- Urgen políticas más inflacionistas en el norte de la Unión, que abran diferenciales salariales entre la Europa más avanzada y la periférica, con el objetivo de evitar una competencia vía salarios. Esta idea infiere la necesidad elemental de que los sueldos suban hasta el punto de que la inflación duplique prácticamente la establecida en el Tratado de Maastricht. Será, a su vez, una garantía para estimular la demanda interior en esas naciones.
- Mayor esfuerzo de inversión pública, con un incremento de la participación de los Estados en el presupuesto comunitario y el concurso del Banco Europeo de Inversiones. En unas coordenadas de atonía en la inversión privada, la pública debe ejercer de palanca de crecimiento, habida cuenta que los multiplicadores nuevamente calculados por el FMI –entre 0,9 e incluso 2,2– pueden hasta cuadriplicar los más austeros –0,5 según un erróneo trabajo del propio FMI, reconocido por su economista jefe–. Esta equivocación monumental ha santificado las políticas de austeridad, que siguen sin entender las correcciones ya advertidas. Es decir: más inversión pública supone más capacidad económica, más crédito, más actividad, más contratación y más empleo.
- Debe repensarse la fiscalidad, para hacerla más progresiva. La caída de ingresos y no el despilfarro generalizado del gasto, ha sido la causa central que ha desequilibrado las cuentas públicas. A pesar de la insistencia de muchos economistas –con datos irrefutables en la mano–, el mainstream ha seguido, impertérrito, en su obstinación casi enfermiza: la culpa es de los malgastadores de los gobiernos, que han dilapidado recursos públicos en cosas tan poco edificantes como hospitales, escuelas, investigación y prestaciones sociales. Estos son los jirones arrancados a la economía pública. Y resarcirlos impone aplicar medidas tributarias a las rentas privilegiadas con la incorporación, además, de dos aspectos esenciales: la fiscalidad ecológica –en la línea de lo que se viene desarrollando en muchos países europeos, principalmente nórdicos–, con la adopción igualmente de figuras fiscales con finalidades estrictamente recaudatorias –más que disuasorias: por ejemplo, las tasas sobre pernoctaciones turísticas–; y la persecución implacable del fraude de altos vuelos, a partir de la eliminación del secreto bancario y de la mayor comunicación inter-bancaria en relación a operaciones y cuentas.
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