BLOG DE CARLES MANERA

            Banco de España: deuda pública de la economía española en 2022 ha cerrado con un 113% sobre PIB. Reducción de cinco puntos porcentuales, a pesar de que ello no elude el incremento en volumen del débito. El proceso de endeudamiento ha sido relevante en los últimos años, motivado por las necesidades de atajar los enormes problemas derivados por la crisis de la pandemia e, igualmente, por la guerra. La pregunta que deberíamos formularnos, en tal contexto, es para qué ha servido el incremento de la deuda. La respuesta es obvia: el endeudamiento se ha insertado en mecanismos contra-cíclicos, que han inferido incrementos de ayudas de todo tipo a colectivos variados, afectados por las consecuencias de la crisis. Igual ha sucedido en otros países de la Eurozona. La cuestión se relaciona de forma directa con la estrategia de los ingresos en las cuentas públicas: también aquí debemos preguntarnos, impuestos ¿para hacer qué? Ambos interrogantes se abrazan: nos endeudamos y mantenemos una fiscalidad determinada porque nuestros propósitos son palmarios, esto es, enfrentarnos a las desigualdades de renta. El debate sobre el recorte de los impuestos, por ejemplo, no debería derivarnos hacia una carrera para ver quién los baja más, sino en situarnos en: quiénes deben pagar más, cómo encarar el fraude fiscal y, con los recursos obtenidos, hacia dónde se canalizan. Aquí, en teoría, la ideología debiera pesar menos, y la efectividad de las medidas ser lo que analizáramos. El factor político y electoralista prima, por desgracia, sobre el técnico y el de la eficiencia en los instrumentos desplegados.

            En el terreno de la deuda pública es importante no descuidar que urge controlarla. El dato de 2022 es positivo; pero en volumen la cifra se ha incrementado, como ya se ha dicho. Esto obliga a pensar en un programa de consolidación fiscal que ha de ser temporalizado: no se puede aplicar de manera abrupta como se hizo en 2012, con recortes del gasto público que tuvieron como corolario esencial justamente el aumento de la deuda pública al incrementarse el déficit. Los ingresos extraordinarios que hemos tenido –Next Generation y otros paquetes de ayudas provenientes de Europa– se irán retirando, lo que obliga a los gestores públicos a ajustar las partidas presupuestarias. La inversión va a generar efectos multiplicadores, junto a la mayor contratación laboral y las mejoras salariales, lo que debe incrementar los ingresos públicos. Pero esto no es óbice para pensar, de forma cautelosa y gradual, en proyectos plurianuales de consolidación fiscal: racionalización de indicadores de deuda, tanto en términos de volumen, como en porcentajes sobre PIB. Las administraciones públicas no pueden confiar en la estabilidad de aquellos ingresos puntuales, y deberán pensar en equilibrios necesarios para dar confianza a los mercados, en un escenario de alza de tipos de interés. La deuda española es solvente: se coloca bien, en plazos beneficiosos, sin problemas. Esta es una prueba más de la consistencia de la economía española. Pero, insistimos, no podemos ser negligentes con la realidad de una deuda que nos debe preocupar y ocupar.

            El Banco de España acaba de publicar la cifra de cierre de 2022 de la deuda pública: 113% sobre el PIB, reducción de cinco puntos en el ejercicio. El dato es bueno; pero, a la vez, preocupa: no podrá eludirse, de forma gradual, un programa de consolidación fiscal. Pero es positivo porque la economía española está demostrando una gran solidez que permite la contracción del déficit público: mayor capacidad para no aumentar el endeudamiento en porcentaje sobre PIB. El crecimiento de la deuda pública sobre PIB, a raíz del estallido de la pandemia, fue un hecho que incrementó las deudas de todos los países al poner en funcionamiento mecanismos contra-cíclicos que inferían la expansión deudora. Fueron diques de contención para evitar un colapso total de las economías, puestas en estado comatoso. La pieza clave del gasto público auspiciado por las principales instituciones económicas del mundo. Ahora bien, a partir del segundo trimestre de 2021, el ratio deuda/PIB se ha ido reduciendo, hasta llegar a ese 113% en cierre del año 2022.

Otros datos corroboran la reducción del déficit público, a partir de las publicaciones del Banco de España y de los registros del INE. Las cifras del déficit público han mejorado: desde el 11% del PIB durante el gran frenazo de la pandemia, hasta el 6,76% en 2021, en un contexto, recuérdese, en el que Bruselas exigía el 8,4%. Una notable mejora. En 2022, la previsión es de un déficit que será inferior al proyectado por el propio Gobierno, que lo cifraba en el 5%. Las causas: el incremento de la recaudación tributaria, explicable por el proceso de la inflación; pero sobre todo por el vigor del empleo y las subidas salariales, que han elevado los ingresos por IRPF, junto a los resultados obtenidos en el Impuesto de Sociedades.

En este panorama, la inflación se erige en una importante amenaza para el desarrollo de la economía. Preocupación de los bancos centrales, inquietud que se traslada a las patronales empresariales por la reivindicación de mejoras salariales, espoleadas por el incremento de los precios. A fines de 2022, el aumento de los salarios pactados se concretó en un 2,78%, frente al incremento del 12% de los beneficios empresariales. En tal sentido, cabe señalar que, según Indeed Wage Tracker, entre 2019 y 2022 España es el país de los más relevantes de Europa en el que los salarios han crecido menos, toda vez que esos aumentos han sido del 4,8% en Francia, 6,3% en Alemania y 4,1% en Italia. En otras palabras, la tensión inflacionista no es imputable a los salarios y se vincula más a la evolución de los excedentes empresariales. Esto ha sido expuesto por diferentes entidades, entre las que destaca el propio Banco de España (https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/22/T2/Fich/be2202-it-Rec3.pdf). El shock de oferta contribuye a explicar esta situación, en la que la economía no se está “recalentando” por la presión de los convenios colectivos y las reivindicaciones sindicales: los márgenes empresariales tienen, repiten entidades solventes, una cuota de responsabilidad inequívoca.

            Según el Banco de España, la deuda pública de la economía española ha cerrado el ejercicio 2022 con un 113% sobre PIB. Una reducción de cinco puntos porcentuales, a pesar de que ello no elude el incremento en volumen del débito. El proceso de endeudamiento ha sido relevante en los últimos años, motivado por las necesidades de atajar los enormes problemas derivados por la crisis de la pandemia e, igualmente, por la guerra. La pregunta que deberíamos formularnos, en tal contexto, es para qué ha servido –está sirviendo, de hecho– el incremento de la deuda. La respuesta es obvia: el endeudamiento se ha insertado en mecanismos contra-cíclicos, que han inferido incrementos de ayudas de todo tipo a colectivos variados, directamente afectados por las consecuencias de la crisis. Igual ha sucedido en otros países de la Eurozona. La cuestión se relaciona de forma directa con la estrategia de los ingresos en las cuentas públicas: también aquí debemos preguntarnos, impuestos ¿para hacer qué? Ambos interrogantes se abrazan: nos endeudamos y mantenemos una fiscalidad determinada porque nuestros propósitos son palmarios, esto es, enfrentarnos a las desigualdades de renta. El debate sobre el recorte de los impuestos, por ejemplo, no debería derivarnos hacia una carrera para ver quién los baja más (o quién los aumenta más, todo sea dicho), sino en situarnos en sendos apartados: quiénes deben pagar más, cómo encarar el fraude fiscal y, con los recursos obtenidos, hacia dónde se canalizan. Aquí, en teoría, la ideología debiera pesar menos, y la efectividad de las medidas debería ser lo que analizáramos. El factor político y electoralista prima, por desgracia, sobre el técnico y el de la eficiencia en los instrumentos desplegados.

            Ahora bien, en el terreno de la deuda pública es importante no descuidar que urge controlarla. El dato de 2022 es positivo; pero no es menos cierto que en volumen la cifra se ha incrementado, como ya se ha dicho. Esto obliga a pensar en un programa de consolidación fiscal que ha de ser temporalizado: no se puede aplicar de manera abrupta como se hizo en 2012, con recortes profundos del gasto público que tuvieron como corolario esencial justamente el aumento de la deuda pública al incrementarse el déficit. Los ingresos extraordinarios que hemos tenido –Next Generation y otros paquetes de ayudas provenientes de Europa– se irán retirando, lo que obliga a los gestores públicos a ajustar las partidas presupuestarias. La palanca de la inversión va a generar efectos multiplicadores –ya lo está haciendo–, junto a la mayor contratación laboral y las mejoras salariales, lo que debe incrementar el nido de los ingresos públicos. Pero esto no es óbice para pensar, de forma cautelosa y gradual, en proyectos plurianuales de consolidación fiscal: de racionalización de los indicadores de deuda, tanto en términos de volumen, como en porcentajes sobre PIB. Las administraciones públicas no pueden confiar en la estabilidad de aquellos ingresos puntuales, y deberán por tanto pensar en los equilibrios necesarios para dar confianza a los mercados, en un escenario de alza de tipos de interés. La deuda española es solvente: se coloca bien, en plazos beneficiosos, sin problemas insalvables. Esta es una prueba más de la consistencia de la economía española. Pero, insistimos, no podemos ser negligentes con la realidad de una deuda que nos debe preocupar y ocupar.