Las inversiones previstas por el Estado en Balears, en los Presupuestos Generales del Estado, persisten en su posición de cola con la gestión de unos tipos que presumían de saberlo todo, de ser profesionales de la cosa, y de disponer de la confianza para alcanzar el objetivo de mejorar todos los indicadores del archipiélago. Los resultados: un fiasco monumental. En el capítulo de las inversiones del Estado, uno de los grandes caballos de batalla en el complejo tema de las balanzas fiscales, la pérdida ha sido notable con el PP en el poder, en Madrid y en Balears. Las inversiones estatales conforman una serie de partidas que se encuentran diseminadas en los Presupuestos.

Con el nuevo Estatut, esas inversiones se concretaron, con los gobiernos de Antich y Zapatero en setiembre de 2007 –tras sólo dos meses en el poder de Antich–, en la ejecución de 400 millones de euros anuales hasta 2014. Una parte de esta inversión dependía de la negociación política, bilateral, que culminaba en convenios específicos para obras concretas (el tren, carreteras, proyectos de I+D+i, inversiones turísticas y mediambientales, etc. todo regulado por el Estatut) entre los equipos económicos de Madrid y Balears. Esta cifra de 400 millones se hallaba esencialmente en sendos renglones: en el capítulo correspondiente de inversiones territorializadas (el capítulo 6, en la jerga presupuestaria) y en la sección 32 del Ministerio de Hacienda. Recuerdo cómo Maria Salom, entonces en la oposición, se desgañitaba afirmando que venía miseria de Madrid, invocando sólo la inversión territorializada y omitiendo la recogida en la sección 32: ¿ignorancia o barato maquiavelismo? Ambas cosas, diría yo.

Los datos fueron meridianos: llegaron a Balears inversiones que oscilaron entre los 300 millones y los 525 millones de euros entre 2008 y 2010: se dejaba de forma ostensible la cola de la inversión. Hasta 2011 y siguientes. El PP de Balears no ha querido ni sabido reivindicar las inversiones que corresponden a Balears desde 2011, de manera que las islas hemos perdido, hasta la fecha, cerca de 1.000 millones de euros en inversiones productivas que no se reclaman plurianualmente. No conocemos proyecto alguno que se esté negociando, con la cobertura del Estatut, entre Balears y Madrid: la dejación de funciones es total. Es verdad que los recursos han caído, y uno debe entender que, tal vez, resulta difícil que lleguen los dineros que antaño llegaron. Pero no es menos cierto que otras comunidades sí que han sabido hacer valer sus credenciales políticas, y han brindado a Madrid proyectos concretos para ser financiados. La comprensión que debe tenerse ante una situación de crisis no puede, sin embargo, eludir que desde el Consolat no ha existido nervio económico alguno para negociar y exigir, aunque fuera parcialmente, el cumplimiento de una ley orgánica como es la del Estatut de Autonomía.