Estamos ya habituados a la queja constante, sin cuartel. Con razón o como excusa. En el primer caso, con datos objetivos: pensiones insuficientes, desahucios injustos, leyes que no se cumplen. En el segundo, como atenuante a la propia falta de operatividad o la abundancia de ineptitud. En muchas comunidades –como es el caso de Baleares– hemos protestado por la falta de recursos económicos públicos para hacer frente al Estado del Bienestar. Y es cierto que, comparativamente, los números son evidentes. Pero la queja debería ir acompañada de acciones plausibles para no quedarse en eso: la excusa perfecta en la que instalarse.

Decir que se puede hacer poco porque no hay el dinero justo que nos urge y que nos corresponde puede llegar a ser una tautología. De lo que se trata es de encarar el problema de forma decidida y, a la vez y a sabiendas de la inexistencia de recursos insuficientes, no prometer lo que se conoce que no va a ser factible realizar. Son dos líneas de actuación política que no suelen prodigarse. En el primer caso, se puede afirmar que prácticamente sólo el gobierno de Bauzá, en Baleares, entre 2011 y 2015, no consiguió mejora alguna en la arquitectura de la financiación autonómica. Y con escasas reivindicaciones centradas, en el tramo final de la legislatura, en el tema del Régimen Especial para Baleares (REB). En el segundo caso, la queja por no tener dinero no debe ser contrapuesta a un alud de proyectos que necesitan de dotación presupuestaria, pero que, insisto, se sabe que no existe. La pregunta es, entonces, muy clara: ¿de dónde van a salir los recursos para cubrir tales promesas que, lógicamente, generan expectativas en colectivos sociales y económicos? A partir de ahí, no vale con el aserto “lo haríamos, pero no hay dinero”, cuando se sabía que, en efecto, ya no lo había. La salida debe estar en que esa voz reivindicativa se puede ajustar a lo que se tiene, planteando en paralelo una estrategia política de negociación financiera. Ello representa priorizar las acciones y, por tanto, descartar, con explicaciones claras a la opinión pública y a la población, aquellas que son irrealizables. La voz siempre debe existir; la salida debiera modularse para evitar un “exilio” total y la posibilidad de que se arbitren, al menos, caminos rigurosos y realizables para hacer frente a las promesas (o parte de ellas) que se mantienen.