BLOG DE CARLES MANERA

Un oligopolio, tres empresas, deciden la calificación financiera de todo el mundo. Tres firmas de Estados Unidos que erraron en sus diagnósticos y que auspiciaron también el estallido de la Gran Recesión. Tres consorcios que tienen los mismos socios, que ostentan estrechas conexiones con el propio capital financiero y que conceden, tras previo pago (entre 60 mil y 120 mil euros por cada evaluación), una calificación que manda señales a los mercados, que entonces actúan en función de esos signos concretados en letras mayúsculas o en signos positivos y negativos. Quienes hemos vivido esos exámenes sabemos de la dureza de los requerimientos y de las reuniones extensas e intensas que comportan tales encuentros. Pero, al mismo tiempo, también sabemos que las injerencias políticas estaban vetadas: el objetivo, de entrada, se centraba en calificar el grado de solvencia de la entidad analizada. Pero no valorar las decisiones de carácter político que podían definir a la institución observada.

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Bruselas ha advertido al gobierno español que los presupuestos generales del Estado (PGE) que ha elaborado para 2016 no son reales: no cumplirán para nada con los requerimientos comunitarios en relación al déficit público. Esto es algo que ya dijimos desde esta misma columna, tildando las cuentas públicas de electoralistas. Esa es la clave: la obstinación en presentar los PGE antes de las elecciones ha hecho que se realicen promesas de difícil cumplimiento que no se avienen con las soflamas hechas por el propio Montoro, trasladando a las comunidades autónomas el máximo control y rigor en los balances presupuestarios. El corolario hipoteca al próximo gobierno que salga de las urnas, a partir de diciembre de 2015: tendrá que ajustar las cuentas públicas a las exigencias de Bruselas, si quiere acceder a los mercados de crédito.

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@CarlesManera analiza en el @elpais_blogs para la @funalternativas las consecuencias de los resultados en Cataluña http://bit.ly/1dMTh6t 

Los recursos son escasos en el momento actual. Se me dirá que siempre ha sido así, y suele ser verdad. Pero, en otros momentos, la falta de recursos inmediatos, corrientes, se podía paliar por una política de crédito más expansiva. Ahora, todo resulta más difícil. El Govern se ha encontrado con una situación financiera muy débil: la deuda pública prácticamente se ha duplicado, pasando de 4.500 millones de euros en 2011 a casi 9.000 millones en 2015, y la evolución de la recaudación no es todo lo boyante que muchas veces se ha anunciado.

Las herencias económicas son siempre consustanciales a quien deja de gobernar, y se invocan con reiteración por parte de los nuevos gobernantes. Lo vimos, de manera sobreactuada, con el PP en la pasada legislatura, dando a conocer situaciones financieras catastróficas que rozaban la quiebra técnica. Se habló, incluso, de que no había dinero para pagar las nóminas…todo un cambalache dialéctico para justificar, posteriormente, recortes drásticos en los servicios públicos. Las nóminas no estaban en peligro, como no lo están ahora. Pero las herencias sí que persisten. Y una de ellas es el acuerdo de la carrera profesional, entre el Govern del PP y los sindicatos profesionales y los de clase.

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Los artículos de opinión se centran en analizar los datos: número de escaños, porcentajes de voto, posibilidades de vertebrar un nuevo gobierno. Los resultados abrigan todo tipo de especulaciones: disensiones en el bloque soberanista, cerrazón del gobierno central, actitud de algunos de los triunfadores (como Ciudadanos). La declaración oficial de Rajoy, lamentable, no abre ninguna esperanza: con tono altivo, el presidente siguió con su discurso inamovible, como si el tema no fuera con él, dando por bueno un desenlace que coloca en cerca de un 50% la población que, de forma nítida, está por la vía soberanista. O que, si se quiere hacer una lectura más suave, persigue un cambio relevante en las relaciones de Catalunya con España.

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