La deflación está presente en la eurozona. Los economistas conocen suficientes ejemplos de procesos deflacionistas en la historia reciente. La deflación se asocia a la depresión durante la década de los años 1930; pero se conocen caídas severas de precios en escenarios de crecimientos acelerados en el período 1870-1896 –con el impulso de la Segunda Revolución Industrial–, en el que esta primera gran crisis del sistema capitalista se caracterizó por la expansión económica, la concentración de capital, el avance de las finanzas, la administración gerencial, los aumentos de producción y productividad y la caída de los precios. Una coyuntura en la que emerge el imperialismo económico.

A partir de la Gran Recesión se han producido ya deflaciones en el sur de Europa, relacionadas con retrocesos en los PIB, hasta llegar a tasas negativas. Esta situación tiene sus causas en las políticas de austeridad y en la falta de actuación del BCE, que ahora se intenta restañar. Se comprueba el desplome de los precios en 2009, un efecto rebote en 2010 y una bajada gradual desde 2011, con dos excepciones: Grecia, que se hunde sin remisión a distancia de los otros países (llega al 1% negativo en 2013); y Japón, único país que experimenta la recuperación en sus precios, frente al languidecimiento de los indicadores de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Grecia, España y el conjunto de la Unión Europea-27. De alguna manera, Grecia y Japón sintetizan dos pautas distintas: una, la del país heleno, que se centra en la aplicación a ultranza de la austeridad, con consecuencias corrosivas; otra, que huye precisamente de esas políticas aplicadas durante largos quinquenios, con resultados paralizantes para su crecimiento económico, y que acaba por apostar por políticas monetarias expansivas. Cara y cruz para enfrentarse a una misma problemática: la crisis económica, la falta de crecimiento; y actuaciones expeditivas en ambos casos, pero en direcciones opuestas.

Los dos ejemplos presentados inciden en un hecho transcendental: la importancia de la actuación del Estado en la economía; o la consecuencia de su dejación de funciones. 2009 fue el año que marcó el cénit de la Gran Recesión: el desplome de todos los indicadores es notable, desde los PIB hasta las variables de exportación. El crédito se desmoronó y, por consiguiente, las políticas de inversión, y se afianzó una etapa de incertidumbre, de desconfianza. Pero un factor se mantuvo constante: el consumo privado. ¿Por qué? Básicamente, por el gasto público, que impidió el declive de la demanda agregada; el hecho sugiere otra derivada: su contracción, junto a la presión a la baja de los salarios, conducen al agravamiento de la crisis. En el ámbito europeo, la deflación y el aumento del paro son las consecuencias directas de todo.

El tema es tan serio que pone en peligro la recuperación económica de Europa, y ha hecho que el presidente del BCE, Mario Draghi, adopte un giro radical en la política monetaria, con el rechazo de Alemania. Sólo la inversión pública puede actuar como palanca efectiva que active el crecimiento. Pero éste, sin inversión, no aparecerá.