La financiación autonómica es un tema estructural y reiterativo en Balears. La publicación de datos sobre balanzas fiscales o cálculos sobre liquidaciones del modelo de financiación, suelen encender todas las alarmas. Todo el mundo se instala en el “adanismo”: se dice que todo está por hacer, nada se ha avanzado, y las críticas y los argumentos siempre miran buscando responsables externos. Se descuidan, consciente o inconscientemente, factores internos de la economía pública balear.

La primera fase que debiera asumirse es la comprensión correcta del sistema de financiación insular, de su arquitectura organizativa. Ésta tiene tres columnas esenciales: el modelo de financiación –que se negocia entre todas las comunidades autónomas, con escasos escenarios bilaterales, y el gobierno central–, las inversiones del Estado en las islas y el Régimen Especial. El análisis conjunto de estas tres piezas es el correcto, técnicamente hablando. Confundir modelo de financiación con balanzas fiscales suele ser un error frecuente, de manera que se mezclan conceptos y situaciones, lo cual porta a conclusiones siempre catastróficas: Balears no ha avanzado nunca en su proceso histórico de financiación; siempre existe un dato que abona la sensación de que todo está por hacer. De la misma manera que se invocan indicadores negativos para las islas –un hecho que parece claro–, no es menos cierto que Balears ha hecho un recorrido positivo en su lucha por un mejor modelo de financiación; otra cosa son las inversiones estatutarias (que no son todas las inversiones del Estados en las islas) y el desarrollo del REB. A mi juicio, en estos dos vectores últimos existe la clave de bóveda que explica el porqué existe un déficit fiscal de más del 5% sobre el PIB en Balears, no en el modelo de financiación.

Sobre todo esto, los negociadores deben tener en cuenta un elemento irrefutable: Balears está, ahora mismo, en la media estatal de financiación per cápita, con competencias homogéneas. Esto se desprende de la última investigación al respecto del CSIC, que sitúa las islas en un índice 105, es decir, cinco puntos por encima de la media. Las cifras divulgadas que ha calculado la Generalitat (con Balears fregando el 100) no aportan esa conceptualización: la comparación en competencias homogéneas. Y eso se pretendió obtener en la legislatura 2007-2011, por parte del Govern y del Parlament, con apoyo incontestable de la sociedad civil, que lideró la Plataforma pel Finançament encabezada por el Cercle d’Economia de Mallorca. Ignorar esto es hacerse trampas a uno mismo: se llegó al objetivo, que ha sido reconocido por el Ministerio de Hacienda y por otras instituciones públicas (CSIC) y privadas (Fundación BBVA). En tal contexto, fallan estrepitosamente los compromisos negociados –también entre 2007 y 2011– en relación a las inversiones estatutarias y la asunción de un nuevo REB. Es decir, no se parte de cero, y debiera reconocerse un dato objetivo: Balears ha pasado de un índice 79 sobre 100 en 2008 a otro 105 en 2014: un avance de 26 puntos; más de 500 millones adicionales. ¿Qué sería de la economía pública balear sin esto?