Una vez más, Cristóbal Montoro amenaza a las comunidades autónomas. El incumplimiento del déficit público, 5,2% sobre PIB en vez del 4,2%, que era el previsto, ha encendido de nuevo las alarmas en un Ministerio que ya sabía el desenlace final, aunque lo ha silenciado hasta hoy mismo. Esto fue advertido desde Bruselas, tanto en informes como en declaraciones de altos cargos, y por la propia AIREF (autoridad fiscal independiente) que, de facto, clavó el dato hace ya algunas semanas, de forma que el aviso estaba dado desde instancias distintas, tanto a Montoro como a De Guindos. Ambos, negaron en su momento esas evidencias, y siguieron confiando en la teología económica, en la fe: se cumpliría, decían, como siempre se había hecho. Falso. En claro: el gobierno no ha controlado las cuentas públicas, ni ha hecho frente a la emergencia laboral y social del país, dos factores sobre los que Rajoy ha insistido como prioritarios en su política económica. Un fracaso en toda regla de las recetas aplicadas, que han supuesto incumplimientos reiterados y tangibles en los ejercicios 2012-2015. Tozudas cifras para desarmar a un gobierno demasiado noqueado por las circunstancias.

En ese contexto, el PP ha prometido rebajas impositivas, que han supuesto una reducción de ingresos del orden de 6.000 millones de euros en 2015. Este dato no ha penalizado a la Administración Central, cuyo déficit se sitúa en -2,68 (frente a una previsión de -2,9), toda vez que los costes financieros han sido inferiores a los que se pensaban. La explicación es lógica si se observan las adjudicaciones en el reparto del déficit: el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) decidió, aunque con la disconformidad de algunas comunidades autónomas, que el objetivo para la Administración Central sería del -2,9, mientras el asignado a las regiones se situaría en -0,7. Este último dato ya fue cuestionado por AIREF, que apuntaba que ese guarismo se colocaría entorno al 1,6, más del doble de lo acordado en el CPFF. Recuérdese que el grueso del gasto social público está en manos de las comunidades autónomas: un tercio, exactamente. Una repartición más razonable hubiera concretado el déficit permitido a estas comunidades en una cifra más acorde con sus compromisos inelásticos de gasto, es decir, ese tercio real, o sea, un 1,4 sobre 4,2, que era el objetivo determinado por Bruselas.

Pero no: Montoro se salió con la suya, y ahora vuelve con sus soflamas contra las cuentas de las regiones, acusándolas una vez más de despilfarradoras y realizando la lectura política correspondiente. Es decir: los nuevos gobiernos autonómicos son responsables de las desviaciones conocidas y, sostiene Montoro, cada anuncio que realizan supone un incremento del gasto en lugar de un recorte real de las partidas.

El nuevo gobierno central, sea el que sea, deberá atajar este serio problema. Y una de las bases centrales de la solución no va a poder ser relajar la política fiscal hasta extremos que supongan pérdidas cruciales de ingresos, en el escenario de problemática social y laboral que vivimos, tal y como ha sugerido el PP –y también Ciudadanos–. Otro dato más, preocupante: la bajada de impuestos de 2015 va a afectar al vigente modelo de financiación cuando se liquide, dos años más tarde. Entonces, en 2017, auguro más problemas de encaje de las cifras regionales, toda vez que los ingresos por IRPF serán menores, a tenor de los datos conocidos hasta ahora.