Bruselas ya advierte: el gobierno que se forme en España deberá encarar un ajuste presupuestario del orden de 10.000 millones de euros. Esta va a ser, entre otras, la herencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy: la pésima elaboración de unos presupuestos que contemplan ingresos inexistentes o improbables –hecho advertido por algunos economistas en el momento de la tramitación de las cuentas públicas– y que, por tanto, deberían inferir nuevos recortes para cuadrarlos de acuerdo con el déficit que se requiere desde la Comisión Europea. Ésta no ha creído las cábalas de Montoro. Y a pesar de la defensa de De Guindos, el comisario europeo de asuntos económicos ha levantado la liebre: los números del otrora dicharachero ministro de Hacienda no cuadran, y están sobrevalorados. Un desajuste que se acerca a esos 10.000 millones de euros enunciados antes.

Recortar esa cifra supondrá un sacrificio enorme para la ciudadanía: uno más, sin que los anteriores hayan comportado mejora social alguna. El nuevo ministro de Economía deberá trabajar arduamente para flexibilizar esa pretendida regla de oro del déficit, ya que resultará socialmente indigestible un nuevo paquete de recortes: he aquí la primera gran tarea del Ejecutivo que se acabe por formar, a no ser que caiga en el entreguismo total hacia los preceptos de Bruselas.