BLOG DE CARLES MANERA

            En Economía –como en la Ciencia en general– la mentira suele ser aliada de la simpleza: las cosas más complejas se explican, en múltiples ocasiones, de forma tan sencilla, tan elemental, que hurtan la realidad; que se alejan de ella, aunque suenen convincentes. Y pueden calar en la opinión pública, justamente por la ausencia de matices, de explicaciones, de argumentos. Lo extremadamente sencillo, avalado por alguna declaración puntual y escogida, gana terreno en los medios de comunicación y entierra o arrincona los datos más prolijos: esa realidad más alambicada, mucho más veraz y, por supuesto, más difícil de aprehender.

            Lo último que se ha ido exponiendo desde voceros de la derecha política es un déjà vu: ante la sonora ausencia de propuestas serias en política económica, se recuperan viejos principios de la fantasmagórica y grotesca Normativa del Perfecto Ignorante (NPI) en Economía. Esos líderes conservadores son asiduos y voraces lectores de ese manualillo, compuesto por apenas una página de contenido: he aquí su anorexia intelectual. Ahora, se reverdece la tesis de que los gobiernos no pueden gastar más de lo que ingresan –una afirmación que, en principio, es sensata si bien urge de importantes matices–, pero, sobre todo, que deben administrar igual que lo hace una familia (“la economía de un país no deja de ser como la de una familia”, señalan ufanos). Un antiguo presidente conservador ya remachaba, hace pocos años, que hay que gestionar lo público –y cito textualmente– como “las amas de casa”.

El conservadorismo político está, en el terreno económico, desnortado. No le acompañan los datos, las cifras, que siempre espera negativas para obtener así los réditos de la oposición, de desgaste al gobierno. Y debe recurrir a esa NPI para sacar la cabeza del agua. Fijémonos en la realidad macroeconómica: crecimiento económico del 4%, tasa de paro de poco más del 12%, incrementos en la recaudación fiscal –que demuestra el dinamismo económico–, más de 20,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, mayores contratos indefinidos, aumento determinante del salario mínimo, buenas cifras en balanza de pagos, reconocimiento en la Unión Europea por la gestión de los fondos Next Generation. Ahora bien, seguro que llegarán datos negativos en unas semanas, cuando la estacionalidad concluya: siempre sucede al terminar la temporada de verano y abrirse el otoño, pero les avanzo que ellos dirán que se demuestran sus profecías apocalípticas. Una falacia más, porque saben que ese ciclo existe: cuando ellos gobernaban lo percibieron y minimizaron en sus explicaciones. Tocará tirar ahora del NPI.

¿Hay problemas? Claro que los hay: la inflación y los desequilibrios que genera una política fiscal expansiva, que va pareja, no lo olvidemos, a la desplegada por la política monetaria; la incertidumbre, que se ha instalado en todo diagnóstico que se precie y que dificulta los pronósticos. Nadie sensato ningunea esto; ninguna institución seria se atreve a realizar pronósticos tan vehementes como los que formulan los usuarios del NPI. Ahora bien, ante esos guarismos que hemos expuesto anteriormente, comprobables sin tapujo alguno porque provienen de fuentes públicas –INE, Banco de España, Comisión Europea, FMI–, ¿cuáles son las propuestas de la derecha conservadora? Escarbemos en su acerbo económico, en ese NPI: la bajada de impuestos…y las ocurrencias. No sabemos más: las negativas machaconas, militantes, no ceden paso a propósito alguno, a hoja de ruta tangible, contrastable, discutible, más allá de poner velas y cirios a Laffer.

La ocurrencia, el chascarrillo, devienen el frontispicio de esos políticos conservadores que lanzan al aire la simpleza de su pensamiento, ante la falta de propuestas que ofrecer, al margen de esas ocurrencias epidérmicas. Estas se acercan a la estulticia (“ignorancia, necedad o estupidez”, según la RAE), y no resistirían el escrutinio de un examen de primero de carrera en Económicas (somos generosos en esto). Sería exigible que quienes pretenden gobernar este país fueran más serios, más rigurosos: que se miraran en el espejo de sus homólogos conservadores europeos, que se tientan la ropa antes de decir según qué memeces. Lo de poner al mismo nivel la economía familiar y la economía pública entra de lleno en ese terreno de la falacia, de la ignorancia (seguimos siendo generosos). Veamos.

            La economía pública tiene una característica central, que se inscribe en su propia calificación: trabaja para lo público, lo común, lo que afecta a toda la población, sin exclusiones. La economía doméstica, familiar, opera en un ámbito privado: su lógica es distinta. El sentido de la justicia es el que debe operar: justicia para que no se produzcan vulnerabilidades sociales, marginaciones económicas. Lo social frente a lo individual. El sentido colectivo frente a lo particular. Lo público y lo privado. Esto es lo que se desprende, por ejemplo, desde la filosofía liberal: John Rawls, un autor de referencia obligada, ha escrito páginas luminosas sobre esta cuestión, enfatizando la relevancia de lo público sobre lo privado en la esfera de la gestión económica. No estamos ante un pensador que los gurús conservadores puedan ignorar. Pero lo hacen.

Los gobiernos tienen herramientas potentes para dinamizar la anemia económica: en coyunturas de crisis, cuando el sector privado –incluyendo aquí esa economía de las “amas de casa”– se halla en serias dificultades, el sector público puede activar la palanca de la inversión. Ésta provoca efectos multiplicadores en el propio sector y, sobre todo, en el privado. Hemos escrito sobre este tema, con cifras y resultados de investigaciones, tanto propias como de otros colegas, que avalan ese aserto. Recordemos: por cada euro que se invierte desde los gobiernos, el impacto sobre el conjunto de la economía puede llegar a más de 1,5 euros y, en según qué actividades –por ejemplo, las que se inscriben en el ámbito de las energías renovables o los factores de sostenibilidad ambiental–, hasta más de 2,5 euros. Una transfusión positiva. La literatura económica sobre el tema es copiosa, resultado de potentes investigaciones en el campo de la Economía Aplicada.

            Pero, además, cuando los gobiernos necesitan de importantes recursos para encarar esos programas de inversión, recurren a la deuda para financiarse si los ingresos propios no son suficientes. Esto provoca el incremento de la deuda pública y del déficit público. No negamos esto: de nuevo, la tozudez de los datos es la que nos guía. Fíjense que esta situación acontece por igual a esa economía doméstica evocada por la derecha política: la mayoría de las familias españolas no disponen de ingresos masivos como para adquirir, por ejemplo, una vivienda o un vehículo atendiendo a sus entradas monetarias corrientes. Y, por tanto, se endeudan. En este punto, la derivada de la estulticia cree haber encontrado otro argumento poderoso: la deuda pública es eso, pública –dicen, cerrando en el puño su piedra filosofal–, de manera que quienes la provocan están dejando un reguero de impagos a las generaciones futuras, que deberán afrontarlos. He aquí otra falacia, fruto de esa ignorancia intencionada que emana del NPI. Las deudas financieras que infiere el sector público, cuando afectan a programas de inversión en educación, sanidad, infraestructuras de todo tipo, factores todos ellos que mejoran el bienestar de la generación presente, pero que también van a promover más bienestar en las futuras, no se pueden considerar, de ninguna manera, un lastre para nadie. Un lastre es cuando se deben pagar desequilibrios por la corrupción generalizada, o por rescates financieros que se dijeron inocuos, que afectan a esa deuda pública: no hay aquí nada positivo. Pero los activos que se han podido crear con esas estrategias inversoras –lo que los economistas calificamos como formación brutal de capital–, con déficit y deuda, son superiores a los pasivos provocados por esas decisiones. Hospitales, centros de investigación, universidades, colegios, carreteras, trenes de alta velocidad, mejoras urbanas, parques, energías renovables: todo un mosaico de elementos de todo tipo que solo con deuda se pueden sufragar. Pero que forman parte de la sociedad: de la actual y de la futura. Nuestros hijos, nietos y bisnietos seguramente seguirán disfrutando –esperemos, si el cambio climático no se exacerba– de esas infraestructuras que, con toda probabilidad, se mejorarán. Gracias, de nuevo, a la deuda pública. La bibliografía sobre esto, proveniente de postulados ideológicos de perfil liberal y keynesiano, ahogaría al más hábil de los resistentes en la estulticia.

Esta gente debería leer y estudiar más. Para empezar, les recomiendo un libro delicioso, en el que, quizás, se sientan protagonistas: el que escribió el gran economista italiano Carlo Maria Cipolla, Las leyes de la estupidez humana, editorial Crítica, Barcelona, tiene distintas ediciones. De manera que no tiene pérdida. Sonreirán al verse retratados. De nada.

            Es muy difícil predecir una crisis económica. Hacer ese augurio en clave genérica es complicado, si se hace con honestidad profesional –es decir, utilizando datos objetivos, sin tergiversarlos–; otra cosa es que uno vaya diciendo que viene una crisis y, como la economía es cíclica y aquélla acaba por llegar, se ponga la medalla indicando que acertó al aventurarla. Así el más tonto hace relojes; o el lobo acaba por atacar al rebaño de ovejas, tarde o temprano, tras muchos avisos fallidos. La fiera siempre acecha, y aparece. Pero afinar el momento en la detección de las crisis es tarea harto compleja: nadie puede aventurar eso, a no ser que peque de una gran arrogancia, no exenta de cierta estupidez. Los estudiosos de las crisis económicas han confirmado esto que decimos con sus análisis sobre los orígenes y desarrollo del crack de 1929; igualmente, con las recesiones de 1973 y 1979; y, más cercana, con la Gran Recesión de 2008. Claro y raso: nadie vio venir esas intensas coyunturas recesivas, aunque se haya censurado a los economistas y a los políticos su incapacidad para otearlas y, por tanto, el no advertir de su inminente llegada.

            La Economía no es una ciencia exacta. Como ciencia social, tiene límites claros, precisos, toda vez que su materia prima es el comportamiento de los agentes políticos, económicos y sociales: de los seres humanos, en definitiva. Y eso no siempre está regido por principios de utilidad, ni por puntos de equilibrio casi automáticos a los que se llega tras posiciones de gran racionalidad, ni por el precepto de que una cosa cambia mientras el resto de factores quedan inermes (en caeteris paribus). La economía es inestable –como nos enseñó Hyman Minsky– y tal vez la principal función del economista es tratar de estabilizarla haciendo servir, con enorme modestia al conocer la incertidumbre, su caja de herramientas. En ella existen distintos instrumentos, y no siempre funcionan los mismos en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, al margen de las condiciones sociales.

            Sin embargo, existe algún indicador que suele ser de gran interés para identificar una posible evolución hacia un escenario de crisis. Fíjense que esto se escribe con prudencia y cautela franciscanas. Este indicador es el beneficio empresarial, que recoge no solo expectativas, sino una realidad tangible, objetiva. Existe una prolija literatura económica sobre el tema, desde postulados ideológicos dispares –liberales, marxistas, postkeynesianos, para ser sintético–, con un apunte en el que pueden coincidir con, eso sí, grandes matices: una caída en los beneficios de las empresas avanza una coyuntura de crisis, cuya dimensión y profundidad se desconoce. La causa: menos ganancias infieren una reducción de la inversión privada; la retracción de la actividad económica. Por el contrario, el avance de los beneficios o su permanencia inciden en una mejor trayectoria para el futuro. En ambos casos, el sector público debe estar atento: ya sea utilizando la palanca de la inversión cuando la privada se contrae; ya vigilando la evolución de esos beneficios. En ambos supuestos, contribuyendo a mejorar la coyuntura.

            La propuesta de la subida de impuestos a las rentas más elevadas de un país o a los beneficios empresariales excesivos no es un capricho de determinados economistas de perfil izquierdoso, ni una perversa tendencia en gobiernos progresistas, espoleados por su voracidad recaudatoria. Vemos, con harta frecuencia, declaraciones que insertan la política fiscal progresiva en unas coordenadas tildadas de negativo intervencionismo. Se llega a afirmar que el dinero recaudado está en manos del gobierno y del presidente, como si éstos tuvieran unas cuentas offshore en las que anotar las partidas recaudadas por el fisco. Esto no es inocente, ni es una licencia literaria: obedece al objetivo de indicar que pagar impuestos –en general– y subirlos a determinadas franjas de renta y empresas –en particular– es inapropiado, porque reduce las posibilidades de un mayor crecimiento económico. Y –recordemos la imagen que se proyecta– porque el dinero está mucho mejor en nuestros bolsillos que en las arcas de las haciendas públicas.

            Este va a ser, sin duda, uno de los debates económicos que se van a desarrollar en futuras contiendas electorales, y que conforma el principal armazón de política económica por parte de los partidos conservadores, junto al retorno a parámetros ortodoxos en economía pública como objetivos estratégicos –reducción del déficit público, de la deuda, de la inversión pública–, la añoranza de una política monetaria más restrictiva para embridar la inflación, y la descalificación reiterada del sector público calificado como ineficiente y despilfarrador. Pero los datos no acompañan a la argumentación central, por una razón contundente: la historia económica demuestra que fueron posibles, en el pasado más reciente, fases de intenso crecimiento económico junto a políticas fiscales progresivas, con tipos muy elevados para el segmento más rico de la población. A su vez, reducir los impuestos a los más ricos no ofrece garantía alguna sobre el incremento sucesivo de ingresos tributarios. Aquí, también, la evolución económica constata que si los gobiernos contraen sus capacidades recaudatorias, acaban por elevar sus déficits y, también, sus deudas. Los ricos no invierten más, necesariamente, por pagar menos impuestos.

            El progreso económico y social no se dirime en ridículas proposiciones para competir sobre qué partido o qué dirigente prometen mayores reducciones de impuestos a la ciudadanía. Sin una política fiscal progresiva no es posible la cooperación, la prosperidad social, la consecución de objetivos comunes en beneficio de la sociedad, en todos sus escalones sociales: de la más rica, de la formada por clase media y trabajadora, y de la más vulnerable. Las investigaciones sobre políticas fiscales señalan que esos mensajes catastrofistas que urgen a rebajar ya los impuestos, porque son excesivamente elevados, no se corresponden con la realidad. Un pistoletazo de salida de esta tesis se produjo a partir de la década de 1980; pero ese reguero sigue permanente a los 2000. El gran referente que se tiene es Estados Unidos: se nos dice que con Reagan se bajaron los impuestos –y que ello generó mayor crecimiento– y que, a pesar de esto, la tributación debería contraerse todavía más. De hecho, la reforma tributaria de Trump, en 2018, fue en esa línea.

            En Estados Unidos –el referente para los que abogan por el recorte de tributos–, el relato económico-fiscal más reciente se puede sintetizar así: hacia 1970, los estadounidenses más ricos pagaron en impuestos más del 50% de sus ingresos; esto duplicaba lo que devengaba en impuestos la clase trabajadora. Pero en 2018, tras la reforma de Trump, los multimillonarios norteamericanos pagaron mucho menos que obreros, docentes, investigadores y jubilados. La conclusión es tremenda, palmaria: los ricos están viendo retroceder los impuestos que pagan a los mismos niveles de la década de 1910, cuando el Estado tenía una cuarta parte del tamaño actual. En paralelo, la clase trabajadora paga más impuestos: del 3% de sus ingresos en 1950, al 15% en la actualidad.

            El debate sobre los impuestos se abre en varias derivadas (que no son únicas):

• Las bajadas de impuestos no estimulan, mecánicamente, el crecimiento de la economía; es más: pueden ralentizarlo y des-dotar de capital esencial a la economía pública para hacer frente a retos inherentes tras episodios recesivos. Quienes propongan reducir la tributación deben explicar qué partidas presupuestarias piensan ajustar para cuadrar ingresos y gastos, máxime cuando pretenden, además, recortar la deuda pública.
• Hacia dónde se dirigen los impuestos. En el caso de las crisis económicas más próximas, la de la COVID y la de la guerra en Ucrania, las capacidades tributarias de los Estados, junto a la expansión de la política monetaria y la política fiscal mancomunada en el escenario europeo, han supuesto –y están suponiendo– encarar los problemas socioeconómicos de una forma mucho más solvente que en otras fases depresivas –como durante la Gran Recesión–: ayudas, compras de vacunas, programas de inversión pública –con estímulos patentes en la privada; el dato de España, muy reciente, es clamoroso: aumento de la inversión privada del orden de más de cinco mil millones de euros, una cifra récord (Cinco Días, 22 de julio de 2022)–. Los déficits públicos que se han acabado generando suponen superávits en el campo de las asignaciones a programas resolutivos frente a las crisis. No debe olvidarse esta relación.
• El punto anterior se aviene con otro, que consideramos crucial: la transparencia en la adscripción de los impuestos. Gracias a éstos, es posible disponer de infraestructuras sanitarias, educativas y sociales que, con todos los defectos y errores, son transcendentales para el bienestar del grueso de la población. Descender al terreno granular sería pedagógico, a sabiendas que estamos hablando de inversiones. Pero, qué costes suponen para las administraciones públicas y desde los servicios públicos hacerse análisis de sangre, tacs, radiografías, ecografías, operaciones diversas –simples y complejas–, hospitalizaciones, asistencias domiciliarias; o el coste para formar graduados y especialistas universitarios en los diferentes campos del conocimiento, por poner unos ejemplos ilustrativos al respecto. Saber esto –y que quizás esto mismo se comunicara a los usuarios cuando utilizan esos servicios– permitiría hacer más porosa la recaudación tributaria: saber hacia dónde van los recursos en clave microeconómica. Esa es la destinación de los impuestos en la esfera social, educativa, sanitaria. Sin esos ingresos, el panorama deviene entrópico, más en la línea de lo que está sucediendo en sociedades anglosajonas –Estados Unidos, Reino Unido–, donde la franja más rica y minoritaria de la población tiene acceso a todos los servicios: privados, por supuesto. En Europa, en España, el dinero no estará en los bolsillos del contribuyente; pero éste no tiene los gravísimos problemas que están conociendo, desde hace años, la mayoría inmensa de los norteamericanos cuando tienen dificultades no necesariamente graves en el campo de la salud, aunque dispongan –según los voceros anti-impuestos– de más liquidez en unos bolsillos cada vez más escuálidos (el salario mínimo en Estados Unidos, según el dato de 2019 tras la reforma de Trump, es de 15 mil dólares, con una tributación sobre nómina del 15%: más impuestos, menos salario).
• No eludir el grave problema de las evasiones fiscales de las grandes corporaciones, de forma que la adopción de impuestos sobre beneficios –o sobre los propios ingresos– no resulta una medida alocada ni precipitada.

            Desplegar una estrategia fiscal sustentada, en parte, en la creación de nuevos tributos aplicados a empresas multimillonarias que se han enriquecido en muy poco tiempo, forma parte del acerbo fiscal de muchos países europeos. En España, este tipo de acciones en política económica son calificadas negativamente, o recurridas ante los tribunales: un proceder harto distinto al que se está viendo en países tan poco sospechosos de izquierdismos extremos como Italia o Francia. Que aprendan de esas experiencias los grandes consorcios que pueden verse afectados.