El Consell de Govern de Bauzá rizó el rizo del despropósito, el pasado viernes: autorizó operaciones de tesorería a corto plazo (es decir, se debe cancelar a 31 de diciembre de 2015) por 940 millones de euros. Tremendo. Sépase que, hasta ahora, estas operaciones para dar liquidez a la tesorería de la comunidad no llegaban a los 350 millones de euros, habida cuenta la dificultad que entraña devolverlos en plazos tan cortos.

La Ley de Finanzas explicita que se autorizan estas operaciones hasta el 20% de los créditos consignados. ¿Cómo es posible, pues, que el Govern del PP amplíe hasta casi triplicar esa cifra? Veámoslo: lo que han hecho estos lumbreras de las finanzas es que han sumado todos los gastos de la comunidad autónoma, del IBsalut y de la Agencia Tributaria. Esto supone, ni más ni menos, que han sumado dos veces (¡2!) el mismo gasto (unos 1.300 millones), toda vez que en el presupuesto de la CAIB ya se ha registrado la transferencia al IBsalut: ¿qué sentido tiene, entonces, volverlo a computar? Ni más ni menos que incrementar la cuantía a demandar.

Las negociaciones para conseguir esos 940 millones a menos de cinco meses de las elecciones infiere otra pregunta ¿para qué querrán tanto dinero los próceres del PP, si no hay tiempo material para gastarlo y genera enormes problemas en el mismo año? Piénsese, de nuevo, que estos créditos deben saldarse a 31 de diciembre, y que la cuantía, extraordinaria, supera en muchísimo las operaciones de crédito a largo plazo. Una posibilidad que se me acude: un adelantamiento de parte de los ingresos esperados del segundo semestre, que se dedicarían a pagar a proveedores antes de mayo para poder decir que lo dejan todo limpio y con dinero en caja, con la coletilla de que todo es muy distinto a como se lo encontraron en 2011, independientemente de las explicaciones que dio en su momento el equipo económico del Pacte, con todo lujo de detalles –y que están en el Diario de Sesiones del Parlament: son públicas–. Pero eso es trampear con las cuentas, pues quien gobierne desde julio podría tener mermados sus ingresos, que se podrían haber liquidado antes de mayo: una herencia envenenada para el nuevo conseller de Hacienda y, por supuesto, para todo el nuevo Ejecutivo. Este escenario obligaría al govern entrante a tener que realizar más ajustes y recortes para cumplir con los requerimientos del déficit público y para amortizar la deuda a corto (recuérdenla: ¡940 millones de euros!) que vence a fines de 2015.

El PP va a dejar las arcas vacías sin haber ejecutado ningún plan inversor, sin que se le conozcan realizaciones tangibles (ni en la Sanidad, ni en la Educación, ni en los Servicios Sociales). El PP habrá incrementado en 3.000 millones de euros una deuda pública que pregonaron reducir. Y su política económica no habrá corregido, tampoco, un déficit público a cuyo objetivo de reducción drástica ha consagrado todas sus actuaciones. Un fiasco de promesas. Un fiasco de gestión.