Un artículo firmado por cien economistas, publicado en cinco importantes periódicos europeos –El País, entre ellos–, ha removido un tema que, hasta ahora, era considerado anatema: la deuda pública y su reestructuración, en el marco de la eurozona. Este espacio económico tiene, en el terreno de las deudas públicas y sus consecuencias, una realidad compleja: los países menos desarrollados, los del sur de Europa, se encuentran constreñidos por la existencia de una moneda sobrevalorada. A esto deben añadirse factores internos, de estructura productiva, que infieren a su vez déficits externos.
Durante la Gran Recesión, la austeridad expansiva aplicada a esas naciones supuso la devaluación salarial y la exigencia de controlar déficit y deuda. Estos elementos significaron la precariedad laboral y social y una dificilísima situación para las capas vulnerables de la sociedad. Durante la Gran Reclusión, estamos viendo cambios relevantes en relación a la austeridad expansiva. De entrada, la política monetaria del BCE ha dado un giro copernicano, para centrar los esfuerzos en preservar los países con déficits públicos muy profundos. La conexión con la política fiscal se ha hecho palpable. Incluso aquellos gobiernos que eran severos en aplicar la austeridad, han optado por relajar el déficit público ante los desequilibrios provocados por la pandemia.
En tal contexto, los gobiernos han decidido implementar programas de inversión. Un factor que incide en el avance del déficit. Su financiación se ajusta a la emisión de deuda soberana, adquirida por inversores o monetizada por el BCE. El dinero, a partir de ahí, lo crea la banca privada, cuando concede créditos a empresas y familias. Los balances de los bancos recogen el resultado de esas operaciones. Los interrogantes que se abren son varios; el más importante: la devolución de la deuda. Toda esta, tanto la vencida como la emitida de nuevo para refinanciar, la está comprando el BCE, o bien los bancos comerciales con dinero prestado por el propio BCE. Si los países de la eurozona no pagaran esa deuda, tal decisión no perjudicaría a inversores ni a ahorradores: la deuda está prestada por el banco central a sus llamemos clientes, los gobiernos de la eurozona. Nos prestamos dinero a nosotros mismos. Y la fuerza del euro es clara: el pago de impuestos u otras obligaciones en euros, junto a las exportaciones en esta moneda, son hechos que lo confirman. El superávit comercial del área es de 25,8 mil millones de euros en noviembre de 2020, según Eurostat, dato que subraya la robustez monetaria.
Lo que se está produciendo en la economía europea es que el gasto público –ERTES, inversiones, subvenciones– se puede pagar con emisiones de deuda, lo que provoca déficits públicos financiados por el banco central. Este monto de deuda no crea problemas en el futuro mientras la inflación esté controlada bajo parámetros razonables. Esto garantiza la sostenibilidad presupuestaria de los gobiernos, si ese segmento de la deuda es condonado –bajo la forma técnica que se decida– para que, a su vez, esos gobiernos puedan disponer de mayores recursos para encarar los retos que tienen planteados.