Un oligopolio, tres empresas, deciden la calificación financiera de todo el mundo. Tres firmas de Estados Unidos que erraron en sus diagnósticos y que auspiciaron también el estallido de la Gran Recesión. Tres consorcios que tienen los mismos socios, que ostentan estrechas conexiones con el propio capital financiero y que conceden, tras previo pago (entre 60 mil y 120 mil euros por cada evaluación), una calificación que manda señales a los mercados, que entonces actúan en función de esos signos concretados en letras mayúsculas o en signos positivos y negativos. Quienes hemos vivido esos exámenes sabemos de la dureza de los requerimientos y de las reuniones extensas e intensas que comportan tales encuentros. Pero, al mismo tiempo, también sabemos que las injerencias políticas estaban vetadas: el objetivo, de entrada, se centraba en calificar el grado de solvencia de la entidad analizada. Pero no valorar las decisiones de carácter político que podían definir a la institución observada.

El ayuntamiento de Madrid ha decidido prescindir de la revisión de una de esas agencias: las grabaciones conocidas de conversaciones entre la concejalía de Hacienda y miembros de esa agencia no dejan lugar a la duda, toda vez que se trata de claras intromisiones en la forma de trabajar, totalmente lícita, del consistorio madrileño. Si éste, además, no se plantea grandes inversiones ni impactantes operaciones de crédito, habida cuenta que puede financiarse con fondos estatales, no parece tan descabellada la decisión de la institución presidida por Carmena.

Las agencias en cuestión han sido puestas en entredicho por la propia Unión Europea, tras sus sonoros fracasos en las evaluaciones realizadas a empresas después quebradas, como Lehman Brothers, a quien se otorgó la máxima nota antes de descubrirse que, en realidad, la entidad se hallaban en un claro estado de descomposición financiera. Por tanto, lo que ha hecho Carmena no es excéntrico. Bien es verdad que la deuda del ayuntamiento de Madrid es muy elevada, del orden de unos 5 mil millones de euros. Y que eso va a condicionar mucho la política municipal. Pero no es de recibo que agencias claramente incompetentes se erijan, todavía, en el mascarón de proa de la eficiencia y del rigor. No fueron el oráculo de Delfos ni lo son ahora. Urgen agencias de perfil público, de ámbito europeo, que ejecuten con transparencia y profesionalidad un trabajo que esas otras agencias norteamericanas no han demostrado. Pero que siguen reclamado su papel oligopólico en una economía de mercado que dicen defender.