estado del Bienestar. Las publicaciones citadas son referencias ineludibles para la economía liberal, e indican la “estrategia económica positiva por superar la crisis energética y superar la inflación mejor que la mayoría de estados de la Unión Europea”. El editorial de The Guardian, explícito: “Europa necesita que la jugada de Pedro Sánchez salga bien”.

4. Macroeconomía potente. Más de 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, tasa de paro del 12% en España (de poco más del 5% en Balears: plena ocupación), un sector exterior –turismo y exportaciones– con gran empuje, una inflación que ronda el 3% y que, probablemente, se acercará al 2% antes del verano. Ni apocalipsis, ni crisis terminal, ni catástrofe.

5. Modelo macroeconómico AIREF: previsión de un crecimiento económico trimestral para España del 1,02%. Una cifra contundente, que no tiene contraste alguno con los profetas del desastre.

6. Análisis del Banco de España: mejora de la capacidad de financiación exterior de España, en los últimos tres años, a pesar de la dura coyuntura económica. El Banco anticipa la recuperación del PIB pre-pandemia y mejora sus previsiones de crecimiento para la economía española.

Las izquierdas, en este nuevo escenario electoral, deberían enfatizar más lo conseguido que afecta a un amplio conjunto, mayoritario, de la población, que adentrarse en debates sobre minorías con explicaciones que urgen de matizaciones importantes, que o llegan distorsionadas o no llegan a la gente. Todo junto a una apelación directa a los sentimientos: ya se tienen indicadores –Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla-León– de lo que puede venir a nivel nacional. La situación es complicada. Pero existe margen de maniobra.

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Las izquierdas ante el espejo

            La sociología electoral sorprende. Niveles de renta determinados, humildes, apuestan por opciones políticas aparentemente contradictorias con sus intereses. Colectivos modestos, de trabajadores con precariedades de todo tipo, acaban por otorgar su voto a partidos que van a hacer nada, o muy poco, por ellos. No es fácil entender esto, a pesar de que las ciencias sociales tratan de ofrecer argumentos al respecto. En la Unión Europea y en España, las políticas económicas y sociales implementadas desde la COVID-19, han tenido fuertes inspiraciones keynesianas, que han facilitado contener mayores impactos negativos. ERTE’s, ayudas a empresas, préstamos blandos, subidas del salario mínimo, de las pensiones, impulso al ingreso mínimo vital, etc. son algunas de las medidas puestas en marcha, que han favorecido de forma preeminente a la clase media y a la trabajadora.

            Sin embargo, esto no se traduce en una correlación electoral. Es más: aquellos partidos que se han opuesto a todas esas iniciativas, mantienen un suelo electoral muy alto y arrasan, como se ha visto en las últimas elecciones municipales y autonómicas en España, un hecho que no es fácil explicar por muchas elucubraciones que se hagan. Pero el fenómeno no solo es español; atañe también a otros países, incluso a otros hemisferios. Derecha y ultraderecha se permiten vociferar en contra de derechos fundamentales o zancadilleando avances sociales y económicos, como lo visto en el ámbito de las instituciones europeas, con claros boicots en relación a los fondos Next Generation hacia España, sin que esa actitud anti-patriótica parezca pasarles factura alguna. En paralelo, dirigentes de esas derechas emiten mensajes falsos –como, por ejemplo, todo lo relacionado con la falsa pervivencia de ETA–, que se pueden desmontar con relativa facilidad, pero con una consecuencia: esos mensajes calan en segmentos significativos de la sociedad, que los reciben desde redes sociales, informativos tendenciosos y con escasísimo contrapunto por parte de los medios más profesionalmente serios.

            No es posible entender la consolidación de los votos derechistas sin que una parte sustancial de ellos provenga de capas populares. Los datos lo corroboran. Estos mismos colectivos que han sido protegidos por la política económica que se ha desempeñado desde 2020, y que se vuelven en contra de su mantenimiento y mayor despliegue votando opciones que preconizaron en campaña el desmantelamiento total o parcial de los avances alcanzados. Sin pudor alguno, sin factura electoral. Sorprendente.

            Ni sociólogos, ni economistas, ni politólogos tienen argumentos convincentes para explicar esto. Sus análisis se mueven en pensamientos más abstractos o mecánicos: agotamiento de un ciclo electoral, condicionantes socioeconómicos que justifican ese comportamiento en los comicios…Puede ser, todo ello, razonable. Pero no acaba de dar en el clavo. Hay un desclasamiento explicable, quizás por la pérdida de identidad de clase social (aquella distinción marxiana entre “clase en si” y “clase para si”). Esto parece ser más frecuente en sociedades en las que las economías de servicios son las dominantes, con procesos profundos de desindustrialización. A ello, cabe añadir la pérdida de capacidad de influencia de los sindicatos; en tal sentido, en aquellas sociedades en las que el poder sindical es más sólido, se consiguen avances y mejoras en las negociaciones con las patronales y las administraciones.

El desclasamiento tiene, por tanto, múltiples aristas, porque no tiene en cuenta, por ejemplo, los esfuerzos que ha podido desarrollar la economía pública en coyunturas concretas –como durante la pandemia o en el marco de la guerra europea–. Las claves en la esfera económica no cuadran, de manera que se deberán buscar en otros terrenos. Aquí, la vertiente cultural, en su sentido más amplio, es importante, toda vez que incorpora la ideología. La identidad frente a la racionalidad. Y, dentro de aquella, los reclamos simples para encarar problemas complejos. Resulta sencillo invocar los sentimientos más íntimos y tocar las teclas más viscerales con mensajes epidérmicos, ligeros, fáciles.

            Pero los hechos que nos rodean son cualquier cosa menos sencillos; así, explicar la complejidad, con matices y argumentos, conduce a la pérdida de conexión con la masa social a la que se quiere llegar. Esto lo ha entendido muy bien la ultraderecha, y ha extendido esa metodología infantiloide pero efectiva a la derecha en su totalidad. De esta forma, se niega el cambio climático, la igualdad de género, los derechos de las minorías, las diferencias culturales, y la economía pública: todo se presenta entonces como inventos de colectivos parasitarios o producto de unas fuerzas de izquierda que persiguen la socialización absoluta de los medios de producción. El negacionismo se distribuye con la mentira como divisa: esto, como se apuntaba, se hace poroso en todo el espectro de la derecha, en un preocupante proceso que tiene ya tintes planetarios.

            En el caso de España y de sus comunidades autónomas y ayuntamientos, otro factor es clave: la atomización a la izquierda del partido socialista. Las trayectorias históricas han demostrado, con contundencia, que la división de las fuerzas progresistas representa un acicate para las derechas. Un gran regalo. Esa fragmentación desestimula a los votantes de izquierdas, a la vez que anima a los de derechas. Mientras esa ecuación no se resuelva, la izquierda, en su conjunto, seguirá viviendo momentos duros como los presentes. Los análisis, en tal contexto, suelen buscar responsables. Algunos columnistas, no necesariamente conservadores, han vuelto de nuevo a culpabilizar a la Moncloa de la derrota electoral. Es como una demonización del presidente Pedro Sánchez, al que se le adjudican todas las calamidades, y no se le aprecia éxito alguno ni su capacidad de respuesta ante las tremendas coyunturas por las que ha pasado España. Un presidente que ha liderado unos gobiernos que han proporcionado verdaderos diques de contención a los impactos de una pandemia y de una guerra, por no citar otros acontecimientos desastrosos que se han vivido. Su respuesta expeditiva, arriesgada, valiente: la convocatoria electoral para el mes de julio. Un órdago, una operación a corazón abierto, como se ha dicho, una ofensiva final en la que dilucidar si la política económica aplicada por el gobierno de Sánchez se acepta o se rechaza.

            En tal sentido, no sería arriesgado plantearse un contrafactual: ¿qué hubiera sucedido en España sin las medidas económicas, sociales y sanitarias tomadas por el gabinete del presidente? ¿qué corolarios sociales tendrían otras propuestas? ¿qué hubieran hecho los que se negaron a todo y que ahora amenazan con desmantelar, como decíamos, lo alcanzado? Llegar a unos comicios regionales y municipales con un 12% de desempleo, el mayor crecimiento económico de la Eurozona y unas perspectivas positivas en este campo para los próximos meses, ¿se hubieran obtenido con otra política económica, con la que suelen preconizar las derechas, centradas en bajadas de impuestos y desregulaciones generales?

            Perseguir a los posibles responsables de la pérdida electoral elude otro vector: buscar una responsabilidad también ciudadana. La ciudadanía tiene también su cuota en este aspecto. Una ciudadanía que ha visto aumentar sus pensiones, el salario mínimo, ingresos aleatorios o preservación de los empleos en plena pandemia. Y que no valora, al parecer, todo esto, creyendo los cantos de sirena de mensajes vacuos, que enarbolan conceptos sin más concreción que un individualismo asocial, una libertad sin profundidad social, una justicia sin una perspectiva social. Sin bajar al lodo de lo cotidiano más que para negar lo avanzado. Muchos ciudadanos han emitido su voto ultraderechista creyendo todo eso, y probablemente muchos de ellos se han dañado a si mismos y a otros como ellos, máxime si su procedencia radica en las capas más humildes de la sociedad. Aquí residen, igualmente, cuotas de responsabilidad, que deben añadirse a las que provienen del ámbito más estrictamente político.

            La resistencia es la capacidad de levantarse de los golpes, y tratar de volver a una senda vencedora. Resistir, de alguna forma, es ganar. El desánimo es natural; negarlo no es inteligente. Pero la resistencia va a ser la clave: una capacidad resiliente que debería hacernos salir del agujero en el que, ahora mismo, estamos ubicados. Las izquierdas, en esta nueva hoja de ruta, deberían enfatizar más lo conseguido que afecta a un amplio conjunto, mayoritario, de la población –aspectos ya reseñados–, que adentrarse en debates sobre minorías con explicaciones que urgen de matizaciones importantes, que en muchas ocasiones llegan distorsionadas –o simplemente no llegan– a la gente. La situación es complicada. Pero existe, todavía, margen de maniobra. Si de los resultados de los comicios municipales y autonómicos las izquierdas no han aprendido las lecciones pertinentes (a saber: evitar las divisiones por parte de sus formaciones políticas, ir a votar la ciudadanía progresista, reivindicar los derechos y programas conseguidos y dirigidos de forma directa a la clase trabajadora), entonces deberemos concluir que este país, efectivamente, se ha derechizado y ha permitido que el neofascismo se inserte en las instituciones. Se habrá entonces reducido la agonía hasta diciembre –la fecha originaria de las elecciones generales–, pero nos habremos instalado, ya casi definitivamente, en una derrota con enormes consecuencias.

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Consolidación fiscal: ¿austeridad?

            La Comisión Europea ha indicado que en España debe iniciarse un proceso de consolidación fiscal en 2024. En palabras más directas: limitar el crecimiento del gasto público en un 2,6%, para ancorar el déficit en el 3%. Se indica, además, que se deberían eliminar ayudas energéticas a fines de 2023, e impulsar las inversiones derivadas del Next Generation. El tema forma parte de las reglas fiscales que se están dirimiendo en el seno de la Comisión, que fijan su punto neurálgico, además, en los incrementos de las deudas públicas de los países.

            La propuesta tiene sus contradicciones. En primer lugar, porque el aspecto de reducir la deuda pública, en el contexto en el que nos movemos, va a penalizar sobre todo a los países del sur de Europa, con niveles dispares de deuda pública sobre PIB, si bien que elevados (España tiene una ratio de 113% sobre PIB). La disciplina fiscal va a ayudar, sobre todo, a Alemania, con clara ventaja competitiva para financiar internamente –sin recurrir a préstamos extranjeros– su política económica. Un ejemplo: el programa alemán para subsidiar inversiones y proyectos energéticos para su industria, una acción que sin duda incrementará la deuda germánica. Pero que, en este caso, se ve con benevolencia, una acción que no ha gustado a otros países comunitarios. La noción de que existen situaciones dispares en el seno de la Unión urgiría a arbitrar planes más mutualizados, de carácter más confederal, en un mundo cambiante en esta nueva fase de la globalización.

En segundo término, es difícil conjugar dos verbos que aparecen en las directrices de Bruselas: recortar (o ajustar) e invertir. En esta coyuntura, lo razonable sería concretar un paquete potente de bienes públicos en el marco de la Unión Europea, que siguiera la senda de los proyectos iniciados –y que deben continuar hasta 2026– del Next Generation. Las inversiones desplegadas y liquidadas van a potenciar la recaudación fiscal y, por tanto, hacer más sostenibles las deudas públicas de los países. La contracción inversora, impelida por la necesidad de controlar el gasto público, tendrá como consecuencias evidentes –ya demostradas en el curso de la Gran Recesión– la caída de las recaudaciones tributarias y, por ende, la mayor necesidad de endeudamiento para afrontar los retos de los gobiernos.

En tercer lugar, no se debe perder de vista el ciclo económico en el que estamos insertos: todavía existen amenazas tangibles para una recuperación más sólida de la economía europea –la persistencia de la guerra, la inflación, el descontento de la población–, con lo que actuar con medidas pro-cíclicas, es decir, contractivas en este caso, puede resultar más lesivo para las economías.

            En estas coordenadas, la política monetaria no ha de olvidar este contexto socio-económico, teniendo bien presente que el primordial cometido, estatutario, de los bancos centrales es la vigilancia sobre la inflación. Las subidas de tipos de interés se deberían ralentizar y fijar un horizonte de desenlace: probablemente, a fines de este año, tanto para el caso de Estados Unidos como para el de la Unión Europea, si bien con ritmos diferentes.

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Se equivocan los profetas del desastre y de la apocalipsis

            Niño Becerra, Lacalle, Rallo, son algunos de los economistas que llevan años anunciando cataclismos. No son los únicos nombres que están en esa tesitura. Su anuncio es, con algunas diferencias entre ellos, que la economía española y la economía mundial se encaminan sin remedio hacia el precipicio. Más aún: hacia el apocalipsis. El remedio, y esto es una deducción lógica, sería que se produjera un cambio de gobierno, en el caso español. Cada año, invariablemente, publican un libro en el que recogen, con nuevos bríos, el mensaje central que les unifica: el tremendismo económico. Mientras uno preconizaba, en el estallido de la pandemia, que la tasa de paro en España llegaría al 30% y que dos de cada tres pymes desaparecerían; otro aventuraba que una gravísima recesión va a llegar en pocos años. Si uno trata de adentrarse en sus trabajos, observa que buena parte de esas premoniciones se sustentan sobre intuiciones muy subjetivas e ideologizadas más que sobre sólidas bases empíricas.

            Si un economista anuncia que va a venir una crisis económica, háganle caso: tarde o temprano, esa crisis llegará. La forma de la misma tendrá perfiles distintos, en función de sus causas. Pero los economistas sabemos, desde las aportaciones de los clásicos y los trabajos de Kuznets, Jutglar, Kichin, Kondratieff, Schumpeter (y buena parte de la escuela austríaca en economía), junto a las evidencias históricas, que los ciclos económicos existen en economía. Y que, por tanto, las crisis de ajuste aparecerán: bien por causas financieras, de sobreproducción, de estrangulamiento de la oferta, o por causas ajenas a la propia economía (como es el ejemplo del coronavirus).

            El reto para el economista es acertar el momento cronológico –entendido en un sentido amplio– en que esa crisis se hará efectiva. Es decir, cuándo se producirá. Porque señalar que se va a engendrar una crisis, ya lo sabemos: desde el primer curso de Facultad; no hay en esa afirmación novedad alguna. Lo importante sería concretar el tempus, y evidentemente acercarse a la realidad, en caso de que se acierte. Esto es lo que falla a estos verdaderos profetas agoreros, cuyas soflamas están muy presentes en medios de comunicación y redes sociales. Y cuyos mensajes impregnan el relato económico crítico de los partidos conservadores. Éstos han hecho suyos los argumentos derrotistas, tremendistas, en forma de una reedición de la teoría del caos: el orden llegaría, entonces, con el desembarco de las fuerzas conservadoras, con la aplicación de sus recetarios ortodoxos.

            El problema para esos augures del desastre es la propia realidad. Los datos, que son tozudos y abundantes, insisten en desacreditar las perspectivas que ellos tienen. Y a pesar de cifras, informes, documentos, declaraciones, realizados por instituciones de referencia, que van en dirección totalmente contraria a lo que ellos dicen, esos economistas persisten, obstinadamente, en negar lo que incluso las palestras liberales (The Economist, Financial Times, por poner sendos ejemplos) más respetadas están subrayando: que no tienen razón. La economía es, entones, pasto de la ideología más casposa: sin rigor, sin seriedad.

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