Los costes de esta crisis son enormes. Los de transición, es decir, los que atañen a una evolución en el modelo de crecimiento económico, incumben tanto a las empresas privadas como al sector público y su esfera instrumental (consorcios públicos). Esto implica un elevado grado de cohesión y de coordinación de las políticas públicas, que deben ser verdaderamente emprendedoras: la capacidad de cambiar las condiciones de producción y de distribución, una especie de “destrucción-creadora” que vaya en una dirección más sostenible de la economía, menos consumidora de energía, de territorio y de recursos naturales en general. Esto implica crecimiento económico, no decrecimiento. En esta propuesta se deberían defender sendos aspectos: situar los niveles salariales en una fase más adecuada para hacer atractivas estas tareas; y profundizar en una reflexión sobre la política fiscal a aplicar.

Las inversiones necesarias deberían dirigirse a líneas concretas: transporte público –tren, tranvía, autobuses–; proyectos de innovación en bio-economía, robótica, tele-trabajo, que en un sentido amplio afecta la economía circular, la biotecnología, la biomedicina, la economía azul, las energías renovables –en particular, la fotovoltaica, para depender menos del carbón–, políticas de formación del capital humano que inserten en un haz compacto la Formación Profesional y los cursos de formación laboral; subvenciones iniciales a empresas innovadoras que tienen dificultades de obtener créditos en el mercado –aquí el papel de ICO es clave; pero también la posibilidad de utilizar Bankia como banco público–; mejoras en la costa para eludir futuras inundaciones, entre otras iniciativas que se podrían añadir. No se trata de hacer una nómina descriptiva, utópica, que queda bien en el papel escrito; por el contrario, la pretensión es que lo que se proponga tenga ya proyectos incipientes o se puedan activar con los menores problemas posibles, a pesar de ser consciente de las dificultades administrativas y burocráticas. El coronavirus ha marcado la urgencia, y las zonas de confort deben abandonarse. Unas consideraciones concretas son:

1. La recuperación económica debe ser vertebrada entre gobierno nacional, gobiernos autonómicos e instituciones comunitarias.
2. La inversión constituye un eje medular, destinado a áreas importantes, con efectos multiplicadores.
3. Los preceptos más convencionales de la economía mainstream (preservación de equilibrio presupuestario, contracción de deuda, ajustes con la vía de las inversiones y del gasto público) deberían rechazarse por inoperantes.
4. El enorme trastorno sanitario va a suponer un cambio en los paradigmas de comportamiento psico-económico; esto puede afectar decisiones de inversión que, a su vez, ejercerían un gran impacto sobre los mercados de trabajo en caso de que se produzcan (re-localización productiva, estímulos a nuevas industrializaciones, relevancia del sector primario, vinculación más estrecha entre el sector secundario y el terciario).
5. La perspectiva de gobernanza económica adquiere una dimensión que va más allá de un concepto muchas veces retórico, vacío de contenido.