Rajoy ha decidido inyectar más dinero público a Bankia, para hacer frente al coste judicial que representó la salida de la entidad a Bolsa. El tema es grave, toda vez que implica apuntalar de nuevo un banco con recursos públicos que pudieran destinarse a otros objetivos mucho más loables.

Además, la escasa o nula claridad de la pertenencia de Bankia al sector público hace todavía más inexplicable tal medida. Si Bankia fuera, en efecto, un banco nacionalizado, podría convertirse en una herramienta útil para el conjunto del sistema financiero español, y sus planteamientos económicos estarían más alineados con  las necesidades de inversión y crédito de empresas y familias. Pero Bankia sigue teniendo un componente central ajeno a la estrategia de lo público, y son sus gestores –pasados y presentes–, aquellos que falsearon sus cuentas, junto a los accionistas privados, los que se acabarán beneficiando de esta generosidad extrema de los presupuestos generales del Estado.

Urge señalar con fuerza este despropósito. Y hacer pagar a los causantes del desastre, tanto por la vía penal como por la crematística. Pero el gobierno no puede socializar, una vez más, los desaguisados que ha cometido el sector privado.