Las cifras de la Seguridad Social van camino de estabilizarse en unos preocupantes números rojos. Los déficits conocidos, muy claros desde 2011 y acrecentados en años posteriores, denotan números inquietantes: si entre 2005 y 2010 asistíamos a superávits que oscilaron desde los 244 millones (2010) hasta los 14.500 millones de euros (2007 y 2008), a partir de 2011 los guarismos han empeorado de forma brutal, de manera que se ha llegado a un déficit que supera los 17 mil millones de euros, según estimaciones del propio Ministerio. El dato es de impresión.

Y lo es porque dinamita buena parte de los discursos más optimistas sobre la recuperación efectiva de la economía española. Ésta se encuentra encallada por las políticas públicas estimuladas desde 2011, que han favorecido –eso sí– la proliferación de contratos de alta precariedad –con lo que se han podido maquillar las cifras del paro–, pero que no están resolviendo los problemas reales del mercado de trabajo. Esto es así porque las cotizaciones que se desprenden de tales contratos son temporalmente bajas, con lo que su capacidad para inyectar dinero a la tesorería de la Seguridad Social es escasa. Ello se agrava cuando se comprueba que los nuevos pensionistas perciben prestaciones más altas, de poco más de 1.300 euros de media.

En paralelo, el nivel salarial de los contratos nuevos contrasta con la cifra expuesta de las pensiones: unos 1.200 euros mensuales de promedio (el dato es de 2015). Es innegable que si ese salario no se aumenta, prácticamente los nuevos cotizantes tienen un índice de cobertura negativo en relación con las pensiones, si adoptamos como parámetro comparaciones de carácter individual: 1.200 frente a 1.300, siempre en términos de medias. El proceso de envejecimiento de la población española supone, a su vez, un reto inmediato: las previsiones para los próximos cuarenta años infieren gastos en pensiones que pueden llegar al 12% sobre el PIB, tras una senda en la que ese porcentaje rara vez va a bajar del 11%. Más gente mayor y menos cotizantes de calidad por las restricciones salariales, una ecuación que tiene un desenlace preocupante: incapacidad del sistema para hacer frente a las pensiones del futuro.

Estos datos, que son públicos, centran un grave problema que enlaza las perspectivas del mercado de trabajo, el tipo de crecimiento de la economía, la política económica y la política fiscal. Cuatro patas de un taburete que se desequilibra con facilidad en la actual coyuntura económica, que cada vez se está traduciendo en estructural. De esos cuatro parámetros, dos presentan cifras contundentes pero a la vez engañosas: el último dato del INEM, publicado hoy mismo, señala una reducción acusada en el número de parados, un exponente que, para el gobierno, infiere la bondad de sus políticas. Pero la calidad del empleo sigue siendo mala: este latiguillo parece una repetición automática de los números, mes a mes; pero los datos son elocuentes: más del 80% de las nuevas ocupaciones son muy temporales y encuadradas en la estacionalidad de la temporada turística y sus efectos de arrastre. Es decir, todo muy alejado de la consecución de unas colocaciones con salarios más dignos y estabilidades más concretas. El gobierno deberá plantearse seriamente, en tal sentido, la cuestión del aumento del salario mínimo, un factor que debe actuar como tractor de la demanda. Esto no es un capricho sindical o político: se está convirtiendo en una necesidad, si de verdad se quiere contribuir a resolver el problema de los déficits de la Seguridad Social y del vaciamiento sistemático de sus remanentes.

El otro factor aparentemente positivo es la tasa de crecimiento económico. La pregunta que se debe formular es cómo se está creciendo: qué hay tras ese dato positivo, de forma que ello remite al modelo de crecimiento de la economía española. Las actividades muy intensivas en fuerza de trabajo son las que lideran el crecimiento y, a su vez, son las que presentan datos más precarios en el mercado laboral: una pescadilla que se muerde la cola. Finalmente, sendos elementos restan: la política económica y la política fiscal. En ambos casos, las decisiones son delicadas; pero no tomarlas, también. La política económica sigue instalada en la austeridad expansiva, cuyas consecuencias son las que estamos comentando en esta arista de la Seguridad Social. Para limarla, el gobierno deberá pensar seriamente si deberá activar una herramienta fiscal específica, con destinación finalista a cubrir la tesorería de la Seguridad Social, para compensar de alguna forma los esquilmos que se han apreciado desde 2011.