Bruselas ha advertido al gobierno español que los presupuestos generales del Estado (PGE) que ha elaborado para 2016 no son reales: no cumplirán para nada con los requerimientos comunitarios en relación al déficit público. Esto es algo que ya dijimos desde esta misma columna, tildando las cuentas públicas de electoralistas. Esa es la clave: la obstinación en presentar los PGE antes de las elecciones ha hecho que se realicen promesas de difícil cumplimiento que no se avienen con las soflamas hechas por el propio Montoro, trasladando a las comunidades autónomas el máximo control y rigor en los balances presupuestarios. El corolario hipoteca al próximo gobierno que salga de las urnas, a partir de diciembre de 2015: tendrá que ajustar las cuentas públicas a las exigencias de Bruselas, si quiere acceder a los mercados de crédito.

El tema coloca a los gestores del PP ante su espejo: el electoralismo, la falta de previsión y la incompetencia presiden la elaboración de unos presupuestos que constituyen una bomba de relojería para el próximo inquilino de la Moncloa. Desde el gobierno, sin embargo, se insiste, por boca de Luis de Guindos, que España cumplirá con el déficit –cuando desde el 2012 incumple sistemáticamente, a pesar de los recortes–, mientras Montoro actúa de forma torticera con las comunidades autónomas centrifugando los desequilibrios hacia ellas: éstas, que asumen el grueso del gasto social, son las que más padecen los severos ajustes reclamados, junto a los ayuntamientos.

En tal sentido, la consellera de Hacienda del gobierno balear ya ha advertido que va a ser imposible cumplir con el déficit público que Montoro exige para las regiones. Esta ha sido una declaración clara y rigurosa de la responsable autonómica, que contrasta con las frivolidades de De Guindos y Montoro, quienes pretenden engañar a sus interlocutores de Bruselas haciéndoles creer unos ingresos mayores que saben no van a tener y una marcha de la economía española mucho mejor que la que se augura para los próximos meses.

En definitiva, quien gobierne a partir de enero de 2016 se verá impelido a efectuar recortes –tal y como se argumentó en este mismo espacio hace ya un par de meses– por la obcecación en presupuestar a la ligera, pensando exclusivamente en los intereses de las elecciones generales de diciembre. Esos recortes acabarán por afectar a la Función Pública, las inversiones del Estado –que se reducirán e impactarán negativamente a las comunidades autónomas–, el gasto social y, también, los posibles “encajes” autonómicos, entre los que resaltan, para Balears, el nuevo modelo de financiación y el Régimen Fiscal. Un gobierno más sensible y comprometido con estos capítulos, que espero surja de las urnas, tal vez pueda redireccionar el sentido del gasto público hacia esos cometidos, revisando a conciencia unas cuentas públicas realizadas sin seriedad política ni técnica. Porque no tengo dudas de que el PP será incapaz de hacerlo.