Los problemas en la formación del nuevo gobierno dilatan la confección de las cuentas públicas. Bueno; no exactamente. El equipo del Ministerio de Hacienda ya trabaja en la elaboración del presupuesto para 2017, con la esperanza de que el PSOE dé su brazo a torcer y acabe por facilitar la configuración del Ejecutivo, tras la investidura de Rajoy. En este contexto, la presión sobre los socialistas está resultando asfixiante, desde todos los frentes: internos y externos. Algunos llamados barones, que harían mejor en estar callados –ya que ellos pasaron también por coyunturas complicadísimas que tuvieron como respuesta la solidaridad de sus compañeros del Comité Federal–, declaran que hay que ser responsable y dar el placet a Rajoy. Es la misma línea interpretativa que tiene Ciudadanos: apela al sentido de Estado para encumbrar de nuevo a un presidente que lidera el partido más corrupto de la democracia, con múltiples casos en la judicatura y con todos –absolutamente todos– sus gerentes imputados en importantes casos de corrupción económica y política. En ese flanco exterior, las correas mediáticas aúllan: editoriales de cabeceras otrora emblemáticas indican que el PSOE está ausente, por falta de ideas. Se ve que la única idea plausible es la de apoyar sin remilgos al PP y a Rajoy, algo que éstos no hicieron cuando Sánchez se presentó a su investidura como presidente. Los discursos y los argumentos cambian en función de quién es el posible protagonista.

En esas coordenadas, las cuentas del Estado han empezado a caminar, habida cuenta los requerimientos de Bruselas. Y aquí los números no cuadran, si se quiere cumplir con el déficit asignado a España que, en una reunión que sin duda se celebrará del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se acabará derivando hacia las comunidades autónomas. El ajuste necesario supera los 10.000 millones de euros, algo más del 0,5% sobre el PIB: más cerca a los 12-14 mil millones de euros que a los diez mil millones. Ese es el desequilibrio sobre el que el gobierno deberá actuar. Los márgenes de maniobra son pírricos: si la recaudación va bien en determinados impuestos (como el IVA), no descarten que se pretenda subir una vez más los tipos, para obtener teóricamente los recursos necesarios. El Impuesto sobre Sociedades es otra vía: aquí, el gobierno piensa ingresar unos 6.000 millones de euros más, con lo que reduciría el problema a la mitad: de 12.000 millones a 6.000. Por tanto, sigue existiendo un problema, partiendo de la base de que todo lo afirmado antes sea correcto y se cumpla. ¿Dónde obtener más dinero? Difícil, según los parámetros ideológicos del gobierno del PP, alentado ahora por Ciudadanos. El recorte del gasto aparece de nuevo como una solución: congelación de las inversiones, mayor control sobre las cuentas de las regiones, límites a la generación de la deuda autonómica, pueden ser algunas de las líneas a explorar por Montoro. Observen: todo esto supondría menos dinero para las autonomías, menos inversiones del Estado, más restricciones presupuestarias. Atentos, por tanto, al mes de octubre. Será clave para conocer la realidad de todo esto.