Las fases alcistas del ciclo económico suelen ir emparejadas a aumentos salariales, toda vez que disminuye la desocupación. Esto puede explicar la reducción de la tasa de beneficio o, también, una mayor equidad social –tal y como demuestran las investigaciones de Thomas Piketty y Branko Milanovic. Por el contrario, la caída salarial es el preludio de una nueva etapa de recuperación del sistema económico: la reducción de costes es un atenuante explícito para mantener viva la acumulación. La crisis puede suponer, entonces, destrucción de una parte de capital, incapaz de reproducirse de forma productiva. En tal contexto, las finanzas aparecen como salidas plausibles para asegurar ganancias, y aportan la imagen de la generación de valor. Pero los avances que provocan esas acciones no se relacionan de manera directa con la producción. En ésta, los segmentos menos solventes del capital desaparecen, bien por estrangulamiento financiero, bien por menor competencia: quiebras, cierres, procesos que utilizan las empresas resistentes para hacerse con bienes de capital a precios bajos. El mercado se vacía de competidores. Ganar más y relegar de los mercados a los competidores es la base de los cambios en las fuerzas de producción: aquella “destrucción creadora” de Joseph Schumpeter. Pero atención: ni todos los empresarios son innovadores, ni actúan guiados por el valor añadido. La mayoría de ellos se mueve por un objetivo elemental: obtener mayores réditos, aunque esto suponga no innovar, no mejorar, no incentivar. Y aquí el control salarial constituye la pieza seminal: la devaluación de los salarios, junto a actuaciones expeditivas en las legislaciones laborales –en este punto resulta vital la connivencia de los gobiernos–, persigue una meta esencial: bajar los costes laborales unitarios. La explotación, por tanto, se incrementa.

La Gran Recesión, en tal aspecto, plantea un escenario que es nuevo: se trata de la primera crisis sistémica en la que los protagonistas centrales no son los desarrollos industriales o agrarios, sino la economía de servicios. Y aquí no aparecen nichos claros de inversión productiva para el capital. La alternativa pasa por disminuir el coste de la fuerza de trabajo: de ahí las constantes soflamas empresariales –y también desde los gobiernos– para ser prudentes con las subidas salariales. En paralelo, otra estrategia se rubrica: los recortes del Estado del Bienestar, mecanismos de protección social, que abrazan la sanidad, la educación y los servicios sociales. La jerga es invariable: austeridad, equilibrio, reformas laborales. El resultado más visible: la deflación, el desmoronamiento de la demanda. Las contradicciones en la aplicación de las políticas económicas afloran nuevamente: a la obsesión por el control de la inflación, se va cediendo paso a la inquietud por la caída de los precios y la ausencia de fortaleza en la demanda agregada. De la misma manera, instituciones económicas como el FMI alertan de que la aplicación de la austeridad debe ser compatible con políticas activas de crecimiento económico. Un oxímoron. El despiste de los economistas es monumental. La única herramienta prevista: seguir bajando salarios. Sin salida.