BLOG DE CARLES MANERA

Datos positivos de inflación general para España: poco más del 2%. De las más bajas de la Eurozona, y casi cinco puntos por debajo de la de Alemania (6,8%). Previsiones de instituciones internacionales: seguirá esta tendencia bajista. Un hecho que ya se está viendo, también, en Estados Unidos. La liberación de los corsés comerciales, provenientes de la guerra, hace efectiva una mejor circulación de las mercancías. Sobre todo, del gas licuado. El shock de oferta se ha ido limando con el tiempo, por fortuna. Si a ello le sumamos el tope ibérico, el resultado micro es potente: reducción de un 18% en la factura energética de los hogares. Con otro dato relevante: el acopio de gas en la Eurozona llega ya al 90%, de manera que no se otean dificultades de suministro para el próximo invierno. Pero, además, como recordaba hace pocos días la profesora Mariana Mazzucato, en el caso de España la inflación también se ha reducido por los límites a los precios de los alquileres de vivienda, la gratuidad del transporte público y, esencialmente, por la fiscalidad sobre los beneficios caídos del cielo a empresas energéticas oligopólicas. Todo un acerbo de políticas públicas que demuestran una realidad innegable: la economía pública está siendo determinante para evitar serios problemas a consumidores y empresas, lo cual no quiere decir que desaparezcan. Pero la inacción o dejar que el mercado, de forma espontánea, resolviera las ecuaciones hubiera conducido a una depresión en la economía. Tal y como aconteció en el pasado más inmediato, con la crisis financiera de 2008.

Negar la relevancia del sector público y de sus gestores forma parte del acerbo ideológico de la economía y de la política más ortodoxas, menos permeable a buscar otras soluciones a los retos que se tienen. Estas encrucijadas tienen perfiles nítidos, y no son temas de futuro. Están presentes, y algunos los han negado arrinconando las aportaciones de la ciencia. El cambio climático, la emergencia energética, la digitalización, el envejecimiento de la población, factores que tienen –y tendrán todavía más– corolarios claros en los mercados de trabajo. Debates abiertos, con aluvión de datos. Igualmente, en las políticas de migración y de pensiones. No es extraño, por tanto, que instituciones financieras estén trabajando sobre estos temas, e incluso desde los bancos centrales se estimulen investigaciones que aportan datos, argumentos, modelos matemáticos, para encarar tales envites. En diferentes reuniones científicas al respecto, con presencia de representantes del Banco Central Europeo, Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco de España, entre otras entidades, se ha trabajado con intensidad, a partir de documentos concretos. Con matices y diferenciaciones argumentales, se defiende en buena parte de ellos la reivindicación de que el sector público debe intervenir, en coordinación con los instrumentos de política monetaria. Aspecto relevante, a discutir, a debatir, a repensar. Tras las elecciones en España –que eran más que unas elecciones nacionales– se debe dar tiempo a volver, con serenidad y a esos temas. Blindarlos de la cacofonía acientífica de los ignorantes.

Austeridad letal para la economía (y la sociedad)

            Las voces que reclaman la necesidad de políticas de austeridad se van alzando. Lo han hecho con lentitud, pero con la convicción de siempre. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, es el exponente genuino de esa petición: volver a los preceptos fiscales de la Gran Recesión. Unas reglas que, además, no se han cumplido nunca: comenzando por Alemania y Francia, que superaron negativamente todos los parámetros –déficit público, deuda pública–, pero sin penalizaciones para ese incumplimiento. Algo muy distinto se exigió a los países del sur de Europa. Se advertirá que el tiempo histórico no es el mismo, y que esas llamadas reglas son, por decirlo en términos coloquiales, unas Tablas de la Ley económicas. Tablas que deben regir siempre la actuación de los gobiernos.

Pero no: las medidas fiscales que se aplicaron durante la crisis financiera fueron pro-cíclicas, letales para la recuperación económica, y se cebaron, sobre todo, en los países del sur –con Grecia como ejemplo–: con exigencias draconianas que generaron una caída del PIB heleno del orden del 25%. No nos extenderemos con esto, ya que lo hemos comentado en reiteradas ocasiones en estas mismas páginas, aportando variables de todo tipo que pueden ser consultadas, ya que proceden de bases de datos oficiales. Los números son demoledores e incontrovertibles. Recordemos telegráficamente: caídas del PIB, incremento del paro, pérdidas salariales, deflación, déficits comerciales y presupuestarios, aumento de la desigualdad. Un mosaico de indicadores que empeoraron la situación de miles de familias y empresas. Y también de los propios gobiernos que los impulsaron.

            La crisis vírica cambió la forma de actuar: con más laxitud, mayor flexibilidad. Una coordinación ajustada entre política monetaria y política fiscal. El resultado: una recuperación más rápida y sólida, a raíz de la aplicación de estrategias económicas más expansivas, de carácter contra-cíclico. Todo esto ya es bien sabido, igualmente con datos irrefutables. Pero ahora, nos enfrentamos a la obcecación de siempre, por parte de la ideología neoliberal: la recuperación de la idea de la austeridad.

Alinear la política monetaria con la política fiscal

Conviene considerar unos elementos:

a/ El seguimiento de la política monetaria europea a la de la Reserva Federal. Aquí se advierten problemas distintos: en origen, un shock de demanda en el caso norteamericano, frente a un shock de oferta en el europeo. Las acciones en política monetaria han sido muy similares –explicable el seguimiento del Banco Central Europeo en un principio, por los diferenciales en los tipos de cambio euro/dólar–; pero ahora el encapsulamiento europeo en las reiteradas subidas de tipos, siguiendo la estela estadounidense, tiene explicaciones difíciles de entender. En Estados Unidos, la tasa de paro está en el 3% (último dato de junio), en plena ocupación, con una inflación subyacente del 4,8%, que no llega por tanto a la conocida hace pocos meses.

En la Unión Europea, la disparidad en el mapa de la inflación es notable: desde el 1,9% de España, hasta el 6,8% en Alemania, un gap que está condicionando muchísimo la actitud del regulador financiero europeo. La recurrente inflación europea tiene una parte de su causa –parte que no es nada trivial– en los márgenes empresariales, y no en una tensión de demanda y/o incremento del consumo (esto lo están diciendo el Banco Central Europeo y el Banco de España; también el reciente informe del Observatorio de Márgenes Empresariales, en el que colaboran el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y el Banco de España). Aquí se debería enfatizar mucho más la acción: presión fiscal sobre las prácticas oligopolísticas (en el caso flagrante de los consorcios energéticos), empresas abducidas por lo que se ha ido denominando “avaricia de la inflación”.

Atacar a machetazos la tensión al alza de los precios –con la subida de tipos y, además, señalando que puede ser más reiterada–, sin apenas modulación y en la senda de la Reserva Federal, va a contribuir muy poco al mantenimiento de la economía y/o a su recuperación. Va a causar un daño que los propios banqueros centrales han advertido. Sin paños calientes: dolor y posible recesión. Y ese mensaje se emite cuando las curvas de la inflación ya están descendiendo con más fuerza.

b/ La hoja de ruta del Banco Central Europeo tiene, según se indica desde la institución, un mecanismo de caución en el caso de países con inflaciones bajas –como es el caso de España, si se compara con la media comunitaria–, ante subidas de tipos de interés y tensiones que se pudieran derivar, en forma de incrementos relevantes de las primas de riesgo: el TPI (Transmission Protection Instrument), con el objetivo de conseguir una correcta transmisión de la política monetaria a todos los países de la zona euro.

El regulador bancario trata de evitar, con esta palanca, la fragmentación financiera, que podría expresarse en subidas en, como decimos, las primas de riesgo, ante las dificultades de algunos países para colocar sus emisiones de deuda en los mercados. Frente a un peligro plausible, el Banco Central Europeo compraría la deuda del país afectado, con vencimientos que pueden oscilar entre uno y diez años, pero bajo unas condiciones precisas: que el país debe mantener una política fiscal “sólida y sostenible” (sic) que, en palabras más llenas de contenido, significa que debe reducir su déficit y deuda y no incurrir en desequilibrios macroeconómicos.

El instrumento puede ser efectivo para el Banco Central Europeo; pero el problema puede, a su vez, radicar en el país que pida esa acción: no es arriesgado suponer que los mercados apreciarían esto como una debilidad que obligaría a una intervención en toda regla del máximo regulador, de forma que podría dificultar la colocación de nuevas emisiones en otras fases. Estaríamos ante un posible efecto “reputacional” del país afectado: un serio revés para sus finanzas.

c/ Los epicentros sobre los que inciden los defensores del retorno a la austeridad son, justamente, los enunciados en el apartado anterior: severos controles sobre el déficit y la deuda. Los símiles que se ponen sobre la mesa son harto conocidos, y forman parte de la casuística más acríticamente ortodoxa: trabajar la economía pública como si fuera la de una familia, establecer el rigor en las cuentas públicas –haciendo sinónimo el vocablo “rigor” con un recorte efectivo del gasto público–, reducir el déficit y la deuda a los parámetros marcados por el Tratado de Maastricht y, a su vez, tener la inflación entorno al 2%.

No obstante, a su vez, se recomienda mantener líneas de inversión derivadas del Next Generation. Este es el desencaje total: se reclama una política monetaria restrictiva, los cumplimientos estrictos con las pautas fiscales de la Gran Recesión y, al mismo tiempo, persistir en determinadas inversiones. Cabe advertir que:

• La reducción del déficit público se debería conseguir a partir de un incremento tributario y, a la vez, de segar el gasto público: principalmente el social, que es la parte del león del mismo.
• La reducción de la deuda pública infiere la imposibilidad de encarar de manera más decidida proyectos inversores que requieren de capitales importantes: la transición energética, la lucha contra el cambio climático, la digitalización y automatización de la economía, etc.
• La subida de tipos de interés puede lastrar no sólo a la inversión, sino principalmente al consumo privado (decisiones de compras de viviendas o de nuevos alquileres, por ejemplo); en tal sentido, es este vector el que está más afectado, tal y como se destaca en todos los informes de coyuntura.
• Los indicadores de déficit-deuda pública sobre PIB son ratios. Es decir, si el denominador de la división se reduce –el PIB, por las medidas de ajuste que algunos ya reclaman–, las ratios seguirán siendo problemáticas. La austeridad no genera el crecimiento potente que preconizan sus promotores, tal y como se desveló durante la Gran Recesión, con recuperaciones que tardaron cerca de una década. Esto es lo que nos enseña la historia económica reciente.

Una consolidación fiscal avenida con la coyuntura y con el futuro inmediato

Ante esto, concluimos:

1. Los programas de consolidación fiscal, es decir, de ajustes presupuestarios, deben ser graduales; no abruptos, tal y como se deduce de las declaraciones del ministro alemán Lindner. En este artículo no defendemos ninguna orgía de gasto, ni la ignorancia de que las cuentas públicas deben equilibrarse; más bien se aboga por aplicar sensatez a las políticas generalistas que emanan de organismos supranacionales. Y, sobre todo, que las reglas fiscales que se dibujen sean creíbles, de aplicación generalizada, y no solo para algunos países. En tal aspecto, el enfoque negociado que rigió la idea del Next Generation, es decir, una visión más “federalista” en cuanto a reglas, pautas y acciones, sería una ruta inteligente –que se ha revelado, además, muy positiva– a seguir. Esta filosofía debería generar porosidad en las nuevas reglas fiscales que se planteen, pensando en que, con datos en la mano, la austeridad expansiva que se aplicó durante la Gran Recesión no representa una solución social y económicamente razonable. No estamos ante opiniones, ni invocaciones a la fe: nos regimos por los datos.
2. La sensatez a la que aludíamos se aviene con una visión cuidadosa de la coyuntura y de los retos que la economía europea –y la mundial, por extensión– tienen ante si. Retos y encrucijadas –ya explicitadas– que van a suponer esfuerzos de inversión en nuevos sectores productivos o el estímulo de los ya existentes, que se canalicen hacia esos motores emergentes de crecimiento. En tal sentido, esas posibles partidas no deberían computar en los déficits, toda vez que significan opciones razonables para alcanzar transiciones económicas y sociales estratégicas. La Unión Europea ha de ser consciente que en esta nueva fase de la globalización, con potentes bloques de competitividad económica –Estados Unidos y China–, los planes de actuación deben ser ambiciosos. Y éstos no encajan con hojas de cálculo que pretenden estrictamente unos cumplimientos contables, mientras los otros competidores están repensando, muy seriamente, las reglas del juego económico en sendas direcciones: invertir más, reindustrializar, posicionarse mejor en los mercados internacionales. Esto tiene poco de austeridad fiscal.
3. La senda hacia equilibrios presupuestarios no se puede transitar con solvencia en escenarios de gran incertidumbre y, sobre todo, con países en recesión técnica (y algo más), como es el caso de Alemania. De nuevo, los ejemplos de historia económica son elocuentes, y en estas mismas páginas los hemos comentado en diferentes entregas. La austeridad, aplicada en coyunturas de gran dificultad, ha inferido presupuestos más equilibrados, pero con economías dislocadas. Y, en el medio plazo, con corolarios de enormes dificultades que afectan la propia sostenibilidad financiera de las cuentas públicas. Es una posología tóxica, ya conocida, ya sufrida, que provoca dolor, malestar, depresión, tristeza. Y retraso económico.