Que el cambio climático es una de las amenazas más importantes que tiene la economía mundial –y no sólo ella–, no lo discute nadie medianamente sensato. Sólo ignorantes supinos y estúpidos –algunos con gran poder, como el presidente Donald Trump– cuestionan los resultados que se conocen desde hace ya décadas, y que inciden en un corolario evidente: urgen políticas que se enfrenten a las consecuencias derivadas del cambio del clima. Muchos economistas del mainstream no niegan la cuestión, pero la edulcoran con metodologías que focalizan la atención sobre el, para ellos, correcto funcionamiento de los mercados. Pero he aquí que, recientemente, instituciones emblemáticas de ese mainstream están virando las posiciones. Es el caso del FMI, que en su blog (https://blogs.imf.org/2018) acaba de comentar que las consecuencias negativas del cambio climático obligan a los gobiernos a actuar. El propio Fondo había expuesto, en otras aportaciones al blog, que una subida de 1 grado centígrado en economías con 25 grados de media, podría suponer una reducción de 1,5% en la renta per cápita. 

La preocupación del FMI se centra, de forma esencial, en los países emergentes (India) o en los menos desarrollados (Etiopía, Malasia), toda vez que en muchos de ellos existen riesgos reales, que se agravan con el cambio climático, en el acceso a recursos básicos como agua y comida, y en la utilización más eficiente de las tecnologías (el ejemplo que se pone son los aires acondicionados en India). Ante esto, la advertencia del FMI es: las naciones más avanzadas deben actuar para reducir sus gases de efecto invernadero, a la vez que establecer planes específicos de inversión para ayudar a los países pobres en la lucha contra el cambio climático. De hecho, concentrar los esfuerzos inversores en atajar el calentamiento global del planeta se plantea como una vía crucial para el FMI: las altas temperaturas van a reducir la productividad laboral y, a la vez, generar problemas graves de salud. 

Que una institución como el FMI escriba en sus palestras oficiales la inquietud hacia el cambio climático, un aspecto que hasta hace relativamente poco tiempo parecía un objeto patrimonial de científicos desplazados, de movimientos ecologistas y de algunos partidos de izquierdas, denota la relevancia del problema que, no debemos engañarnos, tiene vertientes de negocio innegables. El llamado “capitalismo verde” constituye una ruta de actuación para inversores que, hoy en día, tienen grandes cantidades de recursos acumuladas en especulaciones financieras: estamos ante la financiarización de la economía. Pero entre los nichos de inversión productiva real, se encuentran, sin lugar a dudas, todas aquellas actividades que se relacionan con el medio ambiente y, en concreto, con la lucha frente al cambio climático. Las vertientes son diversas: tecnológicas y formativas, con alto protagonismo del sector público, como ha escrito hace poco (febrero de 2018) Mariana Mazzucato en un trabajo para la Unión Europea (https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/news/2018/feb/mazzucato) relacionando investigación, innovación y aplicabilidad para una economía más sostenible.