Eurogrupo (o Alemania) versus Grecia: historia económica de un acoso (trabajo firmado conjuntamente con Josep Lluís Sureda, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco de España, 1985-1994)

Era de temer que la prolongación del segundo rescate de Grecia hasta el 30 de junio, acordada el 20 de febrero, se enquistaría en un debate sobre las condiciones que debían acompañarla. El comunicado del Eurogrupo, en un lenguaje críptico y dúctil, dio cuenta de la base común que se había alcanzado en el diálogo intenso y constructivo mantenido, junto con las instituciones (FMI, BCE y CE), con el gobierno griego salido de las elecciones de 15 de enero. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäubel, saludó su publicación con una rotunda impertinencia, ampliamente difundida por los medios de comunicación, en la que pedía al gobierno griego que se dirigiera de inmediato a sus electores diciéndoles que no podrá cumplir las promesas hechas durante la campaña electoral. Así, Schäubel de entrada situó la cuestión en el terreno de la política, en el peor sentido de este término. No podía expresarse con mayor claridad que el comunicado significaba que las negociaciones abiertas no desembocarían en un acuerdo que diera oxígeno al nuevo gobierno griego.

Schäubel no se marcaba un farol. El comunicado precisó que correspondería al gobierno griego presentar una lista de medidas de reforma que fuese un punto de partida válido para concluir con éxito la revisión de las condiciones del rescate en curso, en el marco del convenio existente. El comunicado añadía que sólo la aprobación por “las instituciones” de las medidas propuestas por el gobierno griego permitirá algún desembolso de la porción pendiente del segundo rescate y la transferencia al banco central griego de los beneficios obtenidos en 2014 por los bancos centrales de la Eurozona, incluido el BCE, en las compras con descuento de deuda soberana griega que fue amortizada a la par. La parte de estos beneficios, retenida sin justificación conocida, que correspondía al banco central griego en la distribución realizada por el BCE alcanzaba los 1.900 millones de euros. La amplia dejación de facultades del Eurogrupo en “las instituciones”, algo difícilmente justificable, junto con la cooperación que le dio el representante del FMI, permitió a Schäubel formular su impertinencia: o se daba continuidad a las políticas restrictivas acordadas con los anteriores gobiernos griegos o no habría asistencia financiera para la economía griega al amparo de la prolongación del convenio en curso.
Así, el Eurogrupo otorgaba esas facultades incondicionalmente a la famosa troika formada por el equipo de expertos del FMI y sus acólitos, los expertos del BCE y de la Comisión Europea. Este equipo se había desplazado a Atenas con la misión de imponer a los anteriores gobiernos griegos la inveterada práctica del FMI ante situaciones de crisis y de controlar su cumplimiento. Esta práctica consistía en condicionar la asistencia financiera a la adopción de políticas monetarias y fiscales contractivas de la demanda interna, principalmente del consumo privado y de la inversión pública. Bajo el supuesto de que la causa principal de las dificultades económicas era la dimensión del gasto público, se recurría al recorte de salarios de los funcionarios públicos y de las pensiones, al aumento de las cargas tributarias sobre las rentas bajas y medias, etc., con el resultado de retrasar la recuperación económica e incrementar la desigualdad social. Esta práctica es lo que Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, ha calificado como fundamentalismo de mercado, la ideología de que los mercados sin interferencias en su funcionamiento aseguran por sí solos el crecimiento económico y son capaces de corregir cualquier accidente o error que se produzca. Una ideología que ha inspirado una desregulación excesiva, corresponsable de las malas prácticas financieras que contribuyeron a generar la crisis de 2008.
Es un hecho que, en los cinco años transcurridos desde el primer rescate de Grecia, la política de austeridad impuesta por la troika no alivió sino que agravó la situación económica y social del pueblo griego con una brutal disminución del 25 por ciento de su PIB y el incremento del desempleo hasta cifras nunca conocidas. Estos resultados no pueden describirse como un éxito al igual que ocurre con los obtenidos por el FMI en la amplia experiencia adquirida en las numerosas crisis producidas entre 1970 y 2007, principalmente en países en vías de desarrollo o con motivo de la crisis más global de 1997-1998. Y tampoco difieren del que produjo un experimento pionero que se remonta a la Gran Depresión de 1929. Ante el desplome de la economía estadounidense, el presidente Herbert Hoover aplicó políticas restrictivas para salir de ella y la ocurrencia le costó la reelección. En la crisis actual, el presidente Obama ha eludido este riesgo para su país aceptando las recomendaciones de la economía moderna que, ante una depresión, propone políticas monetarias y fiscales expansivas, con las que se ha conseguido la recuperación relativamente rápida de la economía norteamericana en un marco de estabilidad económica y financiera.
El gobierno heleno actual tenía sólidas razones para reclamar flexibilidad en las condiciones que han de acompañar la prolongación del rescate en curso. Y para rechazar que los expertos de la troika tuvieran la última palabra sobre la idoneidad de las medidas que ha propuesto, incluida la restructuración de la deuda, indispensable para hacerla sostenible. El presidente Alexis Tsipras y otros portavoces de su gobierno han reiterado desde buen inicio que no había margen alguno para una nueva dosis de política de austeridad basada en recortes de salarios y pensiones y desregulaciones laborales, proponiendo en su lugar medidas que tuvieran un impacto presupuestario equivalente y fuesen más respetuosas con la justicia social. La posición de la troika se endureció a raíz de la aprobación por el parlamento griego el 18 de marzo del componente clave del programa electoral de Syriza, la ley de ayuda humanitaria, cuyo coste se estimó en unos 1.400 millones de euros, muy inferior a los beneficios del banco central griego en 2014 retenidos por el BCE. El Eurogrupo difundió una nota condenando con dureza esta aprobación, realizada sin haberla consultado con la troika, lo que consideró una marcha atrás en los compromisos asumidos por Grecia el 20 de febrero que, según su interpretación, impedían acciones unilaterales. La nota calificaba también de “inaceptable” el trato dado con ello a los expertos. Lo que siguió fue el rechazo de la troika a las ulteriores propuestas del gobierno griego, con la bendición implícita en las declaraciones del ministro Schäubel y explícita en los acuerdos del Eurogrupo.
En una situación tan difícil para Grecia y para toda la eurozona, el Eurogrupo debería hacer honor al aprovechamiento de la flexibilidad concedida que se menciona en el comunicado de 20 de febrero y no persistir en que son intocables las bases del arreglo en curso concertadas con los anteriores gobiernos griegos. Alemania, que ha asumido un protagonismo importante en el conflicto, debería admitir que puede ayudar a resolver la diferencia. Hay motivos para pensar que éste puede ser buen momento para dar ese paso. Aumentan las voces muy autorizadas que ponen de manifiesto la debilidad del argumento que atribuye la competitividad de la economía alemana exclusivamente a la austeridad de su política económica y el rigor monetario y fiscal que la caracterizan. Proliferan las informaciones de que el gobierno alemán estudia proceder a los ajustes necesarios para corregir el pertinaz superávit de su balanza corriente. Si Alemania tuviera el marco como moneda, el ajuste tendría que venir por la vía de su revaluación. Como miembro de la eurozona el ajuste tiene que venir por la vía de la expansión de la demanda interna, es decir, por la vía de la rectificación de la política de contención salarial y rigor fiscal. El panorama actual, que no es el mejor para imponer a la economía griega un nuevo apretón de tuercas, invita a recordar una vez más que J. M. Keynes sostenía que, en el ajuste de los desequilibrios internacionales, los países acreedores deben asumir una parte de la carga.

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