Los datos disponibles sobre el mercado laboral evidencian la relevancia brutal de la crisis económica y los límites de la política económica que se está aplicando. Las cifras no invitan al optimismo. Se ponen en relieve varios factores. En primer lugar, la economía de servicios es la más dinámica, por encima de otros sectores. En segundo término, se constata la creación de puestos de trabajo de “mala calidad”, es decir, que obedecen a la estacionalidad del desarrollo turístico; en tal sentido, hará falta ver en el futuro cómo derivarán dichas ocupaciones, si se mantienen o desaparecen al clausurarse las temporadas altas. Un tercer elemento: la productividad del trabajo habrá aumentado.

Pernoctaciones, gasto turístico y previsible rentabilidad empresarial no se correlacionan con la generación de empleos. Éstos van a la baja, de forma que cabe deducir que menos personal hace, intensamente, lo que antes venían desarrollando más personas. Ese incremento en la productividad no obedece a innovaciones, sino a una mayor explotación de la fuerza de trabajo, sometida a horarios mucho más severos que no siempre se contabilizan en los contratos escritos. En cuarto lugar, se rubrica que el turismo sigue siendo un motor potente de la economía española, de manera que su aportación al PIB seguro que ha aumentado, a la vez que contribuye a sanear los déficits exteriores de la economía española. Sorprende, por tanto, que no exista una mayor atención hacia este sector, y que desde las esferas administrativas y académicas todavía se considere como una actividad llamémosle “menor”, de entidad limitada, toda vez que afecta la producción y distribución de servicios y no de mercancías tangibles.

Las magnitudes conocidas no aseveran un cambio de tendencia, contrariamente a lo que se piensa: el modelo de crecimiento sigue siendo el mismo, no se advierten planteamientos de cambio ni se ponen fundamentos de ningún tipo –ni teóricos, ni prácticos– para reorientar esa evolución. La inversión sigue brillando por su ausencia, y esto redunda en la tasa de paro. Por ejemplo, en Balears, tras dos años de temporadas turísticas excelentes, se está con la misma tasa de paro que se dejó en el mes de mayo de 2011, antes de las elecciones autonómicas. Entonces, las inversiones públicas todavía tenían regueros evidentes, y provenían tanto de flujos estatales como de las propias, registradas en el presupuesto de la comunidad y negociadas con las entidades bancarias. Ahora, el páramo es absoluto en este campo: las inversiones del Estado en las islas son anémicas, y las autonómicas raquíticas, de forma que resulta muy difícil que, en una coyuntura tan severa desde el punto de vista del crédito privado, se pueda mantener una pauta de crecimiento sostenida.

La política económica del Pacto de Progreso (2007-2011) supuso un incremento enorme de la deuda pública y el desequilibrio presupuestario. Igual que en otras comunidades autónomas; similar a otros Estados. Pero los datos son, al mismo tiempo, elocuentes, según el Banco de España: en 2007, la deuda pública de Balears se cifraba en 1.798 millones de euros, y en cuatro años se encumbró a 4.560 millones, el 16% sobre el PIB balear. La cifra, de gran calado, se consagró a la inversión y a la transferencia inversora a entes y empresas públicas. Ese es el motivo central del aumento de la deuda, y no otros factores que a veces, de forma torticera, se han invocado. Ahora, en enero de 2015, la deuda pública balear supone más de 7.000 millones de euros, el 26% del PIB regional. Pero sin inversiones y con recortes sociales de envergadura.

Sin inversión no hay crecimiento. Esta debería ser la primordial preocupación de los gobiernos en un escenario en el que las cifras laborales no hacen más que confirmar un panorama que no invita precisamente al optimismo triunfalista.