Ante la amenaza de una tercera recesión en la Eurozona, y su previsible impacto en la economía española, urge repensar la política económica, que debería contemplar los siguientes aspectos:

1. La necesidad de una contra-reforma fiscal a la de Montoro, que impulse un paquete de medidas de carácter progresivo y que no se centre de manera exclusiva en la presión sobre la tributación indirecta. Impuestos sobre Patrimonio, activos bancarios, IRPF en sus tramos superiores, introducción de tributación ecológica (tasa de pernoctaciones en el ámbito turístico), serían elementos a considerar.
2. Contra-reforma laboral, que supone, estrictamente, la derogación de la Reforma Laboral del PP.
3. Si se decide mantener el artículo 135 de la Constitución en relación al déficit público, debería garantizarse, también por la vía constitucional, la preservación de los resortes básicos del Estado del Bienestar con indicadores esenciales que los sitúen en las medias comunitarias.
4. Orientación hacia la génesis de una Banca Pública, teniendo en cuenta los recursos que se han destinado a la privada para salvar sus activos y pasivos.
5. Trabajar con socios comunitarios y con la Comisión Europea en unas direcciones básicas:

• Repensar el cómputo de determinadas partidas en la conformación de los déficits públicos: por ejemplo, las asignaciones a I+D+i no debieran ser tenidas en cuenta en tal aspecto.
• El cómputo de intereses de la deuda pública y del capital que se ha dejado al sistema financiero, debería igualmente ser retirado en los cálculos del déficit. Creación de un Fondo para que la banca devuelva, en 30 años, los capitales dejados por la administración –que parecen incobrables ahora mismo–, y que eso salga –porque puede hacerse– de los beneficios que están generándose en el sistema financiero.
• Presentar propuestas para que uno de los objetivos del BCE sea, también, la generación de ocupación y de crecimiento económico. Cambiar los Estatutos de esa institución debiera ser un objetivo económico de primera magnitud en el ámbito comunitario, con la presión conjunto de socios políticos.

1. Apuntalar el Estado del Bienestar con la generación de nuevos ingresos derivados de a). Esto supone reasignar partidas de otros Ministerios (Defensa, por ejemplo) para afianzar recursos hacia las comunidades autónomas, con destinaciones claramente finalistas, que debieran ser sancionadas y aprobadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
2. Desarrollar la Ley de Sostenibilidad, de la época del presidente ZP, que fue escasamente desplegada por impacto de la Gran Recesión. Aquí, jugaría un papel esencial la clara preocupación política y presupuestaria por las energías renovables.
3. Recuperar infraestructuras educativas e inversiones en I+D+i, teniendo en cuenta que los procesos de formación, en todos sus estratos, son determinantes para la consecución, en el futuro, de un nuevo modelo de crecimiento (el reciente Informe de COTEC es una buena base analítica al respecto).
4. Ley de transparencia de la financiación de partidos, sindicatos y otros agentes económicos y sociales, entendidos como pilares básicos del Estado Democrático.