Se cierra un año. Veamos una pequeña batería de datos accesibles, que señalan factores relevantes de clausura de 2022 en un contexto con problemas e incertidumbres:
1. La OCDE sitúa el crecimiento económico de España en 2022 en el 4,7%, superior a las previsiones de cierre del Gobierno y del Banco de España. Distintas instituciones (FUNCAS, BBVA) van en esa misma dirección.
2. Ello infiere máximos históricos de afiliación –en serie desestacionalizada– en el mercado laboral español, según el último dato de noviembre: 20,3 millones de afiliados (fuente: @economyred).
3. Y con un sector exterior con buenas cifras. La balanza por cuenta corriente de la economía española está en positivo; a pesar de un shock energético que ha supuesto un desembolso de más de 50 mil millones de euros. Aquí, sin duda, la fortaleza del turismo es la clave.
4. Todo en el marco de una deuda pública española que resiste en los mercados, sin apoyo del BCE. De hecho, el banco central ha reducido la tenencia de deuda española, pero el bono español ha aguantado el envite sin ayudas externas (fuente: elconfidencial.com).
5. Las tensiones inflacionistas persisten, pero han iniciado su descenso, con la excepción de los productos alimenticios (fuente: Oxford Economics, INE), como ya anunciamos en otros artículos.
6. Por otra parte, el almacenamiento europeo de gas se sitúa en el 94% de la capacidad en los primeros días de noviembre (fuente: BBVA Research). Esto implica que Europa en su conjunto está en posición menos negativa para encarar aumentos en el consumo durante el invierno.
7. Las medidas de política económica, en el entorno comunitario, dan resultados. De hecho, la Comisión Europea ha dado el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado de España para 2023; mientras el Fondo Monetario Internacional ha elogiado los efectos positivos de la reforma laboral.
8. El aval del Banco de España a las medidas de alivio del Gobierno en las hipotecas (declaraciones del Gobernador; fuente: cincodias.elpais.com): se ha alcanzado un cierto equilibrio para atajar problemas en los hogares más afectados por el alza de las hipotecas a tipo variable con, a su vez, no provocar presiones excesivas en los balances bancarios.
9. Bajar los impuestos no es una receta efectiva, en estos momentos, en política económica. El caso británico es elocuente; el ejemplo andaluz, también. En este último ejemplo –del primero ya hemos hablado en otros artículos–, el Observatorio Económico de Andalucía ha enfatizado que el crecimiento de los ingresos es inferior a la media autonómica, precisamente por las rebajas fiscales. La narrativa de los recortes de impuestos, como solución en política económica, no se aviene con la realidad.
10. La presión fiscal en España es inferior a la media europea: 39% s/PIB en 2021, frente al 42% de la Eurozona. Francia, Bélgica, Alemania, incluso Italia, tienen porcentajes más elevados, que superan el 43% (fuente: Eurostat; desagregación por tipología fiscal –IVA, IRPF, Sociedades–, con cifras españolas siempre inferiores a las medias comunitarias, en: Agencia Tributaria).
Las primeras subidas de tipos de interés por parte del BCE, hasta llegar al 1,25, se produjeron por la señal de los precios al alza en Europa, que se acercan a los dos dígitos. Pero también esa decisión se explica por evitar la penalización del euro en el tipo de cambio con el dólar, toda vez que las compras externas de energía por parte de la Eurozona se dirimen en dólares; por tanto, un acicate más para elevar los precios. Por tanto, puede ser razonable ese retoque en los tipos de interés. Las incógnitas aparecen con mayor fuerza a partir de ahora.
Debe recordarse que el objetivo de inflación del BCE es el 2%, y que sus previsiones para 2024 superan ligeramente ese número (entorno al 2,4%). De alguna forma, y a futuros, el BCE está indicando que el shock de oferta se puede superar de forma gradual, habida cuenta que los problemas de estrangulamientos en la distribución de mercancías y de colapsos graves en la energía se pueden ir soslayando en meses. Pero, así y todo, persiste en su hoja de ruta con la nueva subida de tipos del 0,75; esto alienta una recesión económica, por un motivo central: porque puede afectar a un consumo que no se ha sobrecalentado, es decir, que no es responsable de la subida de los precios (cosa que sí acontece en Estados Unidos, donde el shock es de demanda). Dicho de otra forma: esta nueva subida de tipos no está claro que contribuya a reducir la inflación, en un contexto en el que ésta puede haber tocado techo, atendiendo al último dato disponible (7,3% para España, 7,1% para Francia, 10,3% para Alemania).
Esto incide en la idea de que sería importante que la política monetaria desplegada por el BCE no fuera tan quirúrgica e invasiva y, por el contrario, fuera más laparoscópica: mucho más gradual y paulatina, y menos agresiva en función de los datos más granulares y frescos en las evoluciones de los precios. Ello debiera hacer pensar al banquero central que si pretende contribuir a la recuperación económica, no debe utilizar los tipos de interés de forma mecánica, sin tener en cuenta los contextos en los que se mueve la economía europea: en tal sentido, los precios parece que se van atenuando, no incrementando. Y, sobre todo, comprender que la causa esencial de la inflación, en el caso de Europa –y en el de España–, radica en los incrementos en los precios de la electricidad.
Es ahí donde debe actuarse, en clara connivencia con la política fiscal, a la que se le exige que estimule inversiones perentorias para, entre otros cometidos, ir a escenarios de cambios de modelos productivos: dinero necesario que se contradice cuando se suben tipos de interés que van a encarecerlo. Desafío para el regulador bancario, que debe estar atento a más indicadores que el agregado sintético de los precios. Y que no puede ignorar mensajes que le van llegando desde la política fiscal. Pareciera como si, de manera automática, el banquero central mueva los tipos de interés en función de una descriptiva evolución de los precios. Como si los análisis de contexto no contaran, o lo hicieran poco. Ser consciente de ese contexto es clave para adoptar políticas más prudentes.
Liz Truss, la Premier británica, se las prometía felices. Aupada por su partido, relevaba el desastre de su antecesor, Boris Johnson, con la idea de imprimir un cambio que favoreciera el crecimiento económico y sacar de la atonía a la maltrecha economía británica. Devolver, en definitiva, la confianza. Parecía imposible superar los despropósitos del extravagante y despeinado líder conservador. Pero el disparate ha aparecido, nuevamente, cuando la ideología más severa y acrítica se ha afianzado, una vez más, en un gabinete ministerial. Con una fuerza tan aparentemente incólume como sorprendente. Truss, siguiendo el recetario de su admirada Margareth Thatcher, decidió anunciar la bajada de impuestos a los ricos y, a la vez, ayudas a empresas afectadas por los problemas energéticos. Estos dos anuncios concretan números: en el primer caso, dejar de ingresar 43 mil millones de libras; en el segundo, incrementar el gasto en 150 mil millones de libras. Un desequilibrio tan flagrante –con solo dos datos en el tapete– que no pasó desapercibido por nadie: ni por los mercados, ni por el propio partido conservador. La pirueta contable de Truss es inexplicable, un insulto al sentido común, y no se acierta a entender cómo ningún economista reputado –que seguro los tienen los tories– advirtiera que esa ecuación era inviable. El resultado es conocido: devaluación de la libra, paralela a la subida de tipos de interés e intervención final del Banco de Inglaterra ante la amenaza de venta de bonos que nucleaban pensiones privadas. Un desastre que, lejos de conseguir confianza, está generando enormes prevenciones en el mundo económico y en el propio seno del partido gobernante. Porque estamos ante un escenario que es de país emergente, no de la nación que tiene un centro financiero capital en Londres. Ha faltado la intervención del FMI para redondear la fantasía.
Los mercados reaccionaron con furia ante tamaño desaguisado. Podríamos decir que, aquí sí, el sentido común imperó ante esta burda ideologización de la economía. Una ideologización que ha sido duramente criticada en artículos publicados en The Economist y Financial Times, cabeceras ineludibles del liberalismo económico. Ese nacionalismo económico exacerbado, que nace con la propuesta y convocatoria del referéndum para salir de la Eurozona, que defiende la expulsión de inmigrantes, que sigue soñando en las viejas costuras de un imperio que no existe, se ha revelado una hecatombe económica que ha arrasado a varios primeros ministros. Y que está colocando al Reino Unido, con su flamante nuevo rey, al borde del abismo.
Una gran responsabilidad de todo esto radica en el neoliberalismo político y económico que se ha ido adueñando del espectro sociológico británico. La creencia, en definitiva, en un régimen político superior, autónomo, alejado del continente europeo, y con unas reglas económicas edificadas sobre la voluntad estricta de los mercados, la no intervención pública, la contracción de los impuestos y la liberalización de sectores productivos estratégicos. Ambos ámbitos han ido destruyendo todos los grandes avances del laborismo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es el retorno a directrices económicas que se han revelado fracasadas. Un fracaso advertido por economistas desde hace mucho tiempo. Pero que, curiosamente –o no tanto– se ha creído en tales admoniciones cuando ahora, esos mercados a los que se glorificaba, no se han tragado la patraña de que reducir los impuestos a los ricos traerá prosperidad general.
Truss se ha visto obligada a recular. Pero en sus discursos posteriores, sigue con la insistencia en rebajar los impuestos como gran receta mágica para corregir todos los males económicos. Esto y, por supuesto, el recorte del gasto público social, de manera que Gran Bretaña ensaya un nuevo intento de austericidio en toda regla, en un contexto europeo en el que los sectores productivos miran al Estado como garante en situaciones económicas comprometidas. Quitarse munición –los ingresos– para afrontar la batalla –los retos, que infieren inversiones públicas– es un error que se ha demostrado con creces en la historia económica.
Ahora bien, las premisas neoliberales siguen vigentes en el mundo desarrollado, tanto en universidades, como en el sistema financiero como en las administraciones. La pandemia indujo un cambio de orientación en política económica, al confiar en el sector público y en una laxitud de la política monetaria. Esa transformación sigue presente, no sin resistencias. La política monetaria se enfrenta al desafío de subir los tipos de interés una vez más, para controlar la inflación, a sabiendas que esto puede promover una recesión; pero, al mismo tiempo, se defienden ayudas a colectivos vulnerables y sectores sociales y económicos con dificultades, lo cual infiere sin lugar a dudas incrementos del gasto público. La contradicción es flagrante y supone optar por una política monetaria más cautelosa, que huya del contagio norteamericano: aquí, en Estados Unidos, el shock es de demanda, no de oferta. Y el peligro para la Eurozona es que la pauta de la Reserva Federal se acabe siguiendo de manera acrítica, cuando los condicionantes de la inflación son distintos.
Volver a una austeridad económica mal entendida es lo que pretenden formaciones políticas conservadoras, utilizando como herramientas centrales la liberalización de los mercados y las bajadas de impuestos. Es una batalla ideológica, no técnica. Técnicamente, empíricamente, los estudios que defienden resultados contrarios a esos supuestos son muy abundantes. El centro del debate es ideológico, con la utilización populista de los recortes de impuestos como reclamo electoral, el incumplimiento de esa promesa si se llega al poder arguyendo una herencia que ya se conoce y que, por tanto, implica subir la tributación; en definitiva, culpabilizando al gobierno anterior para retirar una promesa que ya se sabía irresoluble. El caso británico es buena muestra; lo que aconteció en la economía española a partir de 2012, también es un ejemplo representativo.
El neoliberalismo sigue teniendo fuerza. Pero no aporta soluciones a los grandes retos de la economía mundial. Si la lupa se traslada a escenarios más próximos, las premisas neoliberales no contribuyeron a resolver los graves problemas de la economía europea –ni de la española– tras la crisis financiera de 2008, y sus recetarios apuntalaron el sufrimiento de los grupos sociales más desfavorecidos y de una parte sustancial de las rentas medias. Es esta una lección que, de una vez por todas, debería aceptarse. Liz Truss, al parecer, persistirá en su error dogmático e ideologizado. En la Unión Europea se debe tomar nota de todo esto: para evitar errores en la política monetaria y en la política fiscal. El futuro europeo depende en buena parte de esto.
Los datos, y no los dogmas de fe, sitúan los efectos de una determinada política económica. Sobre los impuestos, dirigentes y economistas de perfil conservador han incidido en un relato: las regiones que menor carga fiscal imponen en sus territorios justifican ahí la clave de su éxito económico. Tratemos de averiguar, precisamente con datos de las diecisiete comunidades autónomas (remitimos a los links correspondientes), si eso es cierto. Todas las cifras macroeconómicas y sanitarias regionales están en la Contabilidad Regional del INE. La carga fiscal regionalizada proviene de los presupuestos autonómicos (http://www.caib.es/sites/ces/ca/l/memoria_socioeconomica_i_laboral/?mcont=54.). El gasto sanitario de las comunidades autónomas remite a INCLA-SNS (http://inclasns.msssi.es/main.html y a https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/PublicacionPresupuestos/aspx/inicio.aspx.). Estamos, pues, ante poderosas bases de datos, de consulta accesible, cuyo procesamiento y análisis arroja estas conclusiones, desarrolladas matemáticamente en este artículo (https://economistasfrentealacrisis.com/recortar-servicios-pasa-factura/) en coautoría con Ferran Navinés y Miquel Quetglas:
1. La idea que bajar los impuestos aumenta el crecimiento económico de una región queda desmentida por los datos. A su vez, las cifras tampoco indican que las regiones con menor presión fiscal sean las que mayor incremento del PIB presentan.
2. La incidencia del gasto corriente y de las inversiones públicas en el bienestar social ha ayudado a la contención del exceso de mortalidad que provocó la COVID-19. En esta relación, Madrid es un caso particular, puesto que tuvo una ratio de defunciones muy superior al resto de España. Además, la inequidad social entre distintos barrios de la ciudad conduce a diferencias en la esperanza de vida y otros indicadores de bienestar.
3. Cuando políticos conservadores dicen que el éxito del crecimiento económico se debe a una menor carga fiscal, estamos ante una afirmación falsa, formulada para un consumo electoralista. Por ejemplo, se aprecia cómo en gobiernos regionales que, a lo largo del período 2010-2019 –el que hemos analizado–, han estado siempre en manos del PP –Madrid, Murcia, Galicia, Castilla-León–, una variación mínima del crecimiento de la carga fiscal entre ellas de 4,9 puntos, por ejemplo entre Madrid (5,5%) y Murcia o Castilla-León (0,6%), da lugar a diferencias muy notables en el crecimiento regional: más de 13 puntos (Madrid, 17,39%) frente a Castilla-León con sólo un 4,1%. Por tanto, podríamos decir que Madrid ha crecido más que Castilla-León gracias a que tiene mayor carga fiscal, lo cual no agradará, seguramente, a los defensores de su política económica. No digamos ya si al ejemplo le añadimos Balears, que es la que más crece con un 18,6% y la que más ha incrementado la carga fiscal con un 9,2%, sólo superada por Canarias (36,3%) y País Vasco (26,2%). Repetimos: todos los datos procesados están en la referencia apuntada anteriormente.
Hay que rehuir de relatos simplistas y populistas, y aferrarse al análisis económico: para derruir los catecismos dogmáticos.
La propuesta de subida de impuestos a rentas elevadas de un país o a beneficios empresariales excesivos no es un capricho de economistas de perfil izquierdoso, ni una perversa tendencia en gobiernos progresistas, espoleados por su voracidad recaudatoria. Vemos declaraciones que insertan la política fiscal progresiva en unas coordenadas tildadas de negativo intervencionismo. Se llega a afirmar que el dinero recaudado está en manos del gobierno y del presidente, como si éstos tuvieran unas cuentas offshore en las que anotar las partidas recaudadas por el fisco. Esto ni es inocente, ni es una licencia literaria: obedece al objetivo de indicar que pagar impuestos y subirlos a determinadas franjas de renta y empresas es inapropiado, porque reduce las posibilidades de un mayor crecimiento económico.
Este es uno de los debates económicos ya abiertos, y que conforma el principal armazón de política económica por parte de los partidos conservadores, junto al retorno a parámetros ortodoxos en economía pública como objetivos estratégicos, la añoranza de una política monetaria más restrictiva para embridar la inflación, y la descalificación reiterada del sector público calificado como ineficiente y despilfarrador. Pero los datos no acompañan a la argumentación central: fueron posibles, en el pasado más reciente, fases de intenso crecimiento económico junto a políticas fiscales progresivas, con tipos muy elevados para el segmento más rico de la población. A su vez, reducir los impuestos a los más ricos no ofrece garantía alguna sobre el incremento sucesivo de ingresos tributarios. Aquí, también, la evolución económica constata que si los gobiernos contraen sus capacidades recaudatorias, acaban por elevar sus déficits y, también, sus deudas. Vean el desastre del Reino Unido: bajar impuestos a las ricos ha supuesto, junto a subidas de tipos, la intervención directa del Banco de Inglaterra y la retirada de la medida estrella de la Primer Ministra. Un auténtico desastre.
El progreso económico y social no se dirime en proposiciones para competir sobre qué partido o qué dirigente prometen mayores reducciones de impuestos a la ciudadanía. Sin una política fiscal progresiva no es posible la cooperación, la prosperidad social, la consecución de objetivos comunes en beneficio de la sociedad, en todos sus escalones sociales: de la más rica, de la formada por clase media y trabajadora, y de la más vulnerable. Las investigaciones sobre políticas fiscales señalan que mensajes catastrofistas, que urgen a rebajar ya los impuestos porque son excesivamente elevados, no son ciertos.
En Estados Unidos, el relato económico-fiscal más reciente se puede sintetizar así: hacia 1970, los estadounidenses más ricos pagaron en impuestos más del 50% de sus ingresos; esto duplicaba lo que devengaba en impuestos la clase trabajadora. En 2018, tras la reforma de Trump, los multimillonarios norteamericanos pagaron mucho menos que obreros, docentes, investigadores y jubilados. La conclusión: los ricos están viendo retroceder los impuestos que pagan a los mismos niveles de la década de 1910, cuando el Estado tenía una cuarta parte del tamaño actual.
Los temores a una recesión económica han aflorado con fuerza. Diferentes indicadores invitan a pensar en ello. Esas variables son utilizadas, en el mejor de los casos, por economistas y politólogos para anunciar un cataclismo. En otras ocasiones, diferentes colegas de la profesión, sin dato alguno, presagian el apocalipsis sin atender la más mínima norma deontológica: buscando el titular mediático. Estamos instalados en un espacio en el que se produce un fenómeno evidente: la convivencia, en cuanto a la narrativa, de noticias positivas y negativas. Estas últimas parecen ser las que determinan futuras certezas –las que acaban por configurar el relato que se divulga–, a pesar de que su precisión es tan escasa como aquellas que minimizan la situación económica y social. Los datos disponibles hasta el momento son elocuentes, y todos ellos proceden de fuentes oficiales y/o solventes (Our World, S&P, Bruegel, Kiel Institute for the World Economy, Eurostat, Comisión Europea, Banco de España):
Los PMI (Índice de Gerentes de Compras) de manufacturas y servicios se han contraído en julio 2022 en las economías más importantes del mundo; pero, a su vez, los plazos de entrega van mejorando, lo cual insinúa una mejoría en los cuellos de botella. Esto es particularmente apreciable en la UE y en el Reino Unido. Los PMI en Europa caen desde un índice 60 en julio de 2021 a guarismos por debajo del 50 en julio de 2022 (recuérdese que éste marca el límite de una posible recesión).
La inflación está al alza: energía, vivienda y alimentación son las partes que más contribuyen a la tasa intermensual. La tasa subyacente se ubica ya en cotas superiores al 6% interanual. La Comisión Europea avanza una inflación para 2022 del orden del 8%, tasa que se iría desacelerando en 2023, con cifras que van desde el 4% al 6%.
Dificultades en los avituallamientos energéticos de gas, con impactos directos en los mercados eléctricos.
China ralentiza su crecimiento en el segundo trimestre de 2022, afectada por la nueva ola del virus. Otros datos del coloso asiático: inflación subyacente del 1%, en un contexto de debilidad de la demanda, con una inflación general que es del 2,5% interanual (en el mes de junio de 2022).
El comercio mundial patentiza indicios de desaceleración: contracción del 0,4% en junio-julio de 2022.
Las revisiones del PIB son más pesimistas, desde la Comisión Europea. Estos pronósticos, sin embargo, acentúan la fortaleza de la economía española, con un cierre esperado del PIB para 2022 del 4%, y previsiones superiores al 2% en 2023, por encima de Alemania, Francia, Italia y la media comunitaria.
2. El contraste español
Ya se ha avanzado antes que existen indicadores no tan negativos para la economía española, en comparación con los disponibles para el grueso de las economías más avanzadas. En tal sentido, las magnitudes son ilustrativas (Banco de España, INE, Eurostat):
La fortaleza del mercado laboral: avances sustanciales en afiliaciones a la Seguridad Social, con incidencia importante de los contratos indefinidos –producto, básicamente, de la reforma laboral–. La tasa de paro se sitúa entorno al 13%, muy lejos de la observada en 2012-2013, cuando alcanzó cotas superiores al 20%.
La robustez de la economía turística es destacable: reactivación de pernoctaciones hoteleras, con estancias medias de los turistas extranjeros similares a los valores anteriores a la pandemia.
Desde junio las ventas de la hostelería se han situado en niveles parecidos a los de antes de la eclosión de la pandemia, con recuperaciones detectables ya en enero de 2022. Las entradas turísticas están suponiendo un enjuague importante para la balanza de pagos.
El comercio exterior ha avanzado: impulso de las exportaciones hacia Estados Unidos, América Latina y norte de África (a la par, descenso hacia China y Rusia) e incremento del déficit comercial básicamente por las compras energéticas en un contexto bélico de alza de precios.
Mejoras tangibles en la capacidad de repago de la deuda, y estabilidad de la prima de riesgo de España –poco más de 120 puntos básicos, frente a cotas superiores a 400 puntos básicos en 2012-2013–, en contraste con la italiana y a pesar de la subida reciente de los tipos de interés por parte del BCE.
Los datos presentados de forma descriptiva, remitiendo al lector/a a sus correspondientes referencias, constatan estos claroscuros que se vislumbran en la economía mundial y, a la vez, subrayan la capacidad de la economía española en estos momentos. Capacidad que no es ajena, como es lógico, a los avatares que transmutan los escenarios económicos internacionales. Negar esto es tan irresponsable como empecinarse en azuzar el temor a la población, hablando de defaults y otras ocurrencias, segmentando los indicadores para reforzar el relato del miedo.
3. Coda final
Ante todo esto:
Resulta poco sensato no tener presente la incertidumbre en la que trabaja la economía. Aportar certezas casi inamovibles, en dirección positiva o negativa, no se aviene ni con la ciencia ni con el contexto geo-político, que está determinando –este último– prácticamente todo en estos momentos. No es gratuito recordar que el principio de incertidumbre, que domina el tiempo presente, no proviene de la economía, sino de la física: de Werner Heisenberg, que afirmaba que no se podía predecir el futuro con precisión, sino tan solo probabilidades. No pidamos a los economistas algo que los físicos no han sido capaces de concretar; no pensemos, los economistas, que tenemos una varita mágica resolutiva, que nos hace ver de manera primigenia un futuro que no conocemos. Aprendamos de los físicos. Sobran las posturas dogmáticas; bienvenidas sean las dudas, las cavilaciones, las hipótesis, sobre algo fundamental e imprevisible: el comportamiento humano y su acción económica, en todas las vertientes.
La proliferación de discursos dramáticos, catastrofistas y, a veces, con tintes apocalípticos, chocan con algunas de las variables que hemos presentado. Es la economía del miedo, la narrativa explosiva hacia el precipicio, que están abonando algunos economistas. Nionel Roubini, un economista que predijo la crisis inmobiliaria de 2008 (si bien no fue el único, toda vez que esto lo había señalado ya un economista esencial, Steven Keen, con metodología científica), acaba de publicar un artículo en el que otea la debacle. En esta ocasión, su diagnóstico descansa sobre pilares más endebles. Todo en línea similar a la que otros economistas españoles auguraron tras la pandemia: que el paro llegaría al 30%, que las empresas quebrarían y que estimular el gasto público era la antesala del infierno. Por fortuna, ni el BCE ni la Comisión Europea les hicieron caso. Cabe decir que los profetas del desastre no se equivocan: dado que la economía es cíclica, es decir, que los ciclos económicos existen –contrariamente a lo que pensaban los escolásticos del mainstrean–, la crisis acabará apareciendo. Entonces, dirán que ellos, los visionarios, ya lo habían anunciado (y sus cachés aumentarán). Recuerda todo esto a una literatura económica que lleva más de cuarenta años indicando que el capitalismo se está hundiendo, sin que observemos signos elocuentes de que eso esté sucediendo en cada una de las crisis vistas desde 1973.
Ahora, casi todas las instituciones actúan y emiten mensajes cautelosos, que no ignoran una realidad de gran complejidad, pero que no se regodean en el derrotismo. Y decimos “casi” porque hablar de “infligir dolor a empresas y familias” (Jeremy Powell, de la Reserva Federal) se está convirtiendo en una letanía inquietante. Se debería ser más cuidadoso con estos mensajes, en los tiempos que corren. Hay formas más pedagógicas de explicar un contexto difícil, precisamente para esas empresas, para esas familias. Porque esas frases, a veces extraídas de contexto, sirven, a su vez, de coartada para la vehemencia irresponsable del hundimiento absoluto, propiciada por algunos economistas, sin atender a las variables conocidas (tergiversándolas en muchos casos). No deberíamos hacerles caso; los medios de comunicación, tampoco.
Pero, con esta economía del miedo, enmarcada en datos que no son todos tan negativos, ¿qué se hace desde palestras políticas? Véanlo cada día en determinados medios de comunicación: azuzar otros factores colaterales. Ya sea el medio de transporte en el que se traslada el presidente del gobierno, ya sea proclamando las mismas recetas –bajar los impuestos–, eludiendo responder concretamente a los retos que tenemos: el cambio climático, la digitalización, los problemas de la inflación, la crisis bélica, las dificultades energéticas, los desafíos demográficos. Un portafolio vacío, solo relleno de serrín de frases hechas, de jergas de manual, de mensajes altamente ideologizados sin bases empíricas.
Pesa un electoralismo zafio, acientífico, huérfano de honestidad intelectual: es la economía del miedo. Erwin Schrödinger, otro gran físico, nos ayudaría a mandar a estos tipos a su caja: con el gato. Quizás así sabrían si están en lo cierto. O no, ¿quién sabe? De nuevo, la incertidumbre.
Bulos, mentiras, noticias falsas, tergiversaciones, relatos tóxicos: he aquí una descripción limitada de lo que se divulga, se comunica, se traslada, en distintos ámbitos del mundo de la política. Y también en el caso de la economía. En la situación actual, las noticias económicas que aparecen en los medios, y los comentarios emitidos por tertulianos y economistas pretendidamente académicos, dibujan panorámicas críticas e incluso apocalípticas. Esto se solía adscribir a plataformas mediáticas conservadoras; pero el discurso, la idea, se ha granulado –en demasiadas ocasiones– incluso a medios poco sospechosos de populismos informativos, con honrosas excepciones. Se habla de incremento desaforado de la deuda pública con consecuencias nocivas para las generaciones futuras, de aumentos disparados en la prima de riesgo, de dificultades en la ejecución de las inversiones, del problema casi insalvable de la inflación; hasta invocar, como traca final, la quiebra del Estado. La contaminación está servida: la toxicidad se expande, con escasos contrapuntos, y penetra –también como un virus– en hogares y empresas. El desánimo se instala. La pregunta es a quién le puede interesar todo esto: la mentira como divisa.
En tales coordenadas, la economía del dato es un arma importante. Pero parece que es insuficiente: la víscera domina sobre el conocimiento, muy en la línea que nos exponía, hace unos años, Georges Lakoff. Aquel axioma, célebre a principios de los años noventa, de “¡es la economía, estúpido!” cede paso a su contrario: “¡no es la economía, estúpido”! Y esto por un motivo central: las cifras macroeconómicas, reconocidas por las principales instituciones económicas, no son tan negativas como se suelen presentar. En tal sentido, los medios resaltan sobre todo los indicadores problemáticos, que superan informativamente al conjunto de los que son positivos; éstos se suelen arrinconar o minimizar, aunque tengan mayor relevancia social y económica, frente a otras variables, que nadie niega por su relevancia y sus contenidos de inquietud y preocupación. Pero que se deben contextualizar de forma más rigurosa. Sin embargo, el frontispicio informativo es este: el país se halla inmerso en una crisis profunda.
Los economistas debemos recurrir a los números, trabajo de campo, y a los informes técnicos, estudio analítico, para auscultar los impactos económicos y sociales, con el contenido más realista posible. La economía es una ciencia social y, evidentemente, su interpretación está impregnada de principios ideológicos. Todo economista, decía Keynes, es tributario de otro economista ya fallecido: el pensamiento económico, entonces, puede estar al servicio de un cambio social que persiga el bienestar común; o más escorado hacia posiciones defensoras de sectores sociales y políticos privilegiados. Se trata de opciones que sin duda son legítimas, pero que se deberían difundir con la veracidad de los datos y la solidez de los argumentos. En ambos casos, la estadística, los modelos econométricos, las matemáticas en suma, son herramientas que ayudan, siempre que el economista no trate de encajar a machamartillo los números en su marco ideológico o no haga del instrumento la finalidad, torturando las ecuaciones para que digan lo que se pretende concluir.
Claro y alto: nuestra visión de la economía bebe de los clásicos –Smith, Ricardo, List, Mill, Marx–, una base esencial. Valoramos aportaciones concretas de los neoclásicos –Jevons, Marshall, especialmente–. Nos nutrimos de los economistas que trabajaron intensamente en el marco de la crisis del patrón-oro y de la Gran Depresión –Pigou, Keynes, Kalecki, Sraffa, Robinson, Minsky–, aportando soluciones plausibles. Continuamos nuestro bagaje con economistas holísticos, abiertos a las ciencias experimentales –los primeros economistas ecológicos, hasta llegar a las aportaciones seminales de Georgescu Roegen–. Podríamos seguir con otros nombres; pero estos ya son suficientes. No negamos estas premisas de partida. Es más, seguimos estudiando lo que escribieron, porque esto nos ayuda a entender mejor lo que analizamos en el presente. Somos, pues –recordando de nuevo a Keynes– tributarios de sus enseñanzas.
En todos ellos, dos características son esenciales: en primer lugar, la noción de que la economía debe velar por el bienestar común –por el conjunto de la población– y eludir esa visión de “ciencia lúgubre” –como dijo el poeta Carlyle–, de manera que el sentido de la justicia se sitúe al lado de la investigación económica (esto nos lo ha enseñado Smith en su Teoría de los sentimientos morales); en segundo término, la utilización de los datos concretos, del análisis económico profundo, para superar perspectivas abstractas o teoréticas (lo hemos aprendido de Kalecky, Keynes, Robinson, Georgescu-Roegen, Minsky). Otros colegas remitirán a otros nombres, y a ellos tributarán. Pero estos que hemos dicho son los nuestros. De aquí a los datos.
2. De la teoría a los datos para atender la realidad
Las instituciones económicas manejan datos que permiten construir indicadores informativos y proyecciones, tanto para el cierre interanual de 2022 como hacia el próximo bienio. Algunas de estas variables se recogen en las tablas 1 y 2. En el primer estadillo, se ordenan doce indicadores relevantes, macroeconómicos, sobre la economía española, procedentes del Banco de España, Instituto Nacional de Estadística y Banco Central Europeo, presentados en informes recientes del Banco de España. Teniendo en cuenta el enorme grado de incertidumbre de la economía –coletazos de la pandemia, guerra en Europa–, se advierten las revisiones realizadas, con suma cautela, para junio desde las anteriormente proyectadas para abril.
Tabla 1. España. Comparativa de proyecciones macroeconómicas,
tasas de variación (abril, junio 2022)
Indicadores
Proyecciones abril 2022
Proyecciones junio 2022
Diferencia
PIB
4,5
4,1
-0,4
Inversión
4,5
6,5
2
Exportaciones
12
12,5
0,5
Importaciones
9
7
-2
Horas de empleo total
1,9
4,6
2,7
Tasa de paro
13,5
13
-0,5
Deuda s/PIB
112,6
114,9
2,3
Inflación
7,2
Inflación subyacente
3,2
Mercados de exportación de España
4,6
Tipos interés a corto plazo
0
Tipos interés a largo plazo
1,8
FUENTE: Banco de España, INE, Banco Central Europeo.
Una lectura de la tabla 1 ofrece algunas conclusiones:
Una corrección a la baja del crecimiento económico (–0,4 puntos en junio, en relación a abril), aunque manteniéndose un robusto avance de la economía;
Un sustancial incremento (+2 puntos) de la formación bruta de capital, es decir, de la inversión, con un papel central del Next Generation EU;
El incremento de las exportaciones de bienes y servicios (+0,5 puntos) y la reducción de las importaciones (–2 puntos), con un previsible superávit en la balanza de pagos;
La reducción del paro (–0,5 puntos) y el importante incremento de las horas de empleo (+2,7 puntos), lo que denota el dinamismo del mercado de trabajo;
El retroceso de la inflación en relación a las estimaciones más recientes (desde poco más del 8% al 7,2%; la subyacente, al 3,2%, todavía alejada de los parámetros del BCE);
El aumento de la deuda pública sobre PIB, con un guarismo razonable teniendo en cuenta las variables precedentes: no se asiste a un disparo de la deuda.
Esto son previsiones, que parten de un cúmulo ingente de datos sobre los que trabajan las instituciones indicadas, de toda solvencia. No obstante, deben tomarse con prudencia. Pero lo que manifiestan es una idea esencial: no constatan cataclismos inminentes, ni inciden en versiones apocalípticas, ni sugieren hundimientos cercanos a una quiebra. Los defensores de esas posiciones alarmistas deberían ofrecer datos contrastados para afianzar sus tesis. El agit prop no sirve más que para inyectar miedo.
Si el ejercicio de prospectiva se amplía a 2023 y 2024, algunos de los resultados obtenidos –listados en la tabla 2– ofrecen, a su vez, lecturas complementarias.
Tabla 2. España. Proyecciones 2022-2024, tasas de variación
(menos en el caso del petróleo)
Indicadores
1922
1923
1924
PIB
4,5
2,8
2,6
Inflación
7,2
2,6
1,8
Inflación subyacente
3,2
2,2
2
Tasa de paro
13
12,8
12,7
Deuda s/PIB
114,9
113,2
112,5
Precio petróleo (*)
105,8
93,4
84,3
Tipos interés a corto plazo
0
1,3
1,5
Tipos interés a largo plazo
1,8
2,4
2,6
(*) Dólares por barril Brent.
FUENTE: Banco de España, INE, Banco Central Europeo.
El mantenimiento del crecimiento económico por encima del 2,5%;
El retorno a niveles de inflación más estables, ajustados –ahora sí– a los márgenes indicados por el BCE;
La previsible reducción de la tasa de paro;
La contracción de la deuda pública, motivada por el aumento de los ingresos por el crecimiento de la economía;
El repunte de los tipos de interés, yendo hacia una normalización monetaria.
Vayamos ahora a unas anotaciones finales.
3. Conclusión
Reiteramos que urge ser precavido con todas estas variables, toda vez que, como se decía, el nivel de incertidumbre es elevado en la economía, agravado por la incógnita del desarrollo de la guerra –y su tremendo impacto sobre los precios de la energía– en los próximos meses y, tal vez, en nuevos brotes pandémicos u otros cisnes negros que pudieran aparecer. Es evidente que, a partir de tales advertencias, estos números van a cambiar en una u otra dirección. Pero lo que nos interesa remarcar es que las perspectivas que arrojan ahora mismo, tanto los guarismos ordenados en la tabla 1 como los de la tabla 2, no inciden en un catastrofismo gratuito ni alimentan las ópticas más pesimistas, tesis que se explicitan y difunden –tal y como indicábamos más arriba– en ciertos medios de comunicación y en los comentarios –que no análisis– de algunos economistas y tertulianos.
Según la teoría económica y el pensamiento económico que apliquemos a nuestros estudios, las orientaciones de las conclusiones serán sin duda distintas. Se puede persistir en controlar a rajatabla los equilibrios presupuestarios, al margen de la coyuntura en la que se encuentre el proceso económico. Se puede, también, rechazar el incremento de la inversión pública porque puede inferir aumentos posibles en el déficit público y en la deuda pública. Se puede abogar por bajar los impuestos, como varita mágica que resuelva todos los problemas. Se puede hacer todo esto, y más, en una trayectoria de política económica regresiva. Pero lo que no se puede exponer, desde el rigor de la hacienda pública, del presupuesto –que es la política hecha carne–, es que todos esos movimientos van a suponer mejoras inmediatas para la población porque, simplemente, los ingresos obtenidos se reducirán y, por consiguiente, se deberán recortar las asignaciones públicas. Esto no son ideas abstractas: son corolarios que hemos conocido en el pasado inmediato, con resultados dramáticos tanto en el mercado laboral como en el incremento de la desigualdad y la reducción drástica de los servicios públicos. Lo estamos viendo ahora en algunas comunidades autónomas.
Tras tales postulados hay también economistas difuntos –Hayek, Misses, Friedman, entre otros; pero, ojo, no Schumpeter– que influencian a los presentes que, a su vez, adoptan sus premisas. Ahora bien, las perspectivas macroeconómicas expuestas en las tablas 1 y 2 –recuérdese una vez más: seamos cautelosos con ellas– resumen, de facto, actuaciones en política económica que son distintas, muy diferentes diríamos sin temor a equivocarnos, a las que invocan aquellos economistas de la austeridad. Y con resultados igualmente dispares, tal y como rezan los números presentados. Subrayamos: se trata de cifras que no responden a desplomes generalizados de la economía, ni a amenazas que no van más allá de la incertidumbre existente. Que delatan algo elemental: se ha aprendido de los diagnósticos fracasados durante la Gran Recesión. Tanto en política fiscal como en política monetaria. Persistir, por tanto, en el mensaje torticero de la hecatombe, a la vista de esos datos, constituye un absoluto ejercicio de irresponsabilidad.
Los economistas rigurosos deben seguir trabajando para desenmascarar tanto descaro, tanta pirotecnia vacía de contenido, tanta falta de profesionalidad, tanta epidermis aparentemente técnica –en medios de comunicación y en analistas–, tanta tendencia que persigue la inquietud, el desasosiego, el desánimo, y que entronca con esas grandes leyes de la estupidez humana que nos legó el profesor Carlo Maria Cipolla. Y como él decía: dejemos para los estúpidos la estupidez. Y abonemos el estudio, el análisis serio y el rigor. Para generar un pensamiento económico con un objetivo seminal: el bien de la ciudadanía.
1. Impuestos: lejos del capricho, cerca de la realidad
Subir impuestos a las rentas más elevadas de un país o a los beneficios empresariales excesivos –que en algunos casos son “extraordinarios”– no es un capricho de determinados economistas de perfil izquierdoso, ni una perversa tendencia en gobiernos progresistas, espoleados por su voracidad recaudatoria. Es un aspecto que se debe afrontar de manera perentoria en política económica, dados los desafíos del inminente futuro. Gobiernos europeos de perfil más liberal y conservador lo están ya abordando. Pero en España vemos, con harta frecuencia, declaraciones que insertan la política fiscal progresiva en unas coordenadas tildadas de negativo intervencionismo. Se ha llegado a afirmar que el dinero recaudado está en manos del gobierno y del presidente, como si éstos tuvieran unas cuentas offshore en las que anotar las partidas recogidas por el fisco. El aserto no es inocente, ni es una licencia literaria: obedece al objetivo de indicar que pagar impuestos –en general– y subirlos a determinadas franjas de renta y empresas –en particular– es inapropiado, porque reduce las posibilidades de un mayor crecimiento económico. Y –recordemos la imagen que se proyecta– porque el dinero está mucho mejor en nuestros bolsillos que en las arcas de las haciendas públicas.
Este va a ser, sin duda, uno de los debates económicos que se van a desarrollar en futuras contiendas electorales, y que conforma el principal armazón de política económica por parte de los partidos conservadores, junto al retorno a parámetros ortodoxos en economía como objetivos estratégicos –reducción del déficit público, de la deuda, de la inversión pública–, la añoranza de una política monetaria más restrictiva para embridar la inflación, y la descalificación reiterada del sector público calificado como ineficiente y despilfarrador. Pero los datos no acompañan a la argumentación central, por una razón contundente: la historia económica demuestra que fueron posibles, en el pasado más reciente, fases de intenso crecimiento económico junto a políticas fiscales progresivas, impulsadas también por gobiernos liberales y de derechas, con tipos muy elevados para el segmento más rico de la población. A su vez, reducir los impuestos a los más ricos no ofrece garantía alguna sobre el incremento sucesivo de ingresos tributarios. Aquí, también, la evolución económica constata que si los gobiernos contraen sus capacidades recaudatorias, acaban por elevar sus déficits y sus deudas. Los ricos no invierten más, necesariamente, por pagar menos impuestos.
2. Impuestos progresivos: mayor crecimiento
Frente a esto, el progreso económico y social no se dirime por un “trilerismo” para competir sobre qué partido o qué dirigente prometen mayores reducciones de impuestos a la ciudadanía. Sin una política fiscal progresiva no es posible la cooperación, la prosperidad social, la consecución de objetivos comunes en beneficio de la sociedad, en todos sus escalones sociales: del más rico, del formado por clase media y trabajadora, y del más vulnerable. Veamos lo que nos dicen las investigaciones sobre la más reciente historia económica en Estados Unidos. En los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial –entre 1946 y 1980–, el crecimiento económico fue muy intenso. De hecho, la renta nacional media por adulto se incrementó a razón de un 2% anual. Todos los grupos sociales vieron crecer sus ingresos; sólo el 1% de las rentas más altas –los más ricos, para simplificar– apreció un avance más sosegado. Y, en ese período, las tasas marginales máximas –que ahora calificaríamos como confiscatorias– del impuesto sobre la renta alcanzó ¡el 90%, con presidentes republicanos en el poder!
En efecto: a partir de la década de 1930, los responsables políticos de Estados Unidos aplicaron, durante casi cincuenta años, altos gravámenes a las rentas más altas: 90%, como se ha dicho, en renta; 50% en beneficios corporativos; y 80% en grandes haciendas. Los ingresos generados sirvieron para construir escuelas, financiar universidades públicas, invertir en investigación y desarrollo, formar capital humano en definitiva, lo cual hizo productivo y próspero al país (profusión de datos sobre este y otros aspectos de la evolución económica de Estados Unidos en: Emmanuel Saez-Gabriel Zucman, “Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence form Capitalized Income Tax Data”, Quaterly Journal of Economics, vol. 131, núm. 2, 2016; y Carles Manera-Ferran Navinés-José Pérez-Montiel-Javier Franconetti, “Capital productivity and decreasing wage share in the United States”, Journal of Post Keynesian Economics, https://doi.org/10.1080/01603477.2022.2068034).
Las investigaciones sobre políticas fiscales señalan que esos mensajes catastrofistas que urgen a rebajar ya los impuestos, porque son excesivamente elevados, no se corresponden con la realidad. Un pistoletazo de salida de esta tesis se produjo a partir de la década de 1980; pero ese reguero sigue permanente en los 2000. El gran referente que se sigue teniendo es Estados Unidos: se nos dice que con Reagan se bajaron los impuestos –y que ello generó mayor crecimiento…al tiempo que déficits presupuestarios y comerciales–; pero que, a pesar de esto, la tributación debería contraerse todavía más. De hecho, la reforma tributaria de Trump, en 2018, fue en esa línea. Partidos de derechas y ultraderechas en Europa aplauden esa iniciativa.
En Estados Unidos –insistimos: el señuelo para los que abogan por el recorte de tributos–, el relato económico-fiscal más reciente se puede telegrafiar así, en función de la novedosa investigación de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman (The triumph of injustice. How the rich dodge taxes and how to make them pay, Penguin, Nueva York, 2021): hacia 1970, los estadounidenses más ricos pagaron en impuestos más del 50% de sus ingresos; esto duplicaba lo que devengaba en impuestos la clase trabajadora. Pero en 2018, tras la reforma de Trump –el modelo que, rubricamos de nuevo, siguen los partidos conservadores europeos–, los multimillonarios norteamericanos pagaron mucho menos que obreros, docentes, investigadores y jubilados. La conclusión es tremenda, palmaria: los ricos están viendo retroceder los impuestos que pagan a los mismos niveles de la década de 1910, cuando el Estado tenía una cuarta parte del tamaño actual. En paralelo, la clase trabajadora paga más impuestos: del 3% de sus ingresos en 1950, al 15% en la actualidad. La confiscación se halla aquí.
La aportación de Saez y Zucman profundiza en investigaciones precedentes de otros colegas que han analizado, en su evolución histórica, la fiscalidad de diferentes países del mundo. Y la última aportación de Thomas Torslov, Ludvig Wier y Gabriel Zucman (“The Missing Profits of Nations”, en el último número de The Review of Economic Studies, julio de 2022) constata que el 36% de los beneficios de las multinacionales se trasladan a paraísos fiscales, en todo el planeta, siendo las norteamericanas las que transfieren el doble de ganancias que otras empresas de tamaño parecido. Evasión fiscal en toda regla, que infiere un dato estremecedor: el propio Zucman destaca, en otra contribución previa (La riqueza oculta de las naciones, Pasado&Presente, Barcelona, 2014) que, a escala mundial, el 8% del patrimonio financiero está custodiado en paraísos fiscales, siendo un 12% en el caso de la Unión Europea. Solo en Suiza, las fortunas extranjeras evadidas alcanzan los 1,8 billones de euros (el dato es de 2013). Estamos hablando de unas pérdidas anuales de recaudaciones fiscales totales de unos 130 mil millones de euros. Obsceno, descomunal. Los mismos think tank que defienden la reducción de los impuestos y que, por tanto, constituyen el marco teórico de los partidos que los impulsan como propuestas electorales, nada dicen en cuanto a este verdadero expolio, cuyo afloramiento rebajaría notablemente las deudas soberanas de las naciones.
3. Reflexión final
Por consiguiente, el debate sobre los impuestos se bifurca en varias derivadas (y no son las únicas):
Las bajadas de impuestos no estimulan, mecánicamente, el crecimiento de la economía; es más: pueden ralentizarlo y des-dotar de capital esencial a la economía pública para hacer frente a retos inherentes tras episodios recesivos. Quienes propongan reducir la tributación deben explicar qué partidas presupuestarias piensan ajustar para cuadrar ingresos y gastos, máxime cuando pretenden, además, recortar la deuda pública.
Hacia dónde se dirigen los impuestos. En el caso de las crisis económicas más próximas, la de la COVID y la de la guerra en Ucrania, las capacidades tributarias de los Estados, junto a la expansión de la política monetaria y la política fiscal mancomunada en el escenario europeo, han supuesto –y están suponiendo– encarar los problemas socioeconómicos de una forma mucho más solvente que en otras fases depresivas –como durante la Gran Recesión–: ayudas, compras de vacunas, programas de inversión pública –con estímulos patentes en la privada; el dato de España, muy reciente, es clamoroso: aumento de la inversión privada del orden de más de cinco mil millones de euros, una cifra récord (Cinco Días, 22 de julio de 2022)–. Los déficits públicos que se han acabado generando suponen superávits en el campo de las asignaciones a programas resolutivos frente a las crisis. No debe olvidarse esta relación.
El punto anterior se aviene con otro, que consideramos crucial: la transparencia en la adscripción de los impuestos. Gracias a éstos, es posible disponer de infraestructuras sanitarias, educativas y sociales que, con todos los defectos y errores, son transcendentales para el bienestar del grueso de la población. Descender al terreno granular sería pedagógico, a sabiendas que estamos hablando de inversiones. Pero, qué costes suponen para las administraciones públicas y desde los servicios públicos hacerse análisis de sangre, tacs, radiografías, ecografías, operaciones diversas –simples y complejas–, hospitalizaciones, asistencias domiciliarias; o el coste para formar graduados y especialistas universitarios en los diferentes campos del conocimiento, por poner unos ejemplos ilustrativos al respecto. Saber esto –y que quizás esto mismo se comunicara a los usuarios cuando utilizan esos servicios– permitiría hacer más porosa la recaudación tributaria: saber hacia dónde van los recursos en clave microeconómica. Esa es la destinación de los impuestos en la esfera social, educativa, sanitaria. Sin esos ingresos, el panorama deviene entrópico, más en la línea de lo que está sucediendo en sociedades anglosajonas –Estados Unidos, Reino Unido–, donde la franja más rica y minoritaria de la población tiene acceso a todos los servicios: privados, por supuesto. En Europa, en España, el dinero no estará en los bolsillos del contribuyente; pero éste no tiene los gravísimos problemas que están conociendo, desde hace años, la mayoría inmensa de los norteamericanos cuando tienen dificultades no necesariamente graves en el campo de la salud, aunque dispongan –según los voceros anti-impuestos– de más liquidez en unos bolsillos cada vez más escuálidos (el salario mínimo en Estados Unidos, según el dato de 2019 tras la reforma de Trump, es de 15 mil dólares, con una tributación sobre nómina del 15%: más impuestos, menos salario).
No eludir el grave problema de las evasiones fiscales de las grandes corporaciones, de forma que la adopción de impuestos sobre beneficios –o sobre los propios ingresos– no resulta una medida alocada ni precipitada.
Estas y otras líneas relacionadas van a estar en el epicentro del debate político. Es crucial armarse de datos, de argumentos, de teoría económica solvente, para contrarrestar el alud de informaciones sesgadas y/o tergiversadas que se irán exponiendo, desde un populismo económico y fuertemente ideologizado, exento de todo rigor.
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