El debate presupuestario forma parte de un protocolo establecido cada otoño, que abre expectativas a partidos políticos y colectivos sociales. Partamos de un hecho: la situación de las arcas autonómicas es difícil. Pero es de aplaudir la actitud de la consellera de Hacienda en el sentido de no lanzar mensajes dramáticos a la ciudadanía, tal y como sí hicieron los responsables del PP a partir de junio de 2011, con declaraciones tempestuosas a cual más descabellada. Se llegó a hablar de quiebra –con lo que ello supone como mensaje a los mercados– e, incluso, se advirtió, de manera muy solemne, que era imposible pagar las nóminas de los trabajadores públicos. Al tiempo, se inflaban cifras de impagos, llegando a un totum revolutum para abonar la tesis del desastre.

La situación actual, como la que se vivió desde 2009, es de dificultades serias en la Tesorería de la comunidad; es decir, la capacidad de disponer de liquidez monetaria para hacer frente a las partidas que deben abonarse. Esto no tiene nada que ver con el presupuesto: a éste se le hace decir lo que uno quiere, el papel lo aguanta todo. El problema radica en abrir el cajón y comprobar si, en efecto, hay dinero para hacer frente a los compromisos presupuestarios.

Sin embargo, y a pesar del conocimiento acerca de estos problemas, las presiones sindicales no cejan para que el govern cubra los compromisos del anterior ejecutivo con la llamada “carrera profesional”. Nadie, que yo sepa, ha negado esas reivindicaciones, ni la petición razonable de que se cumplan. Pero cuando ello sea posible. En Economía, asignar recursos escasos supone elegir entre opciones posibles, habida cuenta que no se pueden abordar todos los proyectos de gasto e inversión. Que un govern decida colocar sus limitados ingresos en paliar la situación de colectivos vulnerables, no significa oponerlos a aquellos otros colectivos que disponen ya de la seguridad de un empleo. Implica, en todo caso, optar. Y hacerlo por una vía que ese govern ha decidido impulsar. No cabe duda de que la alternativa podría ser otra. Pero el juego de suma cero seguirá su curso implacable: lo que ponemos en un montón, lo detraemos de otros, porque los recursos son, mal que nos pese, los que son.

Por otro lado, la decisión de Podemos en no aprobar unas cuentas públicas si no se retrasa el pago de la deuda, constituye otro problema que tiene el govern. Pero veamos. La financiación central de la CAIB se centra en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que se ha recurrido por parte del govern anterior. Las amortizaciones de capital se hacen a dicho Fondo, no a las instituciones financieras. Y el control se encuentra ahora en manos del Ministerio de Hacienda. Cualquier plante ante éste puede ser todo lo épico y heroico que se quiera; pero el responsable autonómico de las finanzas va a tener que seguir pagando sanidad, educación y servicios sociales que, en un escenario de contracción de ingresos, puede depender de nuevos permisos para acceder a la liquidez del FLA. Difícil tesitura, pues.

Por consiguiente, en ambos casos valdría la pena que la gente se informara antes de lanzar órdagos gruesos.