Luis de Guindos y el gobierno de Rajoy han vendido el perdón de la multa a España como un triunfo de su buen hacer y de sus positivas relaciones con la Comisión Europea. Cabe decir que la cancelación de esa multa se produce en un momento delicado para la propia Unión Europea: tras el Brexit y ante el aumento del euroescepticismo y de la presencia de opciones políticas que no son, precisamente, proclives al mantenimiento de la unión política. Ese es, quizás, el motivo central que más ha pesado a los dirigentes económicos europeos para presentarse como más flexibles, ante los innegables problemas presupuestarios de la Europa del sur. Mano de hierro en guante de seda, toda vez que la nueva senda diseñada por la Comisión Europea determina un déficit del 4,6% sobre PIB (partiendo del 5,1% actual), 3,1% en 2017 y 2,2% en 2018. Una sangría de la economía pública. En números más atinados: estamos hablando de un 0,5% sobre PIB durante cada ejercicio –con la exclusión de 2016–, lo que equivale a un ajuste de unos 10.000 millones de euros cada año. Una cifra brutal, que comporta además otros compromisos: revisiones trimestrales de las cuentas públicas por parte de la Comisión Europea, que traslada el problema al gobierno español para que éste actúe, a su vez, sobre el resto de las administraciones. Tiempos, pues, de exigencias draconianas para las comunidades autónomas.
BLOG DE CARLES MANERA 
Debe estar conectado para enviar un comentario.