BLOG DE CARLES MANERA

            División de pareceres en el Banco Central Europeo, que también afecta a los gobiernos, según crónicas diferentes: política monetaria y política fiscal. El sector “duro”, en el que están representantes de los llamados países frugales, son partidarios de retirar los estímulos monetarios y económicos ante el repunte de la inflación. El sector “blando”, más flexible, se muestra inquieto ante la subida de los precios, pero consciente de que no pueden cometerse los mismos errores que se observaron durante la Gran Recesión, tras la retirada de estímulos que estaban funcionando desde 2008 hasta principios de 2010. Se dirime, en esencia, la subida o el mantenimiento de los tipos de interés. E, igualmente, la política de inversiones y ayudas. Temas vitales, claves. En tal contexto, la situación de la Unión Europea es distinta a la de Estados Unidos: aquí la inflación se ha encumbrado más, mientras parece más estable en el ámbito comunitario europeo. Sin embargo, la Comisión Europea mantiene un horizonte de control de precios, en un contexto que se caracterizaría por la estabilización en los de la energía y la desaparición gradual de los desajustes entre la oferta y la demanda. Deseo que obedece a una amplia batería de datos.

En tal sentido, son importantes los mensajes de cautela, a causa de la incertidumbre que se produce en la economía, ante posibles tomas de decisiones presididas más por preceptos ideológicos que técnicos. Los movimientos al alza de los precios impulsan lo que puede calificarse como “miedo a los mercados”, un proceso que se conoció en 1937 en pleno desarrollo del New Deal en Estados Unidos, y que motivó la retirada prematura de inversiones y otras ayudas. La consecuencia: la caída del PIB a partir de 1938. En 2010, tras dos años de políticas fiscales más expansivas en Europa, se apreció una orientación similar: la austeridad impuso la urgencia en equilibrar las cuentas públicas, reducir las inversiones y controlar los créditos; una reedición de aquel “miedo a los mercados”, consagrada además por la subida de los tipos de interés por parte de Jean Claude Trichet, máximo dirigente del BCE. Desenlace: persistencia de la recesión en la Unión Europea hasta 2013.

Mientras tanto, el mantenimiento de los estímulos monetarios en Estados Unidos por parte de la FED con reducciones en los tipos de interés, impidió el agravamiento económico y consagró la recuperación en 2009. El presidente del banco central estadounidense, el historiador económico Ben Bernanke, republicano y conservador –premio Nobel de Economía–, tenía un activo intangible crucial, de gran utilidad en su decisión de no subir los tipos de interés: sabía historia económica, ya que su tesis doctoral había versado sobre el crack de 1929. E hizo lo contrario que aplicó Roy A. Young, el presidente de la FED entre 1927 y 1930: la subida de tipos de interés para pinchar la burbuja bursátil. Craso error que condujo, entre otros factores, a la Gran Depresión. Hasta un monetarista extremo –y muy conservador– como Milton Friedman ha criticado lo que hizo Young tras el desplome de Wall Street. Lecciones a tener en cuenta.

            Si alguno de ustedes quiere adquirir una vivienda o comprarse un coche, no tendrá más remedio que endeudarse. Difícil que usted disponga de dinero fresco, contante y sonante, para pagar al contado esos bienes. Seguramente, adquirirá usted algún bien cuyo valor total está muy por encima de sus ahorros y, obviamente, de sus ingresos. Pero ello no evita que usted, con buen criterio, tras realizar las cavilaciones que crea convenientes y prudenciales, acabe por contraer una hipoteca o una deuda. Esto, que resulta tan obvio para la economía privada –y que nadie discute–, funciona también en la economía pública: para impulsar planes de inversión u otros componentes del gasto público, las administraciones deben recurrir a la deuda. El monto de las operaciones a realizar es descomunal: se impone acudir al crédito. Obviedades difíciles de cuestionar.

Sin embargo, algún lumbreras, que ostenta un cargo de importancia en el principal partido de la derecha –ni más ni menos que vicesecretario de Economía–, nos advierte que no se debe gastar más de lo que se ingresa y que, además, el sector público ha de actuar como lo hacen las familias. Presumiendo que éstas no se endeudan. La retórica es de una demagogia ignorante, que ya roza la idiotez, en el sentido helénico del concepto; esto no es un insulto sino una descripción: la desatención de los asuntos de la comunidad porque se vela por intereses propios. Ni la economía privada ni la pública podrían hacer frente a sus decisiones de inversión y de gasto público sin el crédito: sin la deuda.

Y siguiendo con las idioteces, vean otra monumental, auspiciada precisamente por el gobierno griego, conservador como el conspicuo aprendiz de economista citado antes: la aprobación de la jornada laboral de 13 horas diarias (ocho en una jornada “normal”, más cinco en otro empleo). La laminación de derechos laborales quiere hacerse efectiva políticamente, en un país en el que es moneda corriente la existencia de economía sumergida y las horas extras no declaradas. Una elusión al fisco en toda regla, una trampa más, como la que se urdió por un anterior gobierno conservador heleno, falseando la contabilidad con la ayuda inestimable del grupo Goldman Sachs y promoviendo la durísima intervención de la economía griega durante la Gran Recesión.

Se alzan voces que defienden cosas parecidas: está visto que el reino de los idiotas es inconmensurable. Lo hemos visto igualmente en un miembro de una patronal española de la hostelería, que defendía esa intensidad del trabajo –de hasta 12 horas diarias, “media jornada” según su acepción laboral–. O el empresario australiano que ha señalado que existe arrogancia en la clase trabajadora, deduciendo que es por las conquistas alcanzadas, por lo que, viene a rubricar, se debe volver a ese “ejército de reserva” laboral que tense los salarios a la baja y que ponga contenciones a las reivindicaciones laborales.

Pero en el mundo capitalista –entre sus defensores liberales–, existen otros postulados: inteligentes. Por ejemplo, los de Martin Wolf en su último libro (La crisis del capitalismo democrático, Deusto, 2023). En las antípodas de los idiotas.

            Una importante huelga se ha convocado en Estados Unidos, desde un sector industrial tradicional de su economía: la del automóvil. Más de 140 mil trabajadores, con un epicentro en Detroit, y con peticiones relevantes, como el incremento del 40% del salario, el mismo que se han subido los directivos de las principales empresas del sector. El tema está generando inquietud en los dirigentes económicos norteamericanos, toda vez que, se indica, la progresión del conflicto puede abrigar una recesión en la economía de Estados Unidos. Y extenderse a todo el mundo. Se ha evaluado un primer impacto de la huelga: cerca de seis mil millones de dólares, en las primeras dos semanas.

            Las reclamaciones de los trabajadores de Detroit y de otros centros productores no es descabellada, aunque a primera vista parezca excesiva. Los beneficios en la industria del automóvil en Estados Unidos han aumentado en los últimos años, y ello ha promovido la repartición de dividendos y de bonus a gerentes y directivos de esas firmas. Los trabajadores exigen incrementos similares en sus salarios, siendo su base de cotización mucho menor que la de sus jefes y directivos. El tema nos remite a un aspecto determinante: los fenómenos de redistribución de la riqueza que se va generando. Y, al mismo tiempo, nos sitúa en otro debate de profundidad en las organizaciones empresariales: la participación de representaciones sindicales en los consejos de administración de los consorcios. Esto, que ya es moneda corriente en países del norte de Europa –incluyendo Alemania–, tiene por el momento un difícil encaje en el interior del capitalismo norteamericano –y, cabe señalar también, en países del sur de la Unión Europea–.

            De alguna forma, ese planteamiento más participativo de los trabajadores en los órganos de dirección y decisión de las empresas rompe con el esquema que diseñó Milton Friedman, premio Nobel de Economía, máximo exponente de la Chicago School, y gran inspirador de la política económica desplegada en el Chile de Pinochet: las empresas solo deben preocuparse por ganar el máximo dinero posible –independientemente de cómo lo hagan–, y repartir dividendos a sus accionistas. Cualquier acción social, al margen de ese cometido central, es considerado como un lastre para el desarrollo empresarial. Ya no digamos si, además, para Friedman, en el seno de la dirección se escuchan voces de sindicalistas. Vade retro.

            La importancia de la participación sindical en economía se ha demostrado en la práctica en casos de economías regionales. Los más ilustrativos: los italianos y algunos alemanes, por recordar solo pocos ejemplos. Aquí, la desindustrialización y caída de la renta se pudo atajar con mecanismos de colaboración público-privada y con el concurso de la administración. Emilia Romagna, Marche, Toscana –la lista se puede extender– constituyen muestras significativas: distritos industriales en los que trabajadores, empresarios y políticos colaboraron empáticamente, y levantaron las economías en declive. Un modelo de planificación económica, estratégica, con la visión puesta en el mercado; también en la corrección de los desequilibrios. Para aprender.