Una equivalencia, la del título de este artículo, que recuerda poderosamente a ese “America First”, el reclamo publicitario trumpista, que ha galvanizado a una parte de la sociedad estadounidense. Buscar la esencia patria, la distinción superior, la supremacía, pero siempre pensando en quienes más tienen. Las derechas en España adoptan el concepto, lo castellanizan. La idea de esa equiparación ha surgido de una conversación con el sabio profesor de Filosofía e Historia de la Ciencia de la Universitat de les Illes Balears, José Antonio Marina. E infiere un planteamiento que, con diferentes derivadas, articula lo que podemos tildar como agenda económica conservadora, en la que intervienen las dos derechas en competición, pero sin diques de contención para colaborar entre ellas, siempre que la extrema marque la pauta. Eso está sucediendo.

            En efecto, la configuración de los gobiernos autonómicos con las recientes convocatorias electorales, que han culminado en Andalucía, presenta unas características comunes, rasgos básicos que vertebran los ejecutivos regionales.

            En primer lugar, la dependencia total de la ultraderecha: marca el programa, expande el relato. Esa dependencia se extiende a la agenda social. Los signos de retroceso son evidentes, y se observan en todos los gobiernos autonómicos en los que la incidencia de la ultraderecha es elevada. Ya no es teoría, o suposición; son hechos.

En segundo término, esos elementos se concretan en aspectos bien definidos, consultables:

• El negacionismo climático, con lo que las derechas se ponen del lado de la ignorancia más supina frente a las aportaciones incontestables de la ciencia;
• El negacionismo de la violencia de género, camuflando esto en una extensión del concepto –como violencia familiar–, y escondiendo el hecho determinante que son las mujeres el objetivo recurrente y mayoritario de esa violencia, avalado por datos;
• El desprecio hacia la memoria histórica y la oposición a toda propuesta (como la denominada Ley de Nietos) que signifique restañar –si ello es posible– las heridas provocadas por la dictadura;
• La reducción de ayudas sociales, consideradas como subvenciones a ONG’s u otras entidades comprometidas con la cohesión social, bautizadas despectivamente como “chiringuitos”;
• El odio hacia la población migrante, obviando –la estulticia no tiene límites, por lo que se ve– que esa demografía es esencial para el funcionamiento de la economía, tal y como se revela en diferentes estudios científicos;
• La bajada de impuestos, sobre todo a las capas de población con mayor renta y patrimonio, con la justificación que el dinero está mejor en los bolsillos de los contribuyentes, pero soslayando que eso va a depreciar los servicios públicos estratégicos, generar más déficit público e incrementar la deuda pública.

Dos son los corolarios de todo esto: la eliminación de los instrumentos que existían para atajar la corrupción (con la supresión de oficinas al respecto, como en el caso de Baleares); y el desmantelamiento de todo lo que sea público, con el argumento de que es mejor la gestión y los servicios privados, también en los ámbitos sanitario y educativo.

La agenda tiene múltiples derivadas, con la “prioridad nacional” y lo que significa como frontispicio:

• La asfixia a la financiación de las universidades públicas y de la enseñanza pública en general –el caso de Madrid es ilustrativo–, de forma que el profesorado público de todas las escalas se convierte en enemigo a batir;
• La contracción de las asignaciones a I+D+i, un ninguneo militante hacia la progresión científica;
• La transfusión de dinero hacia conglomerados privados en la sanidad –Madrid, de nuevo, pero no es el único caso–;
• La reducción de la inversión pública justificada por ajustes presupuestarios, entre otras facetas.

La agenda está definida. Se trasluce en sus vertientes autonómicas, y anuncia lo que se espera en la esfera nacional, a partir de unas elecciones generales, si se da el triunfo de esas dos derechas. Éstas, por diferentes voceros, han ido desgranando el meollo de la cuestión, ya sin recato alguno, lo que es de agradecer (si bien podemos intuir que existen más medidas draconianas que todavía no se han especificado): menos sector público, menos impuestos a los más ricos, menos prestaciones sociales, menos salario mínimo, menos pensiones públicas, menos lucha contra el cambio climático, menos sanidad, educación y servicios públicos. Lo positivo: que la ciudadanía está avisada. Y es ella la responsable de decidir qué futuro quiere para sus hijos y nietos. O esa “prioridad nacional” que equivale a una xenofobia institucional y una agenda regresiva; o el avance hacia mejoras sociales, económicas y culturales. Simple, se dirá. Pero no más que las soflamas que emanan de las palestras de esa “Ilustración Oscura”: el neo-reaccionarismo autoritario. El despeñadero, un precipicio hacia el retroceso.