Empieza la nueva edición de acoso del govern, por parte de sus teóricos socios de izquierdas y de los grupos que, como los sindicatos de clase, también se sitúan en el progresismo social.

Los indicadores son un déjà vu: las exigencias se incrementan, a pesar de que, en algunos casos, se sepa que su realización es imposible. Dos ejemplos ilustran esto. Por un lado, el tema de la carrera profesional, un acuerdo firmado con los sindicatos por el gobierno de Bauzá casi en la prórroga pre-electoral, sin consignación presupuestaria –es decir, incurriendo en una situación más que turbia–. Conozco los dirigentes sindicales y sé de su trayectoria, ya dilatada, en el complejo terreno de las negociaciones. No son indocumentados ni ignorantes ante las situaciones de las finanzas autonómicas. Por ello, constato mi sorpresa a esta llamada al cumplimiento de esos acuerdos para el nuevo govern, que se ha encontrado con severos desequilibrios en las cuentas públicas, amén de la duplicación de la deuda pública en Baleares. El cálculo del coste de esos acuerdos es de unos 30 millones, consolidados desde 2016. En este contexto, la presidenta Armengol y su consellera de Hacienda han advertido que se han tenido que bloquear partidas presupuestarias para poder pagar las nóminas de Sanidad y Educación, a fin de año: 50 millones. Si eso es así, ¿cómo diablos se pueden detraer 30 millones más? ¿A costa de qué y de quiénes?

No me vale la crítica fácil, que ya hemos padecido, de que se deben “desobedecer” de forma deliberada las normas establecidas del déficit. Esto está muy bien cuando uno está detrás de una pancarta. Pero cuando debe gestionar la cosa pública, el escenario es distinto: si queremos seguir pagando Sanidad, Educación y Servicios Sociales, debemos trabajar con rigor. Y buscando ingresos. Pero no haciendo declaraciones más o menos incendiarias que van a quedar muy bien para nuestra parroquia, pero menos para la ciudadanía que espera soluciones.

No comparto para nada esta posición de situar contra las cuerdas a un gobierno progresista, hasta agotarlo para que, al final de la legislatura, vuelva a triunfar la derecha y nos sirva, eso mismo, como terapia y crujir de dientes. Vean el segundo ejemplo: Podemos tensa al máximo sus argumentos y pide el cese de un alto cargo. De lo contrario, retirará el apoyo al govern. Incluso sus dirigentes han llegado a afirmar que votarán con quien quieran. Están en su derecho. Pero esto se aviene fatal con dos cosas elementales: no están en el govern porque no quisieron, por tanto no tienen competencias para escoger cargos del Ejecutivo; y, por otro lado, no sé dónde quedan entonces las tesis de Ernesto Laclau –el gran referente de Podemos– y su “los de arriba” y “los de abajo”, cuando se puede decidir que, al final, sea la derecha de siempre –eso que tanto suelen denostar– la que puede salir beneficiada.

Sopas y sorber no puede ser, decía mi madre. Algunos colectivos, sin perder su autonomía ni su capacidad reivindicativa, deberán saber qué diantres hacen con la comida política: si sorben o si muerden. Ambas cosas, me temo que conducen al atragantamiento.