Jornadas organizadas por el CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, con participación de Antón Costas, Victoria Camps, Adela Cortina, Ángel Gabilondo, José Félix Tezanos, entre otros ponentes.
Madrid, 19-23 de julio
Jornadas organizadas por el CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, con participación de Antón Costas, Victoria Camps, Adela Cortina, Ángel Gabilondo, José Félix Tezanos, entre otros ponentes.
Madrid, 19-23 de julio
Este trabajo de investigación adopta la misma metodología que la que impulsamos para la economía balear, y que se publicó en Symphonya, Emerging Issues in Management, 1, 2021 symphonya.unicusano.it. PUEDE VERSE EN ESTE MISMO BLOG, EN UNA ENTRADA ANTERIOR.
La crisis de la COVID-19 ha empujado, a pesar de las reticencias de los postulados convencionales en economía, hacia un orden nuevo que descansa sobre seis fundamentos:
La inquietud es la misma que presidió la revisión del paradigma del patrón oro en los años 1930. Entonces, las tesis de Keynes y de sus seguidores eran tesis tentativas, no probadas, que provocaban resquemor, como indica Zaharias Carter en su reciente trabajo sobre el economista de Cambridge (El precio de la paz, Paidós, Barcelona, 2021). Pero ahora ya tenemos suficientes pruebas empíricas para saber qué funciona y qué no. Y cuáles son las afectaciones sociales.
El desafío de los fondos europeos va a ser una prueba crucial, en un contexto de crisis. Recordemos que los principales determinantes de una recesión se hallan en la inversión y el consumo, y se derivan de cambios en la demanda agregada. Así, el efecto acelerador y el efecto multiplicador son los vectores que inician la recesión, debido al papel que juegan los componentes autónomos de la demanda agregada. Es decir, la inversión pública acaba induciendo la inversión privada y la demanda; su retroceso genera efectos negativos sobre el gasto privado y el consumo. Esto es lo que empíricamente demuestran estudios de investigación (C. Manera-F. Navinés-J. Pérez Montiel-J. Franconetti (2021): “Capital productivity and the wage share in the United States: a keynesian approach”, Journal of Post-Keynesian Economics, de publicación inminente). Los gobiernos inducen y también invierten en el sector privado; por tanto, no sería desaconsejable que esa inversión pudiera tener algún retorno, algún rédito, en función de las acciones o de la cuota inversora. Esos retornos podrían utilizarse para financiar nuevas innovaciones en el futuro. Los gobiernos deben marcar más sus reglas del juego, sus exigencias ante su planificación inversora que redunda en el tejido privado, máxime cuando se trata de subvencionar, ayudar o rescatar empresas e incluso sectores casi enteros. Entre estas exigencias, cabe citar formar a los trabajadores, más inversión privada en I+D y reducir externalidades ambientales. La inversión pública es una herramienta decisiva para la recuperación económica.
Un aspecto queda pendiente de interpretación: las finanzas. Los retos que se infieren de esta nueva etapa de desarrollo capitalista suponen incrementos en el gasto público y, por tanto, en la expansión de la deuda pública mientras el crecimiento económico se sitúe por debajo de su capacidad real. Este va a ser un tema importante en los años venideros, por la dimensión del cúmulo de deudas públicas que, además, asumen una parte de las privadas. Los bancos centrales deberán encarar el tema, al margen de la progresión de la economía, de la misma manera que trabajan en esferas que podían parecer inhóspitas para los reguladores (como por ejemplo, los impactos del cambio climático o los desafíos demográficos).
La profesora Mariana Mazzucato escribe, de forma vehemente, sin concesiones, en sus dos últimos libros (Misión Economía. Una guía para cambiar el capitalismo, Taurus, Madrid, 2021; y No desaprovechemos esta crisis, Galaxia Gutenberg, Madrid, 2021): se debe pasar del capitalismo de accionistas al capitalismo de partes interesadas, según su propia acepción. Tales afirmaciones, bien desarrolladas, hacen temblar las tesis de Milton Friedman y de su Chicago School. Pero existe una premisa concreta de partida, que no debe olvidarse: la disfuncionalidad del sistema económico, que se ha remarcado por parte de instituciones económicas de todo tipo y también por economistas y científicos sociales. Esta disfunción se puede especificar en cinco ámbitos:
Frente a esto, el capitalismo se repiensa. Como se decía, los científicos sociales ofrecen diagnósticos, revisiones, explicaciones de carácter sistémico, a parte de sus aportaciones publicadas en palestras más académicas. Pero incluso las instituciones económicas más ortodoxas se interrogan sobre la evolución del sistema. Así, para el Financial Times, “el modelo capitalista liberal ha brindado paz, prosperidad y progreso tecnológico durante los últimos cincuenta años (…) Pero en la década posterior a la crisis financiera mundial, el modelo está en cuestión, principalmente por centrarse en maximizar las ganancias y el valor de los accionistas. Es la hora de un reinicio” (https://aboutus.ft.com/press_release/ft-sets-the-agenda-with-new-brand-platform).La plataforma Business Roundtable, que reúne a 200 grandes empresas de Estados Unidos, emitió un comunicado en el que se propugnaba redefinir los objetivos corporativos, abogando por abandonar el dogma de que el interés del accionista debe prevalecer sobre cualquier otro. Proponen situar al accionista al mismo nivel que los trabajadores, los clientes, los proveedores y las comunidades. Y rematan: “Hay que proteger el medio ambiente y fomentar la diversidad, la inclusión, la dignidad y el respeto” https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans). Sorprendente. No nos animemos: la duración de este paradigma es incierta. Pero tampoco será fácil revertirla.
Cuando existen crisis verdaderamente letales para el sistema económico, como la Gran Depresión (1929) la Gran Recesión (2008) o la Gran Reclusión (2020), los economistas abren su caja de herramientas y tratan de buscar nuevos instrumentos, o adaptar los ya conocidos, para aplicar a la economía cuando la crisis es considerada como muy grave. Porque repensar el capitalismo para evitar unos desequilibrios que son intrínsecos al propio sistema (esto nos lo enseñó Hyman Minsky: Estabilizando una economía inestable, Profit, Madrid, 2018), va a remarcar la perentoriedad por variar las pautas, las reglas y los condicionantes. Un cambio de paradigma para replantear el sistema económico…¿hasta cuándo?
En doce años (2008-2020) estamos viviendo sendas crisis que no desmerecen la Gran Depresión de los años 1930. Por fortuna, tenemos ahora redes de protección que en esa década no se disponían. La economía siempre ha aprendido de estos dramáticos procesos. La crisis del coronavirus puede ser un marco que promulgue que es posible crecer de otra forma, a la vez que se apuntalen mejores condiciones para enfrentarnos a otra futura crisis de naturaleza biológica, tal vez inducida por las consecuencias del cambio climático.
La crisis vírica ha puesto de manifiesto tanto la debilidad de nuestra economía y sistema de protección social, como la necesidad de superarla mediante la acción colectiva planificada, solidaria y en cooperación con el resto del mundo. Y aquí la inversión pública debe jugar un rol fundamental, y contemplar tres aspectos centrales.
En primer lugar, la vocación de establecer nexos de colaboración con el sector privado de la economía, toda vez que sin esa cooperación público-privada se dificultarían los procesos. Ahora bien, en esa situación es determinante que el liderazgo corresponda a los gobiernos, a las administraciones, que pueden tener más capacidad de riesgo inversor en relación a las empresas privadas. Pero que, a su vez, deben marcar pautas de producción desde planteamientos estratégicos.
En segundo término, la estrategia de inversión debería canalizarse hacia objetivos claros, que enlacen con la des-carbonización económica. Es este un cajón amplio para proyectos que se encadenen entre ellos. En otras palabras: la necesidad de escoger entre iniciativas distintas y, por tanto, separar las que no encajen con los objetivos marcados. Esto infiere riesgos y, quizás, costes políticos. Pero la eficiencia y la eficacia de la inversión se debe medir en función del éxito de la misma en la consecución de los objetivos propuestos: he ahí la significación.
Un tercer factor se relaciona con los cambios técnicos que se deben afrontar, si se trata de transiciones energéticas, digitalización, movilidad sostenible u otros campos posibles. Urgen planteamientos de I+D+i que supongan explorar nuevas posibilidades tecnológicas, ya que existen aportaciones que alertan sobre los problemas del metabolismo ambiental, en el área de los metales (véase: Antonio Valero-Alicia Thanatia. Los límites minerales del planeta, Icaria, Barcelona). Estos son perentorios para toda una amplísima gama de productos de consumo; pero también para la construcción de nuevas centrales de energías alternativas y géneros y materiales de microelectrónica y comunicación telemática.
La inversión pública es una palanca vital, como garante de crecimiento y espoleta de la inversión privada. Ello infiere retos enormes: desde la elección de los objetivos de inversión, que se deben alinear con la lucha contra el cambio climático; las revisiones de las reglas macroeconómicas vigentes –umbrales de inflación, de déficit público, de deuda–; y la apuesta por la I+D+i que, sin retóricas ni utopías, centre esfuerzos en mejorar las alternativas existentes para transitar hacia otro modelo productivo, que implique agresiones ambientales menores y que encaje con los Acuerdos de París.
La política fiscal es una herramienta esencial, junto a la monetaria, en esta coyuntura de incertidumbre y dificultades sobrevenidas. Tres aspectos emergen entonces:
En estas coordenadas, describir políticas progresistas desde el lado de la oferta no abunda en un factor substancial: la procedencia de los recursos públicos para hacerlas posibles. Esto supone pensar en una política fiscal que sea, efectivamente, progresiva. E, igualmente, activar nuevas propuestas de fiscalidad ambiental, más acordes con los graves problemas de externalidades que existen hoy en día; a su vez, recuperar los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones –este último, de gran capacidad recaudatoria–, que conforman sendas piezas que debieran ser consideradas. Al mismo tiempo, indicar que el potencial de la economía sólo se afecta a través de políticas de oferta supone una idea subyacente: la del funcionamiento perfecto de los mercados, en los que las rigideces y los efectos histéresis no juegan papel alguno. Como si los años de austeridad no hubiesen deprimido la demanda, con efectos duraderos y estructurales sobre la capacidad de crecimiento, incluso después de ser retiradas las medidas contractivas. En conclusión: una política fiscal activa y expansiva tiene la capacidad de aumentar el stock de capital y, por tanto, contribuye a mejorar la productividad y la tendencia del crecimiento. Esto lo están entendiendo ahora en el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y la nueva administración norteamericana: entidades nada sospechosas de recalcitrante extremismo.
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